POLITICA
Según una auditoría, 670 universidades e instituciones adeudan la rendición de $33.000 millones en subsidios científicos
También se ajustaron los plazos para la rendición de subsidios otorgados al Plan Pampa Azul, que articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales, incluyendo el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar y al Programa Federal Equipar Ciencia, y la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”.
Asimismo, se dieron de baja convenios vencidos en el marco del Programa Federal Construir Ciencia y del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT), requiriendo la devolución de fondos no ejecutados. La nueva resolución extiende hasta el 30 de junio de 2025 el plazo para que las instituciones beneficiarias rindan cuentas o reintegren los fondos no utilizados, incluidos los intereses generados por colocaciones financieras, cuando estos estén previstos. El plazo es de carácter improrrogable y, vencido, se procederá a iniciar acciones de recupero por vía administrativa o judicial.
El proceso de revisión de fondos se enmarca en la política de racionalización del gasto público impulsada por el Gobierno nacional desde el 10 diciembre de 2023. Según la Resolución 10/2025, la medida responde al objetivo de ordenar las cuentas públicas, tras la transferencia de competencias del ex Ministerio de Ciencia a la Jefatura de Gabinete de Ministros, establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/2023 del presidente Javier Milei.
En ese contexto, Guillermo Francos, instruyó al secretario Darío Leandro Genua para realizar una evaluación integral de los programas y proyectos vigentes en el área científica, muchos de los cuales mostraban ejecución parcial, plazos vencidos o fondos sin rendir.
La tarea fue formalizada mediante la Resolución N° 10/2025, que otorgó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la potestad para reestructurar y rediseñar las líneas de financiamiento. Según la resolución, “vencido el plazo del 30 de junio de 2025, no se otorgarán nuevas prórrogas ni extensiones”, y “de no haberse efectuado la correspondiente rendición de los fondos transferidos y/o reintegrado las sumas no ejecutadas, se iniciarán las acciones de recupero pertinentes”. La Jefatura de Gabinete, tal como informó este medio, ya había publicado una resolución que obligaba a evaluar la justificación de acuerdos que el kirchnerismo otorgó a organizaciones sociales y entidades científicas y universidades para programas científicos y tecnológicos que no se ejecutaron o rindieron y que involucraban un monto de $1.867 millones.
En la Resolución 2025/10 se dejaba constancia de que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología decidió evaluar la continuidad de aquellos programas y actividades que no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina. Están relacionados con entidades ligadas a la economía popular que orientaban líderes piqueteros como Emilio Pérsico y de universidades como las de Buenos Aires, Lanús, La Plata y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
Con respecto a las iniciativas vinculadas al sector social, aparece la eliminación de la Convocatoria de proyectos de actualización tecnológica para la Economía Popular, destinado a cubrir la compra de equipamiento de Unidades Productivas de la Economía Popular (cooperativas ligadas a líderes piqueteros), pasajes y viáticos de los integrantes de los proyectos y la contratación de servicios técnicos, que según los cálculos oficiales significará un ahorro de $ 1.200.000.000.
De esta manera, se destaca el plan denominado “Plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias de la Economía Popular”, adjudicado a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros (ligada a Juan Grabois) por $ 6.400.000, el de “Fortalecimiento de registro y comunicación de la federación de cooperativas de trabajo Evita”, adjudicado a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA (ligada a Emilio Pérsico) por $ 7.750.121 y “Taller de madera”, Adjudicado a la Asociación Civil Néstor Vive Varela, que recibió $ 10.000.000.
También está previsto eliminar el programa de Subsidios Institucionales, “que utilizaba fondos públicos para el sostenimiento de instituciones no estatales sin fines de lucro dedicadas al desarrollo y/o promoción de actividades de investigación científica y tecnológica en el país”. Dentro del mismo se encontraba, por ejemplo, el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que recibió en 2023 $ 1.300.000 para el pago de gastos de funcionamiento como gastos generales (luz, gas, etc.), salarios o locaciones de servicios de personal administrativo, alquileres, mantenimiento de edificios, pago de seguros y vigilancia.
