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POLITICA

Río Negro convocó a los gremios a discutir un convenio colectivo para los trabajadores públicos

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SAN CARLOS DE BARILOCHE.– En una medida que no tiene antecedentes en los últimos años, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck convocó a los gremios a analizar y discutir el Convenio Colectivo de Trabajo de la provincia.

Según indicaron desde el gobierno provincial, “este proceso de negociación busca abordar diversos aspectos relacionados con las condiciones laborales, salarios, beneficios y cualquier otro elemento relevante que afecte a los trabajadores y trabajadoras del sector público”. En concreto, Weretilneck convocó a los representantes de ATE y UPCN a una primera reunión el próximo lunes.

El mundo ha cambiado, nuestras ciudades y nuestra sociedad cambiaron. Por ende, tiene que cambiar el Estado. Si cambió la sociedad y cambia el Estado, también tiene que cambiar o mejorar el vínculo entre el Estado y sus trabajadores”, dijo el gobernador en un video difundido este lunes.

Y agregó: “Las leyes que rigen la relación entre ambos tienen en algunos casos más de 25 años y fueron pensadas para otros momentos. Creo que ha llegado el momento de crear un vínculo laboral dinámico acorde a la época que estamos viviendo, para cubrir las necesidades que el Estado tiene para con los ciudadanos, con las organizaciones gremiales y los propios trabajadores”.

El gobernador designó al legislador Lucas Pica como coordinador político de los equipos técnicos y paritarios del Gobierno. “Buscamos establecer un diálogo constructivo que permita transformaciones necesarias y urgentes para lograr un Estado más eficiente y ágil”, señaló Pica.

Desde ATE Río Negro calificaron de “hito” la convocatoria del Ejecutivo provincial. “Nos permitirá sentarnos en una mesa de negociación en igualdad de condiciones con el Estado empleador y no bajo una relación de sumisión, nos permitirá tener carrera y seguramente esto redundará en un modelo de Estado más eficiente que necesita la provincia”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. Sumó que el instrumento le permitirá a 17.000 trabajadores de la administración pública democratizar y formalizar sus relaciones laborales.

“Si bien nuestra Constitución provincial adhiere a las convenciones colectivas, estas no estaban reguladas sino hasta junio de 2019, cuando el entonces gobernador Weretilneck firmó el Decreto 759 de redacción de la ley, aprobada finalmente en junio de 2021 como Ley 5506. Inicialmente hubo una serie de encuentros entre ATE y el Ejecutivo para avanzar en la confección del Convenio Colectivo de Trabajo, abandonado finalmente por funcionarios del anterior gobierno y que ahora el sindicato espera que retomen impulso para la transformación definitiva del Estado”, agregó Vicente.

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La intención es regular “en un plano de igualdad con el Estado una nueva estructura salarial, carrera administrativa, escalafón, régimen de licencias y normas de higiene y seguridad, atravesados por el principio de la perspectiva de género”.

Consultado por LA NACION, el rionegrino Rodolfo Aguiar, actual titular de ATE Nacional, opinó que el anuncio del gobierno da respuesta a una demanda histórica de todos los trabajadores estatales de la provincia: “Se convierte en un avance significativo para la democratización del Estado y de los vínculos laborales en toda la administración pública. También se salda una deuda que lleva años, porque Río Negro es la única en toda la Patagonia que regía sus relaciones laborales en el Estado mediante leyes, algunas vigentes desde la última dictadura militar. Y hay que resaltar que, frente al escenario nacional, un concierto de políticas que pretenden destruir todos los derechos laborales, este anuncio aparece como un enorme desafío, también para los sindicatos”.

Entre los retos, Aguiar mencionó que los dirigentes sindicales no deben rehuir el debate de la modernización del Estado, “en tanto no implique una reforma que sea regresiva en materia de derechos laborales”.

Consideró, además, que se trata de una buena oportunidad para conocer la opinión de la sociedad: “¿Cómo ve la sociedad al Estado? ¿Qué esperan de su Estado? ¿Brinda respuesta en tiempo y forma, las prestaciones son eficientes y de calidad? Acelerar procesos de respuesta a la comunidad es clave. Creo que el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) lo va a cambiar todo en materia de derechos laborales en la provincia: se tiene que discutir un nuevo régimen de licencias, una nueva estructura salarial, una nueva carrera administrativa, tiene que haber perspectiva de género, se tienen que conformar comisiones, como la de igualdad de oportunidades y de trato, entre otras. Se convoca a discutir el CCT general de la administración pública, luego se discutirá cada convenio específico, como el de salud, de educación, etc.”.


POLITICA

La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías

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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.

Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.

La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025

En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.

El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.

Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.

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