POLITICA
Reforma laboral: los ejes de la iniciativa y los puntos que complican la negociación de la Ley Ómnibus
El Gobierno de Javier Milei tiene por delante un mes que será clave para su gestión. El 25 de mayo está convocada la firma del Pacto de Mayo, que busca ser fundacional para la administración de La Libertad Avanza. Pero antes de esa fecha, el Ejecutivo necesita dar un paso previo: la aprobación de la renovada y discutida Ley Ómnibus.
En su primer intento, la también llamada Ley Bases naufragó en la Cámara de Diputados. Ahora, el Gobierno abrió el diálogo con la oposición y busca llegar al recinto con mayor consenso. Y en ese ambicioso proyecto se encuentra un capítulo clave, que encuentra fuerte rechazo gremial y de parte de la oposición dialoguista: la reforma laboral.
Este capítulo originalmente estaba dentro del mega DNU de Milei pero se trabó en la Justicia. Por eso, el Gobierno le pidió a la UCR que arme un proyecto que luego se sumó a la Ley Bases. Ahora esto complica la negociación, que comenzará formalmente este jueves en comisión. Si bien el Gobierno podría quitar este capítulo, el radicalismo insiste con que esté o no aprobará la iniciativa.
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En la vereda de enfrente se para el bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto y el PRO de Cristian Ritondo. “Nosotros no acompañamos el acuerdo por la Reforma Laboral que hicieron con el radicalismo “, le dijo un diputado amarillo a Martín Menem en una reunión en su despacho.
Mientras que los radicales ya hicieron saber que si quitan la Reforma Laboral “no votarán la ley de Bases”. Una encrucijada para el oficialismo en la Cámara baja. Ante estas posturas, los representantes del PRO, Ritondo, Diego Santilli y Silvana Giúdici, se retiraron de la reunión de acuerdos por la ley hasta que el gobierno arregle la situación interna y con los demás bloques. Uno de los participantes aclaró que “no podemos ayudar (al oficialismo) si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”.
Los detalles de la reforma laboral
Entre los argumentos de la Casa Rosada para impulsar esta reforma están los cambios en la legislación laboral que, aseguran, agilizarán el mercado de trabajo. Para ello, proponen modificaciones importantes: reglamentación del derecho de huelga en actividades consideradas servicios esenciales y la penalización de las asambleas de trabajadores.
Además, considera como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”. También reduce de 8 a 6 meses el período de prueba de los trabajadores. Este último ítem fue tomado de la propuesta radical
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El proyecto que le acercó la UCR al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, incluye otras medidas como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Se propone allí la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados.
En la misma línea, se busca reducir la litigiosidad laboral. Por eso se propone, entre otras medidas, la eliminación de las multas. Al mismo tiempo establece mecanismos sustitutivos a la indemnización, como un fondo de cese laboral, a cargo del empleador. Y declarar a la educación como servicio esencial, para limitar al mínimo las medidas de fuerza.
La postura del Gobierno es intentar consensuar -dentro de lo posible- con todos los sectores. Por eso, aseguran, tomaron conceptos no solo de la iniciativa de la UCR, sino también del PRO y hasta incluso tuvieron en cuenta planteos de la CGT.
Otra de las modificaciones que pueden ser decisivas (y que responde directamente a un pedido de la CGT) tiene que ver con las tan mentadas cuotas solidarias. El DNU les ponía límites al exigir que pueden descontarse del sueldo “solo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”, mientras que ahora se aclara que “solo se podrá descontar a los trabajadores no afiliados si hay consentimiento explícito de ellos”.
La intención del Gobierno es obtener dictamen este jueves. Por el momento, hay reuniones para destrabar el destino de la reforma laboral.
reforma laboral, Ley Ómnibus, Cámara de Diputados
POLITICA
Lejos del Clío, la gestión de Axel Kicillof gasta casi 100 mil dólares en dos vehículos
En plena crisis económica, la provincia de Buenos Aires sigue priorizando el gasto discrecional en lujos para su administración. A pesar de que el gobernador Axel Kicillof insiste en que no hay fondos para otorgar aumentos salariales acordes a la inflación y que la provincia enfrenta serias dificultades económicas, su gestión aprobó una nueva licitación que pone en duda la veracidad de sus declaraciones.
A través de la licitación 625-0009-CME25, el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) autorizó la compra de dos vehículos 0 kilómetros por un valor superior a los 99 millones de pesos. Esta cifra, al tipo de cambio oficial, representa cerca de 100 mil dólares, lo que indica que se trata de dos vehículos de alta gama.
El gasto resulta especialmente llamativo en el contexto de crisis en el que Kicillof ha basado su discurso para justificar la aprobación de paritarias a la baja para los empleados estatales. Recientemente, su administración cerró un aumento escalonado del 9 por ciento para los trabajadores públicos, un porcentaje muy por debajo de la inflación. Sin embargo, mientras los salarios pierden poder adquisitivo, el gobierno bonaerense no duda en destinar millones a la adquisición de vehículos oficiales.
Este no es un caso aislado dentro de la gestión Kicillof. En los últimos meses, el gobernador ha autorizado diversas contrataciones que evidencian una llamativa contradicción entre el discurso de ajuste y la ejecución presupuestaria real. Entre ellas, se encuentra la licitación privada Nro 1/2025, que destinó más de 200 millones de pesos a la contratación de magos, payasos y espectáculos de globología para festivales organizados por el ministerio de Desarrollo de la Comunidad. A su vez, el ministerio de Desarrollo Agrario aprobó la compra de mobiliario por más de 74 millones de pesos para renovar oficinas.
La compra de vehículos para el IPAC se suma a esta serie de gastos cuestionables que contradicen el relato de crisis que el gobernador bonaerense ha esgrimido para evitar mejoras salariales. Mientras los trabajadores estatales ven deteriorarse su poder adquisitivo y la provincia supuestamente carece de fondos para garantizar servicios esenciales, la administración de Kicillof sigue autorizando compras millonarias con recursos públicos.
Gastos escondidos
El gobierno provincial ha optado por esconder estas contrataciones en el Boletín Oficial, evitando cualquier tipo de anuncio o difusión pública. Sin embargo, el patrón de gasto ostentoso en plena crisis resulta innegable. En lugar de priorizar la recomposición salarial o la inversión en áreas críticas como educación y salud, la gestión Kicillof parece enfocada en garantizar el bienestar de su estructura política.
Las prioridades del gobierno bonaerense quedan cada vez más expuestas: ajuste y sacrificio para los trabajadores, privilegios y despilfarro para la administración pública. La licitación del IPAC es solo un eslabón más en una cadena de decisiones que evidencian una doble vara en el manejo de los recursos provinciales. Mientras Kicillof exige comprensión y resignación a los bonaerenses, su gobierno sigue manejando el presupuesto con absoluta discrecionalidad y sin ningún tipo de austeridad real. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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