POLITICA
Sobre los condenados y las penas
Una aclaración previa para poder realizar a continuación un comentario de actualidad, desde una perspectiva técnica. Nuestro Código Penal contempla cuatro diferentes especies de pena, a saber reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Estas, a su vez, pueden estar conminadas -previstas- como principales o accesorias. Son principales cuando están específicamente contempladas para el delito de que se trata, en tanto son accesorias cuando pueden imponerse en el momento de dictar sentencia, aunque no estén expresamente previstas para el delito de que se trate.
Pues bien, en el caso de la expresidente Cristina Kirchner, al resolver la Corte Suprema el rechazo de los intentos recursivos pendientes, la sentencia condenatoria oportunamente dictada quedó firme y pasó en autoridad de cosa juzgada. Por esa razón, el Tribunal Oral Federal que la impuso cumplió con su obligación de ejecutar las penas impuestas.
Corresponde entonces precisar que la sentencia definitiva impuso tres penas diferentes, dos de ellas principales y una accesoria. El delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, cometido por un funcionario o empleado público, se castiga con dos penas principales -prisión e inhabilitación especial perpetua- conminadas conjuntamente; ello significa que se aplican las dos. Por esa razón, la resolución del Tribunal, dictada el 10 de junio último, que declaró firme la condena, adopta los recaudos pertinentes para su cumplimiento.
Pero la sentencia condenatoria dispuso además, en su punto XI, el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de 84.835.227.378,04 pesos, los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que la sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde su ejecutabilidad, en este caso como pena accesoria. Y como la mencionada ejecutabilidad se concreta a partir del dictado de la resolución del 10 de junio, cuyo punto dispositivo VI ordenó la formación del incidente correspondiente, debemos asumir que ya se está tramitando la actualización prevista la cual, una vez concluida, deberá ser notificada a los condenados para que cumplan con su depósito dentro del plazo indicado de diez días hábiles.
Hacemos aquí una importante consideración puesto que, el regular cumplimiento de todas las penas por parte de los condenados debe ser considerado como un elemento determinante del criterio del Tribunal para permitir -puesto que es facultativo- el cumplimiento de la pena de prisión en la modalidad domiciliaria para los internos mayores de setenta años.
Y si, por cualquier circunstancia, el importe del decomiso no fuera depositado dentro del plazo -por alguno o todos los condenados, ya que se impone solidariamente sobre todos ellos-, deberán arbitrarse los recaudos para proceder a la ejecución de los diferentes bienes que posean. Para aventar suspicacias, aclaramos que el Código Penal contempla que cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra este.
Por su parte, la Constitución Nacional dispone, para los denominados delitos constitucionales de su artículo 36, que quedan excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas y que las acciones respectivas serán imprescriptibles. El mismo texto aclara que atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento.
La inhabilitación especial, como pena principal, permite la rehabilitación transcurrida la mitad de su plazo, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, si el condenado se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible. En el caso que nos ocupa sin dificultad se advierte la importancia del tempestivo cumplimiento del decomiso.
Concluimos con la última referencia normativa de estas breves líneas. La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil y Comercial para los incapaces. En este caso se trata de una pena accesoria que, entre otras cuestiones, importa la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro.
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El autor es abogado, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en UBA, UCA, Universidad Austral y UADE
Por Francisco J. D’Albora (h)
El intendente de Tres de Febrero fue el mejor valorado en un estudio provincial, mientras que el jefe comunal de Hurlingham, ligado a La Cámpora, quedó último. La política local, bajo la lupa ciudadana.
Una nueva encuesta de CB Consultora reordenó el tablero político del conurbano bonaerense: Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y aliado actual de La Libertad Avanza, fue el mejor valorado por los vecinos con un 63,4% de imagen positiva, mientras que Damián Selci, jefe comunal de Hurlingham y dirigente referenciado en Máximo Kirchner, obtuvo el peor resultado del relevamiento, con un diferencial negativo de -21,3%.
