Un escándalo que combina campaña política, denuncias judiciales, fake news y testimonios polémicos impacta por estos días a la provincia de Salta, donde está implicado el actual diputado nacional kirchnerista Emilio Estrada.

Estrada fue ministro de Economía de Juan Manuel Urtubey y candidato a vicegobernador del kirchnerista Sergio “Oso” Leavy, pero luego terminó acercándose al cristinismo y en el 2021 fue uno de los candidatos de La Cámpora / Máximo Kirchner, y así accedió a la banca que actualmente ostenta en la Cámara Baja.

El dirigente peronista está involucrado en una investigación judicial por su presunta responsabilidad en la financiación y dirección de una red de cuentas fantasma utilizadas para difamar a figuras políticas y empresarios en plataformas como TikTok.

Todo comenzó cuando la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, a cargo de Sofía Cornejo, inició la investigación a partir de distintas denuncias, determinó una serie de allanamientos y terminó con la imputación de tres personas, una de ellas Florencia Inés Bustamante.

Los acusa por la creación de «material ofensivo y difamatorio, páginas web y cuentas anónimas en las redes con manipular la opinión pública», según la denuncia por intimidación pública presentada por funcionarios de la provincia.

Fue así que al encontrarse como la principal responsable del delito, la imputada se podría convertir en una testigo clave para dilucidar la trama.

Florencia Inés Bustamante es empleada de Emiliano Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación, y también cumplía funciones como fotógrafa y prensa del legislador de Unión por la Patria. En un recibo de junio pasado, figura con un sueldo de $ 1.208.576,59, con categoría A-3-T, con ingreso en abril del 2022.

En su declaración judicial, a la que accedió Clarín, Bustamante dijo que fue el diputado Estrada quien “me impartió órdenes y directivas de todos los trabajos que realicé o encargué; tanto los trabajos gráficos y audiovisuales de sus redes sociales personales y laborales”.

Y admitió que se ocupó de “la creación” de cuentas en la red social Tik Tok “con el objetivo de perjudicar puntualmente a determinadas personas del ámbito mediático, empresarial y político”. Lo que normalmente se conoce como campaña sucia.

A partir de allí, Bustamante brindó detalles de las “órdenes” que cumplió, dice, del legislador K y de otro personaje, Alonso Javier Allemand, que sería el principal operador de la campaña digital. Fue entonces que ella creó tres cuentas para inventar contenidos contra los rivales políticos: “La Casta de Saénz”, “La casta Salteña” e “Informante Salta”. Desde allí se ponía en marcha la campaña de difamación con fake news hacia el gobierno provincial.

Luego describió que los videos se los pedía Estrada, a veces personalmente y otras vía Telegram con el cuidado de que fueran mensajes temporales de solo un minuto, para que no quedara registro alguno a simple vista.

Según Bustamente, todos apuntaban contra el gobernador Gustavo Sáenz, periodistas como Solano Navarro (dueño de Canal 10), intendentes, legisladores locales y también contra la diputada nacional Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal.

Luego de asegurar que no sabía que estaba cometiendo un delito y que cumplió las órdenes para mantener su fuente de trabajo, Bustamante relató que tras el allanamiento se asustó y recurrió a su jefe, Estrada, quien la derivó al estudio del abogado Jorge Ovejero. Allí le asignaron al abogado Facundo Oliver y le aconsejaron que limpiara su celular borrando todo, antes de entregarlo a la Fiscalía. Después, el letrado le planteó que dejara en el estudio, el fin de semana del 3 de enero, su computadora y los discos rígidos con toda la información de la actividad en las redes.

El abogado de Florencia Bustamante confirmó que en la causa caratulada como averiguación preliminar, ella declaró que actuaba bajo las órdenes del diputado de Unión por la Patria y que «la rivalidad política de Estrada con el gobernador Sáenz hacía que Bustamante replique todo contra él o de funcionarios y empresarios allegados el gobierno provincial.»

Por el momento, no hay ninguna imputación contra el diputado Estrada. No obstante, la investigación ahora sí lo tiene en el radar, por ser el presunto autor intelectual de la campaña digital contra el oficialismo salteño, según la declaración de su empleada.