El juez federal a cargo de la causa que investiga la muerte de 111 pacientes por fentanilo contaminado se dispone a ampliar en abril la declaración indagatoria de los 14 imputados. Cuatro de ellos están en prisión y dos cumplen arresto domiciliario. ¿La razón? En el expediente se acumularon nuevas pruebas en su contra.

Otra de las novedades de peso en la causa que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y su equipo, es que —a pedido del magistrado— el Cuerpo Médico Forense (CMF) completó los estudios sobre 160 historias clínicas de “111 pacientes fallecidos peritados” y de un total de “49 pacientes dados de alta peritados a los efectos de determinar y graduar posibles lesiones”.

Para esa tarea, el juzgado dispuso —con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)— el traslado de profesionales del CMF a distintos puntos del país, con el objetivo de realizar las entrevistas de rigor a las posibles víctimas, según el siguiente cronograma:

• El 5 de marzo, en la sede del CMF en la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron evaluados cinco pacientes de CABA y provincia de Buenos Aires.

• El 16 y 17 de marzo, en la ciudad de Rosario, en la sede de la Cámara Federal de Rosario, se analizaron 24 pacientes.

• El 18 y 19 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, en la sede del Juzgado Federal Nº 1, fueron evaluados 13 pacientes.

• El 26 de marzo, en la ciudad de Córdoba, en el Hospital Nacional de Clínicas, se examinaron cuatro pacientes.

• El 27 de marzo, en la ciudad de Formosa, en la sede del Juzgado Federal Nº 2, se analizaron tres pacientes.

La logística implementada por Kreplak no fue sencilla y requirió una planificación precisa: transporte para los profesionales, alojamiento y espacios de fácil acceso para los pacientes que debían ser peritados.

La tragedia ya es señalada como el mayor desastre sanitario del país y se la ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.

Hasta el momento, los acusados —propietario, accionistas, directivos y responsables de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma— fueron procesados por 20 muertes. A partir de abril (aunque las fechas aún no fueron fijadas), enfrentarán la posibilidad de ser indagados, al menos, por 111 fallecidos.

La expectativa de pena oscila entre 10 y 25 años de prisión, por los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

Las defensas de los 14 procesados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata, cuyos magistrados trabajan actualmente en las observaciones presentadas.

Hasta ahora, la instancia superior avaló todo lo actuado por Kreplak. Confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García —directivo de los laboratorios involucrados en la contaminación bacteriana del fentanilo HLB Pharma y hermano de Ariel García, propietario de los establecimientos— y de Javier Tchukrán, director de Manufactura.

Ambos fundamentaron sus planteos en razones calificadas como graves, vinculadas tanto a su estado de salud como a sus situaciones familiares. Sin embargo, en primera instancia, el magistrado consideró que ninguno de los argumentos alcanzó el estándar legal requerido para modificar la medida cautelar.

También argumentó que: “Los riesgos procesales —peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación— permanecen vigentes, en función de la gravedad de la imputación, la escala penal y el rol atribuido a los acusados.»

En el expediente también fueron procesadas con prisión domiciliaria Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo. Otros ocho responsables de HLB Pharma y Ramallo S.A. fueron procesados sin prisión preventiva.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 49 sobrevivientes por la aplicación de ampollas del anestésico contaminado con bacterias multirresistentes.

El caso se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

La investigación incluyó estudios bacteriológicos del Instituto Malbrán, que detectaron la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas.

En la causa constan los chats del “grupo empleados” que revela el descontrol que reunaba en los laboratorios propiedad de Ariel García.

Algunas de esas comunicaciones son explosivas. Literal. En un intercambio entre técnicos y responsables de la planta elaboradora, en el contexto de la manipulación y almacenamiento inadecuado de reactivos y sustancias químicas, uno de ellos dice: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”, se refiere a Laboratorios Ramallo, el lugar en donde el 18 de diciembre de 2024 se fabricó el lote 31202 de fentanilo contaminado.

Los chats también describen la falta de pintura, la imposibilidad de producir medicamentos porque escondieron drogas (reactivos) vencidas, su exposición al sol y la lluvia, y el riesgo de explosión:

• “Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”.

• “¿Usted sabía que dejaron todos los reactivos afuera abajo de la lluvia?”.

