POLITICA
Qué resolvió la Justicia sobre la funcionaria que le habría tirado estiércol a la casa de Espert
La causa que involucra a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, acusada de arrojar estiércol frente a la residencia del diputado José Luis Espert, sumó un nuevo capítulo. Tras permanecer nueve días detenida, la Justicia tomó una decisión que modifica su situación: ahora tendrá prisión domiciliaria.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso la prisión domiciliaria para Alesia Abaigar. Esta decisión se fundamentó en un informe médico oficial que alertaba sobre los problemas de salud de la detenida y el impacto negativo que podría tener su permanencia en la cárcel de Ezeiza. Inicialmente, Arroyo Salgado se había negado a excarcelar a Abaigar.
Durante su indagatoria, Abaigar informó a la jueza sobre sus antecedentes médicos: padece una enfermedad autoinmune pulmonar y fue sometida a una importante cirugía el año pasado. La defensa argumentó que el Cuerpo Médico Forense diagnosticó a Abaigar como portadora de una enfermedad que requiere la administración continua de Rapamicina, lo que hace imposible su permanencia en un contexto carcelario debido al riesgo de infecciones graves.
El abogado Daniel Llermanos, defensor de Abaigar, presentó un escrito para solicitar el traslado urgente de su asistida a su domicilio particular para posibilitar el tratamiento médico ordenado. La defensa cuestionó la necesidad de consultar a la querella sobre una cuestión de salud porque se trataba de una medida derivada de un dictamen técnico-científico de un organismo estatal especializado.
La defensa consideró que “abrir un contradictorio en una cuestión de salud, urgencia médica y dignidad humana resultaba improcedente y contrario a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La Cámara Federal de San Martín tiene la tarea de resolver si corresponde que Abaigar continúe o no en prisión. La defensa apeló el rechazo de la excarcelación dispuesto por Arroyo Salgado. Fuentes de la Cámara informaron que tomarán una decisión el lunes, fecha en que vence el plazo de la fiscalía para dictaminar.
La defensa de Abaigar había expresado su preocupación por la demora en la respuesta de la jueza Arroyo Salgado. En un escrito presentado este viernes a la mañana, se quejaron de que la magistrada demoraba su respuesta. Arroyo Salgado había dispuesto que primero opinara la querella sobre si Abaigar debía o no dejar la cárcel.
Alesia Abaigar espera ahora en su domicilio la resolución de la Cámara Federal de San Martín. La decisión de este tribunal será crucial para determinar si continúa con prisión o si se revierte la medida. El lunes se definirá el futuro inmediato de la funcionaria.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
Las imágenes que muestran cómo llegó al país el vuelo privado de Miami y desmienten la versión oficial
Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez presentaron en la Justicia un dictamen en el que reconstruyeron cómo fue la llegada a la Argentina de un vuelo privado proveniente de Miami con al menos diez bultos de equipaje que, advirtieron en su presentación, no fueron controlados.
Cuando el periodista Carlos Pagni informó sobre este caso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que era “imposible” que hubieran ingresado diez valijas en ese vuelo, que se hicieron todos los controles de rutina y que la pasajera solo había entrado al país con un carry on y una valija que pasaron por los “chequeos correspondientes”. Los fiscales, en su dictamen, dan por acreditado lo contrario.
Esta es la reconstrucción que hicieron, con las imágenes que forman parte de la causa, paso a paso:
A las 08:12 del 26 de febrero se registra la primera imagen del avión matrícula PRVN18RU en la pista del aeropuerto Jorge Newbery. También se distingue una camioneta presuntamente oficial que habría sido la utilizada para trasladar al personal de la Oficina de Pista hasta la aeronave, según los fiscales.
Minutos después del aterrizaje, se acercan al avión una camioneta blanca -que según los fiscales sería de la Policía de Seguridad Aeroportuaria- y dos vehículos negros. Según las declaraciones reunidas en el expediente, el avión queda cerrado (lo cerró el comandante) y no vuelve a abrirse hasta que parte rumbo a Paris, días después. No obstante, los fiscales advierten que no hay “filmaciones totales” que acrediten que nadie ingresó durante el tiempo que el avión estuvo “en tránsito” en el aeropuerto. Dos valijas habrían quedado arriba de la aeronave.
