POLITICA
Qué significa el rechazo in limine que la Corte Suprema le aplicó a Cristina Kirchner
La causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, sumó un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión clave que podría acelerar el proceso judicial y tener un impacto significativo en el futuro político de la exmandataria.
El rechazo “in limine” significa que la Corte Suprema desestimó la recusación presentada sin siquiera entrar a analizar el fondo de la cuestión. La Corte consideró que la presentación era inadmisible desde el principio, ya sea por cuestiones de forma o por falta de fundamentos sólidos.
“De acuerdo con la tradicional doctrina de esta Corte, que se ha mantenido inalterada a lo largo de toda su historia, cuando las recusaciones planteadas por las partes son manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano”, señaló el fallo.
El fallo de la Corte, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumenta que la recusación es un “mecanismo de excepción que debe ser interpretado de manera restrictiva”.
Según el fallo, la defensa basó su recusación en declaraciones de Lorenzetti del 1° de mayo y en notas posteriores, pero la Corte determinó que “ninguno de los hechos invocados como fundamento de la pretendida causal de recusación, con la única excepción de las declaraciones de fecha 1° de mayo de 2025 y las dos notas posteriores referidas, fue invocado en tiempo oportuno”. Además, consideró que las declaraciones de Lorenzetti del 1° de mayo “no revisten la entidad mínima necesaria para dar trámite a la recusación intentada”.
Además, afirmaron que el recurso solo puede ser utilizado para casos muy particulares, no siendo este uno de ellos. “El instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos, para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural”, expresa el fallo.
La decisión de la Corte Suprema acorta los tiempos para que el máximo tribunal defina si confirma la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. De ser ratificada esa sentencia, Cristina Kirchner deberá empezar a cumplir su pena de prisión.
La causa Vialidad, iniciada en 2016, investigó el presunto direccionamiento de 51 obras públicas viales en Santa Cruz hacia el empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se analizaron posibles sobreprecios, demoras y trabajos inconclusos. El fiscal Diego Luciani acusó a Cristina Fernández de Kirchner de ser jefa de una organización que favoreció a Báez, solicitando su condena por asociación ilícita y administración fraudulenta.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 absolvió a la expresidenta por asociación ilícita, pero la condenó por administración fraudulenta, imponiéndole la pena máxima de 6 años. La Cámara de Casación Penal confirmó esta sentencia en noviembre de 2024, rechazando el recurso extraordinario de la defensa.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
La agenda del presidente de Brasil en su próximo viaje a la Argentina genera una fuerte expectativa política. En medio de su participación en un encuentro regional clave, el mandatario manifestó su intención de realizar una visita de carácter personal a la expresidenta Cristina Kirchner, un gesto que requiere una autorización judicial y se contrapone con la ausencia de una reunión oficial junto a su par argentino, Javier Milei.
El arribo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está programado para este miércoles por la noche. El mandatario brasileño aterrizará en la capital argentina para participar de una cumbre del Mercosur, donde además asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional. Su estadía será breve, ya que su partida de regreso a Brasil está prevista para el jueves después del mediodía.
La agenda oficial se centra en el organismo regional, pero el foco de atención se desvió hacia su pedido para visitar a Cristina Kirchner. La expresidenta cumple arresto domiciliario por la condena a seis años de prisión que recibió en la causa Vialidad. El encuentro solicitado se realizaría en el departamento de la exmandataria, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución.
Una de las reglas de conducta impuestas a Cristina Kirchner para cumplir su condena en el domicilio es la obligación de solicitar permiso para recibir visitas extraordinarias y justificar los motivos. Solo un grupo fijo de personas, que incluye a su custodia policial, médicos, familiares y abogados, tiene el ingreso autorizado sin necesidad de un trámite previo.
La defensa de la ex vicepresidenta apeló estas limitaciones y al uso de una tobillera electrónica ante la Cámara de Casación, pero por el momento permanecen vigentes. El abogado Alberto Beraldi tuvo que presentar el pedido formal de autorización para la visita del presidente brasilero ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Los magistrados deben resolver en las próximas horas si habilitan el encuentro. La fecha y hora exactas de la posible visita se mantienen en estricta reserva para evitar aglomeraciones en la zona.
