POLITICA
Si no salen las reelecciones indefinidas, más de la mitad de los intendentes bonaerenses no podría presentarse en 2027

La política bonaerense es un cambalache que lo tararean todos. La falta de conducción domina a los espacios legislativos con una agenda parlamentaria semiparalizada. El internismo partidario complica la convivencia de los legisladores, que parecen estancados en un pantano de desconfianza y fragmentación que alimenta una dispersión poca veces vista.
En ese contexto nadie sabe bien qué proyectos podrían avanzar hasta conseguir los apoyos necesarios para ser aprobados. La incertidumbre sobre cualquier iniciativa legislativa suele ser absoluta. El gobernador Axel Kicillof ni siquiera logró la aprobación del presupuesto 2025 y su enfrentamiento con La Cámpora no para de escalar. En el medio están los diputados y senadores que responden a Sergio Massa, que tuvo que desempolvar aquello de «la avenida del medio» para barrenar en la confrontación de sus socios políticos.
La mayoría de los intendentes están hartos del caos. Sienten que no es su pelea. Sus pretensiones, por lo menos las más urgentes, bailan en otra pista. La gestión y el reclamo de los vecinos los condiciona. La inseguridad es su principal preocupación. Necesitan plata y una política sólida y abarcativa del Ejecutivo provincial.
También existen motivos más personales. Ningún jefe comunal pretende dejar el poder porque así lo establece una ley. Es la que aprobó la ex gobernadora María Eugenia Vidal con apoyo del propio Massa. La norma permite una sola reelección, tanto para los intendentes como para los legisladores provinciales, los concejales y consejeros escolares.
El miércoles pasado se dio un primer paso para derogar o modificar esa ley. La comisión de Legislación General del Senado bonaerense avanzó con una iniciativa que habilita la reelección indefinida para legisladores, concejales y consejeros escolares. El proyecto lo presentó el peronista Luis Vivona, de Malvinas Argentinas, dejá afuera a los intendentes y podría ser tratado esta semana. Contaría con el apoyo de varios senadores radicales, del PRO y de los libertarios blue.
De no modificarse la ley, la renovación forzada en los liderazgos municipales tendrá una magnitud extraordinaria. En total suman 82 jefes comunales que quedan impedidos de buscar la reelección en 2027. Representa más del 60% del total de 135 intendentes bonaerenses. De ese total, 52 pertenecen a Unión por la Patria (UP), 8 al PRO, 17 a la Unión Cívica Radical (UCR), 1 a La Libertad Avanza (LLA) y 4 son vecinalistas.
En el Gran Buenos Aires la cifra es similar. La ley afecta a 14 jefes comunales de un total de 24. Entre ellos hay varios intendentes que desde hace años ostentan un poder casi absoluto con reelecciones abrumadoras. Entre ellos están Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mario Secco (Ensenada).
También figuran Juan Andreotti (San Fernando), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Ariel Sujarchuk (Escobar), Julio Zamora (Tigre), Federico Achaval (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas), Andrés Watson (Florencio Varela) y Mariel Fernández (Moreno).
¿Se podrá sumar a los intendentes al proyecto que beneficia sólo a los legisladores y concejales? En los distintos bloques le reconocen a Clarín que hoy no hay clima propicio para discutir el tema de los jefes comunales aunque la aprobación de la habilitación de los legisladores y concejales marcaría un precedente favorable para avanzar con los intendentes.
Unión por la Patria cuenta con 21 senadores de los 46 que conforman la cámara. El PRO cuenta con 9 y UCR-Cambio Federal 8, la Libertad Avanza 4, los libertarios blue 3 y el monobloque de Joaquín de La Torre.
Sergio Massa,Cristina Kirchner,Máximo Kirchner,Axel Kicillof
POLITICA
El gobierno de Kicillof rechaza el proyecto que perdona deudas a los municipios y se anticipa una sesión caliente
El gobierno de Axel Kicillof blanqueó el malestar con la Legislatura por el acuerdo que obtuvo el proyecto para que la provincia de Buenos Aires condone las deudas que los municipios sostienen con la administración bonaerense en el marco de fondos que recibieron en la pandemia. Infobae había adelantado que el proyecto generó más tensión al interior del peronismo y este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reconoció que interviene en los recursos del Ejecutivo y que “no fue articulado”.
