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Revuelo en Chile: destituyen a la senadora Isabel Allende, hija del expresidente, por una fallida venta al Estado de una casa de su padre

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SANTIAGO, Chile.- El Tribunal Constitucional (TC) chileno resolvió este jueves, por una mayoría de ocho votos contra dos, cesar a la socialista Isabel Allende Bussi en su cargo en el Senado. De acuerdo al organismo, la legisladora, de 80 años, infringió la Constitución en la venta de la casa de su padre, el expresidente socialista Salvador Allende (1970-1973), porque como autoridad no podía celebrar contratos con el Estado.

La adquisición de la residencia, ubicada en la calle Guardia Vieja del municipio de Providencia, en el sector este de Santiago de Chile, fue empujada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que pretendía adquirir la histórica vivienda para que fuera un museo en memoria del líder de la Unidad Popular (UP). En el marco de esta causa cayó una nieta del expresidente Allende, Maya Fernández Allende, que salió del Ministerio de Defensa el pasado 10 de marzo, luego de tres años en el cargo.

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“Como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional. Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos al parecer no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos”, señaló la legisladora, luego de conocer la noticia de su destitución.

“A la espera de la sentencia, quiero decir que la memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas. En mis más 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, enfatizó la senadora. “Agradezco todas las muestras de cariño, con la certeza de haber actuado siempre con total integridad”, añadió.

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Los jueces revisaron por la mañana el requerimiento que presentaron parlamentarios de la oposición, del Partido Republicano, de la extrema derecha y del conglomerado Chile Vamos, de la derecha tradicional, en contra de la senadora, quien llevaba 31 años ininterrumpidos en el Parlamento. La senadora era una de las cuatro copropietarias de la casa de Guardia Vieja, junto a Maya Fernández, nieta del mandatario socialista y quien debió renunciar el pasado 10 de marzo al ministerio de Defensa de Boric. Su dimisión se concretó en la víspera de la vista de la acusación constitucional que diputados opositores presentaron en su contra, pero que finalmente fue desechada hace ocho días.

Isabel Allende es una de las tres hijas del mandatario socialista y, desde el golpe de Estado de 1973, cuando Augusto Pinochet lo derrocó, ha sido la principal embajadora de la familia tanto en Chile como en el mundo.

La decisión del TC es un duro revés para el Partido Socialista, para el gobierno y para la izquierda en general, por el simbolismo de la presencia de la senadora en la política chilena, y la forma en que es destituida del cargo. Exiliada durante los años de la dictadura, Isabel Allende vivió en México y sólo regreso a Chile el año 1989, cuando se realizó la elección presidencial que significó el triunfo de Patricio Aylwin, abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, que integraban el PS, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD), entre otros. Fue elegida diputada a partir de marzo de 1994 y luego senadora a partir del año 2010, siendo presidenta de ambas cámaras del Congreso.

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Una vez divulgada la resolución, que el TC no oficializó, Carolina Tohá, la candidata presidencial del PPD, parte del Socialismo Democrático y exminsitra del Interior de Boric, lamentó que los jueces resolvieran cesar en el cargo a Allende, de quien destacó, durante una entrevista en Radio Pauta, que fue la primera mujer presidenta del Senado.

Luego, escribió en su cuenta de X: “Isabel Allende ha tenido una carrera política intachable y un trabajo reconocido en Chile y el exterior. Corresponde respetar lo definido por el TC, en caso de confirmarse, pero eso no quita reconocer que es una noticia triste. Para Isabel y su familia todo mi cariño y respeto”.

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“Cayó Allende”. Así, con cierta ironía, se expresó el diputado de ultraderecha Cristián Araya, del Partido Republicano, al celebrar el histórico fallo que destituyó esta tarde a la senadora chilena. ”El TC le da la razón a la bancada del Partido Republicano: Isabel Allende cesará en su cargo por su flagrante vulneración al orden constitucional. No les dejaremos pasar ninguna. Nadie está por sobre la ley”, fustigó.

Mientras los republicanos celebran el fallo, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic se limitó a señalar que “citaremos a una reunión de mesa para hacer el análisis del fallo”.

Agencia ANSA, diarios El Mercurio/GDA y El País, SL

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Nuevo revés para Cristina Kirchner y De Vido en el caso de los Cuadernos de las Coimas

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La expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Julio de Vido recibieron un nuevo revés de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa de los Cuadernos de las Coimas. El tribunal rechazó sus recursos para desestimar las declaraciones de los imputados “arrepentidos” en el caso y la pretensión de la expresidenta de cerrar la causa por ser cosa juzgada.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que bloquearon el acceso la Corte Suprema de los recursos planteados por la expresidenta y De Vido.

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El fallo lleva la firma de los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

Los magistrados declararon inadmisibles los recursos extraordinarios federales presentados por las defensas de Cristina Kirchner y Julio De Vido.

