El legislador de la Coalición Cívica Hernán Reyes presentó un pedido ante la Oficina Anticorrupción (OA) para que Santiago Caputo, el poderoso asesor del presidente Javier Milei que mantiene una influencia decisiva en distintas áreas de Gobierno, sea reconocido como un «funcionario público de alta jerarquía» y quede atado a las obligaciones de la Ley de Ética Pública.

La presentación solicita que se intime a Caputo a presentar una declaración jurada patrimonial, que se lo incorpore como sujeto obligado al “Reglamento de Gestión de Intereses” y que sus actividades y reuniones sean registradas y fiscalizadas, hacia adelante y retroactivamente.

En su cuenta de X, Reyes afirmó: “No es tolerable que tengamos funcionarios en las sombras. Hay una persona que toma decisiones relevantes, pone y saca funcionarios, y decide las políticas de Ministros y secretarios, pero no se somete a los mismos controles”.

En su escrito, dirigido a Alejandro Melik, titular de la OA, Reyes dijo: “Venimos a solicitar que la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción determine con certeza el estatus del Sr. Santiago Luis Caputo, quien actualmente ejerce funciones de asesor presidencial del Sr. Presidente de la Nación (Dr. Javier Milei), a fin de que sea considerado un funcionario público de alta jerarquía”.

“Desde la asunción del presidente Javier Milei, Santiago Caputo ha ejercido un rol central en la planificación estratégica y en la toma de decisiones de gobierno, a pesar de no contar con una designación formal dentro de la administración pública”, señaló Reyes.

“Su influencia dentro del Gobierno se manifiesta en distintos ámbitos de la gestión estatal, al punto de que diversos actores políticos, periodistas y analistas lo han señalado como la figura más influyente después del propio Presidente de la Nación”, advirtió.

En términos formales, el vínculo del consultor con el Gobierno se reduce a un contrato de asesoría con la Secretaría General, lo que no lo obliga a presentar las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses que deben firmar los funcionarios.

“Resulta evidente que Santiago Caputo desempeña funciones de gobierno con un alcance equivalente al de un alto funcionario del Estado, sin estar sujeto a los controles, obligaciones y responsabilidades que la normativa vigente impone a los integrantes de la administración pública”, afirmó Reyes.

La presentación repasa los hechos que darían cuenta de la influencia de Caputo en la gestión de Milei, comenzando por los propios dichos del presidente al asumir, en diciembre de 2023: ”Es un gigante que suele mantenerse en la oscuridad, se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto».

“Su presencia en la Casa Rosada es constante y su actividad en la sede del Ejecutivo se extiende durante extensas jornadas laborales alcanzando hasta 17 horas diarias”, señaló Reyes, que dijo: “Su rol no se limita a la asesoría en comunicación política, sino que abarca la definición de políticas públicas estratégicas y la coordinación de áreas clave del Estado”.

El escrito remarca que la influencia de Caputo fue decisiva para desplazar a Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete, colocar a Santiago Neiffert al frente de la Side (exAFI) -un área que maneja fondos reservados, destaca el escrito- y para colmar con gente de su confianza áreas claves del Gobierno, como la comunicación y el Ministerio de Justicia, además de las empresas públicas.

Reyes tomó como ejemplo el Ministerio de Justicia, donde Caputo opera a través del secretario Sebastián Amerio, “quien actúa como el virtual número dos del ministro Mariano Cúneo Libarona y además funge como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura”, según la presentación de Reyes.

“El amplio ámbito de funciones del Sr. Caputo desconcierta a la organización estatal, acostumbrada a mantener una coherencia institucional formal e informal. En este caso, se produce un desfasaje. Santiago Caputo es, en los hechos, un funcionario público de alta jerarquía (un funcionario de facto), y debe ser sometido a las mismas normas de control y ética que los demás altos funcionarios”, afirmó Reyes.

El exsenador Edgardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel, fueron detenidos esta mañana para iniciar su extradición a la Argentina. La medida, ejecutada por Interpol en la capital de Paraguay, responde a una solicitud de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una investigación por presunto lavado de activos. Ambos cumplían arresto domiciliario en Asunción.

Qué pasó con Edgardo Kueider en Paraguay

El exsenador Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay para iniciar su proceso de extradición a la Argentina. La medida responde a una solicitud de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y fue ejecutada por Interpol en la residencia de Asunción donde el exlegislador cumplía arresto domiciliario. La detención se produjo este martes 29 de julio por la mañana, un día antes de una audiencia preliminar prevista en la causa que enfrenta en el país vecino.

Kueider permanecía bajo arresto domiciliario desde hace meses en Paraguay. Esa situación derivó de un procedimiento en la frontera donde fue interceptado con un bolso que contenía dólares, guaraníes y pesos en efectivo. Aquel hecho originó un proceso judicial en su contra en el país vecino, pero la detención actual obedece exclusivamente al pedido de la justicia argentina.

El juez paraguayo Rolando Duarte, quien ordenó la detención, explicó los pasos a seguir. En declaraciones al medio ABC Color, el magistrado detalló el procedimiento. “Una vez detenidos o puestos a disposición del juzgado, se realiza lo que se denomina la audiencia identificatoria. En esa audiencia se le consulta si se quieren someter al proceso de extradición”, informó.

Según Duarte, si los imputados aceptan la extradición, se inicia un procedimiento de entrega simplificado. Si la rechazan, comienza formalmente un juicio de extradición. “Se les va a dar el derecho a la defensa a estas personas l procedimiento ahora establecido en el Código Procesal Penal y el del Tratado de extradición entre Paraguay y Argentina”, afirmó el juez.

El pedido de la justicia argentina llegó a Paraguay en enero de este año. El Ministerio Público paraguayo solicitó información complementaria al considerar que la documentación inicial no cumplía con todos los requisitos formales de los tratados internacionales. Tras recibir los documentos adicionales, la Fiscalía General del Estado de Paraguay solicitó la detención preventiva y el inicio formal del proceso de entrega.

Hace diez días, en una entrevista con , Kueider insistió en su inocencia y criticó el accionar de la jueza Arroyo Salgado. “Si la justicia de Arroyo Salgado continúa con esta acusación, ya permítame dudar si realmente quiere llegar a la verdad, porque a esta altura del partido tiene que estar recontra probado que no tengo nada con la causa de Securitas”, manifestó.

En esa misma conversación, expresó su deseo de volver a la Argentina para ver a sus hijos, algo que no podía concretar por una prohibición de salida del país dictada por la magistrada. Kueider enfrenta el proceso judicial sin inmunidad, ya que fue expulsado del Senado.

Sobre su destitución, Kueider señaló: “En el Senado no se respetó el derecho de defensa, no se cumplió el reglamento, no se me dio oportunidad de ir y dar mi descargo, no hubo presentación de prueba. Fue una decisión política demagógica. Algunos senadores fueron en extremo demagogos, como es el caso del senador Luis Juez y de la presidenta del Senado, que facilitó esa situación. La jueza Arroyo Salgado pide minutos antes del inicio de la sesión el desafuero sin ninguna condena ni procesamiento. No es el hecho de que me hayan expulsado, sino la manera en la que me expulsaron”.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.