Réquiem para el sueño afiebrado del petróleo del chavismo venezolano en Argentina: hace casi veinte años entraba con todo el cotillón y la idea de abrir más de 600 estaciones de servicio y tener plantas refinadoras; ahora, un municipio bonaerense intimó a la emblemática firma de naftas que unió a Hugo Chávez y Néstor Kirchner en una patria grande de negocios para que ponga en condiciones su última sucursal en el país, que está hace seis años abandonada en una de las esquinas más cotizadas de la Provincia de Buenos Aires.

En 2005, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunciaba el desembarco de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) en Argentina, cuyo primer paso fue intentar comprar la filial argentina de la petrolera anglo-neerlandesa Shell y así regentar sus más de 600 estaciones de servicio en todo el país y sus plantas refinadoras. Era una prioridad, sí, pero no excluyente. Lo importante era entrar en el mercado, y entrar bien.

La primera de las estaciones de servicio de PDVSA se inauguró el 1° de febrero de aquel año, en un marco triplemente reflejo de la euforia de la época: la sucursal inaugural se situaba en Avenida del Libertador a la altura de Núñez, una de las zonas más cotizadas de la Capital Federal, y frente a la ex ESMA, un hito para la narrativa de un aliado clave del chavismo, el gobierno de Néstor Kirchner.

Un tercer detalle: ese día Chávez, entre aplausos y vitoreos, hizo de playero y cargó con nafta SúperTango el tanque del Chevrolet rojo de Juan Manuel Fangio, la nave que piloteó durante su carrera Buenos Aires-Caracas en 1948. Se exponía, en el marco de la alianza entre chavismo y kirchnerismo, un tiempo de provecho para los negocios.

“Es el comienzo de un proceso de apertura de otras 600 estaciones previstas para lo que resta del año”, afirmaba Julio de Vido, por entonces ministro de Planificación. Emblema de la corrupción kirchnerista, el funcionario que se dedicaba a la colombofilia ya se expandía a manejar con sus adláteres pingüinos una “embajada paralela” de Argentina en Caracas.

Las negociaciones con Shell no llegaron a buen puerto, tampoco el intento por la filial de Esso (Standard Oil). PDVSA terminó negociando con un agente mucho más pequeño, la cadena Sol Petróleo (su nombre legal era Petrolera del Cono Sur SA), propiedad de la empresa estatal uruguaya ANCAP. Así, comenzó a operar bajo dos empresas en el país: Petrolera del Cono Sur (combustibles) y Fluvialba (logística marítima y, sobre todo, en la Hidrovía del Paraná).

La firma tenía un sistema mixto en materia de propiedad de las estaciones: las había propiedad de Petrolera del Cono Sur (es decir, PDVSA), pero la mayoría de las 65 que llegaron a estar operativas bajo la firma eran estaciones privadas que contrataban la franquicia para poner la firma de la petrolera estatal venezolana y vender combustibles.

Ya en 2013 (año en que murió Chávez), varias estaciones de servicio bajaron las persianas y rescindieron sus contratos, aduciendo faltantes de combustibles. Claro, los planes para adquirir Shell Argentina buscaban la propiedad de plantas de refinamiento. Sin ellas, el dilema estaba en tener que comprar combustibles en Argentina, a precios mayoristas que no le dejaban margen para revenderlo a un precio competitivo respecto de otras cadenas; o traer petróleo desde Venezuela, que significaba operar a pérdida.

Cuando el grifo de subsidios desde Caracas para este panorama operativo (U$S 90 millones entre 2013 y 2017) se cortó, PDVSA en Argentina la pasó mal. En diciembre de 2018, fue eliminada del Registro de Empresas Petroleras – Sección Elaboradoras y/o Comercializadoras, que determinaba qué empresas podían despachar combustible en el país según la Secretaría de Energía.

En junio de 2019, la Comisión Nacional de Valores de Argentina cesó la operatividad bursátil de la empresa porque no presentó balances en reglas. Deficitaria, a sus oficinas de Retiro comenzaron a llegar notificaciones de deudas, embargos, intimaciones y juicios de empleados por atrasos en los pagos y despidos, casi un centenar. Ese mismo año, llegó el primer pedido de quiebra y liquidación de activos, pero se logró levantar.

La pandemia fue devastadora para la aventura de PDVSA en Argentina: sus trabajadores estuvieron a la deriva, sin sueldo, ni obra social, ni aportes al día. No hubo protocolo para Covid-19 y ni siquiera se pudo pagar el test y el tratamiento de un empleado que lo contrajo.

Según el medio argentino El Economista, a abril de este año, Petrolera del Cono Sur operaba con apenas tres empleados: la responsable del área de Legales, la de Recursos Humanos, y su presidente, Carlos Alberto Corredor. El mismo medio afirmó que a esa fecha PDVSA Argentina y sus empresas (Petrolera del Cono Sur y Fluvialba) solventaba pedidos de quiebra con fondos de la filial de Bolivia, a través de la figura legal de un préstamo interfilial.

Hoy sólo cuatro estaciones de servicios sostienen carteles de la firma del sueño petrolero chavista en el país, todas abandonadas: están en San Isidro, Glew, San Francisco Solano y Paraná.

La del primero de esos municipios, uno de los más ricos del país, tuvo un lento declive: en 2018 dejó de vender combustibles, luego sólo quedó la tienda, a la que los trabajadores iban para no abandonar sus trabajos y no ser despedidos con causa; pero finalmente se fueron. Abandono y luego pandemia. En 2022, hubo un llamado a remate del predio, pero PDVSA solventó esas deudas y levantó el pedido de remate. Después volvió a incumplir pagos.

