La Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal para zanjar debates electorales por debajo de la Corte Suprema, decidirá sobre la inclusión de Cristina Kirchner en el padrón de Santa Cruz para los comicios de octubre. Según los antecedentes de la propia Cámara, la excluirá.

El debate se generó porque la justicia federal de Santa Cruz declaró inconstitucional un artículo del Código Penal que impide votar a los presos condenados, como Cristina Kirchner, que cumple su pena a 6 años de cárcel detenida en su departamento porteño.

La inclusión de la expresidenta en el padrón para las elecciones legislativas del 26 de octubre, dispuesta por la jueza subrogante Mariel Borruto, fue apelada por el fiscal federal Julio Zárate.

Tras el recurso del fiscal, el caso deberá ser resuelto por la Cámara Nacional Electoral, que si bien entendió que es inconstitucional aplicar de manera automática la regla de que los condenados no pueden votar, dijo que es razonable que no lo hagan en el caso de condenados por corrupción y fraude contra el Estado. Esta es la situación de Cristina Kirchner.

El fiscal Zárate entendió que la inhabilitación de Cristina Kirchner incluye tanto su prohibición de ser candidata, como el impedimento para votar.

Al apelar la decisión de la jueza Borruto, el fiscal entendió que mas allá de que se dispuso la inconstitucionalidad de la prohibición de votar de los condenados, nunca se avaló que se incluyeran en el padrón electoral.

El fiscal Zárate señaló que nadie comparte esta postura, ni quiera el procurador general Eduardo Casal cuando le tocó dictaminar en asuntos similares.

Por eso es que entendió que debe ser la Cámara Nacional Electoral la que corrija esta situación y revoque la sentencia de la jueza Borruto.

De este modo se mantendría el criterio que se viene exponiendo acerca de excluir del padrón a los condenados. Al menos hasta que haya una ley del Congreso que cambie esta situación, como dijeron los jueces de la Cámara Nacional Electoral o que sea finalmente rechazada o aprobada su inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora serán los camaristas nacionales electorales Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas los que tendrán que tomar la decisión.

El fallo de la jueza Borruto implicaba de todos modos una decisión simbólica y una reivindicación política porque Cristina Kirchner está presa; por ende, aunque quisiera, no podría trasladarse a Santa Cruz para votar.

La decisión de mantener a Cristina Kirchner en el padrón electoral fue firmada el 18 de julio pasado, último día antes de la feria judicial.

La jueza Borruto dispuso que se mantuviera “la situación registral de la ciudadana Fernández Cristina Elisabet M.I. Nº 10.433.615, clase 1953, como electora activa en este distrito al solo efecto de ejercer su sufragio”.

La Cámara Nacional Electoral, en un fallo que firmaron los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, dijeron, no obstante, que “resulta factible que en ciertos casos el legislador pueda considerar justificada la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación (v. gr. en delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, malversación de fondos públicos, defraudación contra la administración pública, entre otros)”.

Y justamente este es el caso de Cristina Kirchner. Una norma de la Cámara Nacional Electoral hace obligatorio a los jueces de primera instancia la aplicación de sus criterios y para los camaristas, la aplicación de sus precedentes, por lo que es seguro que Cristina Kirchner será excluida del padrón.

Esto es así porque en este caso particular justamente el delito por el que Cristina Kirchner fue condenada es uno de los que enumera la Cámara como justificativo de la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación.

Los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- que tramita en los tribunales de Nueva York acusaron al presidente Javier Milei de haber emitido “una declaración promocional altamente engañosa” y que fue “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token”, lo que llevó a que “decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados”.

La acusación contra Milei aparece en un escrito que los impulsores de la “class action” presentaron ante la jueza federal Jennifer Rochon para solicitar que se prolongue el congelamiento temporario de más de US$57 millones depositados en billeteras virtuales del “empresario” estadounidense Hayden Davis. Los promotores de la demanda pretenden mantener la medida hasta el final del proceso judicial.

El señalamiento explícito de Milei ante una Corte federal de Estados Unidos, cabe aclarar, no implicará problemas legales en el corto plazo para Presidente, pero conlleva un riesgo latente en el mediano o largo plazo. De triunfar en esta demanda colectiva civil, los demandantes podrían luego ampliar sus reclamos a Milei o, incluso, al Estado argentino, según indicaron abogados consultados por .

