La medianoche del 17 de agosto será una fecha clave para el futuro judicial y político de Cristina Kirchner en el tablero de ajedrez político y judicial en que se encuentra. Es el plazo que la Cámara Nacional Electoral fijó para presentar candidatos a legisladores nacionales que puedan participar de las elecciones generales del 26 de octubre.

Entonces, si la Corte rechaza su recurso de queja antes del 17 de agosto no podrá ser candidata porque se hará efectiva su condena en la causa Vialidad que son 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En otras palabras, no podrá seguir el camino del ex presidente Carlos Menem quien buscó ser senador nacional para no ir preso hasta el final de sus días.

Ahora, si la ex presidenta va de candidata a diputada provincial, los fueros provinciales no tiene la misma garantía de detención, según algunos juristas.

Por lo pronto, el Procurador General de la Nación Eduardo Casal emitirá su dictamen antes de fin de mes. Debe decidir si apoya otro recurso, el del fiscal de cámara Eduardo Villar que quiere 12 años de prisión y sumar el delito de asociación ilícita al de fraude al Estado.

La Corte esperaba que el Senado decidiera si ponía en vigencia la ley de Ficha Limpia, aprobado por Diputados, pero ya quedó claro que los K bloquearan la iniciativa si se vota en el reciento de la cámara alta. La solución, entonces, no vendrá de la política.

Según fuentes judiciales, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti es uno de los que quiere dar una rápida definición a este recurso de queja clave, pero sus colegas quieren que sea lo más prolijo posible para no dejar agujeros legales que le sirvan a la ex vicepresidenta cuando vaya, tras la Corte, a la comisión interamericana de Derechos Humanos, como anunciaron algunos de sus asesores. «Todo se lee tres veces para producir un fallo profesional, serio y sin fisuras legales», contó una fuente que conoce los pasillos de tribunales.

¿La Corte resolverá antes del 17 de agosto?, es decir dentro de cuatro meses. Según explicó el ex juez de la Corte Juan Carlos Maqueda en una entrevista con Clarín sí puede hacerlo.

“La Corte no puede dedicarse a revisar una sentencia cuando se trata de cuestiones de hecho y prueba y de derecho común. Tiene que haber una cuestión constitucional para que intervenga”, contó.

Aclaró que no había visto el recurso de queja Cristina Kirchner y que no sabías hay una cuestión constitucional que esté probada. Pero que su criterio la condena ya tiene el doble conforme que reclaman los tribunales internacionales por el fallo del Tribunal Oral y la confirmación de la Cámara de Casación. Está, además no permitió que Cristina elevara un recurso extraordinario.

Maqueda opinó que en general un recurso de queja que “es mucho más débil ante la Corte” que uno extraordinario.

El recurso de Cristina entró por la secretaría de derecho penal y hoy se mandó a Casal el recurso del fiscal.

Luego, la secretaría de derecho penal hace previamente “un estudio donde expresa las distintas alternativas que hay y después lo gira por las vocalías”

Tras conocerse la opinión de Casal antes de fin de mes, vuelve a la secretaría de penal que lo pone a circular por las tres vocalías, la de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti.

“El tiempo que va a estar en las vocalías no existe una reglamentación específica, pero mientras estaba yo era un acuerdo que no debía superar los tres meses en cada vocalía” si había una cuestión constitucional, recordó Maqueda.

Ahora “si del examen que ha hecho la secretaría, que ha hecho el procurador y que se hace en cada una de las vocalías, se llega a la conclusión de que no hay cuestión federal, esto se tramita rápidamente”.

Es decir, que si no una cuestión constitucional tiene que ser “muy rápido. Porque es como decir, no hay cuestión constitucional. Entonces, no hay por qué apartarse de las sentencia de la cámara de Casación. Ahora si se determina que hay una cuestión federal, una cuestión constitucional ya lleva más tiempo. Y ahí entra a jugar esos tres meses que pueden estar en cada vocería”, explicó Maqueda.

En las condenas del caso Ciccone, la Corte rechazó recursos del ex vicepresidente Amado Boudou, en forma rápida y aplicando el artículo 280 del Código Procesal, es decir sin argumentar.

La condena a Cristina fue emitida por el Tribunal Oral Federal el 4 de diciembre de 2022, es decir a fin de años se va a cumplir 3 años sin que se ejecute la pena.

El diputado radical Facundo Manes pelea por reabrir la causa que inició contra el asesor presidencial Santiago Caputo, por amenazas, luego del duro altercado que protagonizaron al término del discurso con el que Javier Milei inauguró el año legislativo.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó el expediente por entender que no había delito alguno, pero Manes, con la asistencia de los abogados Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, apeló la decisión ante la Cámara Federal, que este martes celebró una audiencia para escuchar a las partes.

El fiscal de esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, presente en la audiencia, comparte la opinión de la jueza Capuchetti: entiende que los hechos denunciados fueron parte de una discusión y no configuran delito.

El cierre del expediente se dio luego de una primera tanda de medidas ordenada por el fiscal Ramiro González. Pidió a los canales de televisión y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente, todo el material audiovisual del recinto que pueda dar cuenta del cruce que protagonizaron el asesor y el diputado.

La jueza sostuvo que los hechos existieron, pero que se trató solo de “una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido».

Ahora, los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico deberán decidir el futuro de la causa.

Los hechos

Manes dijo en su denuncia: “Más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró a un diputado nacional en el marco del discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas y la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer el comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas agravadas».

Manes relató sobre Caputo: “Hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”. Según la denuncia de Manes, Caputo le dijo además: “Ya me vas a conocer a mí”.

La secuencia descrita por el diputado ocurrió el 1° de marzo, luego de que Milei abriera las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Durante su discurso, el Presidente mantuvo un ida y vuelta con el diputado, lo que motivó a que varios legisladores y laderos suyos increparan a Manes en el recinto, que cruzo miradas desafiantes con Caputo.

Tras ello, el asesor salió del palco y se dirigió hacia la planta baja del palacio, donde fue el encuentro con Manes, diputado del bloque Democracia para siempre.

Capuchetti, en su fallo, dijo: “El hecho apuntado fue en el contexto de una discusión política que se enmarca en un ámbito legislativo, lo que me permite inferir que los dichos propiciados por Caputo y Antúnez [un influencer que acompañaba al asesor presidencial] no poseen la entidad suficiente para afectar la determinación del diputado nacional, y como tal no resultan idóneos para conformar el tipo penal”.