La puja por investigar el caso $LIBRA sigue vigente en Diputados. La oposición insiste en reactivar la comisión especial que debe indagar el grado de involucramiento del presidente Javier Milei en una presunta estafa a través de la criptomoneda.

Tras semanas de parálisis, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro envió una nota formal a los presidentes de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato (Pro), y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), en la que exige que su proyecto para destrabar la comisión sea tratado “de manera urgente, conjunta y en plenario”.

“La demora en la normalización de su funcionamiento impide el ejercicio de las facultades constitucionales de control que corresponden a esta Honorable Cámara, especialmente frente a un caso de trascendencia nacional y con múltiples aristas políticas, económicas y judiciales en curso”, advierte Ferraro en la presentación.

La comisión quedó congelada hace más de un mes, luego de dos empates consecutivos en la elección de autoridades. Ferraro acusa al oficialismo de haber bloqueado su funcionamiento y propone una reforma institucional para garantizar que la mayoría opositora pueda avanzar con la investigación.

“Es de público conocimiento que persisten los ardides reglamentarios, obstáculos administrativos y políticos que bloquean el inicio efectivo de las tareas investigativas, lo que torna imperioso el dictado de una resolución que clarifique e impulse su funcionamiento”, sostiene.

El proyecto -que cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la izquierda y el radicalismo no alineado- establece que, en caso de empate, se elija como presidente al candidato respaldado por los bloques que sumen más bancas. Según esa fórmula, la oposición se aseguraría el control de la comisión: entre todos los firmantes reúnen 136 diputados.

El esquema también prevé que la vicepresidencia quede en manos del candidato perdedor, y que la secretaría sea definida por los bloques que respaldaron al titular. Además, introduce tres reformas clave: que la comisión sesione bajo el reglamento general de la Cámara; que el presidente tenga la potestad de desempatar votaciones internas; y que el plazo de tres meses para investigar se active recién cuando se definan las autoridades y el cronograma de trabajo.

Con esta jugada, la oposición busca evitar que la parálisis institucional diluya la pesquisa sobre el entorno presidencial. Y advierte: si el oficialismo vuelve a bloquear las citaciones o desconoce la autoridad de la comisión, no se descarta avanzar con un juicio político.

CÓRDOBA.- Aldo Maximiliano Vannucci, un argentino de 46 años, oriundo de Córdoba y radicado en Málaga, fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 433 años de prisión por múltiples delitos de abuso sexual contra menores. La sentencia incluye diez cargos por agresión sexual con penetración, uno de ellos contra una adolescente de 16 años, hija de una conocida del acusado. Es la segunda condena que recibe luego de haber cumplido una pena de 10 años por otros abusos cometidos a partir de 2005.

La Justicia española pudo comprobar que Vannucci contactaba a sus víctimas a través del videojuego Fortnite, donde utilizaba el alias “Maxi”. Allí les ofrecía dinero virtual o artículos del juego a cambio de realizar videollamadas en las que les pedía a los menores que se desnudaran. Las imágenes eran almacenadas en sus dispositivos personales y organizadas en una carpeta que tituló “Angelitos”, que contenía más de 2000 archivos. Parte del material fue distribuido a través del servidor Mega.nz, vinculado a una cuenta de correo electrónico de Gmail del pedófilo y pederasta.

La nueva investigación había comenzado en 2021, tras la denuncia de un niño de nueve años que había mantenido contacto con un adulto mediante Skype, desde el teléfono de su hermano, y esto fue clave para poder rastrear al cordobés. Tanto Fortnite como Skype colaboraron con la justicia española durante el proceso.

Además de los cargos por agresión sexual, la condena incluye una decena de delitos por abuso sexual, 18 por engaños y sexting, siete por producción de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y 13 por ciberacoso o grooming. También se detectaron 82 pagos realizados por Vannucci a cuentas de usuarios menores de edad vinculados a videojuegos. La sentencia también contempla una compensación económica de 30.000 euros para las víctimas.

Vannucci fue detenido en julio de 2023 y juzgado desde fines de junio pasado. La Fiscalía había solicitado una pena de 325 años de prisión. Sin embargo, el Código Penal español establece un máximo de 20 años de cumplimiento efectivo. Una vez cumplido ese período, podrá acceder a un régimen de tercer grado o libertad condicional, y luego será expulsado del país por diez años. Algo que ya había pasado, pero Vannucci no respetó.

Antes del juicio, la Fiscalía le ofreció un acuerdo: aceptar una pena de 20 años de prisión y ser expulsado a la Argentina. El cordobés rechazó la propuesta. Durante todo el proceso, Vannucci sostuvo que era inocente y que las denuncias eran “mentiras” de los niños.

La primera condena

El acusado ya tenía antecedentes penales por delitos similares. En 2007 fue detenido por tocamientos a nueve niños en una urbanización de La Cala del Moral, donde trabajaba como guardavidas de una pileta. En 2008 fue condenado a 16 años de prisión por nueve abusos sexuales, siete de ellos continuados.

Mientras esperaba el juicio, ocultó su situación judicial y fue contratado como entrenador infantil en la Unión Deportiva Mortadelo, donde abusó de al menos nueve chicos entre 2006 y 2007.

En 2009, otro fallo sumó un año y medio a su condena, y fue inhabilitado para ejercer cualquier actividad con menores. Seis meses después, fue declarado culpable de otros dos abusos sexuales y dos exhibicionismos ante menores.

La Audiencia Provincial de Málaga había unificado las penas en 12 años. Vannucci cumplió una década en prisión, fue expulsado de España, pero regresó gracias a su pasaporte comunitario que le permitió entrar a través de otro país de la Unión Europea.