Mientras el peronismo y el Gobierno siguen con la pulseada por los dos lugares que están vacantes en la Corte Suprema de Justicia, el radicalismo comienza a aparecer en escena y comenzó a reclamar al Gobierno que se avance con la designación de jueces, fiscales y defensores públicos para cubrir las vacantes que están pendientes en el Poder Judicial.

Está claro que la discusión para cubrir las vacantes en la Justicia forma parte de la negociación que la Casa Rosada debe encarar con la oposición si tiene la intención de normalizar la integración de la Corte luego de que fracasara el intento por nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y fueran rechazados sus pliegos en el recinto de la Cámara Alta.

Por ahora, el presidente Javier Milei no habló de nuevos candidatos para reemplazar a Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, quienes dejaron el máximo tribunal al llegar a la edad jubilatoria.

En este contexto, el senador Maximiliano Abad puso en agenda la situación del Poder Judicial Federal ante la cantidad de vacantes existentes y destacó la importancia de avanzar con los nombramientos, así como con el fortalecimiento de la infraestructura, para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema acusatorio.

Puntualmente, el senador se refirió a los 184 cargos de jueces nacionales y federales que están vacantes, que si se incluye a las fiscalías y defensorías oficiales supera los 200 puestos, sin mencionar los lugares que van quedando por funcionarios judiciales que se jubilan. Además, en este punto, el radicalismo también pide la implementación del sistema acusatorio.

En el reciente informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se anunció que el sistema acusatorio se debería haber comenzado a aplicar en el distrito de Mar del Plata, Bahía Blanca y CABA. En caso de la Ciudad hay que aclarar que el Gobierno tiene plazo hasta agosto de 2025. Esta reforma es clave para atender las causas vinculadas con el narcotráfico. «Si no hay infraestructura y recursos para el fortalecimiento de la justicia todos los anuncios del Gobierno son un biri biri porque las causas no van avanzar», advirtió a Clarín un legislador con llegada a los tribunales de Comodoro Py.

En el Congreso sospechan que la intención del Gobierno es empezar a enviar los pedidos de acuerdos del Senado en tandas reducidas. Y en cierto modo es algo que quedó reflejado en el informe que presentó Francos en el que precisa que se enviarán los pedidos de nombramientos de jueces y fiscales de Santa Fe, Rosario y San Nicolás. En total serían unas 30 vacantes a cubrir.

Pero la misión no es simple porque estos cargos son parte de la negociación política. «El Gobierno tiene que generar acuerdos para designar a los jueces y fiscales sino esta situación va a terminar siendo un negocio para los abogados penalistas que van a defender a las personas y las causas se van a trabar», apuntó.

Sin embargo, la cuestión de fondo sigue siendo la conformación de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a lo confiado por fuentes legislativas, el peronismo, que es la llave para destrabar las designaciones de jueces y fiscales, mantiene su plan de avanzar con un acuerdo global, que incluya las dos vacantes en el máximo tribunal como así también el resto de los cargos que están desiertos en el Poder Judicial.

Al parecer siguen las conversaciones subterráneas entre José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, y el oficialismo, pero no trascendió si logran avanzar en un acuerdo. En este escenario, el peronismo insistió con que están abiertos al diálogo aunque mantienen la máxima de Cristina Kirchner de que uno de los dos lugares que están sin ocupar en la Corte debe ser para una mujer propuesta por la fuerza opositora mayoritaria.

Además, en Unión por la Patria van comenzando a descartar la posibilidad de avanzar en una ampliación de la Corte, que era una de las opciones que habían planteado los dialoguistas para destrabar la negociación, con una conformación de 7 ministros. Pero según dejaron trascender, a Santiago Caputo, el asesor estrella del Gobierno, no le termina de cerrar la propuesta porque sospecha que Milei podría quedar disminuido frente al poder del máximo tribunal.

Entre los aliados hacen otra lectura de la jugada de la Casa Rosada. «Estamos yendo a un proceso electoral y el oficialismo va a esperar un cambio en la composición del Congreso con la intención de sumar más legisladores para definir los próximos pasos y no volver a caer en el error de Lijo y García-Mansilla», señaló un senador del espacio dialoguista que aseguró que «nadie quiere hablar ahora de la Corte».

Por fuera de la lógica de la motosierra que predica el Gobierno, los senadores nacionales se aprestan en los próximos días a incrementar sus dietas a una cifra que supera los $9 millones en bruto. Es que el congelamiento que regía sobre los sueldos -impuesto en agosto y prorrogado en enero- venció el 31 de marzo último. Durante todo el mes, los legisladores eludieron el debate. La última oportunidad fue cuando se dispusieron a homenajear al papa Francisco en el recinto.