Cristina Kirchner Captura LN+

Petrone y Carbajo dispusieron el rechazo de las apelaciones, mientras que la jueza Ledesma votó en disidencia, a favor de conceder los recursos para que las quejas llegaran al máximo tribunal.

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La defensa de Cristina Kirchner cuestionó la resolución que “incorporó los legajos de arrepentidos” al expediente principal del caso de los cuadernos de las coimas, que está actualmente en pleno juicio oral.

Julio de Vido, al salir de tribunales de Comodoro Py junto al abogado Maximiliano Rusconi (archivo)

Hoy, en esas audiencias prestaron declaración indagatoria Oscar Thomas, extitular del Ente Binacional Yacyretá, y los funcionarios Walter Faggias, Germán Nivello, Ramón García y Camilo Gómez.

El juez Petrone, al liderar el voto de la mayoría al que adhirió Carbajo, desestimó la vía extraordinaria. Argumentó que “la resolución que se pretende impugnar no constituye sentencia definitiva ni es equiparable a tal categoría”.

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Además, remarcó que la defensa solo demostró una discrepancia de criterios, señalando que “la parte recurrente basó su impugnación en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal invocada”.

Por su parte, la jueza Ledesma votó en soledad para habilitar la apelación, al considerar que el planteo de la expresidenta introducía un debate válido sobre “el alcance del derecho de defensa en juicio, los principios de publicidad, oralidad y contradicción y la garantía de doble conforme”.

Asimismo, la expresidenta apeló el rechazo a su pedido de considerar que el caso debía archivarse por “falta de acción por cosa juzgada”.

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Nuevamente, los jueces Petrone y Carbajo rechazaron su recurso con el mismo argumento sobre la falta de una sentencia definitiva.

A la hora de fundamentar por qué no se aplicaba la doctrina de la arbitrariedad, la mayoría resolvió que “para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no consiguió probar en autos”.

Ledesma, en cambio, sostuvo que la apelación debía prosperar porque se encontraba en juego el “alcance de las garantías de doble conforme y ne bis in idem, que se refiere a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Y destacó además “la exigencia en el caso de una tutela judicial inmediata”.

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De Vido, por su parte, había acudido a Casación buscando revertir el “rechazo de nulidad y recusación” del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio.

Petrone y Carbajo declararon “inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas”.

La magistrada Ledesma volvió a diferenciarse y argumentó a favor de los imputados, al señalar que los planteos de la defensa introducían cuestiones de gravedad institucional vinculadas al “alcance de los derechos a la doble instancia, debido proceso, defensa en juicio, garantías de imparcialidad, de juez natural y de legalidad”.

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Al igual que en los casos de la expresidenta, Ledesma advirtió que la resolución atacada “resulta equiparable a una sentencia definitiva en tanto le ocasionaría a su defendida un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior”.

De esta forma, ahora las defensas de Cristina Kirchner y De Vido les queda el camino de plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Hernán Cappiello,Conforme a

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El Gobierno suspendió por irregularidades a 25 cooperativas que funcionaban en La Matanza

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El Ministerio de Capital Humano informó la suspensión preventiva de la operatoria de 25 cooperativas de trabajo con sede en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, tras detectar “serias irregularidades” en su funcionamiento. Todas las entidades tenían domicilio en Entre Ríos 3269, San Justo, una oficina perteneciente al gobierno municipal. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y marca un nuevo capítulo en la fiscalización estatal sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el sector cooperativo creadas en gestiones anteriores.

Según el comunicado difundido por la cartera, la decisión se fundamenta en el resultado de un muestreo realizado sobre los asociados de estas cooperativas, en el cual se detectó que 119 trabajadores contratados no contaban con los beneficios de seguridad social obligatorios. La investigación determinó que las entidades, bajo la figura jurídica cooperativa, podrían haber desvirtuado los principios legales previstos en el artículo 2 de la Ley N° 20.337, así como la normativa vigente sobre aportes previsionales.

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La suspensión de las actividades y la apertura del sumario administrativo fueron adoptadas como medidas preventivas, mientras se profundiza la investigación sobre la presunta utilización irregular de la estructura formal cooperativa. El Ministerio de Capital Humano remarcó que existen indicios de que estas organizaciones habrían sido empleadas para “eludir normativa vigente y con prácticas que vulneran derechos laborales”.

La ministra, Sandra Petovello, informó la decisión a través de su cuenta de X, replicando el comunicado oficial y arrobando al presidente Javier Milei.

La nómina oficial incluye cooperativas con nombres correlativos y diferentes CUIT, todas radicadas en el mismo edificio municipal de San Justo

La decisión se tomó luego de descubrir que 119 trabajadores no percibían aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.

