Este lunes, el departamento de Angaco, en San Juan, fue escenario de una marcha multitudinaria en defensa de los puestos de trabajo de 28 empleados municipales presuntamente despedidos. La protesta también exigió un juicio oral para el intendente José Castro, a quien se acusa de manejar la situación con actitudes despóticas y de ejercer presión sobre los empleados afectados.

La causa judicial sostiene que los despidos son un hecho, pero Castro, en una declaración que parece contradecir el expediente, aseguró que “los trabajadores no serán despedidos”. Sin embargo, el jefe comunal fue enfático en señalar que no serán pasados a planta permanente, argumentando que no hay puestos disponibles en la estructura municipal.

La marcha, que encendió las alarmas sobre el creciente malestar social en el municipio, también reveló las profundas divisiones políticas. Castro insinuó que detrás de las protestas hay intereses vinculados a la gestión anterior, lo que agrega un tono de conflicto político a una situación ya de por sí delicada. “Esto tiene un trasfondo político”, afirmó el intendente, defendiendo su gestión.

Por su parte, Antonio D’Amico, secretario general de los empleados municipales, expresó su indignación y refutó las declaraciones del intendente. “La gente despedida estaba en planta permanente, algunos con más de 20 años de servicio. Es una lucha por la estabilidad laboral de personas que han dedicado su vida a este municipio”, denunció D’Amico. Además, acusó a Castro de liderar una “asociación ilícita” que actúa en perjuicio de los trabajadores.

D’Amico también mencionó las actitudes que considera arbitrarias por parte de Castro: “Creen que por tener el título de gobernador, vicegobernador e intendente pueden hacer lo que quieren. Nos están haciendo daño a todos. José Castro tiene actitudes violentas”, señaló, manifestando la indignación compartida por la comunidad.

La movilización incluyó llamados a futuras acciones de resistencia y a seguir luchando por la nulidad de las decisiones tomadas por la gestión actual. “Nosotros trataremos de resistir. Vamos a hacer una marcha por las calles. Hemos presentado la nulidad y denunciado la asociación ilícita que se armó”, declaró D’Amico, subrayando que la batalla legal y social está lejos de terminar.

La situación en Angaco deja ver un escenario de alta polarización política y un profundo malestar en la población, que continúa exigiendo respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades municipales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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