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Repudian la decisión del Gobierno de suspender pagos a la ex-ESMA: “Campaña pública de desprestigio”

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Nada de lo que dicen es verdad”. El anuncio de la suspensión de pagos al sitio de la memoria de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex-ESMA) provocó críticas y reacciones de parte de los organismos que lo integran. Este jueves, el Ministerio de Justicia denunció supuestos “gastos injustificados” que excedían los 3000 mil millones de pesos y ordenó una auditoría para explicar “en qué se gasta la plata”. “Es parte del plan de vaciamiento de las políticas de memoria del Gobierno, y, para efectuar ese plan, recurren a instalar mentiras”, expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Desde el organismo dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos explicaron a que la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona no se comunicó previo a la publicación de la medida. “Hacen pasar como si la administración del predio dependiera de los organismos cuando en realidad es pública”, indicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del centro.

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Actualmente, el predio de la ex-ESMA es administrado por un ente tripartito: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (dependiente de la órbita del Ministerio de Justicia), la Dirección General de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad y un directorio integrado por varias agrupaciones, entre las que se encuentra el CELS. También forman parte la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), entre otras.

En diálogo con este medio, Litvachky detalló que el predio es administrado por un órgano ejecutivo que tiene representantes de cada una de las tres partes. “Hay coordinaciones técnicas a partir de las cuales se arman los presupuestos y se hace una estimación de gastos anuales, la cual se eleva al órgano de ejecución que la aprueba o no; Nación hace un trámite interno y la Ciudad también. El presupuesto 2025 estaba aprobado, con una parte de fondos de Nación y otra parte de la Ciudad”, explicó.

En tanto, especificó: “El presupuesto funciona con una ejecución mes a mes para las tareas de administración del predio que ya están prefijadas. El dinero no va a los organismos, así que no tenemos nada que ver con los ingresos que tiene el ente tripartito. Mes a mes se liberan partidas cuando las coordinaciones técnicas rinden los gastos del mes anterior y así sucesivamente”.

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En este sentido, la directora del organismo cuestionó las acusaciones del Gobierno y manifestó que el presupuesto para este año ya había sido aprobado por los canales oficiales. “El directorio de los organismos solo aprueba la memoria y el balance, todo el resto de las tareas de administración necesitan de la firma de las tres partes”, sostuvo y acusó: “No queda clara cuál es la irregularidad, ¿por qué no la tramitaron por los canales habituales? Es falso, si el Ministerio de Justicia detectó algún problema tenía que seguir los canales administrativos que corresponden».

Desde el CELS también objetaron que la Secretaría de Derechos Humanos -con quien habían mantenido una reunión sobre dicho presupuesto la semana pasada- no les informó sobre la determinación de suspender los pagos y enfatizó: “A los días salió el ministro [Cúneo Libarona] con una campaña pública de desprestigio a los organismos sin que se entienda bien lo que se está buscando. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos del Gobierno? Quieren vaciar las políticas y el funcionamiento de la ex-ESMA y desprestigiar al organismo“.

En el comunicado, Cúneo Libarona afirmó que se gastaron $3.359.732.866 anuales para mantener el predio y que desde el directorio de la ex-ESMA no precisaron datos específicos que justifiquen este monto ni aclararon cuántos trabajadores tienen hasta el momento. “No tenían presupuesto de gastos, facturas, rendición de cuentas, nada. Querían que les demos una fortuna sin ningún tipo de control y eso es inaceptable; de los pocos gastos que intentaron justificar saltó que supuestamente se gastaban 16 millones de pesos al mes en cortar el pasto“, precisó.

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Al respecto, la directora reclamó que “nadie se ocupa de chequear qué es verdad y qué no”. “Queda como si fuera cierto que los espacios de memoria son focos de corrupción, cuando hace años que están en funcionamiento con distintos gobiernos y con políticas que en algunos momentos van para un lado u otro y, hasta el momento, nadie los había puesto en discusión”, resaltó.

CELS reclama que el Gobierno quiere «vaciar las políticas»Augusto Famulari

se comunicó con fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección General de Derechos Humanos de la administración porteña, pero no emitieron comentarios al respecto.