Al dejar sin efecto el Programa de Subsidios Extraordinarios, que surgió para financiar gastos extraordinarios relacionados con actividades científico-tecnológicas, el ahorro, según estiman en el Poder Ejecutivo, será aún mayor. Alcanza los $ 491.600.101 e incluye lo que se le pagaba a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo por $ 39.955.000, para el “Ante Proyecto para el Diseño Museográfico de la Casa por la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos”.
Desde la Casa Rosada se asegura que con estas medidas, la Secretaría de Innovación busca consolidar un nuevo esquema de financiamiento científico centrado en la transparencia y la eficiencia presupuestaria.
El Poder Ejecutivo considera que “la unificación del tratamiento de todos los programas, proyectos, iniciativas y convenios en situaciones similares permitirá trazar una línea de acción única para el ordenamiento contable”.
Según fuentes oficiales, la decisión de exigir el reintegro o la rendición de los fondos no ejecutados responde a un criterio de legalidad y control del gasto público, no a una evaluación del destino científico de los proyectos. Desde la administración actual también se sostiene que, en muchos casos, las instituciones solicitaban plazos adicionales para rendir porque los montos estaban “colocados en instrumentos financieros”, lo que representa —según argumentan— una “desviación del fin público original” de los subsidios.
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La condena contra Cristina Fernández de Kirchner reavivó al panperonismo, generó tensión social y dejó al gobierno de Javier Milei como un espectador ausente frente a una posible crisis.
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En la madrugada del domingo, un operativo de seguridad liderado por la Policía Metropolitana de Buenos Aires desalojó el acampe desplegado en la intersección de las calles San José y Humberto Primo por los manifestantes que apoyaban a Cristina Fernández de Kirchner desde el momento en que se conoció la condena. El operativo incluyó algunas escenas de violencia acotada y una publicación en la cuenta de X de la fuerza policial en la que se anunciaba la liberación de la zona. No duró demasiado: apenas un rato después los simpatizantes de la exvicepresidente volvieron a ocupar el lugar, y Cristina salió varias veces al balcón de su domicilio de San Juan 1111 para saludarlos.
Unas horas antes, en la mañana del sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió en una entrevista radiofónica que su posición personal era que Cristina debía ser beneficiada con la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su condición de mayor de setenta años y exvicepresidente de la Nación, además de cuestiones de orden público, aunque dejó en claro que el gobierno no intentaría involucrarse en una decisión que correspondía al poder judicial.
Ambos hechos reflejan con claridad las dos posiciones preponderantes dentro del oficialismo, el establishment y la derecha argentina: Cristina presa sin domiciliaria, con una detención que incluya escenas de escarnio, es el escenario preferido por el macrismo, el poder económico liderado por Clarín y Techint y Patricia Bullrich y sus mandantes. También lo es el de los mercados, siempre y cuando pueda garantizarse el orden social. El problema es que el gobierno no puede asegurarlo, y ha sido un convidado de piedra en la resolución de una larga disputa en la que no se le permitió ser más que un espectador, habida cuenta su nula influencia sobre el arco judicial. Aunque en la práctica libertarios y kirchneristas vienen trabajando conjuntamente en la agenda legislativa, Santiago Caputo pretende “despegarlo” de la trama, aunque reclamando el mérito falaz de que Javier Milei fue el presidente en cuya gestión Cristina fue presa, sumando así a la domesticación de la inflación su exitosa lucha contra la corrupción. De ahí la intervención mediática de Francos.