El Gobierno de Javier Milei espera una cumbre “fría” pero “productiva”, con el foco puesto en la ampliación de la lista de excepciones arancelarias, un paso que considera vital para un futuro acuerdo comercial con Estados Unidos.
Brasil llega con una batería de propuestas que chocan con la visión libertaria. Lula intentará imponer su agenda durante el semestre que presidirá el bloque, con iniciativas como la creación de un “Mercosur verde” y un mayor énfasis en políticas de derechos humanos.
En el reciente encuentro sobre el cuidado de los océanos en Niza, donde sostienen posiciones antagónicas sobre el cambio climático, ni siquiera se cruzaron. En la política internacional, el apoyo de Milei a Israel se contrapone con la postura más neutral de Lula.
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El presidente Javier Milei denunció formalmente ante la Justicia a la periodista Julia Mengolini por el delito de injurias, tipificado en el artículo 110 del Código Penal. El jefe de Estado tomó la decisión por los dichos que la comunicadora esgrimió en televisión, radio y redes sociales sobre el vínculo entre el mandatario y su hermana, Karina Milei, y sus perros.
La denuncia, a la que accedió Infobae, recayó en el juzgado criminal y correccional federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. En ese escrito, el abogado de Milei, Francisco Oneto, detalla los hechos y fundamentos por los cuales el Presidente decidió denunciar a Mengolini.
Lo primero que menciona son los dichos de la periodista en el programa Duro de Domar, emitido por C5N: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana (…) No hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con 8 perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana (…) ‘Sería la primera dama mi hermana si yo fuera presidente’ (…) No porque no quiera formar familia, porque está enamorado de su hermana. Y esto no está bien. Cuando vos vas al CBC y estudias en el CBC Antropología, hay una de las cositas que te enseñan. Y es que en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú, es el tabú del incesto. No me importa nada eh”.
Luego, hace referencia a un tuit de Mengolini del 12 de agosto de 2024, en el que la conductora publicó: ““Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba “enamorado” de su hermana”, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.
Milei denuncia que Mengolini afectó su honor y reputación tanto personal como presidencial y argumenta que las expresiones fueron formuladas sin justificación y con conocimiento del daño que podían causar.
Además, la defensa del mandatario aduce que hubo dolo en las injurias, es decir, que Mengolini tuvo intención de ofender o, al menos, admitió la posibilidad de hacerlo y procedió igualmente. Y cita también el principio de real malicia ya que alega que la periodista actuó con despreocupación por la veracidad de sus afirmaciones, lo cual agrava su responsabilidad.
Para respaldar esto, la denuncia del Presidente presenta como prueba una entrevista que Mengolini le realizó al constitucionalista Andrés Gil Domínguez sobre la acusación de incesto en su contra que promovieron los últimos días a través de las redes los militantes libertarios. Allí, afirma Milei, la comunicadora reconoce el impacto de este tipo de acusaciones.
“Andrés ¿te puedo hacer una consulta personal? Este fin de semana, no me acuerdo bien cuando fue, una diputada nacional posteó que yo tenía relaciones incestuosas con mi hermano. Lo aseguraron y obviamente me atacaron las fuerzas de asalto digital. Estuvieron todo el fin de semana haciéndome tendencia, asegurando que yo tenía, eso, relaciones incestuosas con mi hermano. No pararon de llegarme mensajes, privado, público, por todas partes, ¿no? Un ataque realmente con esta cosa, como muy insólita. Sobre este tipo de cosas ¿se puede hacer algo? ¿Me lo recomendarías o no? Lo que pasa es que ¿la respuesta pública cuál sería? “No tengo relaciones sexuales con mi hermano”. Es muy insólita ¿no? A mí realmente con esta me dejaron impactada. Con esta no tengo nada que decir. Por ejemplo, si yo fuera y te pidiera que fueras mi abogado, vos me dirías, porque quiero hacer algo, por ejemplo, llegaron demasiado lejos. Vos me dirás, bueno, pedimos que se baje el tweet, que obviamente eso no implica nada porque el daño está hecho ¿O qué?”, le dijo Mengolini al abogado Gil Domínguez.
