Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1104, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo amplió partidas presupuestarias clave. Este ajuste, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, implica un incremento neto de $2.149.126 millones en recursos, representando un aumento del 2,4% sobre los cálculos previos.

El texto justifica la readecuación argumentando que es “urgente incorporar disposiciones complementarias para asegurar la continuidad del funcionamiento del Estado nacional”. Entre las prioridades, destacan el refuerzo para el pago de salarios, prestaciones sociales, subsidios y otros compromisos presupuestarios.

De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el DNU autoriza mayores asignaciones en 197 programas presupuestarios por $1.373.793 millones y recortes en 32 programas por $1.558.913 millones.

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Entre los puntos más destacados se encuentra la reasignación de $88.000 millones para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), destinada a cubrir las necesidades operativas tras el rechazo del Congreso a un financiamiento previo.

Asimismo, un 60% de la ampliación se destinará al pago de intereses de la deuda pública, respondiendo a la necesidad de “determinar instrumentos para atender los servicios de intereses y amortizaciones durante el Ejercicio Fiscal 2025”.

Fuerzas Armadas y subsidios, otras prioridades del ajuste

El decreto también asigna $244.557 millones a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los cuales $202.748 millones van a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Otros $41.808 millones cubrirán retroactivos ordenados por la Justicia para jubilaciones y retiros.

Por otro lado, el presupuesto de ANSES sufrió una disminución en las partidas destinadas a prestaciones previsionales, argumentando que “la inflación fue menor a la prevista”. Sin embargo, se aumentaron los montos destinados a la prestación por desempleo, reflejando un ajuste a las necesidades actuales de los desocupados.

Impacto en áreas clave y obras públicas

En el ámbito de infraestructura, el decreto establece que la Secretaría de Obras Públicas deberá constituir una aplicación financiera gratuita por $1 billón a favor del Tesoro Nacional. Sin embargo, algunas áreas como la Administración de Parques Nacionales verán recortes debido a la finalización de proyectos financiados por el BID, como el programa Corredores Turísticos.

Con esta readecuación, el Gobierno de Javier Milei busca estabilizar las cuentas públicas y cumplir con sus obligaciones en un contexto económico desafiante. Las prioridades evidencian un esfuerzo por equilibrar el pago de la deuda, el funcionamiento del Estado y la atención a sectores vulnerables, en medio de tensiones políticas y fiscales.