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Rosario: se creó una fiscalía distrital para luchar contra la violencia narco

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En medio de la escalada de violencia narco que sacude a la ciudad de Rosario, la Procuración dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito.

Este organismo fue creado mediante la Resolución PGN N° 18/2024 y será implementado este lunes por medio del Código Procesal Penal Federal de Santa Fe. También incluye la modificación de la estructura fiscal de investigación en esa provincia.

Leé también: Cómo operan Los Rosarinos, los miembros de la banda que está detrás de los autos quemados y las amenazas a Bullrich

En la resolución que habilitó la creación de esta fiscalía, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dijo que se da “en el marco de la emergencia que atraviesa la provincia de Santa Fe, derivada del accionar de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”, pero sobre todo después de los atentados, balaceras y amenazas que se orquestaron por bandas narcocriminales desde adentro de las cárceles federales.

Una de las tantas notas amenazantes que dejaron los autores del crimen del playero en Rosario.

“Se detectaron maniobras y delitos asociados que eran planificados desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Esto derivó que en 2021 se conforme una mesa de trabajo institucional, de donde salió un informe que incluía una serie de recomendaciones para evitar dichas maniobras”, explicó el procurador.

A pesar de los esfuerzos y de las restricciones por parte del Gobierno para quitarle los beneficios y comunicaciones a los líderes de las organizaciones narco, como lo hizo Patricia Bullrich con “Los Monos” y “Los Rosarinos”, los delitos se incrementaron en Rosario. Los homicidios de los últimos meses, sumado a las amenazas contra la ministra de Seguridad y el gobernador de Santa Fe, obligaron a la Procuración a tomar medidas urgentes.

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Así será la nueva estructura de la Fiscalía de Distrito

De acuerdo al documento al que accedió TN, la Fiscalía de Distrito de Rosario estará conformada por la Unidad Fiscal Santa Fe (UFSF), la Unidad Fiscal Rosario (UFR) y las Sedes Fiscales Descentralizadas de Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, San Lorenzo y San Nicolás de los Arroyos, está última con asiento en la provincia de Buenos Aires.

La resolución firmada por Eduardo Casal. (Foto: MPFN)
La resolución firmada por Eduardo Casal. (Foto: MPFN)

Con este nuevo diseño, el organismo estará bajo la coordinación del fiscal general Oscar Fernando Arrigo y contará con el apoyo de 12 fiscales auxiliares. Además, la figura del fiscal revisor recaerá en Martín Suárez Faisal, y se designó como fiscal revisor suplente a su colega Federico Reynares Solari.

  • La Unidad Fiscal Santa Fe (UFSF) reemplazará a la actual Fiscalía General ante el TOF y a las fiscalías federales N°1 y N°2 con asiento en esa ciudad. Estará a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel quien también estará al frente del Área No Penal de la UFSF y mantendrá la representación en materia electoral en la jurisdicción.
  • La Unidad Fiscal Rosario (UFR) será encabezada, provisionalmente, por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y suplantará a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, a las fiscalías generales ante los TOF N°1, N°2 y N°3 y las fiscalías federales N°1, N°2 y N°3 rosarinas.
  • La resolución designó a los fiscales federales Onel, Arzubi Calvo, Roberto Salum y Matías Di Lello al frente de las sedes fiscales Descentralizadas Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y San Nicolás de los Arroyos, respectivamente, que reemplazarán a las actuales fiscalías Federales de primera instancia de esas ciudades.
  • El fiscal general Oscar Fernando Arrigo y el fiscal federal Claudio Kishimoto encabezarán el Área de Transición de la Unidad Fiscal Rosario, mientras que María Cecilia Ramallo ejercerá la titularidad del Área de Ejecución Penal. Arrigo también se hará cargo del Área No Penal de la UFR y Montefeltro hará lo propio en el Área de Atención a las Víctimas.
  • Se mantendrán las delegaciones regionales de la PROCUNAR, la PROCELAC y la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) y de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de la Jurisdicción Rosario, al tiempo que se mantendrá la intervención de las y los fiscales en las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Santa Fe, Rosario y San Nicolás.

Narcotráfico, Rosario, Santa Fe

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Juan Pazo, el otro funcionario del Gobierno que es investigado por su participación en sociedades en el exterior

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Además del titular de la DGI, Andrés Vázquez, otro funcionario del gobierno está involucrado en la trama que investiga la compra de propiedades en Estados Unidos a través de sociedades radicadas en el exterior. Se trata del nuevo titular de ARCA, Juan Pazo, muy cercano a Luis Caputo, relacionado en el capítulo que tiene como protagonista central al diputado nacional Cristian Ritondo y a su esposa Romina Diago.

De acuerdo a la investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), la sociedad Goformore LLC de Diago le compró un departamento a Harbour House 1533, de Pazo. Fue el 14 de marzo de 2013 cuando adquirió la propiedad, ubicada en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach. La operación, según plantean los investigadores, se hizo por US$ 580.000.

Juan Alberto Pazo es el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y políticamente responde a Luis “Toto” Caputo, con quien trabajó hasta el mes pasado en el Ministerio de Economía, antes de asumir en reemplazo de Florencia Misrahi como titular del ente tributario que sucedió formalmente a la ex AFIP.

Ese departamento, según una información de ElDiarioAr, fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$ 650.000, cuando Diago constituyó un fideicomiso, Warwick Trust, y abrió otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) como manera de resguardo de una propiedad en Florida valuada en ese valor.

En su momento, Clarín consultó a fuentes cercanas a Pazo por cómo se dio esa operatoria. «No hay nada que explicar. La empresa vendió esa propiedad hace 11 años«, argumentaron y recordaron que Pazo, en ese entonces se desempeñaba de manera completa en el sector privado y no cumplía tareas de funcionario. También sostuvieron que Pazo, cuando ingresó al Gobierno, presentó todo como corresponde ante la OA, al igual que su esposa.

Denuncias contra Pazo

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Según reseñó el sitio Letra P en una nota reciente, Pazo cuenta con varias denuncias en la Justicia. Por caso, una de ellas la radicó el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade, que detalló que en 2018, Harbour House 1533 se desprendió de ese inmueble, pero adquirió otra propiedad del mismo condominio que, según la tasación estadounidense, alcanza el millón de dólares. En ese entonces Pazo era superintendente de Seguros (SS) del gobierno de Mauricio Macri y no informó ese inmueble en su declaración jurada.

También se vincula a Pazo con la creación del «Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros» (Prosas), que era conocido en el sector como Seguro Verde, a través del cual recibían el aporte «voluntario» de las compañías y que estaba compuesto del «1% sobre las primas emitidas netas de anulaciones correspondientes a los contratos de seguro de los Ramos Vehículos Automotores y/o Remolcados, Transporte Público de Pasajeros y Motovehículos.

Ese Seguro Verde motivó dudas sobre irrregularidades en torno al manejo de los fondos que se recaudaban allí y de la voluntariedad del mismo. En el juzgado federal del juez Sebastián Ramos se tramita una denuncia, que apunta directamente contra Pazo y Guillermo Plate, actual superintendente, debido a la supuesta «protección» que se le brindaba a las compañías que se adherían al Prosas y pagaban esa tasa de 1%.

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