La voz débil de Hugo Moyano, algo anciano, aunque lúcido y activo como en sus tiempos de auge, pobló el salón del tercer piso de la sede de la Federación de Sanidad. “Nosotros siempre pusimos todo, que no nos vengan a decir ahora que tenemos que parar”, intervino para mediar en un tenso debate. Lo escuchaban atentos unos 20 dirigentes de la CGT de distintas tribus que no habían logrado acordar una postura común sobre el involucramiento de la central obrera en la movilización de apoyo a Cristina Kirchner. La palabra autorizada del jefe camionero fue determinante para que el sindicalismo, un otrora actor protagónico en el rompecabezas de poder del peronismo, tome una sugestiva distancia de lo que fue el miércoles la congregación kirchnerista en la Plaza de Mayo.

La CGT finalmente no marchó de manera orgánica por la expresidenta. Si bien hasta se había fijado un punto de encuentro, en Independencia y Paseo Colón, la decisión de escenificar cierta unidad y contribuir a la reconstrucción del PJ se diluyó por varias razones. Hubo motivos políticos, también revanchas personales y hasta una necesidad de dar vuelta de página. “Cristina venía siendo hasta ahora un obstáculo para renovar el peronismo. Ahora el recambio será obligado”, reflexionó un dirigente de un gremio industrial. La disyuntiva es hoy alinearse detrás del proyecto de Axel Kicillof o renovar el pacto con Javier Milei para que no avance con decretos o leyes que puedan limitar el poder y los negocios de los sindicatos. Está lejos hoy la CGT de una postura unánime ante este nuevo escenario. Hay una mayoría de kicillofistas, surgen algunos que se empiezan a confesar libertarios y está incipiente una tercera vía, que impulsa un acercamiento con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) a pesar de no pertenecer hoy al PJ.

“No se pudo armar nada por Cristina por que la mitad de la CGT está en Suiza [en la OIT] y porque hay otros sectores que están jugando a otra cosa”, asumió a modo de autocrítica uno de las voces más respetadas del triunvirato de mando cegetista. Avivó este clima de incertidumbre un hecho que no pasó de inadvertido para los gremialistas. El lunes a la noche, en la previa a la convocatoria a movilizarse por la expresidenta, de un auto sin patente se bajó una persona y dejó dos mensajes en las paredes de la CGT, en Azopardo al 800. “Paren el 18 o se pudre” y “no jodan con CFK”. Las pintadas fueron tapadas esa misma noche.

El martes a la tarde se esperaba a la cúpula de la CGT en la sede del PJ para definir su adhesión a la movilización. El kirchnerismo presionaba para que se active un paro general. Las dos vertientes de la CTA, ambas con influencia en el sector público, ya habían avanzado hacia una huelga de impacto reducido. Héctor Daer, que estaba de anfitrión de 20 dirigentes en Sanidad, cruzó llamados y mensajes con el senador José Mayans, vicepresidente del partido. También habló con el bancario Sergio Palazzo, uno de los interlocutores sindicales favorito de Cristina Kirchner. Unos minutos antes de la hora pautada para el encuentro se conoció que el Tribunal Oral Federal N°2 autorizaba finalmente la prisión domiciliaria y de esa manera se desactivaba la caravana a los tribunales de Comodoro Py para cortejar la entrega a la Justicia de la expresidenta. El dinamismo de los hechos hizo que se cancelara la visita de los gremios a Matheu y que el apoyo de la CGT se limite a un comunicado, a solo algo retórico. “Nos pronunciamos. Punto y aparte”, dijo un sindicalista, seco y tajante.

La decisión de Hugo Moyano de haberse puesto al frente de la resistencia contra Cristina Kirchner tiene su raíz en el pasado no tan lejano. El 15 de diciembre de 2011 el jefe de los camioneros reunió a una multitud de militantes de su gremio en el estadio de Huracán. Bajo la lluvia, renunció ese mediodía a la mesa de conducción del PJ, al que consideró “una cáscara vacía”, y le respondió directamente a Cristina, que cinco días antes, al asumir su segundo mandato como presidenta con el 54% de los votos, lo había acusado por “extorsión y chantaje”. Simbolizó el principio de una ruptura cuyas heridas no cicatrizaron jamás. Aquel día, Moyano habló flanqueado de su hijo Pablo, que vestía una remera blanca con una leyenda: “Reparto de ganancias, ya”. Hoy los caminos de Hugo y Pablo se bifurcaron y no hubo ni siquiera un llamado para el Día del Padre, según fuentes confiables que conocen la dinámica familiar del clan camionero.

