El juez federal Ariel Lijo, el principal candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, junto a Manuel García Mansilla, mandó una señal que será apreciada por los dirigentes cercanos a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner.

Haciendo lugar a un pedido de la legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Montenegro, Lijo le pidió a la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, que garantice el funcionamiento de los espacios de la memoria de cuatro ex centros clandestinos de detención durante la dictadura

Montenegro, hija de desaparecidos y nieta recuperada, había hecho la presentación y una denuncia luego de que el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona dentro de lo que fue acaso el centro de torturas más conocido de los que montó la última dictadura militar: la Escuela de Mecánica de la Armada, la exESMA.

En una presentación ante el ex juez Alberto Baños, actual secretario de DDHH., Lijo pidió que se “tenga a bien arbitrar los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los predios de la Memoria que funcionan en los ex CCDT ‘Olimpo’, ‘Club Atlético’, ‘Automotores Orletti’, y ‘Virrey Cevallos’ permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios”.

En su escrito, el candidato a la Corte Suprema, muy cuestionado por la oposición y por sectores del propio oficialismo como la vicepresidenta Victoria Villarruel, exigió que “se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria – necesaria para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios” y que se continúe con “las tareas de fumigación en los espacios de Memoria mencionados en el párrafo que antecede, que se preserven los acervos y archivos que se han generado a la fecha y que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”.

Lijo está intentando conseguir los votos dentro de la Comisión de Acuerdos del Senado para que se vote el dictamen con su nombramiento, que luego deberá ser votado por el recinto con una mayoría agravada de dos tercios. En la primera instancia, pero sobre todo en la segunda, el candidato necesita la venia del kirchnerismo, que tiene dos bloques que, en conjunto, reúnen a 34 senadores.

Sin la aprobación de algunos de esos legisladores, ningún candidato puede reunir los votos necesarios para llegar al máximo tribunal.

Montenegro había denunciado a principios de enero al ministro Cúneo Libarona y al secretario Alberto Baños, y lo hacía público en su cuenta de X: «No vamos a permitir el atropello a los trabajadores ni la destrucción de las políticas públicas que nos han convertido en un ejemplo mundial».

Este martes, la legisladora kirchnerista no dejó pasar el guiño de Lijo y también usó su cuenta oficial de X, aunque optó por el recato y no mencionó al juez que el Presidente propuso para integrar la Corte Suprema. «Frente a la avanzada de este gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia«, posteó.

La figura de Lijo genera polémica no sólo en el seno del oficialismo sino también en los bloques aliados. La vicepresidente Victoria Villarruel no acuerda con la candidatura del polémico magistrado y mostró sus diferencias antes de la audiencia pública celebrada en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta que preside. Entonces aseguró que no tenía «los pergaminos para ser juez de la Corte».

Ahora, en el entorno de la vice confirman que su postura sigue siendo la misma y que será el Ejecutivo el que defina la estrategia para poder sumar votos que, en primer lugar, asegure el dictamen sobre su pliego y luego los dos tercios en el recinto (48 votos si están los 72 presentes) para oficializar su designación.

Aliviados, aseguran que esta vez no hay chance de que Villarruel deba desempatar una eventual votación reñida tal como sucedió con la ley Bases por la mayoría agravada que requiere la oficialización de un juez en la Corte Suprema.