El temor a que la situación se desmadre en caso de concretarse una marcha multitudinaria de acompañamiento a la exvicepresidente a su entrega en los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles causa urticaria dentro de un gobierno nacional que parece desaparecido de la escena política desde hace diez días. Javier Milei pasea por el mundo sin razón oficial alguna, prácticamente al margen del desenlace del affaire Cristina, y ya ha sido advertido en las páginas de Clarín de que no debe involucrarse en la cuestión, a riesgo de ser el próximo condenado. Pese a eso, la tensión en la derecha subsiste y alcanza alto voltaje. Por lo pronto ya han conseguido victimizar a Cristina sin quererlo, han propiciado un acercamiento de las diversas tribus del panperonismo que desde hace años no paraban de confrontar, y han conseguido que decenas de intendentes de todo el país, gobernadores, movimientos sociales y gremios hayan anunciado públicamente su participación activa en la marcha, incluso disponiendo medidas de fuerza sindicales. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), por su parte, señaló que no convocaría a un paro, pero que activaría su capacidad de movilización en caso de que se le negara la reclusión domiciliaria. En síntesis, en lugar de conseguir la demonización definitiva de la exvicepresidente terminaron empoderándola, con su domicilio como templo de referencia de una especie de religión civil que reconoce en el local del Partido Justicialista (PJ) su centro operativo.
Mirando los hechos con raciocinio desapasionado, cabría preguntarse si una decisión tan polémica como la que adoptó la Corte Suprema en tiempo récord podría haber generado otro resultado. El camino adoptado, bajo la presión de los plazos electorales, fortaleció en cambio la interpretación sobre la proscripción y lawfare, a punto tal que, si bien más de la mitad de los argentinos la considera culpable, un 42 por ciento no duda de su inocencia. Una nueva grieta que nada contribuye a consolidar la convivencia democrática.
El gobierno nacional, aliado del kirchnerismo, y algunos sectores de la Justicia, prefieren la asignación de prisión domiciliaria y el cumplimiento de los trámites administrativos de manera virtual, para evitar el desplazamiento físico de Cristina e impedir una marcha que se presume como multitudinaria. Para la paz social sería la solución más madura, pero no parece ser la posición de los sectores de la derecha más extrema. Mucho menos pueden aceptar las imágenes de una Cristina sonriente, en el balcón de su departamento, exhibiéndose ante sus seguidores y tuiteando con generosidad sus críticas sobre los “tres monigotes” de la Corte Suprema, sus mandantes y sobre un gobierno que estaría conduciendo a la Argentina a un nuevo salto al vacío, repitiendo recetas económicas que demostraron sus consecuencias, desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta acá.
Para la ministra Patricia Bullrich y para muchos de los ultras, una movilización masiva con aplicación de su protocolo anti-piquetes generaría las condiciones adecuadas para una batalla campal de consecuencias impredecibles. Para la gobernabilidad de la sociedad y para la vigencia de la convivencia democrática eso tendría consecuencias letales. Para los más sobrios, “Cristina lo hizo de nuevo”, ya ganó aunque a costa de la pérdida de su libertad formal y su exclusión definitiva de la vida institucional, a punto tal que la confrontación entre el cristinismo y el kicillofismo se procrastinó, aunque sus fundamentos subsistan.
¿Qué, hacemos, con, Cristina?
POLITICA
La Justicia activó el operativo para detener a Cristina Kirchner y pidió a Bullrich garantizar la seguridad
La detención de Cristina Fernández de Kirchner ya tiene fecha y lugar. El Tribunal Oral Federal N.º 2, que la condenó a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, envió un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Ciudad de Buenos Aires solicitando el despliegue de un operativo especial para garantizar el arresto de la ex mandataria y el desarrollo de una masiva marcha convocada hacia los tribunales de Comodoro Py.
La solicitud fue firmada por el juez Jorge Gorini y fue dirigida a la ministra nacional Patricia Bullrich, al titular de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y también a la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene jurisdicción sobre el edificio judicial ubicado en Retiro. El operativo debe garantizar tanto el traslado de los nueve condenados en la causa como el eventual alojamiento de Cristina Kirchner en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
El Gobierno considera “fuera de lugar” que Cristina Kirchner salga al balcón a saludar a sus militantes
La expresidenta tiene plazo hasta el miércoles para presentarse voluntariamente, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena. Desde su entorno confirmaron que asistirá ese mismo día a Comodoro Py, en el marco de una movilización impulsada por La Cámpora, el peronismo, sindicatos y distintos dirigentes políticos.
