Uno de los veedores designados por el Ministerio de Justicia para intervenir en la Asociación Fútbol Argentino (AFA) renunció en las últimas horas al cargo. Se trata del abogado Agustín Ortiz de Marco, que había sido elegido desde antes de que se concretara el cambio de autoridades en la cartera, en marzo pasado.

Según pudo saber , Ortiz de Marco fue citado por las autoridades para comenzar la tarea, como habitualmente se hace en estos casos, y él renunció a la designación alegando que “tenía mucho trabajo”. Tras conocerse su dimisión, el letrado no respondió a los llamados de este medio.

Su nombre había sido dado por Daniel Vítolo, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), y se mantuvo con el nuevo titular del organismo, Alejandro Ramírez. A Ortíz de Marco se le reconocía su trabajo en otras intervenciones, como la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Tras el recambio de autoridades de la cúpula de Justicia fue el actual ministro, Juan Bautista Mahiques, quien designó como veedores al contador al abogado Ortiz de Marco y al contador Rubén Miguel Papacena, en línea con lo que se había decidido cuando Vítolo estaba al frente de la IGJ. Y Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio eran los número 1 y 2 de la cartera.

Ortiz de Marco fue señalado por dos fuentes como hombre de Amerio. Incluso una de ellas aseguró que Ortíz de Marco “es muy cercano y de la confianza de quien se desempeñaba como jefe de asesores de Amerio” y que “la propuesta de su designación salió directamente de actual Procurador”, quien afirmaron que la habría hecho llegar en su momento a través del Subsecretario de Asuntos Registrales Carlos Medina, aseguró una de las fuentes .

Ante la consulta de , cerca del actual Procurador del Tesoro Nacional negaron el vínculo con Ortiz de Marco. Apuntaron que “lo designó Vítolo y que Mahiques lo dejó“, y dijeron desconocer si había renunciado o no.

El nombre de Papaccena, en tanto, habría sido una iniciativa directa de Vítolo. Ahora Mahiques deberá elegir un nuevo letrado para el lugar que deja la salida del letrado.

El Gobierno dispuso en marzo pasado una “intervención en grado de veeduría” en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La designación de Ortiz de Marco databa de ese momento y se dio junto a la del contador Pappacena, que sigue en el cargo. Ambos tenían como misión elaborar un informe sin intervenir la gestión de la cabeza del fútbol local. Pappacena sigue firme y quedará a la espera de la designación del nuevo abogado.

La veeduría se dio a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamentó en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Las irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente. Por eso el Gobierno designó dos veedores en la AFA, uno de los cuales renunció este jueves sin demasiadas explicaciones.

En un firme pronunciamiento de respaldo a la Corte Suprema de Justicia, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales reclamó que el Consejo de la Magistratura apruebe el nuevo reglamento de selección de jueces, cuya votación hoy decidió aplazar.

“Es de esperar que el Consejo de la Magistratura de su aprobación al Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados elaborado por la Corte Suprema y lo ponga en práctica en cuanto ello sea posible”, dijeron los académicos.

En una declaración firmada por el presidente Alberto Bianchi y por Marcelo Gebhardt, secretario de la entidad, los abogados y juristas apoyaron la iniciativa y su aplicación para acabar con la “discrecionalidad” y dar transparencia a los mecanismos para elegir jueces.

La Corte, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dictó la Acordada 4/2026 que aprueba un “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”.

El presidente Horacio Rosatti, que preside el Consejo de la Magistratura, no firmó. En su vocalía explicaron que su doble rol le impedía firmar este documento.

La institución calificó a este nuevo reglamento como “una valiosa iniciativa” que está “fundada en los principios centrales del sistema republicano de gobierno”.

La Academia dijo que el proyecto merece “el más amplio apoyo”. Coincidió con la Corte Suprema en que el sistema de concursos públicos de antecedentes y oposición representa “uno de los ejes centrales” de la reforma constitucional de 1994.

Dijeron que al incorporar el artículo 114 a la Carta Magna, instituyó al Consejo de la Magistratura como el órgano exclusivo encargado de intervenir en el delicado proceso de selección de los jueces que integrarán los tribunales inferiores.

El espíritu de aquella modificación constitucional fue establecer un mecanismo para “limitar de tal manera la discrecionalidad que anteriormente ejercía el Poder Ejecutivo” en la etapa previa a la designación de los magistrados.

Haciéndose eco de los argumentos plasmados por la propia Corte Suprema en su acordada, la Academia señaló que la experiencia acumulada durante la aplicación del régimen actual ha dejado al descubierto “la necesidad de precisar, entre otros aspectos, las pautas que regulan la entrevista personal”.

Los expertos explicaron que la “relativa amplitud” con la que la instancia de la entrevista está diseñada provocó distorsiones en el proceso de selección.

Advirtieron que, en muchos casos, estas entrevistas orales fueron “decisivas en los resultados finales del concurso”, alterando el destino de las designaciones sin que su valoración se desarrolle sobre la base de “criterios suficientemente objetivos y estandarizados en cuanto a su ponderación, fundamentación y límites cuantitativos”.

Frente a este escenario , la Academia Nacional de Derecho sostuvo que “es necesario formular reglas más claras y previsibles”. El objetivo es garantizar que la entrevista personal deje de funcionar como un filtro arbitrario, asegurando que “no sea una instancia decisoria y cumpla adecuadamente su finalidad institucional”.

Solo ajustando la normativa, aseguran, se logrará “evitar que la evaluación de los postulantes se haga de modo disfuncional”. El documento subraya que estas modificaciones normativas permitirán que la selección final “recaiga en las personas más idóneas y meritorias”.

Para ello, proponen que la etapa final del concurso “no altere de manera significativa el orden de mérito establecido en las instancias técnicas previas”, de modo de impedir que el examen de los candidatos sea subvertido “en función de criterios meramente subjetivos”.

Si no se aprueba e implementa este nuevo reglamento, advirtieron se corre el riesgo de que “la discrecionalidad que antes poseía el Poder Ejecutivo” termine mutando y se convierta “en una prerrogativa de los jurados de los concursos”, desvirtuando por completo la letra, el mandato y el espíritu de la Constitución.