En el vehículo que se ve salir hacia la derecha serían trasladados la pasajera del avión, Laura Belén Arrieta, y los dos tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, hacia las oficinas del aeropuerto. El dictamen relata que un testigo -agente que se acercó al avión a su llegada- declaró que Arrieta, tras descender del avión, le entrega un teléfono celular a una agente de Aduana. “Esta última, según describió el testigo, realizó un gesto de ‘okey’, tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales”, dice el dictamen. Los fiscales advierten que el testigo no pudo precisar si el teléfono era de Arrieta.
Los fiscales advierten que en esta imagen se observa el ingreso del personal de Aduanas al área de Migraciones. De la camioneta negra de Royal Class (empresa vinculada a Leonardo Scatturice, que es además el dueño del avión) bajan una persona de la empresa, los dos tripulantes y la pasajera. La fiscalía detalla que, según las imágenes, uno de los tripulantes entra a Migraciones con una mochila, una valija tipo carry on y una bolsa tipo portatraje; el otro tripulante, con una riñonera y una valija pequeña tipo carry on, y la pasajera, con una cartera. Además, personal de Royal Class les transporta dos bolsas rosas.
El dictamen relata que, según las imágenes, la camioneta negra se traslada luego hasta la cinta de equipajes. “Allí, el equipaje restante de la tripulación y la pasajera es ingresado al sector de la cinta desde el exterior, mientras los mencionados viajeros completan sus trámites migratorios”, dice el documento de los fiscales, que advierte que pese a que se declararon “cinco bultos”, ingresaron al menos diez.
Los tres viajeros hacen luego los trámites de Migraciones. En una de las imágenes se ve a Arrieta, con su cartera rosa, en pleno proceso.
Después, relata el dictamen, “el personal aduanero procedió a acompañar a la tripulación, a la pasajera y al personal de la compañía aérea hasta el sector de equipajes”. En las imágenes que acompañan los fiscales se ve a los tres cuando se acababan de reencontrar con las valijas.
Los tres viajeros llegan al hall de la Aduana, donde se controlan los equipajes, pero los fiscales indican que una agente les abre el paso por un canal que no estaba habilitado y les permite así eludir los escáneres. Después de que ellos pasaron, la misma persona cierra ese paso.
Los pasajeros provenientes de otros vuelos, minutos después, esperan en fila en el hall de la Aduana para que sus valijas fueran controladas. Según el dictamen, en teoría los que viajan en vuelos privados son sometidos a los mismos controles que quienes lo hacen en vuelos regulares. “Esto no se condice -dijeron los fiscales- con la evidencia fílmica, que muestra que los tripulantes y la pasajera no atravesaron los controles de equipaje, a diferencia del circuito que sí fue aplicado sistemáticamente a los pasajeros que ingresaban al hall de manera simultánea y posterior”.
Arrieta avanza con su teléfono y su cartera, una vez sorteada la Aduana, mientras los tripulantes y dos empleados cargan con las valijas. Se quedó en la Argentina hasta el 5 de marzo, cuando tomó el mismo avión rumbo a Paris.
POLITICA
Adaptación a las nuevas tecnologías, ciberpatrullaje y delimitación de roles: todos los detalles de los decretos que reforman las fuerzas federales
El Gobierno oficializó este martes una reforma estructural de las fuerzas federales a través de cuatro decretos delegados con las facultades de la Ley Bases. El Ejecutivo modificó las leyes orgánicas de Gendarmería, Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con cambios en sus atribuciones, jerarquías, funciones y misiones.
Las medidas -que llevan la firma de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- redefinen los marcos de aplicación de cada fuerza y otorgan nuevos márgenes territoriales junto con la ampliación a los espacios digitales.
“Nos estamos adaptando a los avances de la tecnología. No existía la informática en el momento en que se escribieron las leyes orgánicas de las fuerzas”, expresan en Nación.
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Ampliación de la ciberseguridad
El decreto que modifica Gendarmería establece como ámbito de actuación el ciberespacio, los espacios digitales públicos, las redes sociales, los sitios web públicos y otras fuentes abiertas en el marco de la “prevención de acciones criminales o terroristas en contra de los derechos y garantías de los ciudadanos, organismos e infraestructuras críticas de la Nación”.