Con el descongelamiento de sus dietas, los senadores pasarán a cobrar en mano un haber que oscilará entre $6,5 y los $7 millones, lo que se traduce en más de un millón de pesos con relación a lo percibido el último mes, según pudo constatar , de acuerdo al recibo de sueldo de algunos legisladores.

La nueva remuneración surge del aumento del módulo, referencia por la que se calcula la escala salarial de los empleados legislativos, el cual se mantenía congelado desde agosto. Pero con el vencimiento del 31 de marzo, el valor de la unidad pasó a $2225,25, de acuerdo a lo expuesto por la página oficial del Senado.

Por otro parte, a principios de abril el gremio de personal legislativo APL, que comanda Norberto Di Próspero, cerró una paritaria que lleva el valor de referencia a $2285. Al multiplicarlo por los 4000 módulos que componen los haberes de un senador con gastos de desarraigo, surge el total en bruto que los senadores comenzarán a cobrar en mayo: $9,1 millones.

Esta nueva remuneración supera 23 veces al actual salario vital y móvil de abril, registrado en $296.832. Representa un aumento 18 veces mayor con respecto a una jubilación mínima compuesta por el bono de $70.000.

Según pudo corroborar , un diputado que representa una provincia cobró el mes pasado entre $4,3 y $4,5 millones, en mano, mientras que durante el mismo período algunos senadores percibieron un sueldo neto de entre $5,4 y $5,8 millones.

Además, la futura dieta de los senadores podría superar en un 60% a los haberes que perciben los diputados, si se tiene en cuenta que estos últimos cobrarán un bruto aproximado de 5,7 millones, al tiempo que el salario bruto de los integrantes de la Cámara alta será de $9,1 millones.

El debate por las dietas de los senadores se desató en abril pasado cuando los legisladores votaron a mano alzada una resolución que duplicó sus ingresos y sumó una dieta decimotercera, a modo de aguinaldo. Además, los miembros de la Cámara alta modificaron la cantidad de módulos por el que se calculan sus ingresos, enganchados a las paritarias legislativas.

Básicamente, a partir de allí, comenzaron a cobrar los 4000 módulos: 2500 en concepto de dietas, 1000 por gastos de desarraigo (en el caso de los senadores que responden a las provincias) y 500 por gastos de representación. En aquel entonces, incrementaron sus haberes de $2 millones a una cifra cercana a la de $4,5 millones brutos. Sin embargo, la polémica se desató cuando el valor de unidad de referencia aumentó por paritarias y llevó sus ingresos a un número que superaba los $7,5 millones de pesos, lo que derivó en duros cuestionamientos por parte del Poder Ejecutivo al Senado y su máxima representante, Victoria Villarruel, hoy completamente relegada de las negociaciones con la Casa Rosada.

Fue en aquel momento, que todos los bloques de la Cámara alta coincidieron en congelar sus dietas hasta el 31 de diciembre. Una vez vencido el plazo, en período extraordinario, la propia Villarruel prorrogó la medida hasta el 31 de marzo, por medio de una resolución respaldada por los legisladores. Ahora, retomada las sesiones ordinarias, son los senadores los únicos que pueden frenar la suba. Un tema que, según coinciden muchos, no forma parte de la agenda. Villarruel intentó tomar distancia del debate por las dietas.

“Hasta ahora no se habló”, admitió un senador que no tiene intenciones en disimular el malestar que le provoca que se ponga bajo la lupa el aumento de dietas. No es el único. Por lo bajo, varios integrantes del Cámara alta, reparan en el gasto que implica para los oriundos de otras provincias, instalarse durante toda la semana en la Ciudad.

Otros van un poco más allá. “¿Alguien habla de lo que gana un CEO en una empresa nacional o lo que cobran en el Poder Judicial? Después, el Ejecutivo tiene sueldos bajísimos, pero que me cuenten de qué viven”, cuestionó otro legislador, que también insistió en la dificultad de costearse los gastos de comida, alojamiento y otros gastos.

A pesar de la resistencia de muchos senadores, la problemática de las dietas fue un tema que se intentó abordar en la última reunión de labor parlamentaria del martes pasado, cuando finalmente se definió postergar el debate de Ficha Limpia para el próximo 7 de mayo, al igual que la aprobación de los pliegos de Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia, postulados como embajadores en Estados Unidos y España.

En su lugar, se fijó la sesión en homenaje al papa Francisco que se llevó adelante este jueves. “Cuando se atinó a hablar dos segundos de eso, se pasó de largo”, reveló un alta fuente legislativa del oficialismo al referirse a la indiferencia expresada por los jefes de bloque al ser consultados sobre el asunto de las dietas. “No es oportuno, no estamos de acuerdo, pero no tenemos los votos”, se excusó la misma fuente.