La Justicia argentina y la Unidad de Información Financiera (UIF) analizan cómo pedirán parte de los 10 millones de dólares que su par uruguaya cobró ayer por el campo “El Entrevero” que el empresario K Lázaro Báez había comprado con 14 millones de dólares de la corrupción con obras públicas en la Argentina.

La Justicia uruguaya consideró que Báez lavó esa plata en su territorio y, por lo tanto, el delito se había cometido en su jurisdicción, pero se trató de fondos públicos argentinos que Báez obtuvo de sobreprecios y obras cobradas pero no terminadas cómo quedó demostrado en la causa Vialidad donde se lo condenó, junto a Cristina Kirchner, a 6 años de prisión.

En agosto pasado, Báez fue condenado -además- a una pena de 4 años y medio de prisión por lavado de activos agravado, al haber comprado El Entrevero. Fue una causa conexa a la Ruta del Dinero K, entre otras condenas.

El fallo del Tribunal Oral en lo Federal 4 (TOF4) fue por la mayoría Jorge Gorini y Néstor Costabel, mientras que la jueza María Gabriel López Iñíguez sostuvo disidencias parciales. La acusación estuvo a cargo del fiscal Abel Córdoba,de la AFIP y de la UIF. El TOF también dispuso un decomiso de 14 millones de dólares.

Fuentes del TOF 4 informaron a Clarín que ahora “se verá la forma de avanzar” con el reclamo a la Justicia del Uruguay en este caso testigo de cooperación con bienes decomisados.

El reclamo al vecino país ya había empezado en la instrucción con el juez federal Sebastián Casanello. Para fuentes de Comodoro Py el campo es un bien “decomisable (adquirido con fondos ilícitos) por lo que el producto de su remate debiera haber ido, en todo o en parte (de acuerdo a la buena voluntad uruguaya), al Estado argentino”.

En paralelo, el titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, en consulta con la Cancillería, verá también como hacer el reclamo a Uruguay.

El ex titular del organismo antilavado, Mariano Federici, recordó que en el 2019 “ya lo reclamamos a la justicia como querellantes, y es la justicia argentina la que debe reclamarlo ahora a Uruguay”.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se firmó con Uruguay un acuerdo para la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional con este caso y el de Balcedo a la vista, entre otros.

El entonces canciller Jorge Faurie y su par de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, suscribieron un Acuerdo Marco entre ambos países para la Disposición de Bienes Decomisados. El acuerdo estableció “los mecanismos de cooperación y negociación para la recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional, cometidos en el otro país”.

“Es un estándar y una buena práctica internacional establecer acuerdos entre países para compartir bienes decomisados en causas de corrupción y lavado, cuando el esfuerzo por investigar y despojar a los delincuentes de sus bienes haya sido compartido” recordó Federici en diálogo con Clarín.

En 2019 Argentina y Uruguay suscribieron ese acuerdo marco en tal sentido.

Federici subrayó que “fue el primer acuerdo de ese tipo que el país suscribía, reflejando un compromiso conjunto de Argentina y Uruguay en la lucha contra estos delitos y un espíritu de cooperación” que ahora se debe poner en práctica.

El campo “El Entrevero”, en José Ignacio, decomisado a Lázaro Báez, representa “el producto de un delito investigado y juzgado en Argentina, donde la víctima es el Estado Argentino”, detalló el experto en lavado.

Por lo tanto, “la justicia argentina y la justicia uruguaya deberían ponerse de acuerdo en como se distribuye el valor al cual fue rematado para que nuestro país pueda recuperar parte de lo que le fue robado”, enfatizó Federici.

Pero hay otro caso en carpeta. En 2018, el exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) Marcelo Balcedo solicitó el refugio en Uruguay para evitar ser extraditado a la Argentina, donde cumple una condena a más de cuatro años de prisión por «lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas».

Balcedo fue detenido junto a su esposa en enero de 2018, en su lujosa mansión «El Gran Chaparral» de Playa Verde, en Maldonado, Uruguay. Fue por una causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos abierta en Argentina. En la mira estaba el desvío de 500 millones de pesos del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad entre 2012 y 2018.

En el operativo, del que participaron fuerzas de ambos países, descubrieron que el sindicalista y empresario tenía 500 mil dólares, armas de fuego de distintos calibres y autos de lujo que no estaban a su nombre. La flota incluía una Ferrari, un Mercedes Benz y un Chevrolet Camaro. Un Porsche, en tanto, estaba registrado a nombre de su esposa. Todos estos bienes también fueron decomisados en parte por la Justicia del Uruguay y también son motivo de reclamo de la Argentina.

En ese sentido en noviembre pasado, el Procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, instruyó a los fiscales para que impulsen el dictado de medidas cautelares sobre los bienes sospechosos de origen ilícito en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y terrorismo.

Las cautelares permiten asegurar el decomiso de los bienes del corrupto o lograr eventuales sanciones como el cobro de multas y el pago de indemnizaciones, tras los juicios.

En una instrucción, Casal también les ordenó a los fiscales hacer “una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela al objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en casos graves de criminalidad económica”.

Se trata de una profundización de la doctrina de los decomisos anticipados de bienes, en general, se dictan después de las condenas que tardan varios años en llegar. Y está en el marco de recomendaciones de organizaciones como el Banco Mundial que prefieren que los corruptos devuelvan el dinero robado al Estado, más que cumplan condenas de prisión.

Mientras, el kirchnerismo bloquea en el Congreso el proyecto de ley de Extinción de Dominio que facilitaría estos decomisos.

Un caso emblemático es el de la ex presidenta Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la condenó a 6 años de prisión y dispuso el decomiso de 84.835 millones de pesos a ella y los otros condenados, cifra que será actualizada al momento en el fallo en que quede firme​. El fiscal del juicio Diego Luciani estimó que el direccionamiento de licitaciones de obra pública a favor de Lázaro Báez implicó un robo de “mil millones de dólares” de bienes del Estado. Pero cómo cobrarlo cuando la Corte decida si confirma la sentencia, será otra historia.