La crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos no solo preocupa a los ciudadanos, que este año irán a las urnas en noviembre para elegir a su nuevo presidente. También es uno de los motivos que quiebran la calma de las autoridades estatales, sobre todo de aquellos gobernadores que están al frente de estados fronterizos, como es el caso de California, Nuevo México, Arizona y Texas. Es precisamente en este último donde se libra una verdadera batalla para frenar la entrada ilegal de extranjeros, al mismo tiempo que se debaten a nivel federal la legalidad de las medidas tomadas por Greg Abbott, entre ellas, la promulgación de la polémica ley SB4.

Este republicano, que forma parte del ala más conservadora de su partido y que está en el cargo desde 2015, ha sido enfático desde hace varios años acerca del aumento de la demanda de ingreso de extranjeros por la frontera sur de su estado. La situación lo ha llevado a dictar medidas que para los demócratas son extremas, como la instalación, en julio del año pasado, de un muro de boyas flotantes en el Río Bravo para impedir los cruces ilegales de migrantes.

En diciembre de 2023, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans emitió una decisión dividida acerca de la orden de un juez de distrito que exigía que Texas trasladara las boyas a la parte estadounidense del río. En aquel entonces, el fiscal general del ese estado, Ken Paxton, presentó de inmediato un pedido para que se volviera a escuchar el caso ante el tribunal en pleno y se permitiera que la barrera flotante permaneciera en su lugar.

A mediados de enero, Paxton informó a través de un comunicado que el Quinto Circuito había concedido la una audiencia en pleno, por lo que la orden de mover las boyas seguiría suspendida hasta mayo de este año, momento en que el Tribunal de Apelaciones se reunirá nuevamente.

Es en esta corte donde se lleva a cabo la batalla campal entre Abbott y la Administración de Joe Biden. Fiel a su postura y su partido, el gobernador sostiene que el presidente y el gobierno federal no actuaron de manera efectiva para contener la crisis migratoria, por lo que Texas se vio en la necesidad de intervenir.

La discusión entre la promulgación de la ley de inmigración, mejor conocida como SB4, que promulgó en diciembre de 2023, aumentó las rispideces que ya existían entre los dos niveles de gobierno, y la Administración Biden sostuvo que tocaba competencias federales, por lo que el caso se elevó a la Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal.

Los obstáculos legales para la implementación de la ley de inmigración de Texas

Sorpresivamente, el martes de esta semana, el supremo tribunal permitió la entrada en vigor de la ley de inmigración de Texas, una decisión que podría marcar un precedente en la política migratoria estadounidense y que supone un reto en su aplicación por parte de las autoridades municipales del estado fronterizo. Sin embargo, no se pronunció en torno a la constitucionalidad de la ley y devolvió el caso al tribunal de apelaciones, instándolo a emitir un fallo a la brevedad. El texto normativo desafía al gobierno federal, a quien corresponde la política migratoria y las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Pero entonces, tan solo horas después, la mañana del miércoles, la puesta en marcha de la ley quedó en pausa porque la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito -la misma que suspendió la orden de mover las boyas flotantes- debatirá acerca de la constitucionalidad de la medida.

Según consignó CNN, durante una audiencia ante los magistrados, el procurador general de Texas, Aaron Nielson -otro republicano que fue nombrado por Paxton en noviembre pasado-, reconoció que no estaba seguro cómo los jueces estatales interpretarían la ley.

Una de las magistradas del Quinto Circuito argumentó que, históricamente, ningún estado había exigido antes el derecho de deportar inmigrantes indocumentados. No obstante, adelantó que podrían admitirse algunas partes de la ley, pero no precisó cuáles.

Dentro del contenido de la ley se faculta a policías locales y estatales el arresto de personas bajo sospecha de estar de manera legal en el país, la presentación de cargos penales y, si un juez lo decide, la deportación. Sin embargo, la detención de extranjeros para enviarlos a su país no es tan sencillo como se enuncia.

La medida no solo implica que se lleve a cabo todo el debido proceso y que las autoridades del país fronterizo, en este caso, México, reciban a las personas deportadas. El flujo de migrantes es tal, que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial estatal y municipal están colapsadas, sobre todo en ciudades como Eagle Pass, que ya son sinónimo de caos por el número de extranjeros.

Hasta tanto, se mantiene la expectativa por la interpretación que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito hará sobre la ley, alcance e implementación.