POLITICA
El Gobierno encara una nueva semana de protestas: sindicatos y organizaciones sociales unifican sus reclamos en una movilización

El Gobierno enfrenta otra semana de movilizaciones, protestas y complicaciones en la calle: más de 70 gremios y organizaciones marcharán el próximo miércoles contra las políticas económicas de la gestión de Javier Milei y en reclamo por salarios dignos.
Sindicatos y organizaciones del transporte y estatales se unirán en una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación. El propósito será expresar su descontento con las políticas económicas implementadas por el gobierno libertario.
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La convocatoria surge en respuesta a las medidas que, según los gremios, afectan negativamente a los trabajadores de ambos sectores. La protesta busca visibilizar el rechazo a las reformas que consideran perjudiciales para sus derechos laborales y condiciones de trabajo.
Según informaron los organizadores, la concentración será a las 12 en Carlos Pellegrini y Sarmiento. Desde allí marcharán hacia Presidente Roque Sáenz Peña 788, sede de la cartera que conduce Federico Sturzenegger.
Quiénes participarán de la movilización
Previo a la movilización, el lunes a las 12 harán una conferencia de prensa en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Allí darán a conocer los detalles y motivos de los reclamos al Gobierno nacional.
A fines de mayo, la CATT se declaró en estado de alerta y movilización y anunció un plan de lucha para este mes, que incluye paros sorpresivos, asambleas y movilizaciones, entre otras acciones. El reclamo es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, que desregula la marina mercante y prohíbe el derecho a huelga en numerosas actividades.
El frente único y multisectorial nació a principios de mes, “en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger”, explicaron desde la organización.
Además, dijeron que “se trata de una reacción a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura”.
Entre otros, adhirieron a la marcha del miércoles la CATT, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas.
Además, apoyan UTEP, UOM, SUTEBA, UDOCBA; trabajadores del INTA; las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata; la Federación Nacional Campesina, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras organizaciones.
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El Gobierno eliminó casi 50 mil puestos de trabajo en el sector público
La marcha será una semana después de la masiva movilización a Plaza de Mayo en reclamo por la condena de Cristina Kirchner, marcha de la que muchos de esos gremios participaron.
Según detalló el Ministerio de Desregulación, desde la llegada de Milei al poder el Estado nacional eliminó cerca de 48.000 puestos de trabajo en el sector público, lo cual representó una disminución de 9,6% en la plantilla total y un ahorro anual estimado en US$1885 millones.
Gremios, movilizacion, Federico Sturzenegger
POLITICA
La abrupta salida de Guillermo Francos del Senado: del pedido de indulto a Cristina Kirchner a la acusación de “mentiroso”

