El dispar acatamiento del paro general de la CGT y la aprobación en general que se apresta a dar, esta madrugada, la Cámara de Diputados a la reforma laboral impulsada por el Gobierno expuso con fidelidad el juego de roles que cada uno de los actores políticos interpretó este jueves. Y reflejó cabalmente la correlación de fuerzas que hoy rige en la Argentina.

Como indica una tan pragmática como cínica máxima legislativa, “la oposición se quedó con los gritos y el Gobierno se llevó la ley”. Un ejemplo incontrastable de que nadie tiene el control absoluto de la situación, pero hay un ganador que ejerce un fuerte predominio en la escena pública.

Es un hecho que, en su afán por avanzar con la reforma laboral, demandada por inversores, empresarios y acreedores, y con un alto nivel de apoyo o tolerancia social, la administración libertaria hizo concesiones que les preservan recursos vitales a las cajas sindicales. Y eso, sin embargo, no impidió que la central obrera concretara la cuarta medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. Un hecho incontrastable que se presta a varias conclusiones, menos definitivas que las que esa foto ofrece.

Para el ala maximalista del oficialismo, la concesión a los sindicatos y el paro de la CGT vienen a conformar un combo muy poco digerible y es causa de cierta frustración y preocupación. En cambio, para el ala pragmática y posibilista −hoy dominante en el Gobierno− es motivo de festejo sin restricciones por el solo y significativo hecho de haber avanzado con reformas que desde la recuperación de la democracia ningún gobierno no peronista había alcanzado.

La película que está filmándose y que se proyectará en el tiempo, sin embargo, ofrece más matices a la hora de las celebraciones y los lamentos.

En primer lugar, el sector maximalista, encabezado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que pretendía avanzar a motosierra calada sobre los sindicatos y su flujo vital de ingresos, anotó ayer un punto a favor de su posición. Esgrime que ninguna concesión es suficiente para los gremialistas, como lo demuestra el paro general, y que su capacidad obstructiva se ve así preservada al no habérsele tocado el nervio vital de los recursos económicos, lo cual podría tener efectos en un futuro no lejano.

No obstante, deben reconocer los dogmáticos el gran logro efectivo y, también, simbólico que significa que las dos cámaras del Congreso aprueben casi sin contratiempos y por amplia mayoría el proyecto en general. Lo resalta más aún que la iniciativa oficial solo sufriera en su paso por el Congreso la amputación de una insólita reforma en el régimen de licencias por enfermedad y accidentes, introducida de forma irregular y subrepticia en la madrugada previa a la votación en el Senado. Aún cuando provocará la demora en su sanción por el regreso obligado a la Cámara alta. Pero en este punto solo podrían alegar torpeza y excesos propios no imputables a los adversarios.

Los posibilistas, devotos del resultadismo bilardista, resaltan con razón que la ley implica un antes y un después, no solo para la economía y las relaciones laborales, sino también en términos políticos.

El apoyo de gobernadores peronistas, expresado a través del voto de los legisladores que les responden, y la impotencia probada del perokirchnerismo y de la representación parlamentaria sindical para impedir el avance de la reforma son expuestas como trofeos que subrayan la nueva geografía del mapa del poder real del país.

Al respecto, la frustración opositora fue resumida, antes de la votación en Diputados, en una frase por un legislador incapaz de ser sospechado de obrerista, que intentó sin éxito la inclusión de algunas reformas parciales al articulado.

“El Gobierno va a lograr todo lo que quiere gracias a la generación de gobernadores timoratos que le tocó”, expresó el diputado del bloque Provincias Unidas, que votó partido y condicionado por los mandatarios provinciales a los que responden algunos de sus integrantes.

La discusión, sin embargo, no se agota en el resultado del tratamiento y la aprobación de la “ley de modernización laboral”, como le gusta al Gobierno que se la denomine. Tampoco en la estática evaluación de un paro general sin movilización, que tuvo apoyo dispar y en buena medida fue sustentado, como es habitual, por la adhesión de los gremios del transporte.

