POLITICA
Se filtró audio de Fernando Espinoza con Melody Rakauskas en el que ataca a la Justicia que lo protege

Mientras la causa por abuso sexual contra Fernando Espinoza continúa paralizada en Casación, un polémico audio al que tuvo acceso este medio expone al intendente de La Matanza cuestionando a la Justicia… justamente la misma que viene actuando de manera escandalosamente favorable a su defensa.
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La frase, que tiene ya algunos años, suena a ironía cruel. Porque si hay alguien que ha sido beneficiado por el aparato judicial, es precisamente Espinoza. A pesar de estar doblemente procesado por la violación de Rakauskas, logró salir del país pagando una fianza de 10 millones de pesos, supuestamente depositada por su hija, cuya procedencia jamás fue aclarada y derivó en otra acción judicial por corrupción y lavado de activos.
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La fiscal que intervino en la causa, Mónica Cuñarro, fue acusada reiteradamente por la querella de actuar de manera abiertamente parcial en favor del intendente. Un dato no menor: a Cuñarro se la ha vinculado sentimentalmente con el exministro de Justicia Aníbal Fernández, un hombre del riñón político de Espinoza.
Actualmente, el juicio está frenado por un recurso de queja interpuesto por la defensa del intendente ante la Cámara de Casación. Y aquí aparece otro de los mecanismos de impunidad: Casación no tiene plazos para resolver, lo que en la práctica le permite retener la causa indefinidamente, vulnerando el derecho de la víctima a obtener justicia en un plazo razonable.
En un escrito reciente, la defensa de Melody Rakauskas advirtió: “La demora en la resolución del presente recurso está generando un grave perjuicio para esta parte, al impedir la realización oportuna del juicio, afectando de manera directa el derecho de la víctima a obtener una respuesta judicial conforme a los estándares internacionales en materia de violencia de género”.
Como dijimos, Casación viene retrasando la causa desde el 25 de marzo y la única preocupación del juez Fernando Caunedo es desoír cualquiera de los escritos de la denunciante pidiendo que vele por sus derechos y garantías.
Como si esto fuera poco, Rakauskas denunció un nuevo hostigamiento por parte del entorno de Espinoza. La municipalidad de La Matanza -con el propio intendente como jefe político- inició una causa penal contra ella por “violación de secretos”. La querellante pidió la detención inmediata del intendente por desobedecer las restricciones judiciales, incluyendo una orden perimetral. Pero el juez Fernando Caunedo rechazó el pedido, minimizando el riesgo para la víctima y sin siquiera investigar el nexo entre el aparato municipal y los nuevos ataques judiciales.
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POLITICA
El Gobierno recibirá el jueves a las empresas de colectivo para evitar un paro: el conflicto de fondo


En el marco de un conflicto creciente y amenazas de paro, el Gobierno recibirá a las empresas de colectivo para tratar de llegar a un acuerdo sobre la actualización de los subsidios y así no solo evitar el corte, sino también regularizar el servicio, que ya está funcionando con demoras.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la administración libertaria, el encuentro se realizará este jueves, a partir de las 10:30, en la sede de la Secretaría de Transporte, que encabeza desde enero Fernando Herrmann.
Aunque hasta la publicación de esta nota no habían sido formalmente notificadas, las autoridades nacionales mandarán en las próximas horas las invitaciones a las partes involucradas.
Participarían representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Camara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).
En la previa de la reunión, el Gobierno tiene previsto transferirles a las operadoras los subsidis correspondientes a abril, “como se hace habitualmente, el cuarto día hábil de cada mes”.
En el sector privado aseguran que “es mentira que haya encuentros con frecuencia” y que el último “fue en enero”, cuando se acordó un aumento para la tarifa plana de los colectivos de jurisdicción nacional.
Efectivamente, en febrero el boleto pasó de 494,83 a 650 pesos, lo que representó un incremento del 31,36%, mientras que en marzo el precio se ubicó en $700, por lo que se agregó una suma de 7,69% extra.
De esta manera, en la Casa Rosada señalan que, en lo que va del 2026, se aplicó una actualización total del 41% sobre el pasaje, por lo que cuestionan los reclamos de las compañías de más fondos.
“Con esta medida, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía brinda mayor competitividad al sector y equipara los valores con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la Provincia de Buenos Aires”, se explicó en ese momento.
Por su parte, las líneas de colectivo sostienen que desde principios de este año no se modificó en el cálculo de los subsidios el valor de la nafta, que aumentó considerablemente como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.
“Las unidades utilizan el gasoil con tecnología europea, por el tema de la contaminación y demás, que subió incluso más que el convencional. Por lo cual, en treinta días pagábamos $1.400 el litro, y hoy está $2.150, y eso es en YPF, solamente. Axion hoy pasó el valor de $2.400 el mismo combustible, o sea, mil pesos más en relación a hace un mes atrás”, detalló Adrián Noriega, vocero de CEAP.