Ante esto, la denuncia de Milei expresa: “Así las cosas, es evidente que la querellada entiende que afirmaciones como las que ella misma expresó en mi contra resultan muy graves, en cuanto implican un daño que no es remediable con la simple respuesta pública, sino que ameritan iniciar acciones legales como la presente. Por lo tanto, es la misma Sra. Mengolini la que da lugar a sostener que ella ha llevado adelante un actuar delictivo, el cual se corresponde con lo contemplado en el art. 110 del CP”.
Al respecto, el escrito indica que en este caso Mengolini no podrá ampararse en que sus dichos estén protegidos por tratarse de un tema de interés público: “Se cita jurisprudencia para respaldar que las expresiones indudablemente denigrantes quedan fuera del alcance de dicha eximente”.
Además de citar fallos de la Corte Suprema que lo respaldan, el abogado de Milei cita el principio de razonabilidad: “Se argumenta que interpretar mecánicamente la eximente implicaría desconocer el derecho al honor de figuras públicas, lo cual sería inconstitucional”.
Sobre los fallos del máximo tribunal indica: “Afirmó que el especial reconocimiento constitucional del que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda Índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio” (Fallos: 308:789; 321:667 y 3170; y 332:2559). Además, ha señalado que para considerar agraviante una opinión no es determinante la presencia de mala intención o de motivos disvaliosos. Antes bien, se trata del empleo de voces o locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público, que toda sociedad democrática exige como condición de subsistencia».
Los abogados Fabiola Yañez solicitarán 12 años de prisión para Alberto Fernández por las distintas agresiones que la ex primera dama sufrió a manos del expresidente, según la denuncia y la hipótesis de la Justicia. La causa tiene al expresidente procesado por tres distintos hechos violencia y se encamina al juicio oral.
La etapa de pruebas está concluida. Cuando la querella, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, realice el requerimiento de elevación y pida los 12 años de prisión, será el turno de la defensa del expresidente, en manos de la abogada Silvina Carreira, y luego del fiscal que instruyó el caso, Ramiro González, que en su dictamen acusó al exmandatario de lesiones leves y graves agravadas por un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.
El juez Julián Ercolini, que procesó al expresidente por algunos de esos hechos, será quien tenga la última palabra y decida si eleva la causa a juicio oral o falta alguna medida de prueba adicional.
El caso se inició en agosto de 2024, luego de se hicieran públicos algunos chats que evidenciaban las presuntas agresiones por parte del expresidente y la ex primera dama decidiera instar la acción penal contra él. Los mensajes que trascendieron inicialmente pertenecían a una conversación en la que Yañez le decía a la entonces secretaria del presidente, María Cantero, que su jefe le pegaba.
Tras la denuncia, el juez Ercolini imputó al expresidente, le prohibió el acercamiento a Yañez y dio inicio a un escarpado proceso judicial que incluyó un allanamiento al domicilio del expresidente, peritajes de teléfonos, recusaciones fallidas, informes de distintos profesionales de la salud y varios capítulos de una guerra mediática pero asordinada entre el expresidente y Yañez, con acusaciones y denuncias cruzadas entre ambos.
En su declaración indagatoria, donde no contestó preguntas del juez ni del fiscal, el expresidente arremetió contra el juez Ercolini −a quien intentó sin éxito correr del caso−, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. A través de un escrito, sostuvo que jamás ejerció violencia física contra su expareja, y que si alguien fue agredido en la pareja fue él, que debió soportar insultos y maltratos varios, agresiones que asoció a los reconocidos problemas de Yañez con el alcohol.
“Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta”, afirmó. “En este tribunal me siento como en la embajada de una potencia extranjera: aquí no se aplica la ley argentina”, sumó.
En febrero de este año, el juez Ercolini procesó al expresidente por los delitos de lesiones leves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades−; lesiones graves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja−; y amenazas coactivas. Además, trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y resaltó la relación asimétrica entre ambos.
“Como todo supuesto de violencia de género, este también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima, incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil”, afirmó el juez.
El procesamiento fue luego confirmado por la Cámara Federal.
marcelo bailaque,política
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