“Hay que entender de dónde surge. Si se hubiera votado el Presupuesto en tiempo y forma, que tenía previstas estas cláusulas o unas cláusulas similares, ni siquiera habría que tratar este proyecto”, dijo la mano derecha del gobernador en el marco de las conferencias de prensa habituales que realiza los lunes desde la gobernación provincial.
Este miércoles, la Cámara de Diputados bonaerense se prepara para debatir la condonación de las deudas municipales que surgieron tras el vencimiento del período de gracia para la devolución de fondos transferidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar retenciones a los distritos que no reembolsaron los montos recibidos a través de dos mecanismos creados en 2020: el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para Contención Fiscal Municipal”, dotado con $8.200 millones, y el “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, que permitía cubrir hasta el 50% de una suma fija para el sueldo trabajadores municipales y preveía un tope de hasta $8 mil millones. De los dos instrumentos, este último contó con la adhesión de aproximadamente 60 municipios, quienes accedieron a una ayuda que debía ser devuelta, pero que no todos los distritos terminaron reintegrando. Frente a esta situación, la Legislatura bonaerense buscará aprobar un proyecto de ley que elimine esas obligaciones financieras. No es lo que planeaba la gestión de Kicillof.
Este lunes, Bianco lo ratificó. “Este es un proyecto que fue presentado, no fue articulado con el Ejecutivo provincial y se va a definir en la Legislatura. Lo importante es, si se hubiera aprobado en tiempo y forma el Presupuesto, no estaríamos discutiendo este proyecto en la Legislatura”, dijo el funcionario provincial.
Por estos días, desde el kirchnerismo hicieron correr el recordatorio de que, durante la pandemia, el fondo en cuestión que se articuló para la asistencia de los municipios fueron recursos nacionales y que la Provincia lo que hizo fue distribuirlo. “Esos fondos los mandó Alberto en su momento a la Provincia y fue por pedido de Cristina”, planteó una terminal cristinista a este medio. La discusión volvió a exponer la interna con la que convive el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios del gobierno de Kicillof han llegado a plantear que desde la Legislatura “se extorsiona”, al gobernador. Una expresión que rápidamente fue repudiada por las distintas voces cristinistas.
Semanas atrás, un grupo de intendentes que responde a Cristina Kirchner se juntó con Kicillof y un grupo de ministros entre los que estaba Bianco y el ministro de Economía, Pablo López. Los intendentes –Gustavo Menéndez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Mariel Fernández (Moreno)- llegaron hasta La Plata para pedir condonación de deudas y otras cuestiones ligadas a la gestión. Tras ello, la Legislatura avanzó con un dictamen unificado al proyecto en cuestión. Se terminó firmando un proyecto que unifica las iniciativas de los diputados Diego Garciarena (UCR), Matías Ranzini (PRO), Valentín Miranda (UCR), Juan Pablo De Jesús (UP), Fernanda Díaz (UP).
La semana pasada, como contó este medio, hubo un movimiento reveló tensiones dentro del peronismo. Fue cuando durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y Presupuesto e Impuestos en la Cámara de Diputados bonaerense, la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iáñez, optó por no firmar el dictamen en cuestión. La legisladora está alineada políticamente Kicillof. Se levantó de la reunión sin dar el visto bueno a lo que se iba a votar.
En las últimas horas, tanto el presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini, como su par de la UCR, Diego Garciarena, salieron a ponderar el proyecto que se terminó acordando votar este miércoles. “La iniciativa que presentamos, junto a otros diputados y diputadas y que esperamos que se apruebe la semana que viene, busca aliviar y acompañar el esfuerzo que protagonizan los municipios. Necesitamos estados locales fuertes y financiados para dar respuestas a las necesidades de cada vecino de los 135 municipios de la Provincia”, marcó Garciarena. Ranzini, por su parte, agregó que su iniciativa también incluye que “municipios que fueron cumplidores, el estado provincial le reintegre las sumas que habían aportado”, ejemplificando con el caso del distrito de Zárate, de donde es el legislador.
El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, convocó a sesionar para este miércoles y el texto en cuestión se incluyó en el orden del día. Solo necesitará el respaldo de la mitad más uno de los presentes.