Firmado por los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, el escrito de 25 carillas concentró sus dardos en Davis y su equipo de Kelsier Ventures, protagonistas visibles del lanzamiento y colapso del memecoin $LIBRA, el 14 de febrero pasado. Pero también apuntaron contra uno de los referentes de la plataforma Meteora, Benjamin Chow, al que acusaron de facilitar el “fraude” desde las sombras.

“Los demandados no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”, afirmaron los letrados. “Los demandados de Meteora colaboraron secretamente con los demandados de Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, obteniendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas”, sostuvieron, por lo que reclamaron que la jueza Rochen mantenga inmovilizados “los fondos de LIBRA”.

“La conducta inculpatoria de los acusados deja claro el riesgo inminente de un daño irreparable”, destacaron Burwick y Hoppin. “Davis prometió ‘reinvertir el 100% de los fondos bajo su control’, pero no lo hizo. En cambio, reembolsó cinco millones de dólares a un comprador —el director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy—, a pesar de haber calificado públicamente como ‘descabellados’ los reembolsos a los inversores. Davis también se ha negado a ceder el control de los activos, ‘incluso si se trata de un tercero de confianza’, porque ha dicho que su ‘única ventaja es que tiene todo este dinero”.

El planteo de los abogados responde a un contrapunto que comenzó a gestarse semanas atrás. Tras ordenar el congelamiento de decenas de millones de dólares, el 27 de mayo, la Corte mantuvo una videoconferencia con todas las partes el 1° de julio. Allí fijó una audiencia para el 19 de agosto en que evaluará si mantiene su decisión o libera los fondos. Pero el 9 de julio, Davis presentó un escrito en el que atacó los argumentos de los actores, tras adelantar que buscaría recuperar el control del dinero para transferirlo a la Argentina.

En ese sentido, Davis pretendería girar 500 millones de tokens $LIBRA a la Argentina que se encuentran en una billetera de la plataforma Solana. ¿Su objetivo? Girarlo a la iniciativa “Viva La Libertad”, “sujeto a las medidas de seguridad y obligaciones de informar” que dispusiera la jueza Rochon, para demostrar así que su intención era ayudar al país, y cerrar la investigación penal en su contra que en Buenos Aires tramita en los tribunales de Comodoro Py.

Para los letrados que en Nueva York impulsan la “class action”, sin embargo, el resultado sería el opuesto. “La propia conducta de los acusados —lavar el dinero a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, llamar explícitamente a los fondos congelados su ‘apalancamiento’ [para negociar] y ofuscar deliberadamente cualquier posibilidad de controlar la operatoria— demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar”.

“Cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado con [$LIBRA], solicitamos las facultades de este Tribunal para preservar las ganancias de dicho fraude”, recordaron Burwick y Hoppin. “Los demandados [por Davis y Chow] ahora piden a este tribunal que haga la vista gorda y que trate los activos digitales que se mueven con solo pulsar un botón a través de redes anónimas como si fueran dinero en efectivo guardado en una bóveda bancaria. Se equivocan tanto en la ley como en los hechos”.

Ahora, la jueza Rochon deberá evaluar los pasos a seguir. Incluso, si retiene la “class action” en su juzgado o si lo remite a los tribunales federales en Texas, como reclamó Davis. Adujo que no tiene domicilio en Manhattan, ni mantuvo reuniones vinculadas al criptoactivo, ni tampoco estaba allí durante el lanzamiento o hizo publicidad, ni actividad alguna que amerite que la demanda colectiva continúe en Nueva York sin violar “la garantía del debido proceso”.

Burwick y Hoppin también se opusieron a ese planteo de Davis. Remarcaron que Chow vive en Nueva York y que, por tanto, Rochon es competente, por lo que debería ser ella quien debería mantener congelado el dinero que Davis recaudó la noche del 14 de febrero, tras el primer posteo del presidente Milei, y evitar así que el dinero desaparezca para siempre.

“Las conexiones internacionales de los demandados demuestran un mayor riesgo de que transfieran los activos a entidades offshore organizadas en ubicaciones desconocidas”, subrayaron. “Se sabe que Hayden Davis viaja al exterior y Charles Thomas Davis [por su padre] tiene conexiones comerciales en Medio Oriente. De igual manera, los demandados de Meteora tienen conexiones con Singapur, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Y la notificación a Chow se ejecutó en Vietnam. Este riesgo de deslocalización es particularmente grave debido a la naturaleza de los activos digitales en cuestión”, advirtieron.