POLITICA
Reclamo de los trabajadores de prensa: «No podemos seguir con salarios de menos de 600 mil pesos»
«Hoy nuestro salario está por debajo de los 600 mil pesos, cuando para cubrir la canasta básica total debería ser de un millón. Esto nos lleva a una situación límite, en la que muchos de nosotros necesitamos tener dos o tres trabajos para sobrevivir», expresó Barresi. Además, subrayó que la precarización laboral y el pluriempleo son fenómenos extendidos en los medios, con más del 40 por ciento de los trabajadores realizando entre dos y tres empleos para poder llegar a fin de mes.
El sindicalista explicó que el reclamo no solo es salarial, sino también por el reconocimiento de derechos laborales. «Estamos pidiendo que se incluyan licencias que nuestro convenio no tiene, como la licencia por cuidado de familiares enfermos, y también que se aumente el porcentaje por antigüedad, lo que permitiría recomponer los salarios de manera gradual», detalló.
Barresi también remarcó la importancia de la lucha por la libertad de expresión, especialmente en un contexto en el que, según él, las condiciones laborales deterioran la calidad del trabajo periodístico. «El trabajo de prensa tiene que tener otras condiciones laborales. No solo estamos luchando por un salario digno, sino por defender el derecho a una información de calidad, que también repercute en las audiencias», agregó.
En cuanto al apoyo recibido, Barresi mencionó que, además de los compañeros de otros sindicatos del sector, hubo una notable adhesión de la ciudadanía, especialmente luego de los incidentes violentos en los que un compañero fotógrafo resultó herido. «El apoyo de la gente es fundamental. En el último camarazo, muchos vecinos se acercaron a respaldarnos. Es un recordatorio de que la lucha por la libertad de expresión no solo nos involucra a los periodistas, sino a toda la sociedad», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
El Poder Ejecutivo avanza con los nombramientos judiciales y envía más de 50 pliegos al Senado
El proceso de designación de jueces comienza a acelerarse. Luego del anuncio del ministro de Justicia de la Nación que iban a mandar una tanda de pliegos al Senado, en el día de hoy comenzaron a ingresar los documentos de los propuestos.
El funcionario nacional había adelantado que iban a enviar en tandas de pliegos los nombres que propone el Poder Ejecutivo con el fin de cubrir los más de 300 juzgados vacantes y, durante la mañana de hoy, ingresaron a la Cámara Baja 52 de ellos. “La intención del oficialismo es acelerar”, el ministro había señalado que iba a mandar 60 pliegos. Los restantes formarían parte de las negociaciones con los gobernadores -buena parte de los juzgados son en las provincias- para definir cuál de los tres candidatos que enviaron desde el Consejo de la Magistratura es el que mayor consenso conseguiría a la hora de votarlos.
Otro punto a tener en cuenta respecto de los plazos es que, aunque entraron hoy, no van a poder ser discutidos en la Comisión de Acuerdos esta semana que es corta, por lo que se espera que Mahiques pueda completar el envío de los 62 pliegos que había anunciado en sus redes sociales hace una semana atrás.
Entre los pliegos se presentan los casos de 6 candidatos para el fuero Criminal y Correccional Federal, de los cuales 5 son para juzgados de La Plata y uno para los juzgados de San Martín. En el caso del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal se presentaron 9 pliegos.
Para el fuero de los juzgados de Menores de Capital Federal llegaron dos propuestas al Senado de la Nación. En el caso del fuero Civil, el Ministerio de Justicia envió los pliegos para ocupar 5 juzgados y un único caso para el Tribunal Federal de Juicio de Formosa. En total, Mahiques envió los pliegos de 23 jueces. “Solicita acuerdo de designación de conjueces de los Juzgados Nacional de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal”.
En el mismo envío se mandaron los pliegos de 4 defensores oficiales y de 12 vocales de Cámara.
Los pliegos llegan en un momento en el que la Corte Suprema de la Nación busca modificar la forma en la que el Consejo de la Magistratura determina las ternas y en el que el Senado de la Nación estableció un cambio en el proceso.
En el caso de la Cámara Alta se aprobó en sesión del pasado 18 de marzo una modificación a su reglamento interno que introduce precisiones en los mecanismos de publicidad aplicables al tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La reforma modifica los artículos 22 bis y 123 bis, estableciendo que los pliegos deberán publicarse durante dos días, con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública, en el sitio web institucional, las redes sociales del Senado y el Boletín Oficial. Asimismo, cuando se trate de cargos correspondientes a jurisdicciones fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispone su comunicación a los poderes legislativos provinciales y su publicación en los boletines oficiales de las respectivas jurisdicciones, a fin de asegurar una adecuada difusión a nivel local.
En el paquete que llegó al Senado de la Nación también se incluye los candidatos para ocupar la silla de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio del ENARGAS.
