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POLITICA

Sin dictamen en el Senado, el Gobierno se abraza ahora a un Pacto de Mayo sin gobernadores y a «ganar aún en la derrota»

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Las idas y vueltas y los rumores del Gobierno sobre la fecha y los invitados al pacto del Pacto de Mayo alcanzaron esta semana el paroxismo. El vocero presidencial desmintió los dichos del Presidente, que dijo que si no había Ley de Bases el pacto podría postergarse a junio o julio. Desde la mesa chica del mandatario se encargaron de difundir que, si no hay finalmente acompañamiento de la oposición en el Congreso, Milei podría ir a Córdoba solo para escenificar “un pacto con la ciudadanía”. La dilatación de un dictamen en el Senado profundizó esa posición en el Gobierno.

“Los gobernadores no cumplieron con sancionar la Ley de Bases antes del 25 de Mayo”, justificó un funcionario con despacho en la Casa Rosada este jueves sobre la decisión del Gobierno de ratificar un Pacto sin representantes políticos, aunque todavía quedaban horas por delante.

Las contramarchas en el Ejecutivo alrededor del Pacto refundacional al que el jefe de Estado convocó en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, sin embargo, comenzaron minutos después de que Milei convocara al acuerdo el 1 de marzo. “Quiero convocar a que depongamos nuestros intereses personales y que nos encontremos en la provincia de Córdoba el próximo 25 de mayo para la firma de un nuevo contrato social, llamado Pacto de Mayo”, dijo antes de sostener que no guardaba “demasiadas esperanzas”.

Este miércoles, casi a la misma hora en la que desde la mesa chica del Presidente sugerían que podría no haber invitados, desde el Ejecutivo dejaron trascender que Milei pensaba en invitar “a todos”. Esa invitación abierta incluía a los mandatarios provinciales, a las autoridades de los partidos, al sindicalismo y hasta todos los ex presidentes, como Isabel Perón, Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, que fue el primero en señalar que el PRO acompañaría el proyecto.

Ahora, funcionarios muy cercanos a Milei -que señalan al flamante titular del PRO por supuestas operaciones sobre nuevas renuncias en el Gobierno, como el caso de la titular de la AFIP- responsabilizan al ex presidente por no poder garantizar el voto de la senadora Guadalupe Tagliaferri.

En el Ejecutivo insistieron en un principio en que los mandatarios provinciales duros no serían convocados, entre los que se mencionaban a Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa). La posibilidad de que Milei y el santiagueño Gerardo Zamora se vieran cara a cara también se desinfló.

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El escenario de la convocatoria pasó de ser el Cabildo cordobés después de que en la mesa chica de Milei sugirieran que sería en el Palacio de Justicia. El contenido -cerrado a desarrollo económico y productivo- de pronto se amplió al compás del pedido radical de incluir un eje sobre Educación, aunque nunca se confirmó.

El Gobierno negocia con mandatarios provinciales para sacar adelante las leyes y el propio Presidente señala que nada cambiará si la política no los acompaña. Federico Sturzenegger, por las dudas, sugiere que el ajuste en ese caso será mayor, con un crecimiento más lento y con más presión impositiva.

Mientras la Cámara Alta se prepara para postergar un dictamen del paquete fiscal y la ley ómnibus, cerca del Presidente pronostican que Buenos Aires y las provincias del norte están por quebrar. La mecánica del Gobierno se repite. Fuera de micrófono, desde el círculo íntimo del mandatario instalan que el Gobierno podría avanzar con una reforma de la ley de coparticipación sin necesidad de que la ley sea ratificada por las 24 Legislaturas. Señalan que la mitad de la biblioteca de los constitucionalistas avalan esa posibilidad, pero no sugieren el nombre de ningún jurista.

El 25 de mayo nos vamos a ver todos en Córdoba. Es difícil saber qué va a pasar con la Ley Bases. La propia normativa legislativa, especialmente en el Senado, hace que los tiempos sean muy justos”, reiteró el vocero Manuel Adorni.