En paralelo, la defensa de Kirchner solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Monserrat, argumentando su edad, su rol como ex jefa de Estado y el intento de magnicidio que sufrió en 2022. También pidió que no se le imponga una tobillera electrónica.
Cristina Kirchner confirmó que el miércoles se presentará en la Justicia y reclamó la prisión domiciliaria
Desde el jueves pasado, el tribunal trabaja en coordinación con el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad para definir tanto la logística del operativo como los posibles lugares alternativos de detención. Según trascendió, el Gobierno nacional presentó una serie de domicilios disponibles —cuya ubicación permanece en reserva bajo sobre cerrado— en caso de que se rechace la domiciliaria.
La decisión de si se concede el arresto en su casa o se traslada a una unidad especial depende ahora del dictamen que presentarán mañana los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes se oponen a la prisión domiciliaria y ya habían solicitado su inmediata detención al momento de confirmarse la condena.
Francos sobre la detención de Cristina Kirchner: “Ninguna manifestación puede torcer una decisión judicial”
El Gobierno de Javier Milei, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, manifestó su preferencia por evitar que la exvicepresidenta sea notificada presencialmente, por temor a que el acto derive en tensión social.
“No va a generar nada positivo que Cristina Kirchner tenga que ir a los tribunales. Sería preferible que sea notificada por vía electrónica o por su abogado”, afirmó Francos en declaraciones televisivas.
Sin embargo, el tribunal mantiene hasta ahora su decisión de que todos los condenados, incluida Kirchner, deben presentarse en persona “sin excepciones”. La marcha prevista para el miércoles, que partirá desde su domicilio hasta Comodoro Py, ya cuenta con una organización que incluye columnas políticas, sociales y gremiales, lo que anticipa un fuerte despliegue policial para evitar incidentes.
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A pesar de la condena a prisión de Cristina Kirchner, que sirvió para escenificar cierta unidad en el PJ, siguen latentes las pelea por el control de algunos municipios. Con un nivel de encarnizamiento que parece ser mayor al que se expresaba en los momentos más calientes de la interna peronista entre la expresidenta y Axel Kicillof, en distritos como Morón y Avellaneda se libran disputas de tensión muy elevada entre los intendentes y sus rivales internos, que podrían derivar en la presentación de listas municipales separadas. En La Matanza, bastión principal del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, la disputa peronista también tiene dos bandos en clara oposición, aunque el horizonte de unidad parece más factible.
En Morón, el gobierno municipal de Nuevo Encuentro sufrió un terremoto el año pasado, cuando estalló una interna entre el intendente Lucas Ghi y Martin Sabbatella, exintendente y referente principal de Nuevo Encuentro. La pelea moronense llegó a un punto que parece no tener retorno, más allá de que, a nivel nacional, la condena de Cristina Kirchner confirmada por la Corte haya amesetado la puja entre la expresidenta y el gobernador bonaerense.
Sabbatella, alineado con Cristina, tiene decidido volver a postularse a intendente en 2027 (ya fue jefe comunal tres veces, al igual que Ghi) y, como escala, encabezará en septiembre una lista de concejales que enfrentará a la que presente su excompañero en la política local. En las filas del extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) sostienen que Ghi no generó sucesores para mantener el poder de nuevo Encuentro en Morón; en el sector que responde al intendente –leal a Kicillof– afirman que fueron víctimas de un movimiento desestabilizador. Ghi separó a funcionarios que le respondían a Sabbatella y reformuló el gabinete municipal para hacerlo compatible con su liderazgo.
La campaña de Sabbatella a concejal ya arrancó. “Va a encabezar la lista de candidatos a concejales, con la idea de ser candidato a intendente en 2027. Si hay acuerdo [entre los sectores de la expresidenta y el gobernador], hay que ver qué mecanismo se establece para resolver en los lugares donde no hay acuerdo”, dice una fuente de la campaña “Martín vuelve”, el eslogan de Sabbatella en Morón para estas elecciones.
