SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de que se conociera hoy el telegrama de despido que recibió la jefa del centro de atención del local del PAMI en El Bolsón y que otros dos empleados fueran sancionados por adherirse el pasado miércoles 18 al paro convocado por ATE en rechazo a la confirmación de la condena de Cristina Kirchner, desde la asociación indicaron que mañana realizarán la primera jornada de protesta en la provincia de Río Negro, con movilizaciones regionales a las principales sedes de PAMI.

“El sindicato realizará en las próximas horas una presentación judicial contra las sanciones y despidos informados esta mañana por telegrama en la agencia del PAMI en El Bolsón”, advirtieron desde ATE. Agregaron que “el personal perjudicado realizó un paro semanas anteriores garantizando guardias mínimas y sujetos a derecho, por lo que el gremio aguarda un rápida respuesta favorable de la Justicia laboral”.

En tanto, Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE, afirmó: “Las represalias de las autoridades tienen objetivos políticos: buscan generar miedo y disciplinar a los trabajadores y para eso requieren vulnerar derechos. Necesitan echar personal con años de trayectoria para copar de militantes libertarios el PAMI y todos los organismos del Estado nacional”.

La controversia surgió hace una semana, cuando trascendió que los empleados de PAMI El Bolsón cerraron el local de la institución para adherir a la movilización por la expresidenta y no atendieron a los afiliados. “Gente mayor que llegó al lugar y no fue atendida en todo el día. Un desastre”, dijeron a este diario fuentes al tanto del expediente interno que se abrió en la institución.

Sin embargo, desde ATE afirmaron que se montó una guardia mínima para atender urgencias. “Tenemos pruebas de que ese día hubo atención al público. En ningún momento no se atendió. ATE llevó adelante una acción en todo el país y en cada uno de los organismos estatales nacionales se garantizaron las guardias mínimas. La Libertad Avanza está usando de manera política esta situación”, dijo Rodrigo Vicente, trabajador de PAMI y secretario general de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro.

Asimismo, Vicente apuntó hoy contra el coordinador del PAMI, Juan Viñals: “Unos 360 millones de pesos adjudicados por PAMI a la compra de leña para jubilados desaparecieron de Río Negro. Viñals debería responder por qué pasaron 90 días y los jubilados y afiliados a la obra social no tienen ni siquiera una bolsa de leña”. Según explicaron desde ATE, cada beneficiario de PAMI (unos 1145) tiene derecho a recibir 1000 kilos de leña. Agregaron que “en estos momentos están atravesando la peor ola polar del año y no tienen cómo calefaccionarse en parajes donde no hay gas”.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, se hizo eco de la denuncia en su cuenta de X: “Los recursos fueron enviados hace más de tres meses y no aparecen. 44 millones estaban destinados a la localidad de Maquinchao, que el último domingo fue la ciudad más fría de la Argentina con una temperatura de 16,2° bajo cero. Son más de 1200 los beneficiarios de la obra social estafados en esa región. No tenemos que descartar que esta suma millonaria para leña vaya a parar a la campaña partidaria de octubre”.

Desde el sindicato también vienen denunciando que la senadora por Río Negro de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, “utiliza de manera política todos los eventos sociales que se realizan en el PAMI” y “se pasea haciendo campaña con recursos del Estado”.

En un comunicado difundido hoy, ATE Río Negro indicó: “Mientras en una de las zonas más frías de la Argentina, como es la Región Sur, los jubilados se mueren de frío, esta señora ‘empresaria’ bien conocida por vecinos estafados en la venta de lotes en San Antonio y por todas las personas afiliadas a su partido sin autorización debiera dar la cara, responder por los funcionarios por ella asignados y rápidamente devolver a los beneficiarios de PAMI sus recursos”.

Por su parte, Villaverde indicó que lo ocurrido en El Bolsón “es una muestra más del mal uso militante de algunas instituciones del Estado por parte de algunos empleados públicos”. A su vez, desde LLA Río Negro manifestaron recientemente que existe un “pacto de impunidad entre el gobernador Alberto Weretilneck y los Aguiar”.

A través de un comunicado, indicaron: “Denunciamos con firmeza el escandaloso esquema de privilegios que Rodolfo Aguiar y su hijo Romeo sostienen dentro del PAMI: el primero figura como empleado desde 1999, pero abandonó toda función efectiva en 2003 tras obtener una licencia gremial permanente como secretario general de ATE; el segundo ingresó sin concurso en enero de 2022, designado delegado y eximido de fichaje gracias a un acuerdo político-sindical promovido por su padre”.

Finalmente y tras considerar que el despido y las sanciones a los empleados de la delegación de PAMI en El Bolsón buscan “disciplinar a los trabajadores”, Romeo Aguiar señaló: “Así como revertimos en la Justicia la anulación del día del trabajador del Estado volveremos a poner a este gobierno en sus cabales: vamos a reincorporar a cada uno de los agentes despedidos por la mafia libertaria”.

Rodeada de casi todos los gobernadores, su gabinete y con la plana mayor de La Cámpora en la primera fila, Cristina Kirchner anunció el 16 de abril de 2012 la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que por entonces estaba en manos de la española Repsol.

La por entonces presidenta, hoy con prisión domiciliaria acusada por corrupción en la obra pública, envió ese día un proyecto de ley al Congreso en el que se declaraba de “interés público y nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos”. La iniciativa tuvo amplio respaldo en ambas cámaras y se avanzó de esta manera en la expropiación, que derivó en un juicio contra la Argentina que tramita en los tribunales de Nueva York.

Por la decisión de Cristina Kirchner, se abrió un conflicto con Espña, que denunció que se había “roto la seguridad jurídica” y califició de “arbitraria” y “hostil” la expropiación. La Unión Europea y Estados Unidos también criticaron el avance del entonces gobierno argentino.

La votación de la expropiación de YPF , que fue lo que originó el proceso judicial en Nueva York, se realizó en 2012. La ley fue sancionada en Diputados, con el apoyo mayoritario del kirchnerismo y sus aliados.

El proyecto para expropiar el 51% del patrimonio de YPF que envió la entonces presidente Cristina Kirchner fue aprobado en una sesión maratónica el 3 de mayo de ese año por 208 votos afirmativos contra 32 negativos. Pro, Coalición Cívica y Unión Celeste y Blanca fueron algunos de los que rechazaron el proyecto kirchnerista.

Entre los legisladores que votaron afirmativamente hubo muchas voces que hoy critican al kirchnerismo. Entre ellos, Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, Mario Negri, Gerardo Milman, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile o Julio Martínez, entre otros. Claro que también se destacan referentes que hoy están cerca de la ex presidenta Cristina Kichner, como Diana Conti, Carlos Heller, Andrés Larroque, Facundo Moyano, Mayra Mendoza, Agustín Rossi, Felipe Solá, Victoria Donda, Fernando Solanas, Héctor Recalde, Rosana Bertone, y hasta Omar Perotti.

Entre los que votaron negativamente, en cambio, están Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca, Eduardo Amadeo, Alberto Asseff, Gustavo Ferrari y Laura Alonso, entre otros. Los ausentes más notables en esa votación: Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Oscar Aguad y Silvia Majdalani.

Un mes antes en el Senado, la iniciativa obtuvo 63 votos afirmativos y 3 negativos. Los que rechazaron la iniciativa fueron Juan Carlos Romero, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso. Se ausentaron Carlos Saúl Menem y Roberto Basualdo, mientras que se abstuvieron Norma Morandini, Blanca Monllau, María Eugenia Estenssoro y Oscar Castillo.