A 9 días del Pacto de Mayo, el Gobierno sigue sin enviar invitaciones. La instalación del tema sin embargo resultó mucho más exitosa de lo que cree Axel Kicillof, que sugirió que el Pacto «le importa un rábano» a la gente.

Prueba de ello son los estudios de opinión pública de Casa Tres en el que 3 de cada 4 encuestados escucharon hablar del Pacto de Mayo y el 42 por ciento expresó que estaba al tanto de la ley. El 55 por ciento considera que los gobernadores deben apoyar el plan de Milei, mientras un 37 lo rechaza y un 8 por ciento, no sabe o no contesta. La consultora CB también le da al Pacto un 51 por ciento de apoyo. En Balcarce 50 sostienen -como ocurrió con la marcha universitaria- y con encuestas que enseñan un repunte de la imagen del Presidente en la mano que con o sin leyes será un triunfo para el Gobierno, porque Milei habrá impulsado su agenda o porque habrá encontrado -una vez más- la resistencia de la casta.

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POLITICA

Tras el discurso de Milei en Davos, el Gobierno avanza con un proyecto para eliminar los cupos en el Estado y la figura de femicidio

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A tono con el duro discurso de Javier Milei en el Foro de Davos, el Gobierno avanza con un polémico proyecto de ley de cara a las sesiones ordinarias y que traerá ruido en todo el arco político, mientras el oficialismo busca una mayoría para sesionar durante el período extraordinario.

Se trata del proyecto de «Igualdad ante la ley» en el que trabaja el equipo del asesor preferido del Presidente, Santiago Caputo. La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, está a cargo de su redacción. La misma funcionaria había redactado la reformulación de la Ley Bases y el decreto reglamentario de la ley de Acceso a la Información.

La iniciativa eliminaría la ley de cupos que obliga a que el 50 por ciento de los legisladores nacionales y del Parlasur sean mujeres. El proyecto incluiría además las mismas mismas prerrogativas en el plano de la Justicia y de las empresas.

La normativa también pretende terminar con el cupo de género y de discapacidad que garantiza participación de personal trans y de discapacitados en el Poder Ejecutivo.

En el Gobierno aclararon que la iniciativa no especificará los diferentes grupos amparados en la «discriminación positiva». «Para nosotros son todos iguales y eso es lo que queremos dejar claro», consignó una fuente oficial.

El proyecto de ley que el oficialismo planea llevar al Congreso después de marzo modificaría también el Código Penal y eliminaría la figura de los femicidios, que para el propio Presidente son un invento de la cultura woke. El mismo establece para la violencia de género penas mayores a las de un homicidio simple por tratarse de delitos de odio contra la mujer.

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En Davos, el Presidente atacó al colectivo feminista y negó que existan crímenes de odio contra las mujeres. “El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, concluyó el mandatario.

El proyecto también modificaría aspectos de la ley Micaela, que brinda capacitación obligatoria a los funcionarios del Estado en materia de diversidad y violencia de género, según adelantaron en la mesa chica del Presidente.

En algunos de los despachos más encumbrados de la Casa Rosada relativizaron la posibilidad de que la iniciativa pueda complicar las negociaciones con la oposición de cara a las extraordinarias en las que el oficialismo pretende aprobar la derogación de las PASO y los nombramientos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema.

«Si quieren votar en contra (de esta ley) que lo hagan», desafiaron en Balcarce 50.

El Gobierno sigue siendo exitoso para instalar su agenda en la discusión pública.

El miércoles, altas fuentes del Ejecutivo informaron -como dio cuenta Clarín– que Milei podría imitar a su par estadounidense, Donald Trump, y ordenar que la Argentina se retire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del acuerdo de París firmado en 2015 para mitigar el cambio climático.

Sin embargo, matizan que ese movimiento requiere revisado antes todos los compromisos que el país tiene firmados con organismo internacionales y con otros países en materia económica y de cooperación internacional.

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