El Gobierno nacional, a través de un decreto, eliminó el asueto del Día del Empleado Público y argumento que busca terminar con privilegios injustificados. La decisión desató una ola de críticas y advertencias por parte de los sindicatos, especialmente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El presidente Javier Milei firmó el pasado miércoles 25 de junio el decreto 430/2025 publicado en el Boletín Oficial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida y argumentó que “el Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”. Adorni enfatizó que este día es pagado con el dinero de los contribuyentes y que la decisión está en línea con la visión del gobierno de terminar con el “culto al estatismo”.

La respuesta del gremio ATE no se hizo esperar. Su líder, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”. Aguiar instó a los afiliados a no cumplir con el decreto y a tomarse el día libre y argumento que el asueto fue establecido por ley y solo puede ser derogado por el Congreso.

La ley 26.876, que regía desde 2013, establecía el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado. Aguiar insiste en que, al ser una ley, solo el Congreso puede derogarla, no el Poder Ejecutivo mediante un decreto.

Además de llamar a no acatar el decreto, ATE anunció que presentará un recurso de amparo ante la Justicia. Aguiar advirtió que no descartan llevar adelante una medida de acción directa, como un paro, en las próximas horas. El sindicato convocó a una conferencia de prensa para este viernes en la Secretaría de Trabajo.

La derogación del artículo 2° de la ley 26.876 obliga a los empleados estatales nacionales a trabajar normalmente el 27 de junio. Sin embargo, el día no será considerado hábil administrativo para el cómputo de plazos legales.

En la conferencia de prensa, Adorni también criticó la gestión anterior, especialmente la de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y Malena Galmarini en AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos). Señaló que la obra del Sistema Riachuelo fue finalizada por la administración de Milei, a pesar de que Massa había afirmado que la terminaría un gobierno peronista.

Adorni también anunció cambios en los subsidios para clubes de barrio y indicó que se realizará una “revalidación de la inscripción” para percibir esos beneficios, con el objetivo de evitar que se destinen fondos a clubes de élite.

Consultado sobre el aumento del desempleo, Adorni minimizó el dato, calificándolo como una “suba marginal”. Argumentó que hay una mayor cantidad de argentinos que buscan trabajo debido a cuestiones salariales y que la tasa de participación en el mercado laboral está en niveles récord.

“Si miramos el último año, la Argentina tiene 200.000 empleos más que el año pasado”, afirmó Adorni.

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El jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez, desafió a la Justicia este jueves por el régimen de visitas que impuso a la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria tras su condena por corrupción en la Causa Vialidad, y avisó que los legisladores del peronismo no piensan cumplir con las restricciones amparándose en su inmunidad parlamentaria y en el poder de representación que les da la Constitución Nacional.

Sus declaraciones tuvieron lugar a menos de 24 horas de que tanto los integrantes del bloque en la Cámara baja como los de la Cámara alta firmaran un comunicado conjunto en ese sentido y realizaran una presentación formal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 en la que advierten que pueden visitar a la exmandataria sin aviso ni autorización judicial.

“Los legisladores nacionales tenemos una tarea constitucional de representar al pueblo y hemos sido electos para ejercer esa tarea a través de un partido político reconocido por la Constitución Nacional. Para llevar adelante esa representación, la Constitución nos da a los legisladores una cantidad de prerrogativas, de inmunidades parlamentarias, que nos ofrecen la posibilidad de llevar adelante nuestra tarea sin sufrir restricción u hostilidad por parte de otros poderes“, indicó Martínez en Radio Futuröck.

Convencido de que el régimen de visitas impuesto por el TOF N°2 -que determina que familiares, abogados y médicos de la expresidenta pueden ir al departamento de Constitución sin autorización, pero que para el resto de las personas la defensa de la expresidenta deberá emitir una solicitud- es “desmesurado”, Martínez refirió que esto implica un problema tanto para la expresidenta como para los legisladores, a los que -según su planteo- se les limitan las posibilidades de representación.

“Tenemos los elementos constitucionales, pero la Justicia dice: ‘No, señores, no pueden ir a visitar a Cristina’. Nosotros le dijimos a la Justicia: ‘Usted es otro poder, no tiene nada que hacer con las inmunidades de los legisladores nacionales. Lo que usted dijo, además de ser absolutamente discrecional contra Cristina, limita nuestro poder de representación política; por lo tanto, no lo vamos a cumplir’“, avisó y marcó: ”En el caso de que sea necesario, hemos notificado a la Justicia (sin pedir permiso de nada): ‘Señores de la Justicia, nosotros tenemos derecho a visitar a Cristina sin ningún tipo de restricción porque eso indica la Constitución y nos corresponde. Si nos limitan a nosotros, estamos entrando en un conflicto de poderes y en que haya un Poder Judicial que termine restringiendo derechos e instituciones de la Constitución’“.

En eso, Martínez recordó el paso de un grupo de diputados libertarios por el penal de Ezeiza para tener allí un encuentro con detenidos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, que incluyó una foto que provocó un escándalo.

“Hubo una comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que fueron a visitar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, genocidas, que estaban en Ezeiza. ¿Le pidieron permiso a algún juez para ir? Fueron. No requirió ningún tipo de autorización previa, a tal punto que entraron, se sacaron fotos, sin ningún tipo de restricción porque está dentro de los fueros e inmunidades de los diputados, que plantea la Constitución», sostuvo Martínez. “Si eso sucede en un caso de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, en un penal común, ¿por qué habría de requerirse una autorización judicial para diputados y senadores nacionales que queremos ir a ver a alguien con domiciliaria?“, comparó.

Siempre bajo la misma postura, Martínez expresó que no hay un intento de los legisladores de UP de realizar “acciones de provocación”.

El régimen de visitas fue uno de los puntos de mayor divergencia entre los abogados de Cristina Kirchner y el tribunal. Se generó tanto escándalo que, tal como contó , la Cámara Federal de Casación -que es el máximo tribunal penal del país- fijó una audiencia para el 7 de julio próximo para definir si mantiene el actual protocolo o si lo amplía, como solicitó la expresidenta.