POLITICA
Los ajustes de las sentencias de los juicios laborales serán definidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Los cálculos de ajuste en las sentencias de los juicios laborales, uno de los asuntos que más preocupa a los empresarios, serán definidos ahora por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde ya ingresaron unas 1000 demandas de juicios de personas despedidas.
“Los jueces no van a fingir demencia ante los devastadores efectos de la inflación; sin embargo van a actuar con prudencia y razonabilidad”, dijo a un funcionario judicial que conoce los códigos internos del tribunal de la Ciudad.
La novedad de que las causas sean resueltas por el TSJ es parte del avance del proceso de traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, que es resistido por las jueces nacionales.
La Ciudad, en tanto, ya empezó a armar su fuero laboral propio con sus códigos, en un proceso impulsado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Llamó a concursos para cubrir los cargos de 10 juzgados y dos salas. Entre el 21 y el 27 de mayo se tomarán los exámenes.
Aunque avance el proceso, hay que ver si los nuevos jueces laborales porteños podrán jurar, ya que hay una medida cautelar de la Justicia contenciosa, impulsada por los jueces nacionales, que les impide implementar el nuevo fuero. Esa causa ahora está en la Corte Suprema de Justicia.
La pelea por cómo se calculan los intereses en las condenas que recaen sobre las empresas determinó que la Corte Suprema dictara dos fallos en los anuló sentencias de la Cámara del Trabajo porque los montos eran desproporcionados.
En uno de los casos se aplicaban intereses sobre intereses no previstos en la ley y luego una tasa de interés que multiplicó por 20.000 los montos establecidos en los fallos de primera instancia.
Todo esto provocó un cambio en la manera de fallar en los tribunales laborales. Ahora, según un relevamiento realizado por entre abogados laboralistas, funcionarios del fuero y magistrados de todas las instancias, los criterios quedaron determinados de este modo: los jueces de primera instancia están dictando fallos, reduciendo u obviando la aplicación de algunas multas, y determinando mecanismos de ajuste limitados, sin hacer crecer de manera desproporcionada las indemnizaciones con el cálculo de intereses.
Ahora, cuando la parte apela ante la Cámara Laboral, allí hay varios criterios. La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el CER.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT de Hugo Moyano y su histórico abogado, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
La camarista Graciela Craig es la esposa de Recalde. Diana Cañal es una camarista cercana al kirchnerismo y denunciada por el macrismo. Quien tenía ascendencia sobre sus colegas en la cámara era Gregorio Corach, juez que llegó a la edad límite para la jubilación y a quien no le dieron un nuevo acuerdo en el Senado.
Los intereses a aplicar son de dos tipos: moratorios, por las demoras en el pago de la sentencia, y compensatorios, por el tiempo transcurrido. El DNU 70 de 2023 de Javier Milei fijaba un tope para el cálculo de interés: el 3% más el Índice de Precios al Consumidor. Pero ese DNU en el capítulo laboral fue declarado inconstitucional. Hoy, la mayoría de las salas de la Cámara falla con ese índice.
El primer reproche de la Corte Suprema de la Nación por los intereses se dio en el caso Oliva, donde el máximo tribunal anuló un acta de la Cámara que había establecido que se podía aplicar el cobro de intereses sobre intereses. Luego vino el fallo DirecTV, donde se insistió en bajar los montos, pero sin que la Corte fijara un criterio específico.
Ahora, quienes deberán revisar los fallos laborales y la manera en que se calculan los intereses son los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Tras el fallo en el caso Levinas, la Corte estableció que todos los juicios de la Justicia nacional (comerciales, penales, civiles, laborales) deben ser apelados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y, eventualmente, luego en la Corte nacional.
La “Corte porteña” aún no falló en ninguno de estos casos, pero se prepara para hacerlo. Hoy ya ingresaron 1001 causas laborales al tribunal.
El TSJ ya está armando una secretaría laboral y para ello designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.
“Buen día queridísimos colegas, ya se ha aceptado mi renuncia como juez. Les agradezco enormemente estos hermosos años! Quedo a disposición de todas y todos para lo que pueda ayudar, desde mi nueva responsabilidad en el TSJ, a fortalecer la Justicia del Trabajo”, se despidió el magistrado por WhatsApp antes de salir del grupo.
