De Carlos Menem a Mauricio Macri, de Raúl Alfonsín a los Kirchner, todos recibieron un guiño del Congreso para arrancar su gestión de Gobierno. Incluso, Fernando de la Rúa, el presidente con mayor debilidad política que tuvo la Argentina desde el retorno de la democracia, consiguió el aval del parlamento para avanzar con medidas centrales en los primeros 100 días de su mandato. Algo que no parece repetirse con Javier Milei, quien no consigue la sanción de la Ley Bases trabada en el Senado.

A esta altura es claro que el proyecto «fundacional» del gobierno libertario era más que ambicioso cuando llegó en diciembre del año pasado con más de 600 artículos modificando cientos de leyes y promoviendo una fuerte reestructuración del Estado. Pero ni su reducción a menos de la mitad de artículos fue suficiente y aún sigue siendo reservado el pronóstico de aprobación de la norma.

Por costumbre o tradición, el Congreso supo dar beneficios a cada gobierno entrante. Raúl Alfonsín obtuvo su primera ley 6 días después de llegar a la Casa Rosada, en diciembre de 1983, con la derogación de la Ley de Amnistía, que permitió llevar a cabo el Juicio a las Juntas en el que fueron condenados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti.

Ya en la presidencia de Carlos Menem, después de la crisis inflacionaria que terminó con el gobierno de Alfonsín, se dan situaciones impensadas en el escenario actual del Congreso. Tan sólo 40 días después de su asunción en julio de 1989, Menem conseguía la aprobación de lo que sería su primera gran ley. La Reforma del Estado (formalmente Ley N.º 23 696) que lo habilitó a avanzar con un amplío proceso privatización de las empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos. Casi un déjà vu de la era Milei.

A diferencia del libertario, Menem contaba con el apoyo del Partido Justicialista y de sus aliados, entre ellos la UCeDe de Alvaro Alsogaray, quien por aquellos años pregonaba que «achicar el Estado es agrandar la Nación». En septiembre de 1989 consiguió la aprobación de la emergencia económica, que se tradujo en suspensiones de subsidios y subvenciones, la interrupción de los regímenes de promoción industrial y de minería como el compre nacional. Para completar se prohibió la incorporación de nuevos empleados a la administración pública. En aquellos días, como ahora, también se discutía sobre la actualización de las jubilaciones, que en ese momento estaban en los 12 dólares.

Fernando De la Rúa necesitó 5 días. En diciembre de 1999, el Senado avanzó con la ley que ratificaba los objetivos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, un organismo que hoy Milei tiene en la mira dentro de su plan de disolución. Pero las medidas que pretendían ser los cimientos del gobierno de la Alianza llegaron antes de fines de ese año con la aprobación de una reforma tributaria de José Luis Machinea.

Aquí también se dan al menos dos hechos curiosos, De la Rúa venció la resistencia del peronismo a la reforma pero también consiguió que se rechacen las modificaciones del Senado, que obviamente era controlado por el PJ.

En un paralelismo con el momento actual, Machinea también perseguía por esos días una disminución del déficit fiscal y la nueva normativa se traduciría en un golpazo para la clase media -tal como en la era Milei- ya que contemplaba importantes modificaciones al impuesto a las Ganancias, quitas a las jubilaciones, la generalización del IVA y un amplio aumento en los impuestos internos. Para coronar se eliminaba el impuesto docente, un fondo destinado al sueldo de los maestros.

Tras la crisis de 2001 y la caída de De la Rúa, Eduardo Duhalde tomó el poder el 2 de enero de 2002 a partir de un acuerdo político con Alfonsín. Después de ver pasar 5 presidentes en 10 días, ninguno de los bloques legislativos estaba en condiciones de poner trabas a la gestión interina. Y en menos de una semana, el ex gobernador consiguió la sanción de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario. Así se terminaba la convertibilidad con la primera devaluación en 10 años y se avanzaba en una modificación de la política cambiaria que liberará al peso del dólar.

El 25 de mayo de 2003 desembarcó Néstor Kirchner, con un país hundido en una crisis socioeconómica brutal que aún hoy arrastra sus consecuencias. A diferencia de sus antecesores, el patagónico creyó más en los decretos que en las leyes y se convirtió en el presidente que más DNU firmó por año. Fueron 270 en 4 años, en su mayoría sin pasar por la ahora rigurosa Comisión Bicameral. Si bien el Congreso aprobó 56 proyectos del Ejecutivo en el primer año, Kirchner prefirió prolongar por decreto las emergencias alimentaria, sanitaria y ocupacional, que prohibía los despidos y establecía una doble indemnización.

Cristina Kirchner, en tanto, apuró cuestiones impositivas a días de haber asumido en 2007 y a principios de 2008, en el período de sesiones extraordinarias, aprobó el reordenamiento de la actividad ferroviaria. La entonces presidenta no tenía problemas de números en el Congreso ya que contaba con más de 130 diputados y en el Senado, el bloque comandado por Miguel Angel Pichetto superaba los 40 escaños.

En sintonía con sus antecesores, Mauricio Macri, quien llegó al poder en 2015 por la alianza del PRO, los radicales y el fuerte apoyo de Elisa Carrió, también optó por los decretazos. Por esa vía modificó aspectos tributarios, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal y dejó en manos de la Corte las escuchas judiciales. El decreto más polémico fue el de designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, como miembros de la Corte Suprema, que finalmente no prosperó y tuvo que cumplir con la legislación vigente.

Pero la gran muestra de poder de Macri llegó dentro de los 100 días, cuando en marzo de 2016 consiguió que el Congreso le apruebe el pacto con los fondos buitre, un paso inevitable para acceder a crédito internacional. Lo logró no sólo con los votos de Juntos por el Cambio sino también de peronistas disidentes y gracias a la fractura del kirchnerismo.

El peronismo volvió al poder de la mano de Alberto Fernández, bendecido por la elección de Cristina, y a 10 días de haber jurado en 2019 recibió una amplia cesión de poderes por parte del Congreso gracias a la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Un proyecto de 84 artículos que le dio facultades al Gobierno para crear el impuesto PAIS, actualizó Bienes Personales y las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

La demora en la aprobación de la Ley Bases genera tensiones en el Congreso, Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza, destacó que el equipo económico de Javier Milei «logró el equilibrio fiscal y financiero en los primeros 70 días» y alertó que «el Senado detiene los tiempos y los procesos para que la  Argentina se recupere más rápido».

Pero, Paula Oliveto, diputada de la Coalición Cívica, advirtió que hubo «una estrategia equivocada del Gobierno» al mandar un proyecto de ley ómnibus, que «era imposible de votarla a libro cerrado». Ahora, el misterio es cómo continuará la historia en el Congreso.