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De acuerdo a lo establecido por la Resolución 4664/13 del INAES, las cooperativas deben realizar los aportes correspondientes al régimen previsional de trabajadores autónomos, o bien cumplir con otro sistema legalmente habilitado. Sin embargo, el relevamiento realizado por el organismo reveló que los beneficios sociales no eran otorgados a los contratados, en franca contradicción con las disposiciones vigentes.

Las entidades intervenidas comparten domicilio en una oficina de la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la posible implicancia de la Municipalidad de La Matanza y de sus funcionarios en el funcionamiento de las cooperativas suspendidas. El sumario administrativo deberá dilucidar el grado de injerencia de la administración local en la operatoria de las entidades.

El Ministerio de Capital Humano sostuvo que las irregularidades detectadas podrían haber desnaturalizado los fines cooperativos, apartándose de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, y aprovechando la estructura formal para eludir obligaciones legales. El comunicado advierte que, de comprobarse las acusaciones, las cooperativas habrían incurrido en prácticas que vulneran derechos laborales, utilizando la figura jurídica con fines ajenos a los establecidos por la normativa.

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La decisión del INAES implica la suspensión de toda operatoria de las cooperativas alcanzadas hasta que se determine la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales. El procedimiento se mantendrá vigente mientras avanza el sumario y se recolectan pruebas sobre la operatoria real de las entidades y la eventual participación de funcionarios municipales.

El comunicado oficial incluye la nómina completa de las entidades suspendidas, que abarca organizaciones con denominaciones correlativas y diferentes números de CUIT, como Coop. de Trabajo La Matanza 12 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 49 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 51 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 56 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 61 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 72 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 77 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 105 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 112 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 116 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 123 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 135 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 142 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 171 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 205 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 206 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 229 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 236 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 311 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 329 Ltda. y Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda.

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Axel Kicillof: “Javier Milei nos está robando recursos, pero no aceptaremos ninguna extorsión”

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LA PLATA.− El gobernador Axel Kicillof citó en esta ciudad a los 135 intendentes bonaerenses para advertirles de la frágil situación financiera que atraviesa el territorio. “Estamos ante una verdadera catástrofe. El gobierno de Javier Milei tiene en la mira a la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

El mandatario estuvo acompañado por intendentes de diversos partidos políticos, la vicegobernadora Verónica Magario, y los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.

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Ante ellos, anunció que la provincia presentará una nueva demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se restituyan fondos por 1,3 billones de pesos por incumplimientos en la ley de consenso fiscal.

Kicillof, Magario, Bianco y Álvarez Rodríguez, ayer en Chascomús

“Nos están robando recursos, pero no aceptamos ninguna extorsión para aceptar leyes dañinas”, denunció Kicillof. Ningún referente de La Libertad Avanza acudió a la Casa de Gobierno.

Recordó que hay siete causas en litigio ante al Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar los fondos retenidos de Seguridad, de Compensación de transporte público de pasajeros, de Incentivo Docente, de Bosques Nativos, el Compensador para la caja previsional, Boleto Integrado y reclamos por tributos locales en la facturación de gas.

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“Vamos a realizar una nueva denuncia en la Corte por incumplimiento consenso fiscal por convenios que ascienden a 1,3 billones de pesos”, afirmó.

El ministro de Economía sostuvo que existe una marcada caída de la actividad en el país y en la provincia. Y fue el encargado de explicar a los municipios la merma de transferencias. “Queremos que vean por qué tienen una caída en los recursos que reciben. Tiene que ver con caída de recaudación y de las transferencias del gobierno nacional. Vemos una situación extremadamente compleja, de riesgo. No estamos viendo perspectiva de que esto vaya a cambiar”, afirmó Pablo López.

El ministro hizo hincapié en la caída de la recaudación nacional por séptimo mes consecutivo –cercano al 10 por ciento interanual–. Y dijo que eso luego se traduce en la coparticipación provincial.

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Agregó que la provincia perdió 6,6 billones pesos en coparticipación desde 2023 y que las deudas de la Nación por las obras públicas suman más de 15 billones de pesos. “Llegamos así a más de 22 billones de pesos acumulados en dos años. Esto es una pérdida de recursos equivalente a la mitad del presupuesto anual de la provincia, que este año es de 44 billones de pesos”, dijo.

Entre los intendentes presentes se destacaron Julián Alvarez, de Lanús, y Juan Ustarroz, de Mercedes, alineados con La Cámpora. Entre los radicales se dejaron ver Maximiliano Suescun, de Rauch, y Diego Reyes, de Púan. También asistieron alcaldes del Frente Renovador como Javier Gastón, de Chascomús.

El gobernador les prometió que distribuirá 250 millones de pesos a los municipios en abril, correspondientes al fondo de Emergencia a la Inversión Municipal.

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María José Lucesole,Conforme a

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