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POLITICA

Restituyen terrenos a orillas del Nahuel Huapi que estaban a cargo de un hombre cercano a Grabois

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El Gobierno confirmó este viernes que decidió restituir dos hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi que el gobierno de Alberto Fernández le había cedido a una organización cuyo líder -según marcó- es cercano al dirigente social Juan Grabois. La noticia la anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El portavoz de Javier Milei explicó que esos terrenos habían sido cedidos por la administración de Alberto Fernández “a la agrupación política Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad”. “[La organización] era liderada por un militante del movimiento popular La Dignidad llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano a Grabois”, informó Adorni.

Además, sostuvo que Dellavalle “fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, es decir, durante la gestión del excandidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa.

“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas no es una novedad. Se reconocieron en ese gobierno 221 comunidades sin demostrar pertenencia a comunidades indígenas. 81 de esos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden”, agregó el portavoz. “Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados que son más cercanos al poder de turno. En esos parques no va a flamear otra bandera que no sea la argentina”, añadió.

Tal como publicó LA NACION el jueves, la semana pasada se descartó un acuerdo por el que el Estado Nacional -en ese momento a cargo de Fernández- se comprometía a entregar más tierras a agrupaciones de pueblos originarios, al reconocimiento de sitios sagrados, la construcción de viviendas y a frenar los procesos de desalojo.

El arreglo había sido firmado por el extitular de Parques Nacionales, Federico Granato; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y por el titular del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Fabián Marmoni, entre otros.

En ese marco la gestión libertaria decidió rescindir un contrato que data de 2021 entre la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Sororidad en el que se cedieron esas dos hectáreas por 10 años. Será disuelto y se pedirá la devolución de las tierras. El titular del área, Cristian Larsen, viajará a Rio Negro por ese motivo.

El dardo a Moyano

En otro tramo de la conferencia, Adorni fue consultado sobre los dichos del líder camionero Pablo Moyano, quien afirmó en una entrevista radial que los únicos sueldos que le ganaron a la inflación son los del Presidente, su hermana y el vocero, no así “el de la mayoría de los trabajadores”.

“Moyano dice cualquier cosa”, lanzó el portavoz. “Los salarios de los funcionarios están congelados desde diciembre. No entiendo de dónde saca el cálculo, es inentendible”, aseguró en ese sentido. Con respecto a subas en rangos dentro del Estado, Adorni respondió: “Nunca ha cambiado el escalafón de [la secretaria general de la Presidencia] Karina [Milei] o el del [secretario Legal y Técnico, Javier] Herrera Bravo. El mío se cambió porque tendría que haber sido así desde diciembre. Si no lo entiende [Moyano], no lo va a entender tampoco. No le ganamos a la inflación, hemos perdido y probablemente mucho más que él”.

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POLITICA

Milei busca bajar la edad de imputabilidad: “Lamentablemente, la propuesta es constitucional”

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El presidente Javier Milei avaló un anteproyecto de ley que pretende bajar la edad de imputabilidad a los trece años y al respecto la abogada Cynthia Castro, opinó: “Lamento decir que, en contra de mis propios principios, la propuesta sería constitucional; en principio, estaría dentro de los parámetros de los derechos humanos. El punto consiste en analizar si realmente se va a garantizar bajar la criminalidad”. En tanto, agregó: “El estado nacional está obligado internacionalmente a responder por cualquier violación de los derechos humanos y este gobierno no ha tenido una declaración de política pública en este sentido”. 

Por otra parte, indicó: “Se dice que va a tratar de evitar la impunidad de los crímenes de los menores, pero tenemos que observar que estos hechos suceden por el aprovechamiento de los adultos; los más jóvenes son cooptados por el crimen organizado”. De este modo, profundizó: “Las convenciones de los derechos del niño dicen que a partir de los trece años existe una capacidad progresiva para poder comprender”.

En cuanto a la situación actual de los menores, aclaró: “Hoy la pena comienza a los dieciséis años por la ley nacional de responsabilidad juvenil, por lo que hay instituciones de menores donde se realizan tratamientos psicológicos y seguimientos”. “El sistema intenta estar enfocado en una restauración, pero salen con una marca que les generan un quiebre psíquico cuando el estado debe ser garante de los derechos de los más vulnerables”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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