Durante el debate con sus colegas sindicales en Sanidad, Moyano debió aclarar que la visita de su hijo Pablo a Cristina en San José 1111, el viernes previo, había corrido por cuenta propia. Detrás de ese encuentro habría tenido mucho que ver un intendente camporista que supo asesorar en temas legales a gremios moyanistas. Pablo Moyano asistió con su hijo Facundo y no abrió el juego al puñado de laderos sindicales que aún frecuenta. Se solidarizó con Cristina, pero en la movilización del miércoles en Plaza de Mayo casi no hubo rastros de la militancia camionera.

Se abre un interrogante sobre el futuro de Pablo Moyano. No participa activamente del manejo del gremio desde hace seis meses y está dedicado casi exclusivamente a la gestión deportiva del Club Camioneros, según dos fuentes que orbitan alrededor del círculo familiar. Tampoco mostró interés cuando fue consultado por colegas transportistas para apuntalar un rejunte de gremios y organizaciones sociales dispuestas a enfrentar a Milei, como lo fue el MTA durante el menemismo. En la sede central del sindicato, en San José 1781, a seis cuadras de lo de Cristina, circulan cada vez con más fuerzas las versiones de que Hugo se inclinaría por Omar Pérez o Marcelo Aparicio como eventuales sucesores. “El heredero tiene que tener sí o sí apellido Moyano”, cortó cualquier especulación un interlocutor habitual con los diferentes miembros del clan. Detrás de Pablo, están Karina, Hugo (h.), Facundo, Jerónimo y Paola, que es la única que hoy no está vinculada de manera directa con el sindicato. Hugo Moyano tiene 81 años y el actual mandato, el décimo en cadena, finaliza recién en 2027. Luce todavía lejano el desenlace por la sucesión.

Diferente es lo que sucede en la CGT. El proceso de renovación se aceleró a partir de las diferencias internas sobre cómo relacionarse con el gobierno de Milei y se agitó después de retacearle el apoyo a Cristina por su condena a prisión domiciliaria. Entre octubre y noviembre se desarticulará el triunvirato de mando que integran Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello. Simbolizará algo más que un enroque de nombres: será un forzado recambio generacional que amenaza con tener un efecto cascada en otros sindicatos. La intención en la CGT es tratar de impulsar un solo líder, que reúna el consenso de las diferentes tribus. Pica hoy en punta el santafecino Jorge Sola, del Sindicato del Seguro. En paralelo, sin embargo, se gestan dos bandos opuestos: uno dispuesto a empoderar a un dirigente con perfil netamente opositor, como podría ser Abel Furlán (UOM), mientras que otro sector busca enviar señales de tregua a Milei y echó a rodar los nombres de Daniel Vila (Carga y Descarga), el dirigente que talla en los centros de distribución de Mercado Libre, y Cristian Jerónimo (Vidrio), que se jacta internamente de tener línea directa con Santiago Caputo, asesor del Presidente. El rompecabezas no está ajeno a la atomización peronista.

En medio de esta barahúnda, desde la CGT surgieron señales de rendición ante el Gobierno en una pulseada determinante: las paritarias. Son cada vez más los gremios que aceptan la suba mensual de 1% como pauta de referencia. Se recurrió como atajo a la suma no remunerativa adicional para destrabar algunos acuerdos que venían perdiendo frente a la inflación. Se tratan de pagos sin aportes que no incrementan la base salarial. Parches que no permiten el repunte del salario a pesar de la desaceleración inflacionaria. Celebra el ministro de Economía, Luis Caputo, que está dispuesto a colonizar la Secretaría de Trabajo con tropa propia. Su avanzada generó algún cortocircuito con Sandra Pettovello, a cargo de Capital Humano, el mega ministerio del que depende la cartera laboral.

