Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anticipó hoy que el año 2026 será el período de mayor conflictividad durante la gestión de Javier Milei. A su vez, confirmó la convocatoria a un paro nacional de 24 horas previsto para el 21 de abril y cuestionó con dureza el rumbo económico y social del Gobierno nacional.

Según explicó el sindicalista en diálogo con en Infobae al Amanecer, el programa conducido por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la medida de fuerza responde a la negativa del Ejecutivo de reabrir las negociaciones paritarias para los empleados estatales.

“Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz social. Este gobierno nacional, que encabeza el presidente Javier Milei, sigue destrozando los salarios, pero además fracasó a la hora de controlar la inflación. Estamos viviendo un proceso inflacionario creciente. El poder adquisitivo de toda la gente está en caída libre”, manifestó Aguiar.

El titular de ATE sostuvo que los sueldos estatales deberían igualar los ingresos que permitieron a funcionarios de La Libertad Avanza acceder a créditos multimillonarios en el banco público Banco Nación. “Las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y, si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado”, advirtió.

Consultado sobre la magnitud de su advertencia, Aguiar fue enfático: “El 2026 va a ser el año de mayor conflictividad de la era Milei. Se van a arrepentir de esta actitud de ponerle techo a las paritarias”.

También cuestionó el reciente cierre de la negociación salarial: “En la administración pública, el año paritario no se condice con el año calendario. En vez de ir de enero a mayo, las paritarias van de junio a mayo. Con la complicidad de UPCN, que a esta altura es cómplice, se cerró la paritaria y estamos dos puntos por debajo de la inflación que resta conocer”, indicó.

En esta línea, calculó que el sector público quedará “no en menos de entre 12 y 14 puntos por debajo de la inflación”.

El dirigente extendió el diagnóstico a otros sectores y subrayó el impacto transversal de la crisis. “Desde la coalición sindical Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) hemos logrado reunir a todos y todas los que quieren luchar. Nos vamos a un plenario de más de 1.600 delegados el 1 de mayo, porque en este momento el ajuste no discrimina, nos atraviesa a todos por igual. Vamos a definir un plan de acción y vamos a comenzar a elaborar un programa. El movimiento obrero tiene que definir frente al Gobierno de Milei una agenda de la dignidad”, planteó.

Durante la entrevista en Infobae en Vivo, Aguiar cuestionó las cifras oficiales de pobreza difundidas por el organismo oficial de estadísticas INDEC y puso en duda la independencia del organismo: “Desde que se fue Lavagna del organismo, es evidente que el Gobierno intenta meterle mano, que se puso en riesgo la independencia de ese organismo”.

Aunque aclaró que los controles de los propios trabajadores mantienen la integridad estadística, criticó que la canasta de consumo está “desactualizada” y no contempla gastos esenciales para los hogares.

Entre las afirmaciones centrales, el secretario general de ATE sostuvo: “Si medimos pobres y casi pobres, el 71% de los hogares en la Argentina y, traducido a personas, el 83% de las personas en este momento es pobre”. Además, señaló que la mayoría de la sociedad responsabiliza al actual Gobierno por la crisis y que “la clase media desapareció con Milei”.

Frente a las preguntas sobre si su postura implica desear un retroceso al Gobierno, Aguiar remarcó: “Si le va bien a este Gobierno, nos va a ir muy mal a todos como nos está yendo. Este Gobierno no hay manera de que pueda conducir a la felicidad a nadie en la Argentina”.

En relación a la inflación, el dirigente diferenció la dinámica actual respecto de la anterior administración: “La inflación del pasado era menos dañina que la inflación del presente. Estoy convencido de eso”. También cuestionó el relato oficial sobre el consumo. Detalló que durante los últimos cinco meses, todos los salarios —sector público y privado— subieron, pero por debajo de la inflación. “¿Cuál sería la única manera de poder consumir? Que se esté desahorrando. Aumentó la mora, del 11% en tarjetas de crédito al 13,5% en préstamos personales. La gente compra con tarjeta y no la puede pagar en este momento. Toma préstamos y tampoco los puede pagar».

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Tras anotarse una nueva victoria legislativa con la aprobación de los cambios a la Ley de Glaciares, el Gobierno busca mantener el envión en el Congreso. Para ello, el oficialismo avanza con una agenda doble en la Cámara de Diputados y el Senado que incluye proyectos como la Ley Hojarasca, un tratado internacional sobre propiedad intelectual, la ley de propiedad privadas, entre otros.

