«Cuando uno es diplomático, la Convención de Viena es la que regula estas situaciones. Aunque la convención tiene varias décadas y podría necesitar actualizaciones, establece que los diplomáticos gozan de inmunidad en ciertos aspectos. El control vehicular en este caso no debería haber sido una sorpresa, pero lo que generó el conflicto fue la negativa de los diplomáticos a someterse a la prueba de alcoholemia», detalló Héctor Costa.

El abogado explicó que, si bien la ley contempla ciertas inmunidades, la situación no era sencilla. «El auto diplomático puede ser detenido, pero no se puede realizar un control exhaustivo. En este caso, tras negarse al control, se cometió una infracción, y fue necesario intervenir la policía federal. La situación escaló cuando se alegó resistencia a la autoridad», agregó.

Costa también profundizó en la preparación de la policía, sugiriendo que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires no estaba completamente equipada ni capacitada para manejar situaciones de esta naturaleza. «La policía de la Ciudad, a mi entender, carece de la formación adecuada para abordar este tipo de incidentes, y fue la Policía Federal quien resolvió la situación. Además, la policía local está muy concentrada en el control del narcotráfico y otros delitos menores, sin la capacidad de enfrentarse a situaciones complejas como esta», opinó.

En cuanto a la interpretación de la ley, Costa destacó un «gris» legal en torno a los derechos y responsabilidades de los diplomáticos en el contexto de controles de tránsito y alcoholemia. «Aunque los diplomáticos no deben someterse a ciertos controles, el vehículo en el que viajan sigue siendo parte del territorio del estado que representan. Esto genera muchas interpretaciones diferentes», explicó.

Finalmente, el abogado reflexionó sobre cómo la identidad de los involucrados en el incidente influyó en su repercusión mediática. «Si los diplomáticos hubieran sido de otro país, la situación no habría tomado tanta relevancia. En este caso, los medios de comunicación amplificaron el hecho, enfocándose más en el origen de los involucrados que en la legalidad del procedimiento», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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