El Capítulo III dispone además como atribución de la fuerza que tenga acceso a información y bases de datos públicas para realizar inteligencia criminal, junto con la posibilidad de solicitar el acceso a bases privadas en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales. Lo mismo aplica para la ejecución de tareas de obtención de información, análisis y difusión de inteligencia para prevenir delitos. Habilita el contacto con agencias de otros países en el combate contra el crimen organizado.
La medida establece que Gendarmería pueda actuar como instrumento militar terrestre en caso de conflicto bélico y define su marco de funciones como policía auxiliar aduanera, migratoria, sanitaria, tributaria, económica, financiera de seguridad vial, ciberdelito y ciberterrorismo, entre otros. Lo mismo aplica para el control y vigilancia en los pasos fronterizos, puentes y túneles internacionales e interjurisdiccionales.
Nación habilita también a la fuerza a dar apoyo al control de tráfico aéreo junto a participar de misiones internacionales y a brindar seguridad y protección a “funcionarios, instalaciones y bienes de las sedes diplomáticas, consulares y otras delegaciones argentinas en el exterior”.
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El decreto que reforma la Policía de Seguridad Aeroportuaria le otorga facultades para realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales y otras fuentes abiertas, sin necesidad de una autorización judicial. Le suma además la función de contribuir a la elaboración de inteligencia criminal en la producción y requerimiento de informes.
La atribución principal es la “salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional a través de la vigilancia, verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correo, cargas, mercancías y cosas transportadas, así como de aeronaves y tripulaciones en el ámbito aeroportuario”. Incluye la fiscalización y control del transporte, tenencia, portación de armas, explosivos y demás elementos de peligro potencial en el ámbito aeroportuario.
Además, se crea el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, que presidirá un representante del Ministerio de Seguridad e integrarán autoridades de la PSA, Migraciones, la Dirección General de Aduanas (DGI) de ARCA, la subsecretaría de Transporte Aéreo, el Organismo Regulador de Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre otros.
La reforma de la Prefectura Naval Argentina (PNA) incorpora formalmente el Sistema Guardacostas -con jerarquía normativa, como herramienta de vigilancia e inteligencia en espacios marítimos y fluviales- y suma la función de Policía Auxiliar Pesquera. Elimina además la atribución de otorgar privilegio a paquetes postales, juzgar faltas o contravenciones policiales de seguridad y llevar prontuarios.
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La medida desregula además la injerencia del Estado en las tareas de salvamento y trabajos subacuáticos que realizan empresas privadas y limita la intervención a una supervisión técnica. Promueve también una actualización del régimen de personal (jerarquía e incorporaciones), capacitación y plan de carrera administrativa para la profesionalización del personal de la institución.
La PNA tiene la misión de intervenir en la identificación de las personas que entren o salgan del país por vía marítima, fluvial, lacustre o aérea en su jurisdicción y en la verificación de la documentación personal. Lo mismo aplica para lo relativo a la navegación y a la prevención de la contaminación proveniente de buques y hacer cumplir las leyes que regulan esas materias.
El decreto que reforma el Servicio Penitenciario Federal modifica la Ley 20.416 y lo consolida como una fuerza de seguridad federal, con nuevas misiones y estructura organizativa. Apunta a que combatan el crimen organizado junto con el gerenciamiento de la atención a las personas privadas de la libertad de alto riesgo.
Es por eso que el Ejecutivo incorpora la función de ejecutar sanciones penales por delitos federales y de colaborar en la prevención del delito, la reincidencia y la reinserción social además de su función de custodia y guarda de personas privadas de la libertad. Establece además una nueva estructura y régimen de personal.
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El documento oficial refiere a las direcciones generales de Seguridad, de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías y de Personal, Formación y Bienestar. “Esta modificación responde a la necesidad de abordar de manera integral y coordinada el fenómeno de la criminalidad organizada”, expresan en Nación.