Las iniciativas forman parte de una amplia batería de proyectos que el Ejecutivo tiene en carpeta y que busca movilizar para recuperar la iniciativa política, luego de varias semanas de parálisis por las investigaciones judiciales y periodísticas que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese contexto, el triunfo del miércoles por la noche con la Ley de Glaciares fue celebrado con énfasis por el presidente y sus ministros.

Para aprovechar el impulso, en Casa Rosada adelantaron una probable reunión de la mesa política para la próxima semana para continuar la planificación de la agenda legislativa. Según pudo saber TN, los primeros proyectos a discutir ya tienen fecha.

La agenda que impulsará el Gobierno en la Cámara de Diputados

Dentro de dos semanas, el Gobierno se propone discutir la Ley Hojarasca, la iniciativa redactada por Sturzenegger para derogar alrededor de 70 leyes vigentes que el ministro desregulador considera obsoletas.

Entre ellas aparecen medidas insólitas como la exigencia de un carnet de mochilero para hacer dedo y una inhabilitación a funcionarios públicos para azotar personas, pero también puntos sensibles como la eliminación de los aportes estatales a entidades como la Federación Argentina de Municipios, un enclave del peronismo bonaernse, entre otros.

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De acuerdo a los planes del Ejecutivo, el proyecto obtendría dictamen el martes 21 de abril para debatirse el miércoles 22 en la Cámara de Diputados.

En esa misma sesión también se prevé discutir el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una medida que la Argentina se comprometió a aprobar antes del 30 de abril en el acuerdo de libre comercio firmado con los Estados Unidos.

La iniciativa, que comenzará a tratarse en comisión la próxima semana, busca que el país se ajuste a los parámetros internacionales en materia de propiedad intelectual. Se trata de una demanda histórica de entidades norteamericanas que abarcan desde laboratorios hasta la industria textil, con sus frecuentes reclamos por las falsificaciones vendidas por ferias ambulantes en el barrio porteño de Once o en el mercado bonaerense de La Salada.

En ese contexto, el oficialismo se propone avanzar recuperando un proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado en 1998, pero que nunca fue votado en Diputados. Si bien por regla general una iniciativa vence un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Actividad paralela en el Senado: propiedad privada y falsas denuncias

Mientras tanto, el Gobierno también planea impulsar en el Senado otros dos proyectos que ya comenzaron a discutirse en las comisiones de la Cámara Alta. En primer lugar, la denominada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, uno de los proyectos surgidos del Pacto de Mayo que Javier Milei firmó con los gobernadores dialoguistas.

Entre sus principales puntos, la iniciativa propone modificar normas sobre expropiaciones y desalojos; cambios en la Ley de Tierras Rurales para eliminar las restricciones vigentes a la compra de campos por parte de capitales extranjeros; modificar la Ley de Manejo del Fuego para eliminar las prohibiciones actuales que impiden el cambio de uso de suelo en tierras quemadas; y delegar en provincias y municipios la regularización de los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

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El proyecto tiene como principal defensor a Federico Sturzenegger, quien este miércoles protagonizó varios cruces con la bancada kirchnerista cuando se presentó para explicar la ley en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

A la propuesta del oficialismo se sumará una ley impulsada por la senadora radical Carolina Losada para elevar las penas de 3 a 6 años de prisión por falsas denuncias en materia de violencia de género o abuso sexual.

“Estamos evaluando, pero podrían tratarse para principios de mayo”, reconocieron a este medio desde la mesa política del Gobierno.

Lo que se viene y lo que falta

Luego, en el Ejecutivo evalúan enviar para tratar por esas fechas el anunciado proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. La iniciativa, elaborada por la cartera que conduce Mario Lugones, busca cambiar los artículos más cuestionados de la norma vigente como los relacionados a las internaciones involuntarias, el cierre de los hospitales especializados, entre otros.

Con esa primera oleada de proyectos, el Gobierno apuesta a consolidar la mayoría que ha logrado construir en el Parlamento con la colaboración de sus aliados, a la par que muestra signos de hiperactividad política.

Mientras tanto, siguen bajo llave otros proyectos más complejos como los proyectos de Financiamiento Universitario y la emergencia en Discapacidad, la reforma política y electoral -que se plantea la elminación de las PASO y modificar el financiamiento de los partidos políticos-; o la actualización del Código Penal, con nuevos delitos y penas más duras.

En ese grupo también entran la Ley de Seguridad Nacional -que abarca defensa, inteligencia y seguridad-, las reformas de los códigos Aduanero y Civil y Comercial; y tratados internacionales como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la adhesión al Consejo de la Paz de Donald Trump.

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