El proceso de aprobación para la renovación de las licencias Cisco Meraki, que le otorgó un contrato de casi US$80 millones a Leonardo Scatturice, se inició el 18 de septiembre de 2024. La Secretaría de Educación encomendó a la empresa estatal Educ.ar S.E. la continuidad del servicio de conectividad en todas las escuelas públicas del país, lo que implica la renovación de 223.828 licencias por un plazo de 36 meses. El camino hasta la aprobación final estuvo plagado de llamados, apuros, advertencias desoídas, precios superiores a lo pagado anteriormente y sospechas por la forma de contratación.

El 3 de julio de 2024, Eduardo Roberto González fue designado interventor en Educ.ar y en el sistema de medios públicos. Tan solo tres meses después, el 4 de octubre, González se tomó licencia por una semana. lo confirmó a través de una resolución que establecía: “Delegar la firma y despacho de los asuntos de la empresa que no admitieran demoras, que resultaren de carácter administrativo, y que no impliquen actos de disposición alguno, delegando la firma en el Gerente General designado, señor Matías Hanono, para que se encuentre facultado a realizar todos los actos necesarios para la mejor administración de la compañía durante el período comprendido entre el día 7 al 13 de octubre de 2024, inclusive”.

En este contexto, el 10 de octubre de 2024, Matías Hanono, en uso de la firma delegada, procedió a suscribir el contrato con OCP Tech S.A, la empresa de Scatturice, el empresario argentino radicado en Estados Unidos y de estrechos vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Scatturice tiene aceitados contactos con el Partido Republicano y con el entorno de Donald Trump. Su nombre cobró notoriedad en febrero pasado cuando un avión privado de su propiedad aterrizó en Aeroparque con una sola pasajera y se supo que las valijas que traía no pasaron por los controles habituales de la Aduana. El mes pasado compró la mayoría accionaria de la aerolínea Flybondi.

Este contrato con Educ.ar se estableció para la renovación de las licencias, por un monto total de US$78.650.000,00. Las licencias objeto de la contratación tenían su vencimiento programado para el 16 de noviembre de 2024. Un dictamen legal previo indicó que el gerente general podía suscribir el contrato, pero que el interventor debería ratificar lo actuado e informar sobre ello.

El 14 de octubre de 2024, Eduardo González se reincorporó a su cargo como interventor.

Pocos días después, el 23 de octubre de 2024, los síndicos de Educ.ar remitieron una carta a Eduardo González, en la cual solicitaron la anulación del contrato y la convocatoria a una licitación pública. Carlos Pagni reveló este documento que, según pudo confirmar , fue borrado del expediente oficial que tramita por el sistema GEDO.

Los síndicos señalaron que la firma de un contrato de esta magnitud por el gerente general bajo una delegación limitada a asuntos “administrativos” y mientras el Interventor se encontraba de licencia, constituía una situación que invalidaba el procedimiento. Una copia de esta nota fue enviada a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). González nunca emitió opinión sobre el procedimiento y el 30 de octubre de 2024, por decreto presidencial, fue relevado de su cargo como interventor de Educ.ar S.E. y quedó a cargo de los medios públicos, únicamente.

Las fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que la firma del 10 de octubre se realizó para mantener las condiciones del proceso de venta y contratación, y que las implicaciones económicas se concretarían con la Orden de Compra en noviembre. confirmó, a través de distintas fuentes, que esta nota causó un raid de llamados a las áreas competentes. La Sigen, responsable final de este documento, por ese entonces era comandada por Miguel Blanco. Tanto González como Blanco fueron despedidos definitivamente en los últimos 8 días.

El 1 de noviembre el ingeniero Gastón Mariano Martín asumió la Intervención en Educ.ar S.E.. El 14 de noviembre emitió un informe tras una revisión de informes técnicos, administrativo-financieros y dictámenes jurídicos, en el que concluyó que el procedimiento podía ratificarse.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2024, se emitió la resolución formal de ratificación de la adjudicación y la firma del contrato con OCP Tech S.A. por los USD 78.650.000,00. En esta misma fecha, se libró la Orden de Compra N° 00001-00018926 a OCP Tech S.A..

La justificación para la contratación directa se sostuvo en la exclusividad de OCP Tech S.A. como único canal de reventa autorizado por Cisco Systems Argentina S.A. para Educ.ar S.E. desde 2017. Si bien era, efectivamente, el único representante directo, no era el único capacitado para proveer el servicio. Incluso, se había consultado a otras dos empresas que podían hacerlo (Dinatech S.A. y DTE S.A.).

Se argumentó la inexistencia de sustitutos convenientes desde una perspectiva técnica y económica. Un informe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), fechado el 8 de octubre, respaldó esta postura, concluyendo que reemplazar la tecnología existente implicaría una inversión considerable (una inversión previa del Estado fue de USD 227,8 millones), un despliegue logístico y operativo de alta complejidad, y riesgos de interrupción del servicio, además de una prolongada curva de aprendizaje para el personal.

La UTN ratificó que “mantener al proveedor actual ofrece la ventaja de evitar estos costos y riesgos, ya que la infraestructura ya está adaptada a las necesidades de la organización y el equipo técnico está familiarizado con los sistemas. Esto garantiza una continuidad operativa sin la necesidad de una transición compleja, costosa y prolongada”. Pero no había un planteo de cambiar el sistema, sino de proveedor.

reveló que hubo un aumento considerable de precios entre la prestación contratada en 2021 y la confirmada el año pasado. Si bien se reconoce que el contrato actual contempla variables macroeconómicas distintas —como la implementación del impuesto PAÍS del 25% y posibles sobrecostos asociados a transferencias de divisas—, el análisis comparativo entre la contratación de 2021 y los valores actuales revela incrementos significativos en el precio de lista de las licencias Cisco ofertadas por OPC, con subas que oscilan entre el 10,33% y el 40,80%, promediando un alza del 30,63%, según un informe firmado por el interventor Martín, el 15 de noviembre.

