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Sánchez sufre su primer caso de corrupción: la trama del asesor de Ábalos, un cisne negro para Moncloa

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«Estamos preocupados». La frase se repite en Moncloa desde que la Guardia Civil destapara un escándalo de corrupción que involucra a la mano de derecha del exministro de Transportes y diputado del PSOE José Luis Ábalos, quien aprovechando sus influencias cobró diez millones de euros en comisiones con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Se trata de Koldo García Izaguirre, asesor en los últimos siete años de Ábalos. Según las pruebas recolectadas por una investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -iniciada en 2021 por una denuncia del PP de Madrid-, habría incurrido en los delitos de concesión de adjudicaciones irregulares y posterior blanqueo de capitales con el dinero recibido. 

También ha sido detenida su esposa, Patricia Úriz, que llegó a trabajar como secretaria en el Ministerio de Fomento en la etapa de Ábalos.

La trama crece a medidas que se van conociendo los detalles de la investigación. A última hora de este miércoles, agentes de la Guardia Civil se presentaron en el Ministerio del Interior para interrogar al número dos de esta cartera a Rafael Pérez, por el contrato de 3,4 millones adjudicado a la empresa clave del caso, cuyo eje sería Koldo García.

Detienen a la mano derecha de Ávalos por el fraude de las mascarillas

También se ha conocido que el Govern de Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, realizó un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros en abril de 2020 a la empresa del asesor del exministro y que luego, en 2023, le reclamó 2,6 millones de euros por presuntas irregularidades.

En el Gobierno reconocen el «shock» y la «sorpresa». Califican de «vergüenza» los datos que se van filtrando. «Vamos a ser absolutamente contundentes», ha adelantado la portavoz Pilar Alegría.

El PP ya ha relacionado la trama con la destitución de Ábalos en 2021, decidida de forma sorpresiva por Sánchez. Koldo García, que pasó de chofer y escolta a hombre de máxima confianza del exministro, fue nombrado al inicio de la legislatura pasada consejero de Renfe Mercancías. 

Cuando Raquel Sánchez asumió como nueva ministra de Transportes decidió el inmediato  cese de Koldo. No se descartan posibles amaños también con contratos de Adif.

En el Gobierno reconocen el «shock» y la «sorpresa». Califican de «vergüenza» los datos que se filtrando. «Vamos a ser absolutamente contundentes», ha adelantado la portavoz Pilar Alegría

Desde Rabat, Sánchez ha tenido que responder a la pregunta del PP, traslada por los periodistas españoles que viajaron junto con la comitiva oficial. «Esto significaría que yo lo sabría», se ha desligado, molesto y con enfado, el presidente de Gobierno. «Por supuesto que no, rotundamente no», ha zanjado sobre su conocimiento del caso.

Ayuso premia a la funcionaria que firmó el contrato de las mascarillas de su hermano con una Consejería

Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo colaborará con la justicia y ha manifestado toda su reprobación y reproche del Gobierno a «cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones durante la tragedia de la pandemia de la covid».

Koldo García Izaguirre (izquierda) junto al exministro de Transportes y diputado del PSOE José Luis Ábalos.

El escándalo amaga con dejar al Gobierno sin una de sus grandes prédicas: la «transparencia» y la «ejemplaridad» frente a las decenas de casos de corrupción que salpican al PP, detonante de la moción de censura contra Mariano Rajoy. 

En muchos mítines, Sánchez ha hecho gala de esa «fortaleza». Suele contraponer la gestión limpia del PSOE frente a la «corrupción y utilización de las instituciones en beneficio propio de la derecha».

Tras el traspié en Galicia, Sánchez quiere acelerar la aprobación de la amnistía pero Junts no cede

Encima, la trama irrumpe tras la debacle en Galicia y las críticas internas por el descalabro territorial y por una estrategia de acumular poder -un híper-liderazgo sostenido por fuerzas nacionalistas y regionalistas- que, a juicio de estas voces, «vacía» al partido en casi todas las comunidades autónomas.

Sánchez sabe que ahora, además de la presión redoblada por su pacto con el independentismo catalán y la aprobación de la amnistía -que el PSOE da por segura más allá de que el acuerdo con Junts aún no está cerrado-, el PP, crecido tras las urnas gallegas, utilizará la trama del asesor de Ábalos para hurgar en un agujero que estaba cerrado: el de la corrupción de Moncloa.

«El PSOE tiene una cosa muy clara: la corrupción no la aceptamos. Vinimos al Gobierno de España quitando a un Gobierno corrupto», se ha defendido este jueves en el Congreso Santos Cerdán, número 3 del PSOE, quien conocía a Koldo García de Navarra y se lo «traspasó» a Ábalos.

En su tetris para llegar con vida a 2027, Sánchez contemplaba el malestar social por la amnistía y la pérdida de votos en el calendario electoral de 2024 (Galicia, europeas y País Vasco), pero no un caso de corrupción, un «cisne negro» que amenaza con hacer mucho daño al Gobierno.    





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Un sector de la CGT irá a la Justicia por la restitución de Ganancias y marchará a Tribunales

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Un sector de la CGT judicializará la restitución del Impuesto a las Ganancias y marchará al Palacio de Tribunales en los próximos días. Así lo definieron el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, en un encuentro realizado este jueves en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

Sin embargo, no se trató de una decisión unánime en el sindicalismo: no participaron de la reunión el líder de la CATT, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), ni su adjunto, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). Ambos -al igual que otros- eligieron tomar distancia a la espera de que la CGT defina en conjunto su estrategia contra Ganancias.

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Se espera que los abogados de la central obrera definan un curso de acción en los próximos días. Es la misma forma de proceder que llevaron a cabo con el mega DNU de Javier Milei, que terminó con el apartado de la reforma laboral judicializada.

La CGT todavía no definió una estrategia conjunta sobre la restitución del Impuesto a las Ganancias. (Foto: NA/ Daniel Vides).

Este jueves se decidió también crear una “mesa técnica” con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del Impuesto a las Ganancias. Además, acordaron realizar asambleas informativas una vez que se haga la presentación ante la Justicia.

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“Ganancias es un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios”, aseguró Pablo Moyano en el encuentro. Además, consideró que hay una “contradicción” por parte del Gobierno porque “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”.

En la misma línea, el líder de Camioneros confirmó que habrá una protesta con movilización a Tribunales a fines de julio o principios de agosto “para que los jueces entiendan que el salario no es ganancia”.

En tanto, la mesa chica de la CGT volverá a reunirse la semana próxima con una cuestión central por encima de todos los temas de la agenda sindical: cómo seguirá la relación con el Gobierno. Allí se discutirá también la estrategia judicial en torno a Ganancias. De momento, la intención es que las denuncias judiciales no sean impulsadas desde la central obrera, sino desde los sindicatos.

En este sentido, el Ejecutivo busca acordar con los gremialistas la reglamentación de la modernización laboral. De esta manera, intentan reducir los efectos de algunos artículos para evitar impugnaciones judiciales.

GANANCIAS, CGT, Gobierno

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