POLITICA
Se filtró audio de Fernando Espinoza con Melody Rakauskas en el que ataca a la Justicia que lo protege
Mientras la causa por abuso sexual contra Fernando Espinoza continúa paralizada en Casación, un polémico audio al que tuvo acceso este medio expone al intendente de La Matanza cuestionando a la Justicia… justamente la misma que viene actuando de manera escandalosamente favorable a su defensa.
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La frase, que tiene ya algunos años, suena a ironía cruel. Porque si hay alguien que ha sido beneficiado por el aparato judicial, es precisamente Espinoza. A pesar de estar doblemente procesado por la violación de Rakauskas, logró salir del país pagando una fianza de 10 millones de pesos, supuestamente depositada por su hija, cuya procedencia jamás fue aclarada y derivó en otra acción judicial por corrupción y lavado de activos.
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La fiscal que intervino en la causa, Mónica Cuñarro, fue acusada reiteradamente por la querella de actuar de manera abiertamente parcial en favor del intendente. Un dato no menor: a Cuñarro se la ha vinculado sentimentalmente con el exministro de Justicia Aníbal Fernández, un hombre del riñón político de Espinoza.
Actualmente, el juicio está frenado por un recurso de queja interpuesto por la defensa del intendente ante la Cámara de Casación. Y aquí aparece otro de los mecanismos de impunidad: Casación no tiene plazos para resolver, lo que en la práctica le permite retener la causa indefinidamente, vulnerando el derecho de la víctima a obtener justicia en un plazo razonable.
En un escrito reciente, la defensa de Melody Rakauskas advirtió: “La demora en la resolución del presente recurso está generando un grave perjuicio para esta parte, al impedir la realización oportuna del juicio, afectando de manera directa el derecho de la víctima a obtener una respuesta judicial conforme a los estándares internacionales en materia de violencia de género”.
Como dijimos, Casación viene retrasando la causa desde el 25 de marzo y la única preocupación del juez Fernando Caunedo es desoír cualquiera de los escritos de la denunciante pidiendo que vele por sus derechos y garantías.
Como si esto fuera poco, Rakauskas denunció un nuevo hostigamiento por parte del entorno de Espinoza. La municipalidad de La Matanza -con el propio intendente como jefe político- inició una causa penal contra ella por “violación de secretos”. La querellante pidió la detención inmediata del intendente por desobedecer las restricciones judiciales, incluyendo una orden perimetral. Pero el juez Fernando Caunedo rechazó el pedido, minimizando el riesgo para la víctima y sin siquiera investigar el nexo entre el aparato municipal y los nuevos ataques judiciales.
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El juez Raúl Horacio Ojeda, que este lunes suspendió con un fallo 82 artículos de la reforma laboral que aprobó el Congreso hace poco más de un mes, es un exasesor del exministro de Trabajo Carlos Tomada, que tiene también un perfil universitario como docente y autor de textos sobre temática laboral.
Entre 2004 y 2012, Ojeda fue asesor de Tomada en asuntos legislativos. Tomada fue el único ministro de Trabajo que tuvo el kirchnerismo. Ejerció ese cargo en la totalidad de los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. En 2020, Ojeda fue recusado por Hugo Moyano en una causa en la que Tomada le reclamaba al gremio de los camioneros el pago de una multa de $ 4.000.000 por no acatar la conciliación obligatoria durante un conflicto gremial en el transporte de combustibles.
Ojeda se graduó en abogacía y procuración en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el año 1991. Cursó estudios de posgrado en las universidades españolas de Salamanca y Toledo. En su currículum, cuenta como experiencias docentes la de ser profesor adjunto regular en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UBA.
El juez laboral es autor de textos especializados en derecho del trabajo, como autor y coordinador. Entre esos títulos, están Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada (que consta de tres tomos); Jurisprudencia Laboral Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (cuatro tomos), o Tutela Sindical. Estabilidad del representante gremial.
Titular del juzgado del Trabajo N°63, Ojeda llegó a ese cargo en reemplazo de la jueza María Alejandra D’Agnillo. La magistrada renunció el año pasado y su última decisión de relevancia fue en septiembre de 2024, cuando falló en contra del sindicato de camioneros, que buscaba impugnar un acuerdo entre Mercado Libre y el gremio de Carga y Descarga, con el que mantiene una pelea por el encuadre gremial de los trabajadores. En 2012, luego de ser asesor de Tomada, a Ojeda lo habían designado al frente del juzgado Nº72.
El magistrado que le dio el primer golpe fuerte a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei tiene también actividad como conferencista en universidades. El 3 de junio de 2022, ante un auditorio de la Universidad Nacional del Nordeste, calificó de “nefasta” a ley de riesgos del trabajo, aunque rescató que permitió a los abogados laboralistas “mirar un poco más la Constitución”.
