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POLITICA

Sabsay cuestionó a Milei y advierten que bajar 300 leyes con un decreto es «chavismo»

El constitucionalista rechazó el megadecreto y consideró que «no cierra por ningún lado». Su colega Andrés Gil Domínguez dijo que un «claro intento de suma del poder público».

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 El constitucionalista Daniel Sabsay rechazó el megadecreto de Javier Milei y consideró que «no cierra por ningún lado». Su colega Andrés Gil Domínguez dijo que un «claro intento de suma del poder público». El politólogo Gustavo Marangoni comparó el DNU con el chavismo y explicó que, si no se discute en el Congreso, abre la puerta que otro presidente anule las reformas sin pasar por el parlamento.

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El DNU elaborado por Federico Sturzenegger deroga o modifica más de 300 leyes, incluso normativas que están fuera de las facultades del Poder Ejecutivo. Esos errores abren las puertas a la judicialización del decreto y echan dudas sobre su aplicación.

Andrés Gil Domínguez.

«El presidente no puede dictar disposiciones de carácter legislativo salvo cuando circunstancias excepcionales lo impidan el procedimiento normal de sanción de leyes. Excluye cuatro materias que nunca pueden ser objeto de DNU: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral», explicó Sabsay.

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«Si uno observa el marco del DNU no cierra por ningún lado. Además, han irrumpido en cuestiones materia fiscal como el Código Aduanero. Dicen que es procedimental, pero un código es un todo, no se lo puede despiezar para hacer lo que yo quiero porque lo destrozo. Entonces. En este marco yo digo que es lamentable», rechazó.

Para Gil Domínguez el megadecreto es «un claro intento de suma del poder público, no acredita una situación de emergencia objetiva solo una necesidad de imponer un proyecto político». Domínguez señaló que la suma del poder es considerada como «traición a la patria» por el artículo 29 de la Constitución.

«¿Cómo van a modificar el Código civil y comercial por decreto?», se preguntó Marangoni. El consultor asimiló la figura de Milei a la de Hugo Chávez.

«Me recuerda a cuando nos reíamos de Chávez que iba por la calle y decía ‘exprópiese, exprópiese’. Acá hay alguien que dice ‘privatícese, privatícese’. Mañana puede venir otro que diga ‘exprópiese de nuevo’.», dijo en una entrevista con LN+.

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«Se entiende que hay una debilidad de origen en el presidente: ganó con comodidad en el balotaje, pero tiene escasos diputados o escasos senadores. Por eso eligió una alternativa de todo o nada», agregó.

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POLITICA

El Gobierno modifica el sistema antidumping para reducir precios de productos importados

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El Gobierno anunció una reforma integral del sistema antidumping para generar competencia entre productos nacionales e importados, con el objetivo de reducir precios y beneficiar a los consumidores. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó en su cuenta de X que los cambios impactarán en la oferta de bicicletas, multiprocesadoras, calefactores, ventiladores y otros productos. “Vamos a modificar profundamente el sistema antidumping para evitar abusos que redundan en mayores precios”, declaró el funcionario.

Entre las modificaciones clave, se reducirá la duración de las medidas antidumping: pasarán de un máximo de cinco años con renovaciones ilimitadas a tres años, con una única extensión de dos años. Además, los tiempos de investigación previos a la aplicación de estas medidas se acortarán de 12 meses a 8 meses. Según Caputo, este cambio busca frenar el encarecimiento de productos locales, que en muchos casos tienen precios hasta el doble que en otros países debido a las barreras comerciales.

El sistema antidumping había sido señalado como una traba para la competencia. Por ejemplo, las bicicletas cuentan con estas medidas hace más de 20 años, y productos como planchas eléctricas, calefactores y multiprocesadoras enfrentan derechos antidumping que van desde el 164 % hasta el 246 % sobre el valor de importación. Esto genera precios elevados: las planchas eléctricas superan los $100.000, mientras que en Europa cuestan menos de la mitad.

Otro cambio importante es la simplificación de los trámites. En lugar de presentar documentación en dos dependencias, todo se gestionará en la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Además, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor participarán en los análisis de casos para garantizar que las decisiones prioricen el interés público y los derechos de los consumidores.

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