Desde su nombramiento como subsecretaria de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Paula Verónica Ferraris ha generado un fuerte rechazo debido a su historial de denuncias por encubrimiento, discriminación y persecución laboral. Pese a su complejo prontuario, el gobernador Axel Kicillof la sostuvo en un cargo clave dentro de la gestión provincial, lo que ha despertado críticas y preocupación por parte de los propios empleados.

Un pasado marcado por el encubrimiento y el abuso de autoridad

En septiembre de 2013, Ferraris se desempeñaba como secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional en la Cancillería Argentina. Durante su gestión, fue denunciada por encubrir a su pareja, el funcionario de la Cancillería, Héctor Hugo Merlo, acusado de racismo, acoso laboral y persecución política. A pesar de que los expedientes se hicieron públicos tras filtraciones a la prensa, Ferraris utilizó su posición para evitar que las investigaciones avanzaran, lo que derivó en fuertes críticas dentro del ministerio de Relaciones Exteriores.

En enero de 2014, el malestar contra Ferraris y su entorno se intensificó. Cientos de empleados de Cancillería realizaron una protesta en el hall del edificio exigiendo justicia por nueve despidos arbitrarios y denunciando acoso laboral. En el centro de las críticas se encontraba Ferraris, a quien acusaban de ser la principal responsable de la violencia laboral y la discriminación dentro del organismo. Según dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), incluso alineados con el gobierno, «demostró ser discriminadora y ahora es quien motoriza la violencia en el ámbito del trabajo».

En octubre de 2016, la situación judicial de Ferraris se agravó. Junto con el excanciller Héctor Timerman, fue procesada por el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación determinó que Ferraris ordenó el traslado forzado de un funcionario de apellido Angeloz a Nueva Zelanda, a pesar de su delicado estado de salud. Según la denuncia, esta acción fue un castigo por la militancia sindical del afectado. Como resultado del proceso, se ordenó un embargo sobre los bienes y el dinero de Ferraris.

Un presente de nuevas denuncias y escándalos

A pesar de estos antecedentes, Paula Verónica Ferraris fue designada como subsecretaria de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En su nueva función, lejos de dejar atrás su historial de abuso y discriminación, se ha visto envuelta en nuevos escándalos.

Paula Verónica Ferraris y Agustina Vila.

En mayo de 2023, Guillermo López, un trabajador del departamento de Automotores que depende de Ferraris, denunció haber sido víctima de discriminación por parte de la funcionaria. López, quien se desempeña como chofer y tiene un trastorno en el habla que se agudiza en situaciones de tensión, afirmó haber sufrido burlas reiteradas por parte de Ferraris, quien también se refería despectivamente a su origen paraguayo.

La situación se agravó cuando Ferraris firmó una resolución, refrendada por Federico Signorini, director de Bienes y Servicios, en la que suspendieron a López por 180 días, basándose en una supuesta «maniobra imprudente». López negó la acusación y pidió explicaciones, pero se le negó el derecho a defenderse.

A este hecho se suma una denuncia sobre el ocultamiento de un vehículo oficial chocado. Según fuentes del departamento de Automotores, el siniestro ocurrió cuando una amiga de Ferraris, sin autorización y con antecedentes psiquiátricos, utilizó el auto oficial para fines personales. Para evitar un escándalo, el vehículo dañado fue escondido en un galpón de la dependencia.

Impunidad y silencio oficial

A pesar de la gravedad de las denuncias y los antecedentes judiciales de Ferraris, el gobierno de Axel Kicillof ha optado por el silencio y la inacción. Ni el gobernador ni la secretaria General, Agustina Vila, han tomado medidas frente a las acusaciones, sino más bien lo contrario: Verónica Ferraris fue premiada con el cargo de subsecretaria de Gestión y Empleo Público.

El caso de Ferraris es un ejemplo de cómo algunos funcionarios, a pesar de los expedientes judiciales y las denuncias en su contra, continúan ocupando cargos de relevancia en la administración pública. Su permanencia en el poder no solo deja en evidencia las fallas del sistema político y judicial, sino que también envía un mensaje peligroso sobre la impunidad de quienes abusan de su autoridad y vulneran los derechos de los trabajadores. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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