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Qué son los fideicomisos que quiere eliminar Javier Milei

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El presidente Javier Milei anunció la decisión de eliminar fideicomisos que manejan $1,5 billones anuales, casi dos puntos del Producto Bruto, los cuales ha calificado como “la mugre de la política”. Esta medida se ha tomado después del fracaso en el tratamiento de la ley ómnibus, que buscaba transferir el control de 29 fideicomisos a nivel nacional, muchos de los cuales están destinados a obras. Este movimiento ha enfrentado resistencia por parte de los mandatarios provinciales, quienes ven en estos fondos una fuente importante de financiamiento.

Los fondos fiduciarios han sido un punto de conflicto entre el oficialismo y los diputados que estaban dispuestos a respaldar el La Ley Ómnibus del Ejecutivo, y su eliminación ha puesto en alerta a diversos sectores políticos que se benefician de ellos. Milei enfatizó que estos fideicomisos representan alrededor de US$20.000 millones y son considerados cajas negras de la política, lo que ha generado nerviosismo entre quienes dependen de ellos.

Leé también: Fondos fiduciarios: cuáles son los que más dinero mueven y cómo se financian

¿Qué es un fideicomiso y para qué sirve?

Un fideicomiso es un contrato legal en el cual una persona (fiduciante) transfiere la propiedad de ciertos bienes o activos a otra persona o entidad (fiduciario), quien los administra en beneficio de un tercero (beneficiario) o con un propósito específico.

Sirve para diversos propósitos, como:

  • Administración de patrimonio
  • Planificación sucesoria
  • Inversión financiera
  • Financiación de proyectos

¿Cómo funciona un fideicomiso en Argentina?

En Argentina, el fideicomiso está regulado por la Ley de Fideicomiso (Ley 24.441). Funciona mediante la constitución de un contrato entre las partes involucradas (fiduciante, fiduciario y beneficiario) donde se establecen las condiciones y términos del fideicomiso, así como los derechos y obligaciones de cada parte. El fiduciario administra los bienes conforme a lo establecido en el contrato y en cumplimiento de la ley.

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¿Cuáles son los tipos de fideicomiso?

En Argentina, los tipos de fideicomisos más comunes son:

  • Fideicomiso financiero: Utilizado para inversiones financieras, emisión de valores respaldados por activos, entre otros.
  • Fideicomiso inmobiliario: Para la administración y desarrollo de proyectos inmobiliarios.
  • Fideicomiso testamentario: Establecido en un testamento para la administración de bienes después del fallecimiento del testador.
  • Fideicomiso de garantía: Para garantizar el cumplimiento de obligaciones, como el pago de deudas.

¿Cómo funciona el contrato de fideicomiso?

El contrato de fideicomiso establece los términos y condiciones del fideicomiso, incluyendo la identificación de las partes, la descripción de los bienes fideicomitidos, los derechos y obligaciones del fiduciario y del beneficiario, el propósito del fideicomiso, las condiciones para la distribución de los beneficios, entre otros aspectos relevantes. El funcionamiento del fideicomiso se rige por lo establecido en este contrato, así como por la legislación aplicable y los principios del derecho.

Leé también: El Gobierno ratificó que eliminará fondos fiduciarios por 2000 millones de dólares

¿Cuáles son los fideicomisos que más dinero transfirieron?

  • Sistema de infraestructura de transporte (FFSIT): $417.398 millones.
  • Para la vivienda social (Fogaviso): $165.482 millones.
  • Para el Subsidio a los Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (ley 26.020): $98.260 millones.
  • Procrear: $82.715 millones.
  • De Desarrollo Productivo (Fondep): $58.489 millones.
  • De Integración Socio Urbana (FISU): $58.010 millones.
  • De Consumo Residencial de Gas (ley 25.565): $52.334 millones.
  • De Infraestructura Hídrica: $49.906 millones.
  • Del Servicio Universal: $14.406 millones.
  • Otros quince fondos: Más de $28.811 millones.



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Autorizan a una aerolínea chilena a operar una nueva ruta internacional

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En el marco de su política de cielos abiertos para desregular el servicio aeronáutico, el gobierno de Javier Milei autorizó este viernes la aerolínea chilena low cost SKY a operar una ruta internacional desde Santiago de Chile a una ciudad en el interior de la Argentina. Así lo informó la Disposición 4/2024 en el Boletín Oficial con la firma de la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, que depende del Ministerio de Economía.

“Autorizar aerocomercialmente a la empresa de bandera chilena SKY Airline a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta Santiago de Chile – El Calafate y regreso”, indica el artículo 1 de la disposición. De esta manera, El Calafate tiene su primer destino internacional. Además, SKY se suma a las aerolíneas que prestan servicio en el aeropuerto ubicado en la provincia de Santa Cruz, que son Flybondi, JetSmart (ambas low cost) y Aerolíneas Argentinas.

Desde la administración libertaria argumentan que “la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países”. En tanto, la línea aérea chilena acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente de la Argentina para efectuar este servicio.

Ya se pueden comprar pasajes para esta ruta para volar desde el 1 de enero de 2025 con valores que van desde los $120.000 por tramo, incluidas las tasas y los impuestos.

Poco después del anuncio el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la publicación de la disposición. “Qué hermoso es levantarse a la mañana y ver en el Boletín Oficial una resolución (la 4/24) donde, así como si nada, se autoriza a SKY a volar la ruta Santiago-Calafate. ¡Sin audiencias, sin estridencias y sin obstáculos la libertad avanza!”, indicó el funcionario a través de su cuenta de X.

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Sky Airline es una aerolínea de bajo costo fundada en 2002 y que cuenta con una flota de 32 aviones Airbus de la familia A320neo y A321 y con una capacidad de 186 y 238 pasajeros respectivamente. Asimismo encargó 10 A321 XLR (extra long range), un avión con el tamaño de un pasillo pero con capacidad de volar 10.000 kilómetros. Actualmente la flota opera desde Buenos Aires, Bariloche (estacional) y Mendoza a Santiago de Chile. Hasta 2022 tenía vuelos regulares a Córdoba pero decidió desistir de la ruta.

Esta resolución surge en el marco de una serie de medidas que el Gobierno implementa en el sector para que más empresas puedan operar. El pasado 10 de septiembre, la administración mileísta instauró una actualización en el el reglamento de contrato aéreo a través del Decreto 809/2024, una normativa para adecuar avances de la industria y afianzar un equilibrio entre los derechos de los pasajeros y los intereses de las empresas aéreas.

Por otro lado, a partir de la Resolución 816/2024, se decretaron cambios respecto al margen y niveles de sanciones. También se impuso mayor minuciosidad a la hora de controlar la certificación de equipos y materiales, y de las capacidades del personal. Quienes operen sin autorizaciones, escondan información a autoridades o brinden información falsa afrontarán sanciones más estrictas.

El mismo mes se reglamentó además la esencialidad del servicio aéreo “para garantizar un nivel mínimo de actividad”, por lo que se debe establecer un cronograma de guardias mínimas y cumplirlo a pesar de los paros.

El Ejecutivo también se muestra a favor de la operación de las aerolíneas low cost -que comenzaron a llegar al país en 2018- para que compitan con Aerolíneas Argentinas y puedan abaratarse los costos de los pasajes.

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