En este caso propone como presidente al actual interventor Néstor Laboglia y como vicepresidente a Vicente Serra.
Este fin de semana el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó un columna de opinión en en la que manifiesta su preocupación por la caída de la natalidad en la Ciudad y el posible impacto que podría tener sobre este tema que se adoptara una narrativa diferente sobre la familia y la paternidad. Aunque acierta en reconocer la caída de la natalidad porteña como un problema, erra en un análisis simplista del fenómeno y, especialmente, en una propuesta insuficiente para el futuro de la Ciudad.
Evidentemente tenemos un desafío enorme con la baja en los nacimientos. La tasa de natalidad, es decir, la cantidad de nacimientos por cada mil habitantes, cayó un 48% en CABA en los últimos 10 años. De la misma forma, pero visto desde otro ángulo, la tasa de fecundidad ―que es la cantidad promedio de hijos por mujer en edad fértil― cayó de 1,86 hijos en 2006 a 1,09 en 2023.
Esta tendencia pondrá en crisis hasta la provisión más básica de servicios públicos. Sin nacimientos habrá menos población económicamente activa y, con ello, no solo menos desarrollo e innovación, sino un sistema previsional quebrado por el desbalance entre trabajadores activos y beneficiarios. En definitiva, el modelo recaudatorio porteño indefectiblemente entrará en crisis. Ese es el problema real. Y frente a ese problema, proponer un cambio en “la narrativa sobre la paternidad” no es una solución: es una distracción.
Hablando con los porteños, me encuentro con tres grupos. En un primer grupo están las personas que no desean tener hijos. En un segundo grupo están quienes desean tenerlos, pero las condiciones materiales ―de acceso a la vivienda, a un buen trabajo, o cuidados o atención primaria― no se lo permiten; y, finalmente, están quienes lo desean y pueden. Ahora bien, esto no significa que quienes no tienen hijos no deseen construir una familia en cualquiera de las variantes que esta gran ciudad permite; de hecho, cada vez son más quienes sienten que su deseo se concreta construyendo su familia con un perro o un gato. ¡Y está perfecto también!
Por eso, el dilema que enfrentan las ciudades —Buenos Aires incluida— no es que todos tengan hijos. Es que los que quieren tener hijos, puedan tenerlos.
Eso implica reconocer aspectos del problema que van mucho más allá de las palabras, como que 1 de cada 4 mujeres debe dejar la fuerza laboral luego de su primer embarazo o que criar un hijo en Argentina hasta la adolescencia cuesta, al menos, 100 millones de pesos según la canasta de crianza del Indec. El problema no es narrativo: es concreto, cotidiano y muy visible para cualquier porteño. Suponer que las familias no tienen hijos porque nadie les habló bien de la paternidad es, francamente, subestimarlas.
Pero hay algo que preocupa todavía más que el diagnóstico equivocado: la mirada de familia que subyace al texto de Jorge Macri. En 2026, sugerir -aunque sea implícitamente- que la única forma legítima de construir una familia es teniendo hijos no es solo un error conceptual, es una receta para el fracaso de la Ciudad. No hay dudas de que las familias porteñas son infinitamente más amorosas y diversas que lo que las leyes y el funcionamiento del gobierno reconocen.
Dicho esto, el fenómeno de la caída de la natalidad no es únicamente porteño. A nivel nacional la tasa de natalidad cae, al menos, desde el 2014. En Nueva York, Helsinki, Tokio o Pekín el panorama no es muy diferente, con caídas en la cantidad de nacimientos sostenidas en la última década.
Pero, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, hay una decena de cuestiones que esas y otras ciudades con las que CABA aspira a compararse están planteando, antes de hablar de la narrativa de la familia y la paternidad. Este último es un debate cercano a aquel que vincula la caída de la natalidad con cuestiones religiosas, la “pérdida de valores” y, en algunos extremos, con propuestas de eliminar la educación sexual integral de las escuelas.
Por el contrario, un gobierno es elegido no para opinar de los problemas, sino para hacer política pública y resolverlos. Por eso, dejo algunos de los ejes que considero fundamentales para un plan de acompañamiento para que quienes desean ser padres puedan serlo.
Por supuesto, hay mucho más para debatir desde la política pública y la visión de la Ciudad. Como legislador, creo que en la responsabilidad que tenemos los representantes de ofrecer soluciones concretas a los problemas de los porteños, y voy a trabajar en la Legislatura porteña para ello. Y, desde A1000, vamos a seguir sumando las ideas de los porteños al debate, porque Buenos Aires necesita pensarse con ambición y planificación estratégica, y esa ambición empieza por reconocer algo simple: no importa qué familia querés construir, el gobierno tiene que ser tu aliado.
