POLITICA
Quiénes son los 10 prófugos que serán juzgados en ausencia por el atentado a la AMIA

Por primera vez en la historia judicial argentina, diez prófugos serán juzgados en ausencia por el atentado terrorista contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, quien hizo lugar a un planteo de la Unidad Fiscal AMIA en base a la reciente reforma del Código Procesal Penal que permite avanzar con procesos penales contra imputados que se encuentren fuera del país y eludan de forma sistemática a la justicia.
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Los acusados que enfrentarán el juicio oral sin estar presentes físicamente en el país son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
Todos ellos son ciudadanos iraníes o libaneses y fueron señalados por la justicia como responsables de planificar y ejecutar el atentado a través del grupo Hezbollah, y tienen desde 2006 pedido de captura internacional y alerta roja de Interpol. Sin embargo, nunca fueron detenidos: la mayoría reside en Irán, país que no extradita a sus ciudadanos y que, por razones geopolíticas, logró que las alertas no se activen durante sus desplazamientos en el exterior.
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“Han sido declarados rebeldes hace años y, a pesar de saber perfectamente que están siendo buscados, nunca respondieron a los pedidos de extradición”, argumentó el magistrado en su fallo, que ahora deberá ser revisado por la Cámara Federal en caso de apelación.
Algunas querellas y la defensa oficial se opusieron al uso de esta herramienta por considerar que vulnera garantías del debido proceso, pero tanto la fiscalía como las representaciones legales de AMIA y DAIA respaldaron la decisión.
Quiénes son los prófugos que serán juzgados en ausencia por el atentado a la AMIA
- Alí Fallahijan: Exministro de Inteligencia de Irán (1989–1997). Se lo considera el principal articulador de las acciones de los servicios secretos iraníes vinculados al atentado.
- Alí Akbar Velayati: Ocupó el cargo de canciller iraní durante más de una década. Actualmente es consejero del líder supremo Alí Jamenei. La justicia lo acusa de haber brindado cobertura diplomática a la operación terrorista.
- Mohsen Rezai: Encabezó la Guardia Revolucionaria en los años previos al atentado. Se le imputa haber intervenido en la planificación militar del ataque, junto a Vahidi.
- Ahmad Vahidi: Exjefe de la fuerza Al Quds, una rama de elite de la Guardia Revolucionaria iraní. Fue señalado como uno de los organizadores directos del atentado.
- Hadi Soleimanpour: Embajador iraní en Argentina en 1994. Habría contribuido al encubrimiento del ataque desde su rol diplomático. Dejó el país apenas dos semanas y media antes del hecho.
- Ahmad Reza Asghari (o Mohsen Randjbaran): Tercer secretario en la embajada iraní en Buenos Aires. Salió del país pocos días antes del atentado. Se le atribuyen tareas de enlace y manejo del correo diplomático.
- Mohsen Rabbani: Religioso iraní acreditado como consejero cultural en la embajada. Está acusado de haber diseñado y ejecutado la logística local, incluyendo movimientos bancarios y gestiones relacionadas con el vehículo usado en el ataque.
- Salman Raouf Salman: También conocido como Samuel Salman el Reda. Libanés con documentación colombiana, habría coordinado al grupo que ejecutó la fase final del atentado y la detonación.
- Abdallah Salman: De origen libanés, se le adjudica un rol de asistencia directa a Salman Raouf Salman en la operación. Fue declarado rebelde por la justicia en 2023.
- Hussein Mounir Mouzannar: También de nacionalidad libanesa, se lo vincula al mismo nivel operativo que Abdallah Salman. Está prófugo y fue declarado en rebeldía en la misma resolución judicial.
Atentado a la AMIA, AMIA, Irán, Hezbollah
POLITICA
Milei atacó al Grupo Clarín y advirtió que “no se va a quedar con Telefónica”

En otro rapto de furia contra la prensa, el presidente Javier Milei hizo blanco de su enojo en el Grupo Clarín y le advirtió que no permitirá quedarse con el control de Telefónica, cuya compra por parte de Telecom, que pertenece al grupo, está suspendida de manera preventiva por la Secretaría de Industria y Comercio.