“Por ahí, nos pasamos de mambo y empezamos a pensar que todo lo que no nos gustaba era inconstitucional. Ya vamos a llegar al punto de equilibrio para ver que no hace falta plantear la inconstitucionalidad en todos los casos sino, a veces, la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de ley de contrato del trabajo de norma más favorable”, dijo el juez en esa charla universitaria.
En otro pasaje de la conferencia, en la que pasó por una diversidad de temas laborales, defendió el derecho a huelga. “El derecho a huelga sale del Pidesc (por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966), que es una norma universal de derechos humanos. El Pidesc también tiene la norma del derecho al tiempo libre”, sostuvo.
Ojeda es también fundador del Grupo de Estudio de Derecho Social. Es vocal de ese think tank que tiene, como uno de sus lemas, “Confiamos en la ciencia jurídica como un medio para la realización de la justicia social”.
El fallo de Ojeda que paralizó parte de la reforma laboral (hasta que se expida sobre el fondo de la cuestión, es decir, los pedidos de inconstitucionalidad de los 82 artículos que planteó la CGT) fue celebrado por la central obrera. En un comunicado, la CGT opinó que la sentencia es “una medida cautelar que respalda la organización sindical”.
“Celebramos esta decisión judicial como un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado y ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha en todos los ámbitos institucionales”, se concluyó en el comunicado con el que la CGT festejó el fallo de Ojeda.
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POLITICA
Fentanilo contaminado: el juez ampliará en abril las indagatorias a los imputados y la causa suma 111 muertes
El juez federal a cargo de la causa que investiga la muerte de 111 pacientes por fentanilo contaminado se dispone a ampliar en abril la declaración indagatoria de los 14 imputados. Cuatro de ellos están en prisión y dos cumplen arresto domiciliario. ¿La razón? En el expediente se acumularon nuevas pruebas en su contra.
Otra de las novedades de peso en la causa que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y su equipo, es que —a pedido del magistrado— el Cuerpo Médico Forense (CMF) completó los estudios sobre 160 historias clínicas de “111 pacientes fallecidos peritados” y de un total de “49 pacientes dados de alta peritados a los efectos de determinar y graduar posibles lesiones”.
Para esa tarea, el juzgado dispuso —con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)— el traslado de profesionales del CMF a distintos puntos del país, con el objetivo de realizar las entrevistas de rigor a las posibles víctimas, según el siguiente cronograma:
• El 5 de marzo, en la sede del CMF en la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron evaluados cinco pacientes de CABA y provincia de Buenos Aires.
• El 16 y 17 de marzo, en la ciudad de Rosario, en la sede de la Cámara Federal de Rosario, se analizaron 24 pacientes.
• El 18 y 19 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, en la sede del Juzgado Federal Nº 1, fueron evaluados 13 pacientes.
• El 26 de marzo, en la ciudad de Córdoba, en el Hospital Nacional de Clínicas, se examinaron cuatro pacientes.
• El 27 de marzo, en la ciudad de Formosa, en la sede del Juzgado Federal Nº 2, se analizaron tres pacientes.
La logística implementada por Kreplak no fue sencilla y requirió una planificación precisa: transporte para los profesionales, alojamiento y espacios de fácil acceso para los pacientes que debían ser peritados.
La tragedia ya es señalada como el mayor desastre sanitario del país y se la ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.
Hasta el momento, los acusados —propietario, accionistas, directivos y responsables de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma— fueron procesados por 20 muertes. A partir de abril (aunque las fechas aún no fueron fijadas), enfrentarán la posibilidad de ser indagados, al menos, por 111 fallecidos.
La expectativa de pena oscila entre 10 y 25 años de prisión, por los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.
Las defensas de los 14 procesados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata, cuyos magistrados trabajan actualmente en las observaciones presentadas.
Hasta ahora, la instancia superior avaló todo lo actuado por Kreplak. Confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García —directivo de los laboratorios involucrados en la contaminación bacteriana del fentanilo HLB Pharma y hermano de Ariel García, propietario de los establecimientos— y de Javier Tchukrán, director de Manufactura.
Ambos fundamentaron sus planteos en razones calificadas como graves, vinculadas tanto a su estado de salud como a sus situaciones familiares. Sin embargo, en primera instancia, el magistrado consideró que ninguno de los argumentos alcanzó el estándar legal requerido para modificar la medida cautelar.
También argumentó que: “Los riesgos procesales —peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación— permanecen vigentes, en función de la gravedad de la imputación, la escala penal y el rol atribuido a los acusados.»
En el expediente también fueron procesadas con prisión domiciliaria Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo. Otros ocho responsables de HLB Pharma y Ramallo S.A. fueron procesados sin prisión preventiva.
La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 49 sobrevivientes por la aplicación de ampollas del anestésico contaminado con bacterias multirresistentes.