“No tolero que me falten el respeto. ¿Para qué me voy a quedar, si no me creen?”, sentenció Guillermo Francos a dos medios acreditados en el Senado -uno de ellos, Infobae– antes de partir de la Cámara alta y dejar a mitad de camino el informe de gestión. El funcionario libertario fue acusado de “mentiroso” por la legisladora ultra K Cándida López (Tierra del Fuego), quien dinamitó el recinto y dejó mal parado a un Frente de Todos que, media hora antes, había calificado al jefe de Gabinete como hombre de la “política” y le sugirió la posibilidad de un indulto presidencial a la condenada Cristina Kirchner, que hoy cumple prisión domiciliaria.
Lo delirante de toda esta situación es que fue el propio jefe del peronismo, José Mayans, quien pidió calma a una senadora que continuó con su discurso y le abrió una generosa ventana Francos para retirarse, luego que éste pidiera sin éxito a la cristinista que se retractase. “Pero pará un poquito, che”, fue el reto del formoseño que se oyó en la transmisión oficial de la sesión, mientras se avanzaba hacia un desprolijo e incierto cuarto intermedio.
A esa altura, el caos generado por López ya era un regalo fabuloso para una Casa Rosada que, en su gran mayoría -el jefe de Gabinete, una de las excepciones-, utiliza de combustible diario los insultos y agresiones desmedidas por doquier contra cualquiera que se interponga en su camino. El recinto sólo se reactivó, ya sin el jefe de Gabinete, para definir una nueva convocatoria al funcionario para el miércoles próximo, a partir de las 11.
Media hora antes que todo esto ocurriera y, mientras transcurrían las preguntas desde el Frente de Todos, la nota fue dada por la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en modo conmovedor dijo: “Le pido que ayude a reflexionar al presidente Javier Milei. Entrar en un proceso electoral, con la principal referente de la oposición encerrada, no le hace bien al Gobierno. Tienen una gran oportunidad, tiene una facultad que es única, que es la del indulto. Creo que sería un gran mensaje”, manifestó. Y añadió: “Tiene una gran oportunidad el presidente de la nación. Tenemos que poner en valor la política y la democracia. No le podemos ceder el poder de las decisiones más importantes a Comodoro Py”.
Otras definiciones previas al papelón
Francos dio un discurso inicial para resaltar “logros” de la gestión libertaria. Después, direccionó la lupa hacia el proyecto que mejora las jubilaciones ya aprobado por Diputados, con anuncio anticipado de potencial veto presidencial en caso que el Senado sancione la ley.
“Según datos oficiales, en nuestro país tenemos 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.053 beneficiarios sin moratoria y 4.110.627 con moratoria. Estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la reformulación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, afecta al 0,8% del PBI”, explicó.
La ley previsional que aprobaron diversos opositores en Diputados -algunos macristas, se abstuvieron- implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. Con menos votos fue avalada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
El jefe de Gabinete no pudo evitar las críticas por el tentempié que dejó la Casa Rosada en la previa del informe, tras el veto presidencial a la emergencia para Bahía blanca, tras la catástrofe de meses atrás. Por caso, el radical bonaerense Maximiliano Abad le espetó: “La ley tiene un alcance más amplio que el decreto 238 del Ejecutivo. No se limita a las urgencias, sino que aborda cuestiones estructurales. Busca recuperar la infraestructura dañada, apoyar a las pymes y emprendedores, y reactivar el circuito productivo local”.
Abad agregó: “Estamos hablando de una situación catastrófica que provocó muertes y daños materiales enormes. La ciudad debe encarar una etapa de reconstrucción y readaptación que la prepare mejor frente a futuros temporales. La reparación de las viviendas particulares es imprescindible, pero no alcanza”.
Francos también fue consultado sobre la falta de obra pública, la penosa actualidad del hospital Garrahan en cuanto a salarios de sus profesionales, pasos fronterizos y políticas productivas.
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Las reglas que fija la ley para un juicio en ausencia

El juicio en ausencia, como el ordenado en la causa AMIA, es un juicio oral similar al que afronta cualquier acusado, con fiscal, testigos que declararan frente al tribunal, análisis de distintas pruebas, alegatos y un veredicto. Sin imputado no hay indagatoria y esa es la diferencia central.
Aunque no esté presente, el acusado no pierde su derecho de defensa. Por eso, el primer paso consiste en notificar “al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado” de la decisión judicial de continuar con el proceso en ausencia.
No cualquier juicio puede hacerse en ausencia. Es solo para determinados delitos graves previstos por la ley.
“Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio”, dice el Código Procesal Penal, que prevé que en cualquier etapa del proceso el imputado pueda “designar un defensor de su confianza”. Será entonces el abogado defensor quien ejerza los derechos que las leyes le confieren a los acusados.
Para que el juicio en ausencia sea válido debe ser “registrado por medios audiovisuales”. Y tanto esos registros como los elementos de prueba ofrecidos “deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio” y preservados por 100 años.
Un juicio que comenzó “en ausencia” puede dejar de serlo. La ley prevé expresamente que el imputado está habilitado a presentarse durante la realización del debate y “tendrá derecho a ser oído”.
Una vez que se dictó la sentencia condenatoria, también podrá presentarse -dentro de los 10 días- y solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre que acredite que no se enteró del proceso en su contra o que se enteró pero tuvo un “grave y legítimo impedimento” para asistir.
Además, el condenado podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan “hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.
El condenado tendrá derecho, además, a todos los recursos que le corresponderían en un juicio común, que podrán ser intentados por su defensor.
El juicio en ausencia es ley desde marzo de este año. Lo promovió el Gobierno y desde un primer momento fue pensado como una forma de avanzar con el proceso por el atentado a la AMIA.
El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado que está rebelde y, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presenta en los tribunales, dice la ley. También, si se libró una orden de captura pero pasaron cuatro meses y no se lo encontró, o si fracasó el pedido de extradición.
El juicio en ausencia está previsto para delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo.
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El Gobierno celebró la decisión de realizar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

El Gobierno festejó la decisión de la Justicia de que 10 acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 sean juzgados en ausencia. Se trata de una resolución del juez federal Daniel Rafecas a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA).
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en sus redes: “Los terroristas acusados del atentado a la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la Ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos”.
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Noticia que está siendo actualizada.-
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