La vida de los partidos políticos es desde hace tiempo, con contadas excepciones, una mentira, una farsa indisimulable entre cientos de sellos vacíos de contenido y torrente sanguíneo, y sin otra existencia real que la de quienes les dan un nombre ante la Justicia Electoral. O de algún figurón o figurona que prevalece de esa anomia.

Una de las pocas agrupaciones que mantienen la tradición de legalidad, sometiéndose regularmente al ordenamiento que regla a los partidos políticos, es la Unión Cívica Radical (UCR). Eso está en el ADN de su constitución desde fines del siglo XIX, pero la agrupación se halla, sin embargo, tan carcomida por desencuentros internos que ni siquiera puede decirse al cabo de más de 130 años que está fracturada en dos partes enfrentadas. Para decirlo con todas las letras, la UCR está fragmentada en múltiples líneas internas, con límites imprecisos y afiliados perplejos por lo que sucede. Muchos han echado a un canasto el carnet de afiliación; otros se preguntan cuándo lo harán.

Con todo lo grave que es ese cuadro, resulta aún más potenciado por la jefatura inexplicable del senador Martín Lousteau, presidente del comité nacional, lugar que antes ocuparon en tiempos modernos Crisólogo Larralde, Arturo Frondizi, Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín. Mal podría haberse pensado que ese cargo podía llegar a ser cubierto por un exministro de Economía de Cristina Kirchner y personaje sin antecedentes partidarios, pero con fisonomía personal ajena al estilo que definió a la UCR por larguísimas décadas.

En su estado actual, debería producirse un infortunio inesperado para impedir que el radicalismo termine el año próximo sin haberse despojado de un liderazgo cuestionado por voces cada vez más fuertes en el partido

Se sueñan tantas utopías a fin de superar la persistencia de situaciones críticas de esta hondura que no sería de extrañar que en algún momento se proponga al Congreso de la Nación que declare a los partidos políticos en estado de asamblea. Cabría dictar, a renglón seguido, las normas y los procedimientos para la reconstitución de ellos a partir de base cero. No pocos estarán en incapacidad para cumplir ese objetivo. Hoy nadie cree realmente que las listas de afiliados a los partidos respondan a una realidad viva constatable, sino al congelamiento de situaciones pretéritas y a violaciones constantes de lo dispuesto por las leyes electorales sobre su funcionamiento y financiación.

Por su actualidad, pasan en particular a un primer plano los desaguisados internos por los que atraviesa el radicalismo. La suma nefasta de Lousteau y Facundo Manes ha conspirado, según la apreciación de un respetado intelectual del radicalismo como Jesús Rodríguez, para que la mesa directiva de la convención nacional quebrante reglas estatutarias del partido y este exponga la merma habida en su institucionalidad. Ha suspendido a cuatro diputados nacionales por haber votado contra la ley de recomposición jubilatoria impulsada en principio por el partido. Además, ha elevado los antecedentes de los cuatro imputados al tribunal de ética interno. Los afectados han sido, en realidad, cuatro de los cinco diputados que entraron en ese punto en rebeldía: Mariano Campero, de Tucumán; Martín Arjol, de Misiones; Pablo Cervi, de Neuquén, y Luis Picot, de Córdoba. La mesa de la convención dejó al margen de aquella decisión a José Federico Tournier, que integra el bloque radical, pero pertenece a Encuentro Liberal, agrupamiento correntino aliado al gobernador Gustavo Valdés. En rigor, debieron haber esperado a que el tema fuera resuelto por el plenario de la convención nacional, al que corresponde la facultad de actuar en asuntos de esa naturaleza. Por si eso hubiera sido poco, el jefe del bloque de diputados nacionales, Rodrigo de Loredo, recordó a Lousteau y compañía –entre otros, a Gastón Manes, hermano de Facundo y presidente de la convención– que la precedencia en la opinión sobre el hecho en controversia correspondía a los pares de los sancionados en el Congreso. Y la mayoría de los pares de bloque se negó a sancionarlos, claramente asistidos a la distancia por la opinión de algunos gobernadores, como el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Valdés.

Protagonistas de aquella manifestación de carácter generalizado en la Cámara fueron 28 diputados nacionales –20 de Pro–, en lo que fue una cuestión de conciencia por el riesgo de que la recomposición jubilatoria dejara sin la debida sustentación financiera a la política de déficit cero, única verdaderamente definitoria de la política del gobierno de Javier Milei. Esta encuentra en Pro y la UCR sentimientos aprobatorios más o menos abiertos o implícitos.

Que la UCR quede sin expresar una posición clara respecto de una controversia de gravedad inaudita en el más alto tribunal del país habrá sido un hecho imposible de olvidar para jóvenes y viejos radicales

A breve plazo podrá experimentarse con qué espíritu sigue la masa de afiliados radicales cuestiones como las que se debaten: el domingo 6 de octubre se votará por nuevas autoridades en el importante distrito de Buenos Aires, baluarte histórico de la UCR, aunque de fuerzas debilitadas allí en las últimas décadas. Se dirimirá el control del comité provincial bonaerense entre el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, alineado con el presidente saliente, Maximiliano Abad –discípulo político del exsenador Ernesto Sanz– y el diputado provincial Pablo Dominichini, sostenido por Federico Storani y el grupo Manes-Daniel Angelici-Emiliano Yacobitti, estos dos últimos con dominio en la órbita capitalina. El resultado de la inminente contienda permitirá avizorar consiguientemente qué habrá de esperarse de la renovación de las autoridades nacionales partidarias, a principios de 2025.

En el estado actual del radicalismo debería producirse un infortunio inesperado para impedir que la UCR termine el año próximo sin haberse despojado de un liderazgo cuestionado por voces cada vez más fuertes en el partido. Al encumbramiento de Lousteau contribuyó en su momento el anterior presidente de la UCR, Gerardo Morales, afectado por un proceso de desorientación personal que se originó en hechos de notoriedad pública.

No se sabe cuál es el grado de recuperación de Morales y si está en sus planes regresar a la actividad política. Aun sin su participación, Yacobitti, Angelici, Manes y Lousteau se han bastado para profundizar el desconcierto radical. Lo han hecho de formas diversas. Una ha sido alentar por momentos las gestiones del juez Ricardo Lorenzetti para entronizar en la Corte al juez Ariel Lijo; otra, eludir definiciones en un tema que no puede sino ser tratado con transparencia.

Que el radicalismo quede sin expresar una posición clara respecto de una controversia de gravedad inaudita en el historial del más alto tribunal del país por aspectos referidos a la idoneidad y ejemplaridad de un candidato a integrarlo habrá sido un hecho imposible de olvidar para jóvenes y viejos radicales. Entre fenómenos de esta índole, la UCR va abriendo así los prolegómenos para la renovación en un año más del liderazgo partidario. Como pocas veces ha sucedido, los gobernadores del partido –cinco en total– seguramente gravitarán para airear al partido y dotarlo de un nuevo elenco de dirección partidaria. Ejercerían de tal modo los derechos que devienen de un control territorial significativo. A partir de aquí, pues, comenzaremos a saber qué quieren los afiliados radicales respecto del destino de la UCR en el orden nacional de 2026 en adelante y del papel que propenda a asumir en las elecciones presidenciales de 2027.