Se explica que a esto se suma una reducción en el nivel de descuento ofrecido por el fabricante: aunque actualmente Cisco aplica un descuento general del 72,64%, este es menor al que se había concedido en el contrato anterior, lo que también contribuye a elevar el valor final.

La reconstrucción documental del caso y las consultas efectuadas al proveedor (incluidas en los anexos) permiten advertir que, más allá de la vigencia del descuento hasta octubre de 2024, existen elementos cuya combinación —como la merma en los beneficios comerciales otorgados y la carga tributaria— podrían estar encubriendo una actualización de precios poco justificada o desproporcionada en relación con el contrato anterior, generando dudas razonables sobre la razonabilidad del incremento observado.

Según los términos contractuales, el pago por la renovación de las licencias Cisco Meraki se estructuró en dos partes: el 40% del monto total (US$31.460.000) debía abonarse dentro de los treinta días siguientes a la activación de las licencias, mientras que el 60% restante (US$47.190.000) se pagaría dentro de los noventa días de notificada la orden de compra.

La activación de la renovación debía comenzar a su vez dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la orden de compra al proveedor. La Orden de Compra N° 00001-00018926 fue emitida y notificada el 19 de noviembre de 2024.

En cuanto a los pagos realizados, la primera orden de pago (N° 0000000055338) se emitió el 20 de noviembre de 2024, es decir, un día después de la notificación de la orden de compra y del Certificado de Recepción Definitiva (CRD N° 00016232). Si bien el contrato indicaba el pago del 40% a los 30 días de la activación, y la activación debía comenzar a los 5 días de notificada la orden, el pago se realizó de manera muy pronta, coincidiendo con la fecha de la recepción definitiva de las licencias. La certificación formal de la correcta activación y funcionamiento de las licencias se remitió el 13 de diciembre de 2024.

El gobierno estadounidense de Donald Trump exigió este martes a Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela que libere al gendarme argentino Nahuel Gallo y otros extranjeros que fueron detenidos ilegalmente en el país. El gendarme se encuentra privado de su libertad hace siete meses.

Gallo fue secuestrado el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó a territorio venezolano por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, desde Colombia.

“Nuestros diplomáticos están trabajando fuertemente, buscando oportunidades para generar las liberaciones de los extranjeros detenidos en Venezuela y requerimos la cooperación internacional para elevar la presión a Maduro para que los libere”, expresó Natalia Molano, la portavoz en español del Departamento de Estado norteamericano, a DNEWS.

Molano aclaró que la prioridad fue la de liberar estadounidenses, pero que desafortunadamente todavía hay ciudadanos de otras nacionalidades que continúan detenidos. “Seguimos trabajando con sus países para tratar de asegurar la liberación de estos ciudadanos”, agregó, y remarcó que también buscan la liberación de prisioneros políticos venezolanos.

Ante la consulta sobre el caso específico de Gallo, la portavoz aseguró a DNEWS que hay diplomáticos trabajando en el asunto.

Estados Unidos no tiene presencia diplomática oficial en Venezuela y actúa desde Colombia. Lo mismo ocurre para la Argentina, que es representada hoy en día por Brasil. “La prioridad es que todos los detenidos extranjeros sean liberados lo más pronto posible. Esperamos que los países consigan eso con sus ciudadanos. Y nuestros socios como Argentina cuentan con el gobierno americano para colaborar en cualquier sentido que podamos hacerlo”, señaló Molano.

Gallo lleva 233 días detenido desde aquella vez que fuerzas del régimen chavista lo secuestraron intentando ingresar al país. Desde entonces, la Cancillería argentina reclamó por su liberación. En tanto, desde el gobierno chavista acusaron al gendarme de formar parte de un plan para sacar a los entonces seis opositores del régimen bolivariano que estaban asilados en la embajada argentina en Caracas.

Quien difundió la versión fue el número 2 de Maduro, Diosdado Cabello, quien también reconoció ese mismo diciembre que tenían detenido a Gallo en algún lugar del territorio venezolano. Lo acusó de estar coordinado con un equipo del criminalista, ex preso político y hoy exiliado Iván Simonovis, a quien denomina El Reno. A él consideraba a cargo de la supuesta operación de rescate que, aseguraban, se llevaría a cabo entre el 13 y 25 de diciembre.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad argentino dio a conocer documentación oficial que probaba que el régimen de Maduro había autorizado, a fines de noviembre, el ingreso de Gallo con fines vacacionales para visitar a su pareja y su hijo.

Allí figuraba la carta de invitación al país que hizo la pareja del gendarme, María Alexandra Gómez García, ante las autoridades notariales venezolanas, dos semanas antes de que emprendiera su viaje. También otro documento muestra que la dirección personal de Gendarmería autorizó al cabo primero a ausentarse del país para viajar al extranjero entre el 5 de ese mes y el 3 de enero del año próximo.

Desde entonces Gómez García denunció que Gallo permanece incomunicado y su paradero desconocido. El caso de Gallo generó reclamos diplomáticos por parte de la Argentina, a los que se sumaron pedidos de información de organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos.

La mujer y su hijo de dos años pudieron salir de Venezuela en un operativo secreto, donde cruzaron la frontera hacia Cúcuta, Colombia, por vía terrestre y en reserva absoluta. Luego, tomaron un vuelo rumbo a Buenos Aires con escala en Bogotá y Panamá, gracias a la coordinación del Ministerio de Seguridad argentino.