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Romina Del Plá: “Declarar la educación como servicio esencial es una cortina de humo”

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«En primer lugar, tenemos que ser claros: es una gran cortina de humo. Declarar la educación como servicio esencial no tiene nada que ver con preocuparse por la educación», afirmó Del Plá, señalando que la medida es más un ataque a los derechos laborales que una solución real a los problemas del sistema educativo.

La dirigente también criticó la subejecución presupuestaria en áreas clave como la infraestructura escolar, el servicio alimentario y los programas socioeducativos, destacando que el recorte salarial y el ajuste en la educación están afectando gravemente a las provincias, donde los conflictos salariales y las luchas contra el presentismo se han intensificado.

En cuanto a la viabilidad del proyecto que pretende garantizar 180 días de clases, incluso durante huelgas, Del Plá fue tajante: «Es completamente inviable. Pretenden que uno haga funcionar la escuela en forma plena con un porcentaje pequeño del personal, lo que pone en riesgo a los chicos». Además, denunció que la medida parte de un supuesto falso, ya que «las escuelas están abiertas los días que hay paro, aunque algunos docentes se adhieran».

Además, recordó que esta iniciativa no es nueva y que ya había sido intentada durante la presidencia de De la Rúa, bajo el mando de Patricia Bullrich, siendo luego anulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violar los derechos constitucionales y los tratados internacionales.

Finalmente, Romina Del Plá llamó a la movilización y la lucha para evitar que el proyecto se apruebe en el Senado, advirtiendo sobre el riesgo de que se convierta en ley. «La clave es luchar para que no se apruebe. Necesitamos un paro nacional y un plan de lucha para acompañar a las provincias que están en huelga», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Polémica por los más de dos millones de dólares y propiedades sin declarar del nuevo jefe de la DGI

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Se conoció que el nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, tras los cambios propuestos por el presidente Javier Milei ente la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), posee más de dos millones de dólares y propiedades en el exterior sin declarar.

A través de una investigación periodística del medio La Nación, se divulgó que el funcionario que lleva más de 35 años como empleado de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, compró tres inmuebles en Estados Unidos (EE.UU), por un valor de más de dos millones de dólares que nunca consignó en sus declaraciones juradas, a pesar de estar obligado por ley federal.

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Según constataron desde el medio en cuestión y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), no existen registros de las propiedades de Vázquez, ni del origen de sus exorbitantes ingresos que le permitieron adquirir fondos por un valor tan elevado.

El funcionario sostiene sus ingresos a través de un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Dichas compañías, abarcan una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami, detalla el informe periodístico.

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Ya en 2011, el recientemente designado titular de la DGI en la era Milei, había sido denunciado, junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez, por poseer una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao, con 442.113 dólares, que no había informado y que giró hacia Luxemburgo, un conocido paraíso fiscal.

Pero en 2022 logró ser sobreseído por el juez federal y candidato de la gestión libertaria a miembro de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo. Vázquez, de 64 años, lleva en la gestión pública desde 1990, cuando se convirtió en titular del área de inteligencia fiscal de la AFIP, y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana del ente recaudador entre 2009 y 2016.

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