Durante los primeros días de marzo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) publicó un documento que revelaba que desde 2022 habían detectado 78 militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad que nunca fueron dados de baja.

Es decir, figuraban con estatus de retirados, con los derechos, obligaciones y prerrogativas que ello implica: cobro de pensión y acceso a la obra social. Y que, después de comunicarlo y pedir su baja, al menos 50 siguen en la misma situación.

La investigación de la PIA comenzó a fines de 2022, tras un pedido de colaboración de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a raíz de tres casos concretos: dos en la Policía Federal y uno en la Gendarmería.

Tras constatar que esas personas estaban retiradas y pedir la baja de los dos policías y el gendarme, la PIA descubrió al menos 78 casos idénticos, no solo en las Fuerzas de Seguridad, sino en las tres Fuerzas Armadas.

A lo largo de las 34 páginas que tiene el informe, la PIA desarrolla todos los casos mientras solicita las bajas a cada una de las áreas correspondientes. Además, deja en claro que, al pesar sobre estos militares y policías condenas firmes, la obligación de tramitar la baja y no dejarlos en estado de retiro “no se agota en el derecho interno, sino que se inscribe en los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos”.

Para la PIA “la adopción de decisiones administrativas orientadas a disponer la baja definitiva de los agentes condenados constituye una consecuencia necesaria de las sentencias penales firmes y un presupuesto indispensable para su ejecución integral”.

El otro punto fundamental que se desarrolla en el informe es la diferencia sustancial que hay entre el estatus de retiro y la condición de baja. Al respecto, la investigación deja en claro que no solo reviste una falta respecto del derecho penal y la plena y correcta ejecución de las penas, sino que, esencialmente, mantienen entre estas 78 personas y el Estado un vínculo institucional.

Es decir, que, al estar retirados, por ejemplo, seguían teniendo acceso a beneficios tales como pensiones, jubilación, obra social, etcétera. Pero hay algo más: fuentes vinculadas a esta investigación explicaron que, al estar retirados y mantener esa relación institucional y jerárquica con el Estado y la Fuerza, técnicamente podrían volver a ser convocados.

El relevamiento arrojó una serie de datos. En concreto, tras una primera instancia de investigación, la PIA determinó que:

• En todas las fuerzas, muchos condenados murieron en situación de retiro y nunca fueron dados de baja.
• En la Prefectura había 11 agentes que, al momento de la verificación efectuada por la PIA, seguían en situación de retiro.
• En el Ejército Argentino, al 28 de diciembre de 2023, de los 101 agentes condenados con sentencia firme por crímenes de lesa humanidad, había 55 en situación de retiro.
• En la Armada Argentina, había 7 agentes en situación de retiro.
• En la Fuerza Aérea había 2 agentes en situación de retiro.

Como se explicó, luego del relevamiento, fue la propia procuraduría la que instó a tramitar la baja de todos estos agentes.

Pedidos de baja en las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas

Gendarmería: el 27 de octubre de 2023 se pidió la baja de 4 gendarmes retirados.

Prefectura: el 27 de octubre de 2023 se pidió la baja de un prefecto retirado.

Policía Federal Argentina: el 5 de diciembre de 2023 se pidió al jefe de la PFA la baja de dos agentes y al Ministerio de Seguridad la de otros 7.

Ejército Argentino: El 15 de septiembre de 2024 se le pidió al Jefe del Ejército la baja de 32 agentes. Además, se solicitó que gestionara la baja ante el Ministerio de Defensa de otros 23. Es decir, 55 en total. Posterior a esa fecha, y producto de inconsistencias en la información proporcionada por el ejército, se pidió la baja de otros tres casos.

Armada Argentina: el 29 de octubre 2024 se pidió al Jefe del Estado Mayor General de la AA la baja de 7 agentes.

Fuerza Aérea Argentina: el 29 de octubre 2024 se pidió la baja de dos agentes.

Corresponde hacer un pequeño paréntesis respecto de la situación en el Ejército Argentino. El Jefe del Estado Mayor General de esta fuerza al momento de la solicitud era Carlos Presti, quien dejó el cargo en diciembre del año pasado para asumir como Ministro de Defensa.

Según asegura la publicación, en los primeros días de marzo todavía existían “demoras sustanciales y obstáculos administrativos, inexplicables, que mantienen numerosos trámites inconclusos y dificultan la ejecución plena y oportuna de las sentencias condenatorias firmes”. En concreto, al menos 50 exagentes siguen figurando como retirados.

Qué es lo que genera estas demoras, dilaciones e impedimentos, en todo caso será materia de investigación. El informe fue remitido a todas las esferas de la política nacional y, al ser consultados por este cronista, muy pocos estaban al tanto.

“Esta situación resulta incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y evidencia la existencia de un problema estructural en la efectiva desvinculación institucional de personas condenadas por los crímenes más graves juzgados desde el restablecimiento del orden democrático en 1983”, cierra el informe.

dictadura militar

Una investigación reveló la existencia de una red de difusión de contenido político a favor de Delcy Rodríguez que habría sido operada desde la Argentina y que utilizó actores locales para simular noticieros internacionales. Detrás de la estructura aparece mencionada la firma Q Social, vinculada al exgobernador de Chubut Martín Buzzi.

El esquema fue detectado por la organización Cazadores de Fake News, que identificó al menos 15 canales de YouTube que replicaban la estética de medios de comunicación de distintos países. En esos espacios se difundieron videos con una narrativa favorable a la dirigente venezolana, que en conjunto superaron las 32 millones de visualizaciones.