Valenzuela, quien transita su tercer mandato y anteriormente integraba Juntos por el Cambio bajo el ala de Patricia Bullrich, parece haber capitalizado su pase al oficialismo nacional. “Los bonaerenses siguen viendo a Tres de Febrero como un buen modelo de gestión”, aseguró el intendente, que desde hace más de dos años se mantiene en el podio de los jefes comunales con mejor imagen.
El estudio, que evaluó a los intendentes de los 24 municipios más relevantes del Gran Buenos Aires, ubicó en segundo y tercer lugar a Federico Achával (Pilar) con 62,8% de imagen positiva, y a Fernando Gray (Esteban Echeverría) con 62,3%.
Del otro lado del ranking, entre los peores valorados, aparecen Pablo Descalzo (Ituzaingó), con un diferencial de -15,4%, y Andrés Watson (Florencio Varela), con -19,2%. Pero el que quedó más golpeado fue Selci, quien asumió la intendencia tras derrotar al exministro Juan Zabaleta en 2023 y hoy enfrenta un duro diagnóstico en términos de aceptación pública.
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POLITICA
“Dólares en el colchón”: sin acuerdo en el Congreso, el Gobierno apuesta a los gobernadores para sacar la ley
El proyecto de ley por el cual se blinda a los contribuyentes para que puedan utilizar los dólares en el colchón aún no tiene fecha de inicio de debate.
Se especulaba que la discusión arrancaría la semana próxima, pero la falta de consenso con los bloques dialoguistas complica el avance. Uno de los principales temas de desacuerdo radica en la brecha entre lo anunciado públicamente y el texto presentado en el Congreso.
En un decreto inicial, el Gobierno había restringido el alcance del esquema a las rentas de fuente argentina. Sin embargo, el texto enviado al Congreso la semana pasada no repite esta restricción y amplía la medida a las rentas no declaradas obtenidas en el exterior. Esto termina configurando un blanqueo sin costo y cada vez con mayor alcance.
Este aspecto generó tensiones con los bloques más cercanos al oficialismo, ya que supera lo señalado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular de ARCA, Juan Pazos, en conferencia de prensa.
Otra diferencia surge en torno a que el “blanqueo” excluye a los monotributistas: quienes deseen sumarse deberán inscribirse como responsables inscriptos.
La iniciativa, denominada Principio de Inocencia Fiscal, fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal. El oficialismo pretendía que el proyecto llegara al recinto durante la primera semana de julio, aunque la ausencia de acuerdos con otras fuerzas demora el cronograma.
Las tres comisiones, encabezadas por el oficialismo o sus aliados -Presupuesto a cargo de José Luis Espert, Legislación General liderada por Santiago Santurio y Penal por la diputada Laura Rodríguez Machado-, aún no convocaron al plenario para tratar la ley.
La dificultad principal radica en Presupuesto. Mientras en Legislación General y Penal el oficialismo y sus aliados suman 31 votos en cada caso, en la comisión de Presupuesto, que preside Espert, de sus 49 integrantes, Unión por la Patria cuenta con 21 para oponerse y suma además un voto del Frente de Izquierda.
El escenario en el Congreso se modificó para el oficialismo, que pasó de acumular victorias parlamentarias en 2024 a enfrentar derrotas recientes.
La cercanía de las elecciones, la división del PRO tras los resultados porteños y el incumplimiento de compromisos con sectores como la Liga del Interior afectan la disponibilidad de apoyo por parte de quienes antes resultaban receptivos a las propuestas libertarias.
En este contexto, la Casa Rosada tomó la iniciativa de las negociaciones junto a los gobernadores. Hasta ahora, 12 de los 23 jefes provinciales, más el Jefe de Gobierno porteño, firmaron el acuerdo con la Nación para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, orientado a permitir el uso de dólares no declarados.