El debate tampoco puede reducirse a la poco masiva concurrencia de organizaciones políticas, sindicales y sociales antirreformistas que se reunió frente al Congreso. Y mucho menos a los choques de manifestantes con la policía, que, afortunadamente, lejos estuvieron de la virulencia de otras jornadas.

Todas ellas son piezas significativas del rompecabezas dinámico que es la Argentina en proceso de profunda transformación. Pero hay muchas más a tener en cuenta para sacar conclusiones y hacer proyecciones.

Por lo pronto, el telón de fondo que rodeó a uno de los debates más relevantes del Congreso de los últimos años muestra que los logros y las políticas del Gobierno conservan un nivel relevante de aceptación (y tolerancia) social, así como siguen sin asomar espacios en condiciones de cuestionárselos efectivamente. Pero también dejó expuesto que para consolidarse todavía esos avances tienen mucho camino por transitar. Allí radica la preocupación de los maximalistas que no lograron su objetivo de acotar los ingresos sindicales.

Los comentarios formulados respecto de la Argentina de Milei por la vocera del Fondo Monetario Internacional en la mañana de este jueves no pudieron sintetizar mejor el cuadro de situación que muchos aquí observan, incluidos funcionarios del Gobierno.

Al reconocimiento por lo hecho en el plano macroeconómico, por la apertura comercial y por los retoques y avances en materia cambiaria y de acumulación de reservas, Julie Kosack le añadió un toque de atención.

Si bien el llamado de la vocera a “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas” está en línea con advertencias anteriores expresadas por el board del mayor acreedor del país, el contexto le da mayores connotaciones.

Para el FMI, la solidez de los apoyos políticos y sociales es la única garantía de la sustentabilidad en el tiempo de las reformas que considera imprescindibles. Cualquier tropiezo que afecte la recuperación económica y la capacidad de repago de su mayor deudor, como es la Argentina, sería un grave problema para sus autoridades. Ya lo padecieron varios predecesores suyos.

El anuncio del cierre de la planta de fabricación de neumáticos Fate, con el consecuente despido de 920 trabajadores en la jornada previa al tratamiento de la reforma laboral en Diputados, le puso nombres, caras y números precisos a esos “costos”.

También reflejó con crudeza la diferencia de velocidades y magnitudes entre la destrucción de lo “viejo” y la construcción de lo “nuevo”. Aun cuando en el caso concreto de Fate pudieran existir muchos otros elementos a considerar respecto de la media adoptada por la empresa de la familia Madanes, lo que llevó al Presidente a instalar la existencia de alguna maniobra conspirativa detrás de esa decisión.

Lo cierto es que la cuestión de la apertura comercial, el nivel del tipo de cambio, el desnivel de la cancha en la que dicen competir los empresarios nacionales y el efecto que todo eso tiene sobre la viabilidad de las compañías nacionales y, en definitiva, sobre el empleo viene siendo uno de los temas dominantes de este mes, en medio del tratamiento de la reforma laboral. A pesar de que el Gobierno los niega y se desgañita por evitar a través de sus voceros oficiales y oficiosos de que se destaquen en la agenda pública.

Más allá de los planteos que integran el compendio de críticas de la oposición más dura y de los sindicatos, esos temas habían sido instalados con fuerza a principios de mes, por el reclamo del CEO del grupo Techint, Paolo Rocca, después de que una de sus empresas perdiera ante una compañía india, con insumos de origen chino, en la licitación privada para la construcción de un gasoducto.

La metralla verbal que le dispararon al empresario ítalo-argentino desde la Casa Rosada por parte del propio Presidente y que fue amplificada por el Palacio de Hacienda y la milicia comunicacional mileísta solo fue el comienzo de una nueva etapa de beligerancia. Así, se rompió definitivamente la pax retórica electoral iniciada por Milei en las vísperas de los comicios de medio término, a los que llegaba atemorizado y de los que, finalmente, salió airoso rescatado por el gobierno de Donald Trump. Ayer se lo recordó en público el presidente estadounidense.