A diferencia de otras operaciones digitales recientes, los investigadores descartaron el uso de inteligencia artificial en los presentadores. Tras analizar decenas de piezas audiovisuales, concluyeron que se trataba de personas reales: actores, locutores y modelos radicados principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los videos imitaban formatos televisivos tradicionales, con zócalos, placas y referencias a supuestos medios internacionales. En muchos casos, los conductores hablaban con acentos de distintos países para reforzar la apariencia de una red global. Sin embargo, el análisis posterior permitió determinar que todos los participantes identificados residían en Argentina.

El alcance de la campaña no se apoyaba en audiencias orgánicas. Los canales tenían escasa cantidad de suscriptores, por lo que la mayoría de las visualizaciones se explican por campañas de publicidad paga dentro de la propia plataforma. Parte de esa pauta habría sido canalizada a través de la firma F. G. Medios SA, que reconoció, según publica La Nación, haber facilitado medios de pago, aunque negó participación en la producción de los contenidos.

De acuerdo a distintas fuentes consultadas, la generación del material audiovisual estuvo a cargo de Q Social, una agencia dedicada a estudios de opinión, análisis político y marketing. Ante la consulta periodística, Buzzi negó cualquier vínculo con la campaña y evitó dar mayores precisiones.

#LaHoraDeVenezuela | Los actores en los videos de propaganda pro-Delcy Rodríguez que viven en Argentina

Al menos 14 canales simulan ser medios de varios países usando presentadores con experiencia en doblaje capaces de imitar distintos acentos: pic.twitter.com/AtNeW8Xlbx

— Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) March 19, 2026

Las grabaciones se habrían realizado en oficinas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, donde los actores fueron convocados tras un proceso de casting. Según testimonios relevados, las producciones comenzaron recientemente y se realizaron múltiples piezas en pocos días, con un equipo técnico amplio.

El análisis también permitió identificar a varios de los participantes, muchos de ellos con trayectoria en el ámbito artístico local, incluyendo teatro, publicidad y producciones audiovisuales. La capacidad de interpretar distintos registros y acentos habría sido un elemento central para sostener la credibilidad de los contenidos.

Especialistas en comunicación digital advierten que este tipo de estrategias representa una evolución en las campañas de influencia, al combinar recursos tradicionales —como actores reales y producción audiovisual— con herramientas de segmentación y distribución propias del ecosistema digital.

Al cierre de esta nota, varios de los contenidos seguían activos en la plataforma, aunque algunos habían sido eliminados. La red continúa bajo análisis, mientras crece la atención sobre este tipo de operaciones y su impacto en la circulación de información política en la región.

La entrada Vinculan a un exgobernador K con una red de propaganda digital a favor de Delcy Rodríguez operada desde Argentina se publicó primero en Nexofin.

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La investigación judicial sobre los vuelos privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva factura que vuelve a poner el foco en su regreso desde Punta del Este y en el rol de su amigo, el periodista Marcelo Grandio.

El comprobante, fechado el 9 de marzo, fue emitido por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin a nombre de Grandio, quien ya había afrontado el costo del vuelo de ida mediante una de sus empresas. Issin figuraba en documentación previa: aparecía en una factura emitida por AlphaCentauri por un paquete de diez vuelos fechado el 9 de febrero.

Según los registros, Issin -piloto y socio de Jaquelina Edna Lowndes en la firma Jag Aviation- se dedica a adquirir paquetes de vuelos para luego revenderlos a clientes privados, como habría ocurrido en este caso. La factura de febrero, por 42.250 dólares, incluía el tramo de regreso de Adorni. Allí, el broker figuraba como “Issin Hansen”, con CUIT uruguayo y domicilio en Punta del Este. Por el viaje de ida, en tanto, ya había salido a la luz otro comprobante por 4830 dólares emitido a la productora Imhouse, vinculada a Grandio, quien además habría alojado al funcionario en Uruguay.

El nuevo documento -fechado el mismo día en que el tema tomó estado público en televisión- consigna únicamente “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO”. El costo habría sido de 3000 dólares, es decir, 1830 menos que el trayecto inicial. En el sector aeronáutico sugieren que la emisión del comprobante podría haber sido una reacción ante la repercusión del caso. Ahora, la Justicia espera que Grandio presente los detalles de la transferencia que respalde ese pago.

Versiones contradictorias y dudas en la Justicia

Desde que el tema salió a la luz, Grandio dio explicaciones dispares: primero afirmó que “Manu lo pagó”, luego que el gasto se dividió y finalmente que el propio Adorni lo cubrió “con plata del Estado”. Aseguró tener documentación que respalda la operación, pero hasta el momento no la exhibió.

Por su parte, el jefe de Gabinete sostuvo que se trató de un gasto personal. Sin embargo, tampoco presentó comprobantes que acrediten pagos a Grandio.

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Issin confirmó su rol como intermediario: indicó que la empresa operadora fue AlphaCentauri y que él actuó como broker en una reserva abonada por Grandio. Jag Aviation, la firma en la que participa, comercializó los vuelos y en su sitio web exhibe el Honda Jet matrícula LV-HWA, la aeronave utilizada en el traslado.

La presencia de esta empresa también aparece en un video que circuló en medios, donde se observa a personal acompañando a los pasajeros hasta el avión en el aeropuerto de San Fernando.

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El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien solicitó a organismos públicos y privados toda la documentación y registros de cámaras vinculados al vuelo. Varias compañías ya advirtieron que no conservan imágenes por más de 30 días.

Manuel Adorni, Punta del Este, factura