Además de CELS, otras agrupaciones que conforman el directorio repudiaron la decisión del Gobierno. Una de ellas fue APDH que dijo que el ministro difundió “una nueva falacia para justificar la estigmatización a los organismos de DDHH”. En esta línea, desde HIJOS emitieron un comunicado en el que pidieron que la situación presupuestaria se normalice y justificaron que los fondos suspendidos corresponden casi en su totalidad a los salarios de 176 trabajadores.

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Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos”, expresaron desde la cartera de Justicia en alusión a un presupuesto “sin rendimiento de gastos” en la ex-ESMA e indicaron que “ante tanta irregularidad” se procedió a suspender los pagos durante todo el mes.

En este marco se dio comienzo a una auditoría que buscará explicar el origen del presupuesto y “rastrear cada peso que gastaron”, y que podrá demorar como máximo 60 días. En el acta firmada por las autoridades del Gobierno y el directorio de organismos se exige que el espacio se comprometa a cumplir una serie de pautas para destrabar las transferencias de fondos suspendidas: la “readecuación del funcionamiento y rendiciones de cuentas del ente”; la revisión del procedimiento interno; la elaboración e implementación de un sistema de rendimiento de cuentas; la elaboración de un presupuesto plurianual; y la confección de un balance anual del 2024.

“Estas decisiones son parte de un proceso que lidera el presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta”, subrayaron desde el Ministerio.

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Jorge Macri reconoció que fue un error permitir los cortes de calles por el show de Tini en Palermo

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Jorge Macri reconoció este sábado que fue “un error” permitir los cortes de calle por el show de Tini Stoessel en Palermo, y afirmó que los vecinos “tienen razón” en sus reclamos.

“Fue una mala decisión”, dijo el jefe de Gobierno al ser consultado en radio Mitre por las quejas que se viralizaron con el correr de las horas, luego del recital del jueves.

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Y profundizó: “Hay sanción y costo trasladado a los que organizaron ese evento. Y aprendimos que tenemos que limitar, aunque nos digan que los eventos van a ser pequeños, después no termina pasando. No permitirlos es la mejor opción, dándoles opciones de dónde se pueden hacer”.

En conjunto con el malestar de los vecinos, las postales que dejó el recital encendieron la polémica sobre la realización de este tipo de eventos masivos en la vía pública, en lugar de estadios, teatros u otros escenarios acondicionados para esos fines.

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En las redes sociales circularon con fuerza varias imágenes que reflejaban las quejas. En X, un hombre mostró dos generadores que habían sido colocados en el frente de su casa, y que hicieron ruido durante todo el show hasta pasada la medianoche.

Tini Stoessel durante el show del jueves en Palermo. (Foto: Instagram / @tinistoessel)

“Hubo un pedido que se hizo y que se autorizó para una actuación breve y mucho más pequeña. Evidentemente no se cumplió. Se les va a cobrar el operativo e inclusive multas a los organizadores”, advirtió Macri.

Según el Gobierno de la Ciudad, el operativo costó unos 18 millones de pesos.

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El jefe de Gobierno destacó que su gestión intenta trasladar “todos los eventos que podemos al sur de la ciudad para molestar lo menos posible”, y que los que todavía se hacen en otros espacios de Buenos Aires es porque fueron autorizados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Previo al recital, organizado por el canal de streaming La Casa, la polémica ya estaba instalada. “Ya todo Palermo Soho cortado por el recital de Tini”, escribió Laura Ubfal. En el posteo, la periodista se preguntó por qué el show no fue programado para un día antes, durante el feriado del 2 de abril. “Mejor joder a la gente que labura”, lanzó.

Jorge Macri tras el lanzamiento de la campaña: “El límite al avance del kirchnerismo siempre fue el PRO”

Este viernes se llevó a cabo en el Planetario la presentación oficial de los candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, con el expresidente Mauricio Macri a la cabeza. La puesta en escena fue la típica de los grandes actos del PRO: mucho amarillo, globos y arenga a la militancia.