Firmaron Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Entre Ríos, Chubut y los peronistas de Catamarca y Tucumán, que fueron los primeros en sumarse.
Pese a estos avances, al oficialismo aún le faltan los apoyos necesarios para avanzar. Requiere el respaldo, al menos parcial, de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia. En este punto, resulta decisivo el rol de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Corrientes, que todavía no acompañaron y disponen de legisladores claves, como Martín Llaryora.
El martes está previsto un nuevo encuentro en la Casa Rosada. Los mandatarios provinciales presentarán reclamos, especialmente por fondos para obra pública, y el Ejecutivo libera recursos de manera gradual y condicionada al respaldo legislativo.
Por el momento, la ley que busca dar resguardo a los contribuyentes para que legalicen dólares no declarados permanece sin tratamiento, igual que la denominada ley Hojarasca. El avance del proyecto Principio de Inocencia Fiscal dependerá de la capacidad del oficialismo para destrabar negociaciones en un Congreso que muestra señales de estancamiento.
POLITICA
Intendentes del PRO presionan a Cristian Ritondo y amenazan con romper el acuerdo con Milei
La tensión entre los intendentes del PRO y La Libertad Avanza escala en la cuenta regresiva hacia el cierre de alianzas y listas en la provincia de Buenos Aires. Aunque semanas atrás se anunció un principio de acuerdo político entre ambos espacios, en los distritos donde gobierna el PRO reina la incertidumbre y crecen los reclamos por la falta de definiciones.
El lunes próximo, los intendentes mantendrán una reunión virtual con Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense y principal negociador con el oficialismo libertario. Pero antes, este viernes, harán una videollamada entre ellos para unificar posiciones. La mayoría exige conservar la lapicera en el armado local de listas y advierte sobre fallas en la prometida articulación con los enviados de Javier Milei.
“Si no se ponen de acuerdo y siguen ninguneando a los intendentes, es posible que vayamos separados”, señaló a TN un dirigente de peso del PRO. En la Casa Rosada especulan con que el sello de La Libertad Avanza es suficiente para competir, pero los alcaldes amarillos no comparten esa visión: “Acá sacan 15 puntos, con suerte”, se sinceró un jefe comunal del interior.
Intendentes molestos y sin certezas
En el PRO sostienen que no hay avances concretos en ninguno de los distritos donde gobiernan. Uno de los puntos que más irrita a los alcaldes es que los libertarios todavía no definieron una bajada clara de línea. “Sin interlocutores ni estrategia, no hay forma de ordenar esto”, cuestionó otro intendente en reserva.
Entre los confirmados para el Zoom de este viernes están Jorge Etcheverry (Lobos), María José Gentile (9 de Julio), Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar) y Pablo Petrecca (Junín). Aunque el malestar varía según la localidad, el reclamo de fondo se repite: en los distritos donde el PRO es gobierno, quieren conservar el control sobre las candidaturas.
En Junín, incluso, el enojo va más allá del armado. Los concejales libertarios locales fueron acusados de votar proyectos junto al kirchnerismo. “Nos cruzan las iniciativas y usan los mismos argumentos que La Cámpora”, lanzó un dirigente de la ciudad.
A menos de un mes del cierre de alianzas (9 de julio) y de la presentación de listas (19 de julio), las definiciones aún brillan por su ausencia. En el oficialismo libertario, mientras tanto, apuestan a replicar la estrategia de otras elecciones provinciales, donde sumaron representación sin necesidad de ceder demasiado poder territorial.
Sin embargo, los intendentes del PRO advierten que competir en soledad también es un riesgo para Milei. “Si no logran acuerdos, no solo se complican ellos: nosotros ponemos en juego bancas, y ellos pueden seguir pescando en río revuelto”, reflexionó otro referente del conurbano.
Cristian Ritondo intentará contener el malestar en la reunión del lunes. Pero en los distritos donde el PRO tiene intendencias, la paciencia empieza a agotarse.
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