El segundo artículo del documento instruye al Ministerio de Seguridad a “realizar las gestiones pertinentes para proceder a la desafectación del uso penitenciario de los inmuebles sobre los cuales se emplazan establecimientos penitenciarios situados en zonas urbanas y gestionar su reubicación”. Agrega que desarrollará, implementará y ejecutará un nuevo Plan de Infraestructura Penitenciaria.
Gobierno, decreto, fuerzas federales
POLITICA
Máximo Kirchner no sería candidato en reemplazo de su madre y el PJ evalúa otras alternativas
LA PLATA.- El reemplazo de Cristina Kirchner como cabeza de la lista de candidatos en la tercera sección electoral bonaerense no sería Máximo Kirchner. El hijo de la expresidenta sondea otras opciones para las elecciones legislativas el 7 de septiembre próximo.
La información de los nombres alternativos a Máximo Kirchner circuló en una reunión del PJ bonaerense a la que asistió el presidente de ese partido.
Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora y mano derecha de Kirchner en el armado territorial, es una de las opciones que dejó trascender el kirchnerismo a los aliados del Movimiento Derecho al Futuro (MDV), la agrupación de Axel Kicillof.
Otras de las opciones, con más posibilidades de consenso, es Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown. Si bien formó parte de las reuniones del MDF, tiene muy buena relación con el PJ bonaerense tradicional. Fue el encargado de anunciar la resolución del Congreso partidario en Merlo, el sábado último.
En la nómina de posibles reemplazos también se baraja a Verónica Magario, que podría ser candidata testimonial. La vicegobernadora, alineada con Kicillof, busca ser un puente de diálogo y nunca rompió vínculo con el PJ tradicional.
“Máximo no será el candidato. Eso nos aseguraron antes de avanzar en las últimas reuniones”, dijo un funcionario al tanto a los encuentros más reservados entre Máximo Kirchner, Kicillof y Sergio Massa.
“Lo que se habló hasta ahora es que no sea Máximo: alguien que no genere tanta resistencia en Fernando Espinoza (La Matanza)”, dijo una fuente con acceso a la mesa chica del PJ.
“No creo que sea Máximo. Pero hay tiempo aún y una negociación abierta”, dijo una fuente de acceso directo a Cristina Kirchner que también participó del Congreso de la semana que pasó.
El cierre para inscribir candidatos será el 19 de julio. Hasta entonces se abrirá una tensa negociación que incluirá las ocho secciones electorales. Antes, este 9 de julio, se cerrará el plazo para inscribir alianzas. La unidad que se comenzó a construir en el Congreso del PJ del sábado pasado, en Merlo, deberá quedar plasmada entonces en los papeles ante la Junta Electoral.
“El candidato por la tercera no está completamente definido. Si fuera Máximo no puede pedir más nada para La Cámpora en esa sección. Y como esa ecuación no cierra, se evalúan otras alternativas”, dijo un hombre de la tercera que participó de todos las reuniones que se sucedieron entre San Vicente y Merlo durante la última semana.
El Congreso del PJ bonaerense, que es el órgano máximo del partido y sin cuya aprobación nada puede prosperar, proclamó la unidad con el aval de 690 congresales.
Aún queda definir como se plasmará esa ingeniería política. Los representantes del presidente del partido, Máximo Kirchner, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aún mantienen recelos y desconfianza.
En lo inmediato, la unidad es la única solución para evitar una derrota contra la alianza Pro-La Libertad Avanza.
El Congreso designó una comisión formada por Máximo Kirchner, Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Mariel Fernández y Federico Otermín para negociar las alianzas. Pero en realidad ya se negocian las conformación de las listas y la modalidad para definir a las cabezas de cada sección.
Máximo Kirchner no sería candidato, pero maneja la lapicera. La jugada no es casual: cada sector pugna ahora por meter más legisladores y concejales en las ocho secciones para poder gravitar hacia 2027.
Kicillof tiene más para perder: una derrota electoral no sólo lo dejaría golpeado en su carrera presidencial, sino que lo dejará mal parado ante Máximo y Cristina Kirchner quienes le habían sugerido unificar los comicios provinciales con los nacionales, el 26 de octubre.
En un escenario de eventual derrota en las elecciones legislativas de medio término, el presidente del PJ bonaerense sería beneficiado como quien “renunció” para sostener la unidad y no perdió una elección que se presenta complicada.
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