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Al respecto, Jorge Macri dijo: “Hay una linda competencia electoral donde la gente elegirá al PRO o a otra fuerza política. Hemos ido al límite con el kirchnerismo en los últimos 19 años, hemos ganado nueve elecciones, el límite al avance de Santoro fue el PRO. Cada uno tiene su estrategia, nosotros estaremos en la calle escuchando al vecino, es un momento de angustia, de enojo”.

“Los que gobernamos tenemos que bajar un poco más el tono, menos gritos, un poco más de ideas, la gente la está pasando mal. Los que están a favor del Gobierno o no, están haciendo un gran esfuerzo”, agregó el alcalde porteño.

Además, lanzó cuestionamientos a su antecesor, Rodríguez Larreta. “Procesó mal su derrota y decidió enfrentar y dividir al PRO”, subrayó.

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El expresidente Mauricio Macri encabezó la presentación de los candidatos porteños del PRO. (Foto: PRO)
El expresidente Mauricio Macri encabezó la presentación de los candidatos porteños del PRO. (Foto: PRO)

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“Es un opositor más. Decidió competir contra y lo lamento, porque el PRO le dio todo como así él se lo dio al PRO”, continuó Jorge Macri.

Y cerró: “Es una pena porque me parece que una fuerza política que le permitió trabajar 16 años en la Ciudad y hasta llegar a ser jefe de Gobierno y precandidato a presidente. Merecía otro tratamiento por parte de él, pero cada uno toma las decisiones que toma”, concluyó.

Jorge Macri, recital, Tini

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la ex AFIP lo denunció por lavado de dinero y se le abre un nuevo frente judicial

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Pablo Otero, más conocido como el «Señor del tabaco» por su influencia y poder en el sector, sufrió un duro golpe judicial. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) lo denunció en la Justicia por el presunto delito de lavado de dinero. El caso recayó en el juzgado de María Servini que ahora debe decidir si investiga al dueño de Tabacalera Sarandí.

Otero es un polémico empresario tabacalero que acumula denuncias y sospechas y que creció en el mercado del tabaco gracias a evitar el pago de impuesto. Había conseguido evadir los tributos con una serie de medidas cautelares en la Justicia. Pero esa estrategia sufrió un traspié el año pasado luego de que la Corte Suprema lo obligara a pagar y ponerse al día.

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La denuncia de la ex AFIP se hizo en base a un informe que realizó la División de Fiscalización Externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes. El área rastreó la venta de cigarrillos de las marcas Red Point, West, Kiel y Master, todas producidas por Tabacalera Sarandí.

En la fiscalización encontraron todo tipo de irregularidades que apuntarían al lavado de activos. La sospecha, según la denuncia a la que accedió Clarín, recae sobre un período específico que va desde el año 2021 al 2023. Según detectó el organismo, en esos años Otero y su empresa vendieron cigarrillos por más de $33.632 millones a 23 distribuidores mayoristas que tenían un perfil fiscal completamente irregular.

Según detectaron, esos compradores no tenían capacidad operativa real y revendían los productos a consumidores finales que no estaban en regla y tenían un «perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real». Además, emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que, según el organismo, «sugiere una baja rentabilidad y la posible simulación de actividad comercial».

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Entre las irregularidades, también detectaron que las empresas que participaban de la presunta maniobra de lavado para favorecer a Tabacalera Sarandí «no registraban pagos tributarios ni acreditaciones bancarias mínimas» y realizaban los pagos «a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos».

Incluso muchas de los presuntos compradores no tenían ni siquiera «estructura edilicia ni personal contratado», sostiene la denuncia. Para la ARCA las 23 empresas que habrían simulado las compras a Otero y su empresa eran «usinas» que facilitaban la transferencia de «dinero desde el círculo informal hacia uno formal».

«No se han aportado documentos ni información suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero», sostiene el organismo en la denuncia. En concreto, lo que sospechan es que las ventas de Tabacalera Sarandí a esas empresas eran «simuladas» para blanquear dinero negro que pertenecería a Otero.

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La nueva denuncia no es el único frente judicial que tiene abierto el empresario. La Justicia de Mar del Plata investiga a Tabacalera Sarandí en una causa por presunta falsificación de estampillas y venta de cigarrillos con estampillas apócrifas, una maniobra que apuntaría a evitar el pago de impuestos.