En un reciente comunicado, las cámaras informaron que, desde el miércoles pasado, iban a comenzar a “reducir la frecuencia de los servicios” ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados”.
Esta medida ya comenzó a generar complicaciones para los usuarios en varias partes del país y la situación se fue agravando, debido a la falta de un acuerdo entre las partes.
De hecho, Marcelo Pasciuto, director de CETUBA, advirtió que si no reciben los fondos correspondientes esta semana, podría haber un paro total: “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar”, señaló en diálogo con Futurock.
El concepto del combustible compone el 60% del total del cálculo de los subsidios que la Nación les entrega a las compañías, por lo que su actualización periódica suele ser el principal reclamo.
“Hay tres compañías principales que son las que distribuyen el combustible a las empresas: Shell, Axion e YPF. YPF hasta el fin de semana no estaba entregando y ayer lunes empezó a normalizar. Hoy Axion está en condiciones de suministrarte combustible a ese valor de $2.400 el litro y, aparte, todas te piden que lo pagues en efectivo o transferencia, antes de que te descarguen. Pero bueno, nosotros no discutimos el precio. Hay un contexto internacional que indudablemente no lo podemos desconocer, pero el costo es ese y en un mes se modificó en un 46%. Entonces, la verdad es que si no reconocen ese valor, magos no somos. Hace dos años la venimos pateando y han quedado empresas en el camino”, agregó Noriega.
Por su parte, las autoridades nacionales saben que las cámaras irán a la reunión del jueves para “pedir más plata”, en un escenario de pocos recursos, por lo que preparan la estrategia para intentar llegar a una solución y, de esa forma, evitar que el problema escale.
POLITICA
Ataque a la casa de Espert: revocan el procesamiento de la intendenta de Quilmes y reprochan decisiones de la jueza Arroyo Salgado

La Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar y el empleado público Iván Díaz Bianchi en la causa que investiga el ataque al domicilio del exdiputado José Luis Espert en junio del año pasado.
Mieri, Abaigar y Díaz Bianchi habían sido procesados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, luego de que comprobara, con chats y otros elementos de prueba, la participación de ellos en la protesta. Por ello, la magistrada los envió a prisión, lo que provocó los cuestionamientos del kirchnerismo.
Pero los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral sostuvieron que no está probado que existiera una “agrupación” con fines delictivos; que tapar una letra de la patente no encuadra como un delito; que no hubo amenazas en sentido estricto y que tampoco estaba claro que Mieri -hoy intendenta pero en ese entonces presidenta del Concejo Deliberante- tuviera acceso al auto municipal utilizado.
En el expediente quedó acreditado que, junto a otras cuatro personas, Mieri, Abaigar y Díaz Sánchez fueron hasta la casa de Espert en San Isidro a bordo de un vehículo de la municipalidad de Quilmes -con la chapa tapada- y que, con los rostros cubiertos, colocaron un pasacalle con insultos, arrojaron estiércol en la vereda, repartieron panfletos con consignas ofensivas (“Espert sos una mierda, con Cristina no jode”) y se fueron.
Arroyo Salgado detuvo y procesó a la ahora intendenta Mieri, a Abaigar y a Díaz Bianchi por los delitos de “atentado contra el orden público”, “amenazas agravadas”, “incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas”, entre otros.
Pero este martes la Sala II de la Cámara de San Martín dio vuelta esa decisión. Sostuvo que, por ahora, no hay suficiente prueba para procesarlos por esos delitos.
“A criterio del Tribunal los elementos probatorios colectados no resultan suficientes para confirmar los procesamientos de Alesia Abaigar, Eva Carina Alejandra Mieri e Iván Nicolás Díaz Bianchi, motivo por el cual se revocará el auto apelado y se dispondrá la falta de mérito para ordenar sus procesamientos o sus sobreseimientos”, indicaron.
Los hechos formaron parte de la reacción política contra el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En medio de algunas movilizaciones y protestas, Espert -que mantenía un perfil alto como diputado y candidato- había tenido expresiones contra la expresidenta y su hija Florencia.
Reproches
La Cámara de San Martín le hizo dos reproches a la jueza Arroyo Salgado. Uno, haber enmarcado los hechos en “un clima generalizado de hostilidad hacia funcionarios públicos, jueces, fiscales, representantes de grupos políticos”.
“La labor jurisdiccional debe -dijeron los jueces- ceñirse a los hechos objeto del proceso, puesto que son ellos -y no otros- los que delimitan el marco sobre el cual se encuentra habilitado el juez, como tercero imparcial, para resolver el caso”, dijeron los jueces.
El otro reproche, más llamativo, fue por no proceder al secuestro de once frascos de marihuana y otros elementos encontrados en el domicilio de la hoy intendenta Mieri durante el allanamiento.
“Siendo que, frente al anoticiamiento del hallazgo de variados frascos y bolsas con picadura y semillas de marihuana en el domicilio allanado, el hecho de no haber adoptado temperamento alguno -siquiera ordenar la realización de un test de orientación, ni su secuestro a los efectos de establecer las circunstancias de su tenencia- impone, como se dijo, llamar la atención a la magistrada de grado”, afirmaron.
Los magistrados recordaron que el país asumió compromisos internacionales al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes, lo que obliga a intervenir ante este tipo de hallazgos. Los procesamientos fueron revocados, pero la investigación del caso, no obstante, seguirá abierta.
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Citaron a declarar a las cuatro mujeres que le prestaron plata a Manuel Adorni para la compra de los departamentos en Caballito

El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas a Manuel Adorni que le permitieron comprar propiedades.
Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que permitieron la compra del departamento en la calle Miró donde hoy vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca no bancaria en un inmueble de la calle Asamblea, en Caballito.
Las dos primeras fueron citadas el jueves 9 y el resto el lunes 13.
El exfutbolista que fue el primer dueño del departamento de Adorni dio detalles de la operación inmobiliaria
La declaración del exfutbolista Hugo Morales aportó nuevos datos a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, centrada en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
El testimonio, realizado de manera virtual ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, se suma a una serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir el origen de los fondos y la estructura financiera de las operaciones inmobiliarias del funcionario.
Morales, quien fue el primer propietario del inmueble ubicado en la calle Miró al 500, afirmó que llevaba tiempo intentando vender la propiedad sin éxito debido a su estado. Según declaró, su intención inicial era obtener 250.000 dólares, pero el deterioro del departamento dificultaba concretar la operación.
En ese contexto, tras aproximadamente dos años sin ofertas concretas, recibió una propuesta por 200.000 dólares que finalmente aceptó.
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De acuerdo con su relato, la oferta fue presentada por “dos chicos”, a quienes no identificó con mayor precisión. El exjugador explicó que los vio nuevamente el día de la escritura, ocasión en la que también estaban presentes dos mujeres que posteriormente figurarían como acreedoras del crédito hipotecario utilizado por Adorni para adquirir la propiedad.
Morales indicó que la operación se realizó a través de una inmobiliaria de Mataderos, identificada como “Rucci”, y que recibió el dinero en efectivo.
Manuel Adorni
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