El Gobierno nacional continúa con su estrategia de privatización de empresas públicas, y el último movimiento clave fue el desembarco de Tristán Socas como nuevo presidente de Energía Argentina (Enarsa).

Esta designación es parte de un plan encabezado por Santiago Caputo, asesor presidencial, con el objetivo de privatizar Enarsa y sus activos, entre los que se destacan las grandes obras de infraestructura energética, como los gasoductos de Vaca Muerta.

Socas, un especialista en finanzas, reemplaza a Juan Carlos Doncel Jones, un abogado que había sido nombrado en su momento por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. La llegada de Socas es una jugada que busca acelerar la privatización de Enarsa, cuyo valor de mercado podría superar los 1.500 millones de dólares, especialmente tras las reformas que el gobierno de Javier Milei está impulsando en el mercado energético.

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Una maniobra para reducir el déficit fiscal

El principal objetivo del gobierno de Milei con la privatización de Enarsa es reducir el déficit fiscal generado por las pérdidas económicas de las empresas públicas. A través de la Ley Bases, aprobada recientemente, el gobierno busca desprenderse de activos estratégicos para obtener dólares que permitan sostener un proceso económico con un tipo de cambio controlado.

Este movimiento también representa una oportunidad para el asesor Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo, de tomar decisiones clave en el sector energético, desplazando a Rodríguez Chirillo, quien hasta ahora había sido el encargado de las políticas energéticas del país.

Obras claves para la privatización

Enarsa tiene bajo su responsabilidad varias obras cruciales para el abastecimiento energético del país. Entre ellas se destacan la reversión del Gasoducto Norte y la finalización de la planta compresora de Salliqueló, ambas vinculadas al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en Vaca Muerta. Estas obras, que debieron estar finalizadas antes del invierno, sufrieron demoras debido al cambio de Gobierno y a problemas con la importación de materiales en un contexto de escasez de dólares. Se espera que las obras se terminen entre septiembre y octubre de este año.

La reversión del Gasoducto Norte, a cargo de empresas como Techint, Sacde y BTU, permitirá a la Argentina prescindir de la importación de gas desde Bolivia y negociar compras con Brasil o Chile en caso de ser necesario. Además, la planta compresora de Salliqueló permitirá aumentar la capacidad de transporte del GPNK a 21 millones de metros cúbicos diarios, consolidando la sustitución de importaciones caras por el gas natural de Vaca Muerta, más barato y eficiente.

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Uno de los movimientos que más impacto político podría tener es el cambio en el diseño del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Originalmente, la obra conectaría Salliqueló con San Jerónimo, en Santa Fe, pero ahora el Gobierno evalúa modificar la traza para que vaya hacia el norte, desde Chacharramendi, en La Pampa, hasta La Carlota, en Córdoba.

Este cambio, aunque podría generar ahorros en la construcción, golpea políticamente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, adversario de Milei, y podría provocar nuevas demoras debido a la necesidad de realizar estudios ambientales y obtener permisos que ya estaban listos para la traza original.

Más activos en juego

Enarsa también tiene bajo su gestión las represas hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro, las importaciones de gas desde Bolivia y Gas Natural Licuado (GNL), y la administración de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, cuya construcción está actualmente paralizada. Estas concesiones son parte de los activos que el Gobierno pretende licitar y privatizar en los próximos meses.