El caso se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.
La investigación incluyó estudios bacteriológicos del Instituto Malbrán, que detectaron la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas.
En la causa constan los chats del “grupo empleados” que revela el descontrol que reunaba en los laboratorios propiedad de Ariel García.
Algunas de esas comunicaciones son explosivas. Literal. En un intercambio entre técnicos y responsables de la planta elaboradora, en el contexto de la manipulación y almacenamiento inadecuado de reactivos y sustancias químicas, uno de ellos dice: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”, se refiere a Laboratorios Ramallo, el lugar en donde el 18 de diciembre de 2024 se fabricó el lote 31202 de fentanilo contaminado.
Los chats también describen la falta de pintura, la imposibilidad de producir medicamentos porque escondieron drogas (reactivos) vencidas, su exposición al sol y la lluvia, y el riesgo de explosión:
• “Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”.
• “¿Usted sabía que dejaron todos los reactivos afuera abajo de la lluvia?”.
• “Y el sol que estuvo haciendo”.
• “Pudo haber explotado eso tranquilamente”.
• “Y con el agua capaz la mitad de las cosas se echen a perder”.
Y quizás, uno de los más llamativos fue el reconociiento de una de las técnicas del lugar: “El fentanilo dio mal”, escribió.
Para los investigadores de la causa, el personal describía de esa manera la improvisación y falta de previsión para tareas de control ambiental y de insumos, como el ocultamiento de sustancias vencidas y los riesgos derivados de las malas prácticas.
Hasta ahora, el análisis de las historias clínicas por parte del Cuerpo Médico Forence permitió determinar que, en al menos 111 casos estudiados, existió infección asociada al fentanilo adulterado y que la exposición a estos gérmenes incrementó el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.
POLITICA
La interna de Pro: la oposición a Mauricio Macri se quedó con el partido en Córdoba y se alió con el bullrichismo
CÓRDOBA.- El Pro de Córdoba tendrá nuevo presidente desde el 19 de abril próximo. Ese día asumirá Oscar Tamis, quien reemplazará a Oscar Agost Carreño, el dirigente cuestionado por Mauricio Macri, quien intervino el partido y perdió primero la batalla en la Justicia electoral y ahora la interna partidaria.
Tamis, exintendente de Oliva y exlegislador provincial, ganó la elección ya que en la compulsa no se presentó la lista opositora que encabezaba Hernán Cornejo. El dirigente es de la línea de la macrista Soher El Sukaria.
De un padrón de 16.000 afiliados votó ayer domingo algo menos del 10%. “La democracia interna no se cuestiona desde afuera ni se condiciona con denuncias mediáticas; se ejerce participando. Los afiliados del PRO Córdoba lo entendieron así y se expresaron en las urnas, defendiendo con su voto el derecho a elegir y a ser elegidos”, indicaron desde la lista que terminó electa.
Agost Carreño, exlegislador nacional que integró el bloque Encuentro Federal presidido por Miguel Pichetto, es el denunciante de la causa $LIBRA. En los últimos días, incluso, declaró a varios medios que lo que se conoce del teléfono del trader Mauricio Novelli es una mínima parte de lo que hay.
En esta oportunidad fue a la interna aliado con el sector que responde a Patricia Bullrich y que lidera la diputada nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado. La alianza, seguramente, no cayó bien en la Casa Rosada.
En diciembre de 2024, en una de sus últimas visitas a Córdoba, Macri además de resolver la intervención del PRO provincial, públicamente en una disertación apuntó contra Agost Carreño y pidió correrlo de ese cargo.
Laura Alonso, la extitular de la Oficina Anticorrupción y actual funcionaria de la ciudad de Buenos Aires, fue la interventora. En esa oportunidad, el actual titular del Pro cordobés definió: “Decidió volver a ignorar el federalismo y la democracia para seguir matando el gran partido que fundó”.
En la Justicia Electoral, Agost Carreño le ganó en dos oportunidades a Macri. En las elecciones legislativas del año pasado logró conservar el sello de Pro y fue cabeza de lista, aunque no renovó su banca.
La primera intervención fue declarada inválida por la Cámara Nacional Electoral al considerar que la reunión en la que se resolvió no tenía un orden del día claro, requisito esencial para garantizar “transparencia y previsibilidad”.
Cuando se intervino por segunda vez el partido amarillo en la provincia de Córdoba, la respuesta judicial fue la misma, que el acta no cumplía los requisitos. La tercera fue a inicios de diciembre pasado.
“Las tres intervenciones impulsadas por el Pro Argentina tuvieron motivaciones estrictamente políticas y buscaron impedir que los afiliados cordobeses puedan elegir sus autoridades en un proceso interno transparente y democrático”, sostuvo Agost Carreño. Su sector interno ratificó ahora la conducción partidaria.
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