La de San Isidro fue una de las primeras en abrir en el país y estaba situada en una esquina inmejorable en la zona norte del conurbano, en el cruce de las avenidas Tomkinson y Sucre. Un predio de 2.505 metros cuadrados (892 edificados) en el que regentaba surtidores y una tienda veinticuatro-siete, sin competencia en un radio de quince manzanas y entre dos avenidas transitadas.

“A ojo de buen cubero, el metro cuadrado para explotación comercial de ese predio cotiza más de 1.000 dólares”, dice a Clarín un agente inmobiliario de la zona, “una de clase alta”, agrega. Es decir, ese predio, de base, vale más de US$ 2,5 millones.

Desde la pandemia, Los vecinos denuncian vandalismo, suciedad e intrusiones en el esqueleto remanente de la estación de servicio. PDVSA, que entró con todo al país, fue intimada en enero de este año por el Municipio de San Isidro para que ponga en condiciones el predio.

“De noche da miedo pasar por esa esquina, que años antes fue un punto de reunión de la zona: todos decíamos ‘Nos encontramos en la PDVSA’”, dice a Clarín un vecino cuya casa linda con la estación abandonada, y quien prefiere reservar su nombre.

Okupas, autos abandonados y personas en el tinglado de la estación de servicio, las secuencias que se cuentan en el terreno remiten a lo lúgubre. A lo largo de los seis años de abandono, del interior del local fueron faltando los aires acondicionados, la luminaria, casi todos los electrodomésticos, los revestimientos de techos y paredes. Hasta la caja registradora. Clink, caja.

El mismo vecino declara que tras la intimación municipal, PDVSA sólo le lavó la cara al predio en las últimas semanas: capa de pintura y una garita de seguridad, poco más. Algunas versiones sostienen que el predio no fue vendido aún porque, de haberse intentado, la empresa hubiera sido embargada.

“La dejadez es tal que cuando fueron a hacer los trabajos, tuvieron que pedir electricidad a mi casa”, agregó el vecino. Dice que tuvo comunicación con todos: otros vecinos, el municipio y PDVSA misma. “A quien PDVSA encargó hablar conmigo me comentó que la empresa no están ni por quedarse ni por irse”, culminó.

En enero de este año, el área de Fiscalización y Control del Municipio de San Isidro fue la que intimó a PDVSA para que volviera a poner en condiciones el inmueble, y el Tribunal Municipal de Faltas le labró un acta por infracción por falta de higiene y abandono del lugar.

A mediados de julio, la empresa comenzó los trabajos de puesta en valor del predio: desmalezamiento, pinturas, iluminación y se contrató servicio de vigilancia durante las 24 horas.

«Esta estación de servicio, que desde hace años está completamente abandonada, es una de las secuelas que dejó la alianza entre el kirchnerismo y el chavismo. El estado del lugar era una preocupación para los vecinos y comerciantes de la zona. Por eso, desde el municipio decidimos poner manos a la obra para revertir esta situación. Las tareas que se están realizando van a revalorizar el barrio», declaró el intendente Ramón Lanús.

Lejos del lujo chavista, PDVSA Argentina, como el régimen que sostiene a Nicolás Maduro, sobrevive estos días aferrándose a lo que pueda.

Tampoco en su país de origen a la petrolera le iba demasiado bien: a finales de los 90, PDVSA producía en promedio de tres millones de barriles diarios; hoy le cuesta alcanzar el millón. En abril de este año, el ex ministro de Petróleo de Venezuela (y vicepresidente de Nicolás Maduro), Tareck El Aissami, fue arrestado por la Fiscalía de su país por desvío de fondos por la venta de petróleo crudo a través de criptoactivos, por legitimación de capitales, por traición a la patria y por otros dos cargos menores.

A El Aissami (también ex ministro de Relaciones Interiores de Chávez) no le temblaba el pulso para, por ejemplo, gatillar más de 20 millones de dólares en concepto de asesorías legales a un abogado irlandés. Algunos de los abogados venezolanos defraudaron a la empresa y blanquearon activos en Panamá, España, Suiza y Andorra. En ese principado europeo, un juzgado procesó a algunos de esos abogados y otros funcionarios. En Suiza, extraditaron a un argentino que lavaba para directivos de la empresa.

El desfalco se calculó en alrededor de 17.000 millones de dólares. En la misma volteada que El Aissami, conocido como «El Árabe», mandaron presos a otros sesenta funcionarios, y desde 2017 se cuentan en más de 300 los arrestos resultantes de las más de 30 investigaciones que la Fiscalía de Venezuela llevó adelante. El Aissami, que es abogado criminólogo, dejó una escena de sangría en PDVSA.

Tanto dentro como fuera de Venezuela, las detenciones se comprendieron como una purga política, o, cuando menos, un intento de lavado de cara del régimen de Maduro en vistas de las elecciones del domingo 28 de julio.

En 2023, Clarín informó una estimación del desfalco de la empresa petrolera estatal por parte del chavismo en materia de regalos a gobiernos amigos: entre 60.000 y 70.000 millones de dólares es lo que han dilapidado los mandatarios chavistas. Es sólo la mitad de los 146 casos de corrupción abiertos en 26 sistemas de justicia en el mundo que investigan los regalos provenientes del petróleo venezolano que ha dado el chavismo a sus aliados. En Caracas, como en San Isidro, a la caja registradora de PDVSA se la robaron.