Ahora el problema que tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sería cómico, si no fuera dramático: en las causas laborales debe correrse traslado a la contraparte para que conteste. Pero para eso es necesario saber las direcciones de los protagonistas del juicio.
Como la Justicia porteña no puede acceder al sistema LEX 100 de la justicia nacional, no puede acceder al expediente y no tiene los datos personales y domicilios de los intervinientes en el caso. El TSJ ya pidió a la Corte que habrá una “ventana” informática para acceder desde el sistema porteño Eje a los expedientes en el LEX 100. Se reunieron técnicos porteños con los del Consejo de la Magistratura.
Mientras, se encontró una solución: en lugar de demorar el trámite de las causas y recibir quejas por denegación de justicia, se decidió que sea el abogado que viene recurriendo el que notifique a la contraparte, usando el LEX100 y que acredite la notificación con el certificado que emite el sistema.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad está integrado por los jueces Inés Weinberg, Alicia Ruiz, Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Aún no hay dictada ninguna sentencia sobre ajuste de indemnizaciones, pero en el TSJ impera un espíritu de moderación. Se impone un criterio conservador, que no se aparte de los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia.
Prima una idea de razonabilidad. Y se vislumbra un trabajo a largo plazo donde los jueces del Tribunal Superior de Justicia porteño terminen construyendo una doctrina y jurisprudencia a lo largo de varios fallos estableciendo criterios que le den previsibilidad a las definiciones del tribunal.
La idea de los jueces es buscar, si no la unanimidad, las más amplias mayorías de modo que lo que se resuelva tenga más fuerza y deje menos grietas para ser impugnado. Están preocupados por construir un criterio jurisprudencial uniforme.
POLITICA
Javier Milei arremetió contra Leandro Santoro por el video de la motosierra desarmada y lo acusó de integrar la “casta de políticos con CUIL virgen”

Javier Milei parece cada vez más metido en la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires para apoyar la candidatura de Manuel Adorni a la Legislatura porteña, para la votación que se realizará el domingo 16.
Lo hizo a través de un mensaje publicado en redes sociales donde salió a replicar el spot publicitario de Leandro Santoro, en el cual se ve al candidato del peronismo desarmando una motosierra frente a lugares donde la gestión libertaria realizó ajustes como la universidad, los jubilados y el hospital Garrahan.
«La motosierra es un símbolo de la era dorada que comienza en Argentina de la mano de las ideas de la libertad», posteó a través de su cuenta de X, quien a su vez acusó a Santoro de vivir de la política y ser parte de los dirigentes que tienen «CUIL virgen».
De esta manera, el Presidente salió al cruce del candidato a legislador de Es Ahora Buenos Aires, a quien le puso el sobrenombre de «Santongo», fiel a su estilo de cambiarle el nombre a las personas con el fin de agraviar.
«El verdadero modelo de ajuste es el Estado presente, ya que pagarlo implica mayores impuestos y por ende menos dinero disponible en los argentinos de bien que intentan salir adelante en base a su esfuerzo», agregó .
Al tiempo que remarcó que Santoro odia el símbolo de la motosierra, «porque le recorta los privilegios a la casta política inmunda de CUIL virgen que él y tantos otros integran, cuyo más que evidente resultado ha sido una Argentina empobrecida.
LIBERTAD vs. SANTONGO
La motosierra es un símbolo de la era dorada que comienza en Argentina de la mano de las ideas de la libertad.
El verdadero modelo de ajuste es el Estado presente, ya que pagarlo implica mayores impuestos y por ende menos dinero disponible en los argentinos… https://t.co/qrOCOvrEHT— Javier Milei (@JMilei) May 5, 2025
De esta manera, Milei confirmó que está metido de lleno en la campaña porteña. Ya lo había hecho cuando publicó un mensaje a través de X con una imagen como en la película Matrix, con el mensaje «Es tiempo de elegir».
Días después, participó de un acto con Adorni en Lugano. Ademas, el próximo jueves estará acompañando al candidato a legislador de La Libertad Avanza en el programa de streaming del «Gordo» Dan.
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