La arremetida de un ministro de Axel Kicillof contra Máximo Kirchner y La Cámpora -los acusó de “extorsionar” al gobernador con la definición de los plazos electorales- no tardó en encontrar eco en el kirchnerismo, desde donde acusaron a la tropa del gobernador de “buscar permanentemente una ruptura del peronismo” y le pidieron a Kicillof que “ordene” a su ministro.

El ministro que ayer acusó a Máximo Kirchner y La Cámpora de “extorsionar” al gobernador con los plazos electorales no es otro que Andrés “Cuervo” Larroque», a cargo de la cartera de Desarrollo de la Comunidad. Quien le respondió fue Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria y mano derecha del líder de La Cámpora.

Larroque acusó ayer a los dirigentes que siguen a Máximo Kirchner de “extorsionar al gobernador”, al quitar del proyecto de suspensión de las PASO los artículos que modifican los plazos del calendario electoral. “Hoy estamos en una situación que no se podría realizar la elección en términos de lo que demanda la justicia electoral bonaerense”, aseguró.

“No estamos discutiendo a Cristina, estamos discutiendo con el grupito de Máximo. Ni siquiera te diría con toda La Cámpora, porque lamentablemente acá pagan justos por pecadores, hay muchísimos compañeros y militantes”, diferenció Larroque, para acusar al presidente del PJ bonaerense de haber “tomado de rehén a una organización” para responder a “intereses muy particulares”.

Al cruce le salió Tignanelli. “Creo que hay una posición del exsecretario general de La Cámpora [por Larroque] que pareciera que busca permanentemente generar tensiones y romper ”, afirmó, en diálogo con Futuröck, para agregar: “Hay un síntoma permanentemente de buscar una tensión y una ruptura, y llevar al peronismo a una ruptura, y nosotros en esa no vamos a entrar».

Tignanelli enfatizó en todo momento que La Cámpora actúa con “responsabilidad institucional” y, a modo de ejemplo, señaló la conducta de los concejales de la agrupación en más de 50 municipios gobernados por el peronismo. “En ningún lugar tenés un problema. No puedo decir lo mismo de concejales que pertenecen al espacio que hoy representa el gobernador”, añadió, en alusión a las internas en los Concejos Deliberantes de Lanús, Quilmes y Brandsen, gobernados por intendentes camporistas.

“No somos nosotros los que queremos buscar una ruptura”, continuó Tignanelli, para dar a entender que eso es lo que busca “algún espacio dentro del sector del gobernador”, y cerrar, en alusión a Kicillof y su ministro Larroque: “Creo que en algún momento el gobernador tendría que ordenar eso”.

E insistió: “Los fantasmas que trata de poner Larroque sobre la mesa o están en su cabeza o están en algún ámbito donde él funciona y los trata de llevar al terreno público. Me parece que eso hace daño y hay que templar los ánimos».

La tensión entre el kirchnerismo y el espacio del gobernador lleva meses, pero viró hacia un enfrentamiento directo en las últimas semanas, a raíz de la suspensión de las PASO, que impulsaba Kicillof y Cristina Kirchner rechazaba, pero terminó convalidando.

De fondo, lo que está en juego es una disputa por el liderazgo en el peronismo en su principal bastión, la provincia de Buenos Aires. Kicillof impulsa una renovación y desde su entorno explicitaron en las últimas semanas que el gobernador aspira a pelear por la Presidencia en 2027, pero como líder del espacio. Entienden que no contar con esa autoridad reiteraría la experiencia fallida de Alberto Fernández.

Sobre esa base, cuestionaron que la definición de liderazgos en el actual proceso electoral dependa “del dedo” de Cristina Kirchner. Tignanelli también salió al cruce de esa afirmación, recordando el salto de Kicillof de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, propiciado por Cristina Kirchner en 2017.

“Ese dedo que tan cuestionado es, es el que definió que Kicillof, que por ahí era un compañero que había comenzado a militar en los últimos dos años en la provincia, pero no era un hombre de la provincia de Buenos Aires, pudiera ganarle a [la gobernadora María Eugenia] Vidal”, recordó Tignanelli, sobre la elección de 2019.

Por último, el legislador bonaerense ratificó que la intención declarada de Cristina Kirchner es ser candidata en los comicios legislativos provinciales del 7 de septiembre. “Cristina lo dijo en dos reuniones: que tiene voluntad de encabezar”, afirmó Tignanelli, para volver a poner la pelota en el otro campo: “No sé cómo lo receptará el espacio del gobernador”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó este martes dos decisiones clave en las causas por las irregularidades en la importación de gas natural comprimido (GNL) y en obras de la brasileña Odebrecht para la empresa estatal AYSA.

Por un lado, declaró abstracto los recursos presentados por el fallecido ex ministro de Obras Públicas José Roberto Dromi e inadmisibles de Roberto Nicolás Dromi San Martino, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en operaciones con cargamentos de gas natural licuado.

El Tribunal Oral Federal N° 7 no hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa, en la causa en la que se investigan supuestas maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública en el marco del proceso de adquisición de cargamentos de gas natural licuado entre los años 2008 y 2009.

La causa la habían investigado el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por la importación de buques con GNL con supuestos sobreprecios durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Entre el 2008 y el 2015 el kirchnerismo importó sin licitación pública buques con GNL por 15 mil millones de dólares. En el 2008 hubo una ola de frío y se justificó la compra directa a través de la empresa estatal ENARSA pero luego se siguió con la misma modalidad y a pesar de que la Argentina es un país productor de gas. La causa elevada a juicio solo abarca solo una parte de esos embarques. La compra de GNL fue tan importante que para algunos economistas fue una de las causas del cepo al dólar durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

Ese ilícito fue calificado en los términos de los artículos 173.7 y 174.5 del Código Penal, y la intervención de Dromi y Dromi San Martino fue considerada como de participación necesaria.

La defensa recurrió esta decisión, que fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. En ese estadío, la parte elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con diversos planteos. En uno de ellos apuntó contra la duración del proceso y, en el otro invocó el principio ne bis in idem (que garantiza que una persona no sea juzgada dos veces por los mismos hechos).

En abril de 2024 se presentaron sendas quejas ante el Máximo Tribunal que, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fueron declaradas abstractas respecto de José Roberto Dromi (por fallecimiento), y desestimados en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, respecto del restante recurrente.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo y, con ello, quedó firme la actualización del embargo trabado sobre el patrimonio de la constructora Odebrecht S.A., sucursal Argentina, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el proceso de licitación de las obras que integraron el denominado “Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino”.

El 28 de septiembre de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7 dispuso actualizar el monto del embargo trabado oportunamente sobre el patrimonio de la firma, modificándolo en la suma de $ 8.528.856.000. Para llegar a esta decisión, el tribunal tuvo en cuenta que el monto originario del embargo representaba casi USD 13.590.163 al cambio de ese momento, que al momento de decidir se convirtieron en USD 3.725.842,79 al cambio oficial, o unos USD 2.070.843,32 en su variable MEP. En cuanto al índice de actualización, la mayoría del tribunal consideró aplicable el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.

La constructora apeló esa decisión hasta llegar a la Corte y el Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo por incumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 7, inciso c, de la Acordada 4/2007 (no acompañar copia del escrito de contestación del traslado). De esta manera, la actualización del embargo quedó firme.

La causa analiza presuntas irregularidades en el marco de un proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por la empresa pública de aguas en el año 2007. Se trata, por un lado, de la planta de potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.

En ese marco, el hecho que se investiga consiste en el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia. A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.

Entre los acusados figuran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, de su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, de los ex directivos de Aysa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Por pagar esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.