POLITICA
Rosario: el Gobierno busca modificar la ley de Seguridad Interior para potenciar el rol de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas en Rosario. Foto: ReutersLa ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, en la ciudad de Rosario (Foto: REUTERS/Stringer). El comité de crisis en la ciudad de Rosario. REUTERS/Stringer
El Gobierno tiene intención de “ir a fondo” en la lucha contra los narcos en la ciudad de Rosario y busca potenciar el rol de las Fuerzas Armadas en las zonas de operación. Según pudo saber TN, el Ejecutivo está terminando de definir la modificación de la Ley de Seguridad Interior que presentará ante el Congreso.
Un funcionario le expresó a este medio que quieren ampliar el artículo 27 de la ley para darle “más movilidad a las fuerzas y que puedan involucrarse en situaciones de terrorismo que requieran orden”. Lo hablaron el lunes en el comité de crisis la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
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“Por el momento, solo pueden actuar en legítima defensa, no se pueden acercar a las zonas de combate ni participar de las operaciones. La idea es que puedan tener mayor injerencia y acción con las debidas capacitaciones de prevención“, ampliaron desde la Casa Rosada.
Las Fuerzas Armadas solo pueden brindar asistencia en vehículos, comunicación, armas, sanidad, alojamiento e ingenieros por el momento. Es por eso que Petri puso a disposición de Bullrich camionetas, helicópteros, lanchas, bases, ingenieros, cocinas de combate, enfermeras, colectivos y drones, entre otras.
Según pudo saber TN, la estrategia que definieron Bullrich, Petri, Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, es “ir a fondo contra los narcos”. No quisieron dar detalle de los territorios de confrontación para no revelar información operativa.
En el Gobierno sostienen que van a mantener esta postura y no descartan ser más rigurosos en los tratos con los presos a pesar de los asesinatos a civiles y las amenazas de los líderes narco. “Nos estamos preparando, todo el armamento, los vehículos y los agentes son para operar y desarmar el riesgo actual”, manifestaron a TN en la Casa Rosada.
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La cúpula del Ejecutivo no quiere dar plazos de resolución, pero sostienen que “vamos a estar en zona caliente hasta que baje la tensión con los civiles”. Las Fuerzas Armadas tienen que estar en el territorio hasta el 9 de julio y reconocen que se puede aplazar su estadía.
Más allá de la intención de Javier Milei sea ir a Rosario en las próximas semanas, en la Casa Rosada no confirman su viaje y le bajan el tono a su visita por “temas de agenda”.
El Ejecutivo quiere modificar la Ley de Seguridad Interior para que se puedan aislar territorios calientes e introducir el despliegue de las fuerzas federales, la formación de grupos de operaciones conjuntos y el “fortalecimiento de la investigación judicial contra las organizaciones”.
El Gobierno analiza incluir la reforma dentro del paquete de la Ley Ómnibus reducida -de 190 artículos- y apunta a generar un consenso con los gobernadores para legislarlo lo antes posible. Todavía siguen redactando el artículo.
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Pullaro se mostró ayer a favor de la presencia y de la acción del Ejército en su territorio: “Son ataques terroristas, necesitamos una presencia policial muy fuerte y que las fuerzas armadas las acompañen. Es terrorismo porque van contra los civiles. Nos vamos a mantener firmes”.
“Si el Ejército acompaña es mejor. Que venga el Ejército y las fuerzas federales podría ayudar a que le den paz a los rosarinos. El Ejército no está para tareas preventivas, pero son personas entrenadas con formación militar y podrían capacitarse para llevar adelante esa tarea”, agregó.
POLITICA
L-Gante: Se conoció la causa en su contra que podría llevarlo a la cárcel
Tras un mes cargado de tensiones y desmentidas, que incluyeron un polémico descargo en redes sociales donde el cantante L-Gante expresó que querían «verlo muerto», finalmente se confirmó un nuevo proceso judicial en su contra. Este proceso surge de un allanamiento realizado el 6 de junio de 2023 en su residencia en Moreno, que terminó con su detención.
La reciente imputación se centra en el «Artículo 145 bis: Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual y Laboral», en el marco de la Causa N.º 32370/2024, según la Ley 26.842. La denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos, con la acusación liderada por el fiscal Sebastián Basso.
Un proceso judicial controvertido
A pesar de que el abogado de L-Gante, Guillermo Gastón López, había enviado comunicados a diversos medios negando la existencia de nuevas causas en su contra, la denuncia fue iniciada por una fundación dedicada al acompañamiento de víctimas de trata y se gestionó inicialmente en la PROTEX (Procuraduría de Trata de Personas). Luego de una investigación preliminar, el caso fue transferido a la Fiscalía Federal N.º 1 de Morón.
El hecho más relevante de la denuncia surge del allanamiento de junio de 2023, cuando autoridades policiales y judiciales habrían manipulado pruebas, utilizando documentación falsa para hacer pasar por mayores de edad a dos menores presentes en la vivienda del cantante. Estas menores, cuyas iniciales son M.J.M. y M.C.M., son ahora testigos clave.
En la denuncia también se menciona el fallo previo del Tribunal Federal en lo Criminal N.º 3, donde L-Gante fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños. Además, se señala el riesgo de represalias por parte de su entorno, conocido como «La Mafilia».
Acusaciones de encubrimiento mediático
El manager de medios, Jorge Zonzini, quien representa a los denunciantes, declaró que existe un aparente «paraguas mediático» que busca desviar la atención pública con distracciones que involucran a figuras de la farándula. Según Zonzini, esta estrategia habría sido diseñada para minimizar la gravedad de los hechos y justificar la narrativa de una persecución racista o clasista contra el cantante.
«Mi rol profesional se limita a visibilizar un hecho puntual y romper con lo que parece un operativo de distracción», sostuvo Zonzini, en alusión a las recientes polémicas mediáticas con celebridades como Wanda Nara, Mauro Icardi y Tamara Báez.
Un fallo bajo sospecha
La defensa de L-Gante podría intentar invalidar el operativo policial al argumentar irregularidades, como la falsificación de identidades y la posible ocultación de pruebas clave, entre ellas el arma que lo vinculaba a la causa por privación ilegítima de la libertad.
El desenlace de este caso podría marcar un punto de inflexión en la carrera del cantante, mientras las denuncias y los rumores sobre la connivencia policial siguen siendo investigados. La imputación por trata de personas, sin duda, pone en juego su libertad y su imagen pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)
¿Justicia o persecución? La polémica está servida.
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