La Cámara Federal de San Martín ordenó hoy la liberación de Alesia Abaigar, la funcionaria bonaerense que llevaba 12 días detenida acusada de haber arrojado estiércol frente a la casa del diputado José Luis Espert.

La Cámara revirtió la decisión de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que el viernes pasado había ordenado que Abaigar dejara la cárcel de Ezeiza y cumpliera prisión domiciliaria por razones de salud, pero que se había negado a excarcelarla con el argumento de que, en libertad, podría complicar la investigación o fugarse.

El fallo de la Cámara, que lleva las firmas de los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, sostiene que la expectativa de pena de los delitos por los que se investiga a Abaigar no justifican tenerla detenida y que tampoco hay elementos para creer que, de quedar en libertad, podría entorpecer la investigación o escapar de la Justicia.

El fallo de la Cámara destaca que Abaigar “aportó voluntariamente la clave de desbloqueo de su teléfono celular y de su computadora personal” y sostiene que ”no se advierte −ni la a quo [por Arroyo Salgado] logra indicar en concreto− cuáles serían, por caso, aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas en caso de que la causante recupere su libertad ambulatoria».

Los camaristas Barral y Lugones afirmaron que, hasta el momento, tampoco aparece “suficientemente verificado” el riesgo de fuga de Abaigar.

Destacaron que cuando fue allanada su casa −el día que la detuvieron−, ella “se identificó correctamente” y “no evidenció una intención elusiva”. Y que eso, “conjugado con sus condiciones personales”, indica que el riesgo de fuga “podría verse neutralizado con la adopción de alguna de las medidas alternativas” que contempla la ley. Entre esas “condiciones personales” incluyeron que tiene una residencia fija y que no registra antecedentes penales.

Desde el viernes, Abaigar estaba detenida, con tobillera electrónica, en su casa de Vicente López. Con su liberación −sumada a las de otros tres militantes kirchneristas, dispuestas el sábado− queda solo una imputada detenida, presa en la cárcel de Ezeiza: la concejal de Quilmes Eva Mieri.

Abaigar, de acuerdo con lo sostenido en la causa penal por la jueza Arroyo Salgado cuando le negó la excarcelación, está acusada de los delitos de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por ideas políticas. El tipo penal más grave que, según la jueza, podría haber cometido Abaigar es el previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime a quien participa −aunque sea de modo transitorio− de una agrupación con fines de imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza. Este artículo establece penas de prisión de tres a ocho años.

Cuando le tomó declaración indagatoria, la jueza le dijo a Abaigar que se la acusaba de “haber participado” junto con otras personas del “hecho que habría ocurrido el día 17 de junio de 2025 entre las 18:00 y 19:30 horas aproximadamente” en el lugar en donde reside el diputado nacional José Luis Espert, junto con su pareja y los hijos de ella. “En esa oportunidad, la totalidad de los intervinientes, con sus rostros cubiertos con barbijos y prendas de vestir tales como capuchas, bufandas y cuellos, colocaron en la reja instalada en el frente del domicilio mencionado un pasacalle con la escritura que decía ‘Acá vive la mierda de Espert’; a la vez que, esparcieron estiércol sobre la vereda perteneciente al domicilio de mención, el cual transportaron en bolsas de plástico color blanco», relató Arroyo Salgado.

Y agregó: “Mientras se retiraban del lugar arrojaron, sobre esa misma vereda y en sus inmediaciones, 51 panfletos que en ambas caras llevaban la leyenda ‘Espert sos una mierda… Con Cristina no se jode’”.

La jueza expuso además que “para llegar al domicilio antedicho y luego retirarse, los 7 individuos utilizaron dos vehículos”, un Renault Clio que pertenecería a Abaigar y una camionetą de la empresa Centro Construcciones, que cedió su uso a la Municipalidad de Quilmes el 20 de abril del año 2022″. Arroyo Salgado sostuvo que ambos vehículos “tenían intervenidas sus chapas patentes con cintas adhesivas de color negro”.

El caso del avión Bombardier Global 5000 que había llegado el 26 de febrero a Aeroparque, y que quedó en el ojo de la polémica luego de que trascendiera que presuntamente no se revisaron las 10 valijas de equipaje que traía, sumó un nuevo capítulo.

Este lunes, los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez presentaron en la Justicia un dictamen en el que reconstruyeron cómo fue la llegada al país de la aeronave y sumaron imágenes que alertan sobre un aparente no control sobre la totalidad del equipaje.

El tema, hecho público en su momento por el periodista Carlos Pagni en LN+, había sido desmentido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El avión, que aterrizó en Aeroparque el 26 de febrero, pertenece al empresario Leonardo Scatturice y transportaba como única pasajera a su empleada, Laura Belén Arrieta. Los hallazgos desmienten la negativa del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien calificó el hecho como “fácticamente imposible”, y un comunicado de la Aduana que aseguró la realización de todos los “controles de rutina” sin novedades.

Laura Belén Arrieta es una joven argentina de 32 años con domicilio en la Capital Federal. Según registros públicos, trabajó en dos líneas aéreas y realizó cursos de azafata y tripulante de aviación ejecutiva. Hoy figura como empleada de OCP Tech y COC Global Enterprise, dos compañías tecnológicas fundadas por el empresario Leonardo Scatturice.

Su nombre cobró notoriedad por su rol en la organización de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en Buenos Aires en diciembre. En ese evento, donde disertó el presidente Javier Milei, Arrieta participó activamente y se fotografió con los principales referentes libertarios.

El dictamen elaborado por el fiscal Claudio Navas Rial y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, afirma que de las diez valijas que llegaron en el avión, solo cinco fueron declaradas y ninguna pasó por los controles correspondientes.

El documento se basa en el material fílmico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los fiscales señalan: “Se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (…) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje”.

El informe subraya la diferencia de trato con otros pasajeros que arribaron en el mismo lapso. “Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión”, sostiene el texto.

Los fiscales concluyen que “el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero”. El dictamen también describe un “comportamiento inusual” de Arrieta, basado en el testimonio de un agente que la vio entregar un celular a una funcionaria de Aduana, quien luego realizó un gesto de “okey”.

Leonardo Scatturice es un empresario tecnológico radicado en Miami, dueño de OCP Tech y empleador de Arrieta. Su figura es clave, no solo por ser el propietario del avión, sino por sus nexos con el poder. Scatturice se integró a la cúpula de la CPAC en Estados Unidos gracias a sus vínculos con Matt Schlapp, un influyente lobista, y Barry Bennet, uno de los principales estrategas de Donald Trump.

A través de esos lazos, Scatturice abrió puertas para los libertarios en Washington. El empresario, que tiene un pasado ligado a una agencia de inteligencia privada investigada en la causa “Dark Star”, es ahora uno de los accionistas de la aerolínea Flybondi.

El vuelo avión que llegó a Aeroparque es un Bombardier Global 5000, con matrícula de los Estados Unidos N18RU. La aeronave pertenece a la firma COC Global Enterprise. Según la versión oficial inicial, el avión estaba “en tránsito” con destino final a París, por lo que el equipaje de la bodega no se descargó y quedó bajo guarda en un hangar de Royal Class durante ocho días. El 5 de marzo, partió a Francia con una escala en Tenerife.

Adorni evitó hoy responder a las consultas de sobre el tema.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.