• “Y el sol que estuvo haciendo”.

• “Pudo haber explotado eso tranquilamente”.

• “Y con el agua capaz la mitad de las cosas se echen a perder”.

Y quizás, uno de los más llamativos fue el reconociiento de una de las técnicas del lugar: “El fentanilo dio mal”, escribió.

Para los investigadores de la causa, el personal describía de esa manera la improvisación y falta de previsión para tareas de control ambiental y de insumos, como el ocultamiento de sustancias vencidas y los riesgos derivados de las malas prácticas.

Hasta ahora, el análisis de las historias clínicas por parte del Cuerpo Médico Forence permitió determinar que, en al menos 111 casos estudiados, existió infección asociada al fentanilo adulterado y que la exposición a estos gérmenes incrementó el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.

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El Ministerio de Capital Humano anunció este lunes que apelará la decisión judicial que suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, una de las iniciativas más relevantes de la actual administración. La medida fue difundida a través de un mensaje en la red X por la ministra Sandra Pettovello, quien arrobó al presidente Javier Milei, y se produce horas después de que la Justicia laboral aceptara el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenara, en forma cautelar, la vigencia de buena parte de la reforma aprobada por el Congreso.

La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 representa un revés significativo para el Gobierno, que había presentado la ley como un instrumento clave para promover la creación de empleo formal, aumentar la competitividad y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores. De acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio defenderá la norma “sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental”, y agotará todas las instancias judiciales necesarias “para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno”.

La suspensión de los artículos impugnados fue solicitada por la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de las modificaciones propuestas en la nueva legislación laboral. Según consta en el fallo, la central sindical —representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo— sostuvo que los cambios afectan principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por la Argentina. Entre ellos, el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Este lunes, la Justicia decidió suspender de manera provisoria la aplicación de los 83 artículos, al considerar que la demanda de la CGT reunía los requisitos procesales para tramitarse como una acción declarativa colectiva, de acuerdo con la jurisprudencia y regulaciones vigentes. El tribunal destacó que la medida cautelar busca mantener el “status quo” y evitar daños irreparables a los derechos individuales y colectivos protegidos por la legislación anterior, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

En el fallo, se determinó que la suspensión de los artículos de la Ley 27.802 es de carácter temporal y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la norma. Según el tribunal, “la suspensión urgente de los efectos de las normas atacadas brindará mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”. El texto judicial puntualizó que las objeciones de la CGT apuntan, entre otros aspectos, a la exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general, la eliminación de la presunción de relación laboral por prestación de servicios, la reducción de garantías en casos de tercerización y la flexibilización de normas sobre jornada laboral y vacaciones.

El Estado Nacional, representado por la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, planteó objeciones formales y sustanciales contra la demanda sindical. Entre los argumentos oficiales figuraron la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores, la inexistencia de un “caso o controversia” concreta y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa. El Estado subrayó que una suspensión temporal de la ley afecta el interés público y la división de poderes prevista en la Constitución.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, reafirmó su compromiso en defensa de la reforma y rechazó los intentos de “quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar” lo que considera “una herramienta fundamental para la modernización del mercado laboral argentino”. El comunicado oficial subraya que se agotarán todas las instancias judiciales para garantizar la vigencia plena de la ley, al considerar que expresa la voluntad legislativa y constituye un mandato de gestión.

En concreto, la medida judicial afecta artículos que modifican el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, introducen nuevas regulaciones para plataformas tecnológicas, limitan la responsabilidad solidaria de empleadores, eliminan el principio “in dubio pro operario” y cambian estatutos de huelga y representatividad sindical. También incluye la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555) y la creación de nuevos fondos de asistencia laboral, entre otros puntos.

La suspensión provisional de los artículos de la reforma laboral implica que, hasta que no haya una sentencia definitiva sobre la validez constitucional de las normas, continuarán aplicándose los derechos y garantías reconocidos en las leyes anteriores. Esto incluye la protección a los trabajadores en casos de despido, las condiciones salariales y las reglas de representatividad sindical. El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 fue considerado por la central obrera como “un gran paso adelante”, en palabras del secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), quien afirmó que la resolución “declara muchos artículos, incluso más de los que habíamos presentado nosotros, como inconstitucionales”.