El ex juez de la cámara que condenó a los ex comandantes, Ricardo Gil Lavedra, dijo que el Colegio Público de la Abogacia de la CABA tiene que tener “una voz institucional más potente” para defender los derechos de los abogados frente a la Justicia, el Gobierno y el Congreso.

El ex diputado nacional de la UCR se presenta a la reelección, tras dos años de mandato, en las elecciones del martes 16 de este mes en que unos 70 mil abogados porteños están en condiciones de votar. Se trata de una elección clave porque este colegio aporta un representante para el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Gil Lavedra, tiene entre sus apoyo a la UCR y el PRO. Entre los nombres que apoyan su reelección están Martín Casares, Paula Colombo, Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnico de Mauricio Macri.

Además, lo impulsan las agrupación vinculadas a Germán Garavano, ex ministro de Justicia, de Jimena de la Torre, actual integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, y de Diego Marías, exfuncionario de la gestión Larreta en Ciudad. De la UCR se cuentan los apoyos de la Franja Morada, de Carlos Más Velez que va en la lista y de sector de Daniel Angelici. En total, son 13 agrupaciones las que conforman el frente oficialista.

Gil Lavedra competirá contra su actual vicepresidenta primera, Patricia Trotta, que rompió con la actual conducción y encabeza la lista de Gente de Derecho, que lleva a Jorge Rizzo en la lista, en la que se encolumna gran parte del peronismo y kirchnerismo porteños, cuyo hombre fuerte en la Capital es Juan Manuel Olmos, exfuncionario de Alberto Fernández.

Se presenta además una tercera lista, que encabeza Ruben Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado, que lleva como vice a la exdiputada massista Carla Pitiot, del Frente Renovador de Sergio Massa.

La siguiente es una síntesis de una entrevista de Gil Lavedra con Clarín:

¿Luego de dos años al frente del Colegio Público de la Abogacia de la CABA cuáles son sus propuestas para el caso de que se renueve su mandato por dos años más en las elecciones internas?

Un Colegio Público profesional, prestigioso y moderno. Que defienda en serio a toda la abogacía, a los litigantes, a los abogados del estado y a los de empresas. Que defienda no sólo sus incumbencias o la tutela de los honorarios, sino también que brinde capacitación de excelencia, mejores servicios y herramientas para el ejercicio profesional. Un Colegio que sea a la vez una voz institucional potente para defender el estado de derecho y procurar reformas judiciales que permitan procesos más rápidos. Continuar el profundo cambio que hemos iniciado hace dos años.

¿Por qué presentó un amparo contra el artículo de la nueva ley antilavado que obliga a los abogados a ser sujetos obligados de la UIF en el caso de sospechas sobre el origen de los honorarios que le pagan sus clientes?

Toda actividad que se requiera con base en conocimientos legales es ejercicio de la abogacía. Y toda se encuentra amparada por la confidencialidad del secreto profesional. La reforma a la ley de lavado de activos, que obliga al abogado/a no litigante en ciertos asuntos a controlar, investigar y hasta denunciar a su cliente viola groseramente el secreto profesional y, por ende, la garantía constitucional de defensa en juicio. Además, coloca en cabeza de los abogados/as una serie de obligaciones propias de un banco o entidad financiera que son imposibles de cumplir.

Por qué no quiso presentar un amparo contra el mega DNU del presidente Javier Milei?

Desde el año 1863 con la sanción de la ley 27 se encuentra excluída en nuestro orden jurídico la acción popular en defensa solamente de la legalidad. Siempre es necesario un «caso” o “controversia”, es decir un perjuicio o afectación concreta al interés del reclamante. Sólo en un caso, la Corte Suprema habilitó una legitimación excepcionalísima en defensa de la Constitución (“Colegio de Abogados de Tucumán”), porque estaba en juego la sanción misma de normas constitucionales. El DNU 70/2023 no satisface, a mi juicio, las exigencias que establece la Constitución y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no menoscaba ningún interés concreto de la abogacía. Por tanto, el Colegio carece de legitimación para entablar cualquier acción. Incluso las asociaciones de abogados que lo intentaron perdieron el pleito.

¿A qué se refirió cuando en el lanzamiento de su campaña dijo que “vamos a seguir gobernando con austeridad o volvemos a los privilegios, al regalo de los ‘Rolex’ o las fiestas suntuosas”?

El Colegio no puede ser considerado como una propiedad de la lista que en cada ocasión gane una elección, y debe ser administrado sin gastos superfluos. Hubo muchas fiestas suntuosas y regalos lujosos para los expresidentes en el pasado. La austeridad en la gestión nos permitió realizar una verdadera transformación de las instalaciones en beneficio de los matriculados/as (salas de cowork, tres pisos de aulas nuevas, acondicionar con la última tecnología todos los salones, reabrir el bar y el restaurante, etc). En lugar de regalar Rolex hemos invertido en mejorar los servicios a la abogacía, y lo hemos hecho en un momento económico muy difícil para el país.

¿Qué resolvió la Corte en cuanto al pedido de actualización de la UMA solicitado por el colegio?

Conseguimos que la Corte Suprema dispusiera que en cada aumento de salarios del personal judicial se actualizara automáticamente el valor de la UMA, la unidad de medida para los honorarios profesionales. De esta manera, en épocas de altísima inflación, hemos logrado defender el bolsillo de todos los matriculados/as.

¿Y en cuanto a la presencialidad plena de los empleados de tribunales luego de la pandemia?

Luego de la pandemia la Corte delegó a las Cámaras, y éstas a su vez a los juzgados, la regulación del trabajo judicial. Esto dio lugar a una verdadera anarquía. Cada juez disponía en su tribunal como era la presencialidad o virtualidad. El abogado/a se encontraba entonces frente a la incertidumbre de múltiples modalidades de trabajo que perjudicaban su tarea. La presentación que hicimos ante la Corte Suprema buscaba no volver lisa y llanamente a la presencialidad (el trabajo virtual ha evidenciado mayor eficiencia en muchos casos), sino que hubiera un régimen homogéneo de trabajo judicial, al menos en cada fuero, para que los litigantes supieran como proceder en cada caso. La Corte hizo saber sto a las Cámaras y la cuestión se está solucionando.

¿Que gestiones hizo para que no se incluyeran en la Ley Omnibus las llamadas sucesiones notoriales y divorcios administrativos?

Nos pronunciamos públicamente a través de varios comunicados. Concurrí personalmente al Congreso donde tuve reuniones con varios de los presidentes de bloque y ulteriormente también hice gestiones personales con todos los presidentes de bloque. Habíamos construido una mayoría muy importante cuando llegara la votación en particular de esos puntos. El proyecto se cayó y ahora en las nuevas iniciativas del Poder Ejecutivo afortunadamente ya no figura. Es claro, que fuimos escuchados.-