Jonatan Arce, el ex concejal de Bahía Blanca que renunció a su cargo por evadir un control de alcoholemia a fines del año pasado, estaba listo para cumplir su penitencia. Ayer fue designado formalmente como funcionario del gobierno bonaerense, pero el nombramiento duró poco. Luego de que varios medios provinciales replicaran la noticia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, decidió echarlo.

Así lo confirmaron desde la cartera bonaerense a Infobae. Al parecer, el revuelo con Arce por su inconducta vial había pasado debajo del radar del ministro Alonso, quien había firmado su nombramiento. La novedad salió a la luz al publicarse ayer su designación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

La resolución 453/2026 reflejaba que la incorporación se firmó el 11 de marzo, pero con vigencia con carácter retroactivo desde el 26 de diciembre de 2025. Es decir, empezó a trabajar en la cartera de Seguridad apenas un mes después del incidente vial que tuvo en Bahía Blanca.

Sin embargo, el fichaje finalizó de manera abrupta. Luego que medios locales difundieron la incorporación del ex concejal al equipo de gobierno kicillofista en La Plata, Alonso lo desplazó del cargo. “Apenas se enteró, lo cesó en las funciones inmediatamente”, señalaron a este medio desde el entorno del ministro.

Fuentes de esa oficina ministerial argumentaron que el problema estuvo en que el ex funcionario de 38 años “no contó de su falta ética grave” en Bahía Blanca, si bien fue una noticia de conocimiento público. Es decir, se ocultó aquel incidente durante el proceso burocrático de incorporación al gabinete.

La documentación que presentó Arce estaba en regla y carecía de antecedentes penales a nivel nacional y en la Provincia. Su CV tampoco reflejaba inconveniente alguno, según pudo corroborar este medio. “En la carpeta que él presenta (por Arce), solo menciona que fue concejal entre 2023 y 2025. No menciona nada de esto ni de cómo fue su renuncia, que nos excede, y él lo oculta. Pero desde un punto de vista legal, no tenía nada”, señalaron desde la oficina ministerial.

El ex concejal había asumido como director de Coordinación Municipal y Control Rural Región Interior. Hasta ayer, trabajaba bajo las órdenes de Federico Sebastián Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior, un funcionario considerado por el intendente Federico Susbielles como uno de los “mejores hombres” y referentes del municipio. Montero es bahiense e integró la gestión del jefe comunal.

A pesar del traspié político, lo cierto es que el revuelo con Arce era conocido públicamente. Arce renunció el año pasado a su banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, tras el revuelo que generó haberse negado a realizar un test de alcoholemia durante un control vial el 21 de noviembre de 2025.

El ex edil no pudo hacer frente a la presión social tras conocerse el escándalo. La infracción se viralizó, luego que el referente de Estrellas Amarillas de Argentina, Santiago Saccoccia, pidió en ese momento la renuncia de Arce, ante la “presunción por negarse a prueba de alcoholemia”, una conducta que, según establece la normativa vigente, es equivalente al haber dado positivo al test. Saccoccia es padre de Facundo, un joven de 17 años fallecido en 2018 tras ser atropellado por un conductor alcoholizado.

La sanción que recayó sobre Arce entonces fue por partida doble. Tuvo que dejar su puesto político y afrontar una multa de $1.412.800, de acuerdo a lo definido por el Tribunal de Faltas bonaerense. Paradójicamente, el entonces edil integraba la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante local.

Ante lo ocurrido, el exconcejal reconoció que “actuó de manera incorrecta” y difundió una carta pública de arrepentimiento. “Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad”, decía el mensaje, al explicar su renuncia. Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas. Entregué toda la documentación solicitada, se labró el acta correspondiente y acepté la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano” Y concluyó: “La coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores”.

En un nuevo capítulo de esta saga de tropiezos, la infracción de tránsito volvió a dejar afuera a Arce de otro puesto político.

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La líder de la Coalición Cívica Elisa Lilita Carrió celebró la medida que impulsó el gobierno nacional de derogación de una resolución de 2012 que disponía una serie de restricciones para el patentamiento de medicamentos. “Espero que esto abarate los precios”, expresó en sus redes sociales.

“Lo que está haciendo el Ministro de Modernización, habilitando la importación de medicamentos de laboratorios extranjeros y haciendo cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía ‘en desarrollo’, es lo más importante que se hizo en los últimos años en la Argentina”, dijo Carrió en su cuenta de X.

La declaración se produjo luego de que el Gobierno derogara una resolución de 2012 que limitaba el otorgamiento de nuevas patentes de medicamentos. Según el Ejecutivo, la norma dejaba condicionada la evaluación de patentes y ahora el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) decidirá caso por caso. La dirigente expresó su expectativa de que la medida “abarate los precios”.

En un comunicado, el ministerio de Desregulación indicó que la modificación “moderniza el sistema de patentes farmacéuticas para garantizar el acceso a mejores tratamientos y elimina restricciones que frenaban la llegada de nuevas terapias”.

El titular del INPI, Carlos María Gallo, y los ministros Mario Lugones (Salud) y Luis Caputo (Economía) firmaron la resolución que dejó sin efecto las pautas de examen de patentabilidad vigentes desde 2012.

La nueva norma también establece un segundo punto que traerá gran impacto sobre la negocio farmacéutico local. Dispone que para el caso de patentes concedidas a partir de ahora vinculadas a productos farmacéuticos comercializados en el país, “los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”.

Aún cuando no lleva su firma, la resolución trae la impronta desreguladora del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró su sanción en su cuenta de X. La decisión del Gobierno “representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país. Aquella resolución, para decirlo en criollo, había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina. Esto no solo era un atentado contra el derecho de propiedad sino que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país”, señaló Sturzenegger.

El funcionario señaló que en adelante el INPI analizará cada solicitud de patente en forma individual y conforme a la ley, “sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo”. Aclaró que “los productos farmacéuticos que ya están en el mercado no se verán afectados de manera alguna y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”.

Modernizar el sistema

Mediante un comunicado, el Ministerio de Desregulación aseguró que la medida “moderniza el sistema de patentes farmacéuticas para garantizar el acceso a mejores tratamientos”, a la vez que “elimina restricciones que frenaban el desarrollo y la llegada de nuevas terapias, fortalece la seguridad jurídica y protege la comercialización actual de medicamentos”.

Explicó que esta reforma fortalece el rol técnico del INPI, permitiéndole analizar cada innovación sin restricciones adicionales. “En este nuevo marco, la ecuación es clara: más protección a la innovación es igual a más empresas que traen sus terapias a Argentina y a un acceso más rápido a los mejores tratamientos”, apuntó el comunicado.

Enumeró cinco beneficios clave para los argentinos: un sistema de patentes más claro y previsible permite acelerar la llegada de “más y mejores medicamentos” y terapias innovadoras al país; una mayor seguridad jurídica estimula “inversión en salud”, en investigación, desarrollo y producción farmacéutica, fomentando empleo y avance tecnológico; integración con estándares internacionales que facilita la inserción de Argentina en cadenas globales de innovación; “protección total del acceso actual” a los medicamentos disponibles en el mercado, sin riesgo de retiro ni cambios; “más competencia en el largo plazo”, para impulsar tanto la innovación como la producción local.

“Esta reforma marca un cambio estructural en la política de innovación en salud. Argentina deja atrás un modelo que bloqueaba la innovación y se alinea con el mundo para atraer inversión, acelerar el acceso a nuevas terapias y garantizar reglas claras”, concluyó el ministerio de Desregulación.