“Aquí está la basura inmunda del gran operador argentino Clarín. Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres. Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con TELEFÓNICA. ¿Están extorsionando? Fin”, escribió Milei en sus redes sociales.
Lo que provocó el malestar presidencial fue la tapa del diario Clarín de ayer, en la que apareció el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, con un título que decía: “El campo, un dolor de cabeza para Caputo”. Se espera que hoy, en su visita al predio de Palermo, el Presidente anuncie una mejora impositiva para el sector.
El mes pasado, después de que la Secretaría de Industria y Comercio suspendiera de manera preventiva la compra de Telefónica por parte de Telecom, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió hoy un informe objetando la operación.
La CNDC informó que identificó “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia en los diversos mercados de telecomunicaciones involucrados, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general”.
Según el comunicado de la comisión, la operación implica la eliminación de uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país, lo que dejaría un mercado nacional “altamente concentrado” entre solo dos jugadores: Telecom, con una participación estimada del 58%, y AMX (Claro), con el 42%.
En marzo, el Gobierno había suspendido la operación de manera preventiva. “La medida se sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”, aclaró el Gobierno mediante un comunicado oficial.
La medida del Gobierno se dio luego de que se anunciara que la filial argentina de Telefónica se había vendido por US$1245 millones a Telecom.
El anuncio de la operación derivó rápidamente en una advertencia del Enacom que emitió un comunicado con el que aseguró que el marco regulatorio impide la conformación de oligopolios. Es que la operativa, ahora suspendida de forma preventiva, cambia el mapa de las telecomunicaciones.
suspendida de manera preventiva,https://t.co/ghKoAARxRY,July 25, 2025,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Sospecha de fraude. Qué dijo Milei sobre los residentes médicos que se habrían copiado en el examen de ingreso,,Los salarios militares. La línea de pobreza, la nueva hipótesis de conflicto en los cuarteles
POLITICA
Patricia Bullrich denunció por “persecución ideológica” a Axel Kicillof tras el despido de 24 policías

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, denunció formalmente al gobierno de Axel Kicillof ante la fiscalía general de La Plata. Según Bullrich, los 24 policías cesanteados fueron cesados por su respaldo político a Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza, lo cual configura una “persecución ideológica” sin justificación legal.
“La única causa sería su apoyo político”, sostuvo la ministra al denunciar “pura persecución política”.
La denuncia también incluye una acusación grave de espionaje ilegal. Según fuentes oficiales, se filtraron fragmentos de chats privados entre Bondarenko y los agentes sin intervención judicial ni entrega voluntaria de los dispositivos. Bullrich requirió investigar cómo se accedió a esa información confidencial sin autorización legal.
El candidato libertario por el que Kicillof despidió a 24 policías denunció “una cacería de brujas” en la Provincia
Bullrich no escatimó críticas hacia Kicillof: lo calificó de “inútil” y advirtió que mientras el gobernador no sanciona a grupos violentos que atacaron medios o figuras públicas, sí cesantea a quienes “ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos”. La funcionaria remarcó: “El gobernador toma partido: siempre a favor de delincuentes…”.
Desde el Ministerio de Seguridad provincia, se defendió la decisión judicial: argumentan que una denuncia anónima advirtió sobre confabulaciones internas o uso de recursos del Estado para respaldar a Bondarenko. Se descubrieron audios, mensajes de WhatsApp y documentos internos que habrían configurado una maniobra para influir en la estructura de la fuerza policial.
La denuncia llega en un momento de tensión preelectoral en la Provincia de Buenos Aires, donde Bondarenko compite en la Tercera Sección Electoral –un distrito clave– y la institucionalidad policial está en el centro del debate.