El expediente lo tiene el juez federal Santiago Inchausti que ya indagó a empresarios pyme que le compraban los presuntos cigarrillos truchos a Tabacalera Sarandí.

Ese expediente arrancó en 2019, también tras una intervención de la AFIP. En ese entonces, el organismo detectó que en varios kioskos de la costa bonaerense se vendían cigarrillos de Bronway (PIER y Dolchester) y de Tabacalera Sarandí (Red Point), entre otras marcas, con estampillas truchas. Uno de los locales ubicado en Santa Clara del Mar tenía un stock suficiente para abastecer a una zona importante de Mar del Plata. Incluso iban a comprar productos que luego los llevaban a Tandil.

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Otero empezó a construir su imperio tabacalero en 2018, cuando dejó de pagar el impuesto mínimo al tabaco, un tributo que había sido impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Tabacalera Sarandí sostenía que era inconstitucional. El argumento principal de Otero era que su empresa funcionaba como una pyme y que el impuesto era confiscatorio ya que sus productos eran más baratos que la competencia de primeras marcas y el tributo era mayor al valor de cada paquete de cigarrillo.

Con esa estrategia, Tabacalera Sarandí consiguió crecer y expandirse con precios bajos y ganó una porción de mercado desproporcionada. Según un informe que en su momento elaboró la consultora ABECEB por evitar el pago de ese impuesto, Tabacalera Sarandí pasó de tener el 5,6% del total del mercado en 2016, al 38,4% en 2023.

lavado de dinero

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Jorge Macri criticó el uso de la “motosierra” en la política y marcó diferencias con La Libertad Avanza

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En el contexto del lanzamiento de la campaña del PRO para las próximas elecciones legislativas, Mauricio Macri enfatizó la importancia de proyectos clave para la Ciudad, como el endurecimiento de penas contra los “trapitos” y la obtención de financiamiento para la línea F del subte.

En una entrevista radial, al ser consultado sobre la imagen de funcionarios de La Libertad Avanza portando una motosierra frente a la Jefatura porteña, respondió: “Es el estilo de La Libertad Avanza; yo en mi caja de herramientas tengo mucho más que una motosierra”.​

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Macri ilustró su punto mencionando herramientas como computadoras y pupitres para alumnos, medicamentos para médicos, vacunas y retroexcavadoras. Subrayó que reducir la gestión únicamente al uso de la motosierra no es adecuado, especialmente en una Ciudad que ha mantenido equilibrio fiscal durante años y se administra con responsabilidad. “Aquí no hace falta romper cosas, sino corregirlas o mejorarlas”, afirmó.​

Con la presencia de Mauricio Macri, el PRO lanzó su campaña en CABA: “Hay mucho más que una motosierra”

El jefe de Gobierno también destacó que la Ciudad de Buenos Aires presenta el nivel de deuda más bajo de los últimos nueve años y que se han dado de baja más de 13.000 contratos, muchos de ellos relacionados con la política local. Respecto al tono del discurso político, Macri abogó por una comunicación más moderada y enfocada en ideas, sugiriendo que “los que gobernamos tenemos que bajar el tono, menos grito y un poco más de ideas”.​

Al referirse a Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario porteño lo describió como “un opositor más” y lamentó su decisión de alejarse del PRO, señalando que “procesó mal su derrota, solo logró enfrentar y dividir al PRO”. También criticó la gestión de la Ciudad en los últimos dos años, mencionando desórdenes relacionados con manteros y falta de limpieza.​

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En cuanto a la diputada Silvia Lospennato, cabeza de lista del PRO, Macri expresó que ella representa muy bien los valores del partido y anticipó debates intensos con figuras como Leandro Santoro y Manuel Adorni. “Nosotros vamos con nuestra idea de siempre; la gente es la que elige después y no se confunde cuando vota”, concluyó.​

La entrada Jorge Macri criticó el uso de la “motosierra” en la política y marcó diferencias con La Libertad Avanza se publicó primero en Nexofin.

Elecciones legislativas,Jorge Macri,La Libertad Avanza,PRO

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