La amnistía que negocian a contrarreloj el PSOE y Junts -la Comisión de Justicia tiene hasta el 7 de marzo para firmar un nuevo dictamen- vuelve a empantanarse por una decisión judicial. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo considera que Carles Puigdemont asumió el «liderazgo absoluto» de Tsunami Democràtic, «un grupo organizado de carácter terrorista».

De esta manera, los fiscales avalan la causa por terrorismo instruida por García-Castellón, una investigación que deja afuera al expresidente catalán de la amnistía, motivo por el que Junts exige redactar una ley que blinde al independentismo de estas causas. 

La resolución ocurre tan solo 24 horas después de que el PSOE y sus aliados festejasen la respuesta enviada por la Oficina Federal de Justicia de Suiza al juez español Manuel García-Castellón cuestionando su causa por terrorismo instruida contra 12 dirigentes catalanes, entre ella Puigdemont y la líder de ERC, Marta Rovira, prófugos de la justicia.

El informe de la Junta de Fiscales del TC ubica a Puigdemont como el líder «absoluto» de ‘Tsunami Democràtic’ por su «patrocinio intelectual y ético».

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Así lo ha apuntado el fiscal Fidel Cadena en 14 folios, en los que recoge el sentir de los fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo que el pasado 6 de febrero votaron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo en este expediente.

Esa mayoría tumbó el informe redactado por el fiscal del TS Álvaro Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad y de terrorismo contra Puigdemont, sólo desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.

Los firmantes defienden que de la exposición razonada del juez Manuel García Castellón «se desprende la existencia de una pluralidad de ilícitos penales cometidos por el movimiento ‘Tsunami Democràtic’».

En este sentido, insisten en que «desde el principio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones».

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Por lo tanto, concluyen los fiscales, las conductas descritas en la causa pueden considerarse, «al menos en este momento procesal», como «ilícito penal y concretamente como delitos de terrorismo».

Tras conocerse el contenido del informe de la Junta de Fiscales, Puigdemont lo ha calificado de «dinamita para el Estado de Derecho». «No me cabe duda de que entre jueces, fiscales, policías y determinados políticos y medios abundan los artificieros del Estado de Derecho, que creen que cualquier medio es lícito para defender a España. Y tampoco cabe duda de que entre los que se supone que no son de esta trama corrupta se encuentre la voluntad y el coraje de perseguir estas conductas, que claramente son delictivas», ha escrito en la red social X el líder de Junts.