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Emmanuel Ferrario es Legislador de la Ciudad, director ejecutivo de la organización A1000 y docente universitario.
columna de opinión en LA NACION,A1000,Emmanuel Ferrario,Ciudad de Buenos Aires,Conforme a,Ciudad de Buenos Aires,,En pleno otoño. Se viene un bloqueo atmosférico que traerá lluvias, vientos fuertes y calor atípico: las zonas afectadas,,En el norte de CABA. Así es la nueva obra con túnel, rampa y pasarela que agiliza el tráfico y beneficia a 30.000 vecinos,,Obras. Cómo será el Anillo La Pampa, que acortará a la mitad el tiempo de viaje en el norte de CABA
POLITICA
Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT
Un juez del fuero laboral resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la vigencia de distintos artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La decisión tiene carácter provisorio y regirá mientras se tramita el proceso principal en el que la central obrera pide la declaración de invalidez constitucional de esos cambios.
La resolución fue firmada este 30 de marzo en el expediente iniciado por la CGT contra el Estado nacional. En ese marco, el juzgado dispuso “hacer lugar a la medida cautelar innovativa” presentada por la organización sindical y suspender la aplicación de los artículos cuestionados de la ley 27.802, además de ordenar su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos y notificar a las partes.
El planteo había sido presentado por la central obrera en el marco de una acción declarativa contra el Poder Ejecutivo para que se analice la constitucionalidad de numerosos puntos de la reforma. Según surge del expediente, la demanda apunta a artículos que modifican normas de la Ley de Contrato de Trabajo y otros regímenes vinculados al mundo laboral.
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De acuerdo con el fallo, la acción fue promovida por la CGT en representación de trabajadores y trabajadoras de todo el país, al tratarse de un reclamo de carácter colectivo que involucra normas que regulan relaciones laborales individuales y colectivas.
En su análisis preliminar, el juez sostuvo que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino verificar que exista una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto. Esa lógica es la que habilitó la suspensión provisoria de las disposiciones cuestionadas hasta que haya una sentencia definitiva.
El fallo también menciona el planteo del Estado nacional durante el proceso. Según consta en el expediente, la defensa oficial advirtió que suspender una ley aprobada por el Congreso podría afectar el interés público y las políticas impulsadas por el Poder Legislativo, al sostener que una decisión de ese tipo implicaría interferir en sus facultades.
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Sin embargo, el juez respondió que la intervención del Poder Judicial forma parte del control de constitucionalidad previsto en el sistema institucional. En ese sentido, señaló que la Justicia debe garantizar el respeto a la Constitución y el equilibrio entre los poderes del Estado.
Además, en la resolución se remarca que el dictado de la cautelar busca evitar efectos que podrían resultar difíciles de revertir si la ley comenzara a aplicarse plenamente antes de que exista un fallo definitivo. El magistrado explicó que la suspensión provisoria puede prevenir daños jurídicos o materiales de difícil reparación mientras continúa el proceso.
Entre los fundamentos del fallo aparece también el concepto de “peligro en la demora”, que el tribunal consideró especialmente relevante en este caso. Según se indicó, la implementación inmediata de la reforma podría generar consecuencias sobre contratos y relaciones laborales que luego resultarían complejas de revertir si la norma fuera declarada inconstitucional.
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El expediente describe que la CGT cuestiona numerosos artículos de la reforma por entender que introducen cambios que afectarían derechos laborales y sindicales, además de modificar distintos aspectos del régimen vigente. La organización sostiene que esas modificaciones vulneran principios constitucionales vinculados con la protección del trabajo y la libertad sindical.
En esa línea, el planteo sindical sostiene que la ley implica cambios que, según su interpretación, reducen niveles de protección en distintos institutos del derecho laboral y alteran reglas que regulan las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
El conflicto de fondo sigue abierto
La medida cautelar, de todos modos, no resuelve el conflicto de fondo. El propio fallo aclara que se trata de una decisión provisoria que puede revisarse a lo largo del proceso y que el debate principal —la constitucionalidad de los artículos cuestionados— será analizado en una etapa posterior del expediente.
El nuevo fallo se produce en un contexto de disputa más amplia en torno a la reforma laboral. Días atrás, la CGT había recibido un revés en otro expediente vinculado a un aspecto específico de la ley, cuando un juez del fuero contencioso administrativo rechazó una cautelar que buscaba frenar artículos relacionados con el traspaso de competencias de la Justicia laboral hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese antecedente había dejado abierta la discusión judicial sobre distintos capítulos de la norma. En paralelo, la central obrera mantiene activa su estrategia legal en el fuero laboral, donde presentó un planteo más acotado centrado en artículos que, según su postura, impactan sobre derechos colectivos, la negociación sindical y el ejercicio de la huelga.
reforma laboral, CGT
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