El fiscal de instrucción Matías Di Lello pidió esta semana al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte, Horacio Rosatti, que le informe “si existen o existieron en dicho organismo denuncias de empleados o dependientes donde se indique la existencia de actividades de inteligencia ilegal dentro de ese organismo”.

En un dictamen, al que accedió Clarín en fuentes judiciales, Di Lello hizo esa solicitud en el marco de la investigación por el robo de 82 declaraciones juradas de bienes de jueces que estaban guardadas en la Magistratura, la mayoría de ellos que intervinieron en causas contra Cristina Kirchner.

El caso empezó a principios de junio de 2022 cuando se descubrió que las declaraciones de 83 jueces y funcionarios judiciales habían sido robadas o husmeadas por desconocidos. Las víctimas de esa intrusión fueron, entre otros, dos de los jueces del Tribunal Oral Federal Dos que terminó condenado a Cristina Kirchner a 6 años de prisión en la causa Vialidad: Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. En cambio, la declaración de Jorge Gorini no fue sacada de su sobre lacrado.

Como consecuencia de un sumario administrativo por ese robo la abogada María Victoria Pérez Bayonso hizo una denuncia penal por supuesto acoso sexual y espionaje ilegal contra su jefe Federico Vincent que cayó en manos del fiscales Matías Di Lello (hijo del fallecido fiscal federal Jorge Di Lello). La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió mandó, por otra parte, una carta a Rosatti manifestando su preocupación por un sumario contra Pérez Bayonso.

Para profundizar la pesquisa, Di Lello señaló que Pérez Bayonso “expresó que un dependiente de dicho Consejo, cuyo apellido resultaría ser Leguizamón, quien en el pasado se habría encontrado a cargo de la Oficina de Declaraciones Juradas, habría sufrido también tareas de inteligencia ilegal en su domicilio”.

El fiscal Di Lello contó a Rosatti que Pérez Bayonso menciona que otra empleada, María Inés Brenna era la “jefa de Vincent” y contó que la querellante “ha manifestado haber sufrido tareas de inteligencia ilegal en su vida privada, las cuales habrían tenido origen en un problema de índole laboral ocurrido en ese Consejo, donde también habría sido amenazada en nombre de un ex agente de inteligencia”.

Por otra parte, de una detenida lectura «de la carpeta personal Nro. 13693, perteneciente a María Inés Brenna, se advierten la existencia de diversas inconsistencias”.

En primer lugar, de una primera respuesta del Consejo surge que se “desconocía la repartición donde la nombrada (Brenna) habría prestado servicios desde el año 2018 a la fecha, habiéndose inclusive intimado a la misma a presentarse personalmente el día 13 de mayo de 2024 a los fines de regularizar su situación”.

En función de esta situación para determinar “qué funciones tenía Brenna y dónde prestaba servicios cuando los hechos acaecían, solicito se informe si a se ha establecido la oficina y/o vocalía donde habría cumplido funciones la nombrada en el período que va desde el año 2018 a la fecha”.

En tal caso, “solicito brinde dicha información especificando la oficina y período correspondiente. En caso negativo, se informe si se ha abierto sumario administrativo a fin de determinar dicha circunstancia, debiendo remitir el mismo”.

Según fuentes del Consejo de la Magistratura -el organismo que selecciona, propone y destituye jueces- Brenna pasó a trabajar en la vocalía de la diputada K Vanesa Siley, una aliada de su compañero de bancada y ex director de Contrainteligencia, Rodolfo Tailhade.

El fiscal Di Lello observó “en relación a la fecha de ingreso de Brenna al Consejo, que habría sido el 5 de julio de 1999 sin perjuicio de lo cual no existe agregada documentación acreditante de dicha circunstancia sino a partir del año 2012, sin perjuicio de lo cual del Legajo 5210 perteneciente a Vincent surge que con fecha 28 de diciembre de 2009, éste la habría reemplazado en el cargo ante su licencia por maternidad”.

Además, el fiscal preguntó si por la denuncia presentada en por la nombrada Perez Bayonzo, se “ha abierto sumario administrativo a Federico Vincent».

Para el fiscal la causa que tiene, abierta por la denuncia de Pérez Bayonso, podría “configurar prima facie los delitos de abuso sexual simple, amenazas coactivas y actividades de inteligencia ilegal”.

En medio de un escándalo en marzo pasado, el Consejo de la Magistratura de la Nación había separado al director de Personal Federico Vicent acusado de supuesto acoso sexual y otros doce funcionarios mientras se intercambian acusaciones por la violación de las declaraciones juradas de bienes de jueces y la actuación de bandas de “espías de la AFI K”, dentro del organismo. Rosatti, le tomó juramento al nuevo administrador Alexis Varady y comenzó una “limpieza” de funcionarios que habían sido nombrados por el kirchnerismo.

Varady reemplazó hace dos semanas a Claudio Cholakian, un abogado de “Justicia Legítima”, que había sido nombrado en el 2020 con el apoyo del kirchnerismo y él mismo fue uno de los “perseguidos” por los K.

Además, de Vicente se removió a otros 12 funcionarios que habían sido apoyados por los representantes de Cristina Kirchner quien controló, hasta diciembre de 2022, el Consejo de la Magistratura.

En diciembre de 2022, la Corte declaró inconstitucional la ley había impulsado la ex presidenta para reducir de 20 a 16 los consejeros y así permitir que el gobierno de turno tuviera una mayoría.

La activación del protocolo de género de la Magistratura contra Vicent se puso en marcha después de que su subordinada María Victoria Pérez Bayonzo le hizo una denuncia penal por supuesto acoso sexual ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra Mujeres.

En su denuncia, Pérez Bayonso recordó que en días previos a la intrusión “Vincent me citó a su despacho, me hizo algunas “recomendaciones” en nombre de «un ex agente de los servicios de inteligencia, y me dijo que me comenzara a callar más la boca, que tenga mucho cuidado en denunciarlo porque esto se iba a poner peor”.

Pérez Bayonso ingresó a la Magistratura el 16 de Junio de 2016, desempeñándome como Secretaria Privada de la Presidencia de dicho organismo, a cargo del abogado Miguel Alberto Piedecasas y dos años después pasó cuando pasé a prestar funciones en la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, a cargo de Federico Vincent.

Vicent negó la acusación pero la interna de la Magistratura está que arde por aquel robo de declaraciones juradas de magistrados.

Las declaraciones juradas tienen una parte de acceso público y otra secreta donde están los datos privados de los jueces como el número de sus cuentas bancarias.

Luego de esa intrusión los celulares de los jueces Basso y Giménez Uriburu fueron hackeados en una operación de inteligencia que se investiga en otra causa en la que está imputado el diputado K Rodolfo Tailhade y el dirigente de la Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez. En la causa está procesado el ex agente de Inteligencia de la Policía Federal, Gabriel Zanchetta, entre otros.