“Acá hay una anomalía: el oficialismo fue corrido del palacio municipal. Estamos pidiendo dialogar y Ghi no acepta. Él está esperando una directiva de Axel. Nosotros presidimos el bloque en el Concejo Deliberante, en el Consejo Escolar, los locales partidarios son nuestros, y él tiene tres funcionarios que eran de Pro”, afirman cerca de Sabbatella. “Divididos, se garantiza la derrota, y con un mal gobierno con unidad, también se garantiza la derrota. Resolvamos en 2025 cómo corregimos el gobierno. Trabajamos por la unidad y por la corrección del rumbo”, añaden.
Del lado de Ghi, en tanto, aún no definieron quién encabezará la boleta de concejales para enfrentar a Sabbatella. “Estamos sujetos a una definición por arriba de Morón. Nuestra voluntad es dirimir en una interna, con la metodología que se plantee. Lo mejor es la unidad, pero en Morón estamos en un vínculo muy complejo y es muy difícil restablecer la confianza”, indica una fuente de la intendencia a .
A diferencia de lo que señalan en el sabbatellismo, cerca de Ghi subrayan que “lo de Martín es minoritario” y que “todos los actores de Unión por la Patria acompañan a Lucas”. Aseveran que “la propuesta de gobierno local no es compatible con la de Martín”.
“Seguiremos la definición que tome Axel”, sentencian en el entorno del intendente al referirse a cómo se zanjará la interna con Sabbatella (que tiene a su hermano Hernán, con quien está enfrentado, dentro del gobierno de Ghi, como secretario legal y técnico).
El caso de Avellaneda es una disputa de larga data entre el intendente Jorge Ferraresi y La Cámpora a nivel municipal. No parece haber retorno entre el intendente –el impulsor principal de Kicillof dentro del grupo de jefes comunales que lo avalan– y la vertiente local de la organización de Máximo Kirchner, que en Avellaneda lidera el senador bonaerense Emmanuel González Santalla.
Ferraresi está jugado a fondo con Kicillof. Antes de que el fallo de la Corte inhabilitara a Cristina para ser candidata, los leales a Ferraresi planeaban ir con boleta corta a nivel municipal y con el jefe comunal como primer candidato a concejal.
En el camporismo avellanedense tienen su alternativa. “Nosotros trabajamos ‘Avellaneda con Cristina’, con Emmanuel encabezando la lista local”, remarcan. “Los concejales que están con Jorge dicen que juegan con boleta corta y que no van a negociar la lista con La Cámpora y Cristina. Ellos quisieron que no haya unidad”, agregan.
En La Matanza, si bien el intendente Fernando Espinoza tiene enfrente a La Cámpora, con el diputado bonaerense Facundo Tignanelli como referente, en ambos bandos creen que habrá unidad.
En los últimos días, se reunió una mesa de dirigentes peronistas matanceros que impulsaban la candidatura a diputada provincial de Cristina, con críticas a Espinoza y a la vicegobernadora Verónica Magario. “Nosotros siempre buscamos confluir”, aclaran desde ese armado que tiene a Tignanelli como referente.
Cerca de Espinoza no se preocupan y creen que se unificarán. “Ellos salen a primerear, pero Espinoza es muy prounidad. Tiene mucho para perder, por un concejal o un diputado provincial no va a hacer una interna. Tignanelli intenta pintar paredes, rastrillar, repartir volantes. No puede ser reelecto si no cambia la ley [que limita a dos los mandatos consecutivos permitidos para legisladores e intendentes]. Estamos por la unidad”, destaca una fuente del oficialismo municipal. Es un diagnóstico similar al que hace un peronista matancero que no pertenece al espinozismo ni a La Cámpora: “No hay un fervor para dos listas. Van a ir todos juntos, [alternando en la nómina] un concejal para Fernando y uno para Tignanelli”.
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