En la letra chica de algunos acuerdos paritarios comienza a hacerse habitual el aporte de los empresarios a la obra social. Moyano, por ejemplo, ya lo adquirió como un derecho. Hoy casi todas las obras sociales están en crisis y recurren a los fondos del gremio para no bajar sus persianas y desatender las prestaciones. Como nunca antes, el Fondo Solidario de Redistribución, que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios, quedó en números negativos por el salto en los costos para cubrir los tratamientos por discapacidad.

Hay un conflicto en ciernes con el Gobierno por una reciente normativa que obliga a las prestadoras a dar una respuesta al afiliado dentro de los cinco días hábiles para autorizar tratamientos. Si no lo hacen, son multadas. El sistema laboral y sanitario podría sufrir un giro si prospera una idea que el ministro de Salud, Mario Lugones, deslizó en exposiciones antes de ser funcionario. Se trata de darle la posibilidad al empleado registrado de elegir que el aporte obligatorio que hoy hacen los empleadores en vez de ir a la obra social o a la prepaga vaya a su bolsillo. El salario sería así un 6% mayor, pero el empleado estaría sin cobertura médica privada. Una disyuntiva compleja mientras la motosierra avance sobre la salud pública.

Si bien esta reforma no formaría hoy parte de la agenda del Gobierno, hay otras iniciativas que sí. Temen en la CGT que Milei de un giro y finalmente habilite a su tropa de legisladores a acompañar a la UCR, Pro y la Coalición Cívica en sus proyectos para limitar el poder de recaudación y representación de los gremios. En 2024, el oficialismo no acompañó a sus aliados y hubo 28 iniciativas que no prosperaron en la Comisión de Legislación del Trabajo. ¿Qué hará este año? ¿O el próximo? En los gremios tomaron nota del reciente decreto presidencial que intentó limitar el derecho a la huelga y sospechan que se acabó la tregua. ¿Llegó la hora de la resistencia o de la rendición? Ni de una, ni de la otra, dicen por ahora en la CGT.

Eduardo Martínez cuestionó el reciente fallo judicial que afecta a la exvicepresidente, considerándolo un ataque a las garantías democráticas del país: «Este fallo es una persecución política que va más allá de Cristina. Es atentatorio contra todos los derechos y libertades de los ciudadanos», aseguró.

Además, advirtió que el fallo judicial busca «darle garantías a aquellos que lucran con el pueblo y con los jubilados», y alertó sobre un eventual fortalecimiento del gobierno de Javier Milei. «Más allá de la simpatía o no con el gobierno peronista, hay que entender que esto va contra todos aquellos que tienen algún reclamo», indicó.

En este contexto, Martínez confirmó que la movilización habitual de los miércoles en el Congreso se mantuvo, pese a la coincidencia con otras protestas: «Nuestros reclamos siguen todos vigentes y esa tradición de movilizarnos todos los miércoles tiene que seguir, aún en circunstancias como la del día de hoy».

Consultado sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, marcó una diferencia en el trato hacia las distintas protestas. «Se abusan con los jubilados en términos de una desventaja numérica. Cuando estuvimos acompañados por otros sectores, como la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) o Ni Una Menos, no hubo represión», remarcó.

En ese sentido, anticipó una nueva movilización: «Para el 2 de julio estamos convocando a una marcha nacional antirrepresiva, con organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos. No se trata de que maltraten a todos por igual, sino de que no maltraten a nadie», sostuvo el dirigente.

Sobre el protocolo de seguridad impulsado por el gobierno, fue tajante: «El protocolo tiene que dejar de existir. La Constitución es clara: el derecho a la protesta es legítimo». Y denunció que se están aplicando medidas que «son propias de un estado de sitio, no de un régimen democrático».

Finalmente, Martínez se refirió a la moratoria previsional y el posible veto presidencial: «El proyecto fue aprobado en Diputados, pero ya el gobierno dijo que lo va a vetar si lo aprueban en el Senado«, explicó. Y concluyó: «Sin moratoria, millones de personas no llegan a los 30 años de aportes porque los empleadores no se los hicieron. Es una cuestión de supervivencia, de vida o muerte».