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POLITICA
La pelea entre Bullrich y Kicillof por la purga policial tuvo poco impacto en una fuerza preocupada por los salarios

La decisión del gobierno de Axel Kicillof de desafectar a 24 oficiales debido a la vinculación con Maximiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral para los comicios del 7 de septiembre próximo, no influyó ni tuvo impacto hacia el interior de la policía bonaerense, la mayor fuerza de seguridad del país. En la actualidad, la principal preocupación de la mayoría de los uniformados bonaerenses radica en los salarios.
Las quejas de los policías abarcan un abanico formado por los sueldos bajos, supuestos maltratos de los oficiales jefes hacia sus subalternos, los recargos de servicio, los atrasos en los pagos de las horas adicionales y la falta de una cobertura médica. Esas son sus demandas reales y concretas, según fuentes del sector.
Durante el último año, los responsables del Ministerio de Seguridad bonaerense, hoy a cargo de Javier Alonso, afirmaron que hubo una recomposición salarial para igualar los sueldos de los efectivos de la policía bonaerense a los de las fuerzas federales.
Según la planilla de haberes a la que tuvo acceso , un comisario general, la máxima jerarquía en el escalafón policial, cobraría en el sueldo de julio un básico de $1.587.380, más una suma “remunerativa no bonificable” de $477.334.
Mientras que en la base de la pirámide el oficial de policía que corresponde al agente percibe de sueldo básico $ 734.670 y una suma “no bonificable” de $125,629. En el caso de los suboficiales y en las jerarquías hasta oficial principal pueden aumentar el sueldo con las denominadas horas Cores (compensación por recargo de servicio) y las horas Polad (policía adicional), que tienen diferentes valores.
Las Cores se pagarían $1800 y las adicionales por servicio bancario aproximadamente $8000 cada hora. Muchos policías se quejaron por las demoras que existen en la acreditación de esas horas extras. Por el uniforme perciben un adicional de $47.000.
A raíz del descuento por los salarios, creció la cantidad de efectivos de la policía bonaerense que comenzaron a trabajar como choferes de aplicaciones de viajes. En esa circunstancia fue asesinada Daniela Fernanda Luna.
La joven sargento de la fuerza de seguridad provincial fue asesinada en septiembre del año pasado. Su cuerpo fue encontrado con un balazo en el mentón dentro de un Ford Fiesta blanco en el cruce de Carlos Casares y Norquin, en la localidad de Rafael Castillo, La Matanza. La investigación determinó que Luna fue asesinada durante un robo por un delincuente que abordó su vehículo como pasajero y, al llegar a la mencionada esquina, le disparó y se apoderó del celular.
La necesidad de muchos policías de buscar un ingreso adicional se convirtió en una fuente de recaudación ilegal de algunos jefes policiales que firman licencias por carpeta médica o las planillas de asistencia a cambio de un porcentaje del sueldo del agente que lo solicita. Esta maniobra permite a los efectivos concurrir a otro trabajo y tienen el presentismo asegurado. En la Auditoría General de Asuntos Internos se sumaron las denuncias sobre estos hechos.
Aunque pasaron casi cinco años, todavía permanecen latentes los 5000 sumarios administrativos que, durante la gestión de Sergio Berni, se iniciaron contra los efectivos que realizaron la protesta frente la quinta presidencial de Olivos, los que usaron móviles para cortar el tránsito frente a la estación de policía en Puente 12 y los que participaron de las protestas en los comandos de patrullas de Florencio Varela, Quilmes, Tigre, San Martín, La Matanza, Mar del Plata y Bahía Blanca.
“Con los cinco mil sumarios, los policías acusados en esos expedientes administrativos están en una situación similar a la de tener un respirador artificial: si los activan, los echan. Un motivo para firmar la expulsión es una nueva convocatoria a una movilización”, explicó un comisario inspector retirado de la policía bonaerense que representa a varios de los efectivos sometidos a esos sumarios.
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