Grandes empresarios recibieron así las mismas toxinas que desde un comienzo le dispensan Milei y los suyos a opositores y, muy especialmente, a periodistas que conservan el espíritu crítico mínimo y esencial para el ejercicio honesto de esta profesión.

Curiosamente (o no), hombres de negocios como Roca y Madanes Quintanilla recibieron en estos días más ataques de funcionarios y comunicadores oficialistas que los dedicados a los sindicalistas. Una vez más toda voz que pueda resonar en los oídos de los adherentes no fanáticos del Gobierno es el objeto principal de los agravios y descalificaciones. Los opositores juegan un rol confirmatorio (principio de revelación, diría Milei), pero los que no se inscriben por pertenencia e identificación en el polo adversario resultan peligrosos para la narrativa oficial. Los votantes blandos y los agnósticos son tan lábiles como cruciales.

Por eso, “conspiradores” y “golpistas” suelen ser algunas de las descalificaciones que el propio Milei les espeta a esos contradictores y con las que, inclusive, ha sabido echar a los gritos de su despacho a algunos interlocutores cuando osaron esbozar algún cuestionamiento.

La igualación que ayer hizo Donald Trump de Milei con el primer ministro húngaro, el populista nacionalista Viktor Orban, tal vez no haya sido otra extravagancia del presidente norteamericano. A pesar de las diferencias ideológicas y económicas que separan al europeo del argentino, ambos parecen compartir algunos tópicos y no solo el gusto por cantar a dúo en reuniones del club de política internacional trumpista.

El tono negativo para el Gobierno que tuvo la conversación en redes desde principio de mes y en la que la cuestión del empleo y la reforma laboral fueron disparadores de las expresiones críticas, según la consultora Ad hoc, no necesariamente es un reflejo fidedigno del clima social, pero en muchos casos suele ser anticipatorio.

Los hechos indeseados de la realidad mencionados, a los que se sumó la recuperación de la centralidad de la inflación y su reflejo en la conversación pública, quizá expliquen la reactualización de la crispación mileísta y el recrudecimiento de los embates contra los contradictores.

El temor al contagio de los reclamos en el sector público (como los de la policía santafesina o los docentes bonaerenses) y a la caída de otras empresas manufactureras está a la orden del día en la agenda de preocupaciones oficiales.

De todas maneras, los logros estadísticos que el Gobierno publicita y los éxitos políticos, como la aprobación de la reforma laboral en las dos cámaras del Congreso, deberían ser motivo suficiente para que en la Casa Rosada y en las cuentas digitales de sus funcionarios y seguidores reinara un clima de satisfacción antes que de confrontación. Pero para el gran ganador del juego de roles no parece ser suficiente. Y tal vez no lo sea.

Lejos de los espacios donde se mueven los operadores judiciales y con fama de severo ante el narcotráfico, el juez Diego Amarante es el primero que citó a prestar declaración indagatoria como sospechosos de evasión fiscal a la Asociación del Fútbol Argentino y sus máximas autoridades, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Amarante es un hombre de los tribunales, donde ingresó como auxiliar y escribiente −cuando estaba estudiando en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)− en distintos tribunales orales en lo penal económico y en juzgados nacionales.

Luego trabajó en la Cámara Federal de Casación penal, el máximo tribunal penal del país con el entonces camarista Eduardo Riggi; era su relator. “Mano dura”, resumió uno de sus colegas ante para referirse a ambos.

Su carrera se la debe a Riggi, el juez a quien Alberto Fernández no le quiso dar un nuevo acuerdo cuando llegó a los 75 años. En la Casación estuvo 15 años, entró como empleado y salió como juez.

Llegó a juez en lo Penal Económico N° 5 el 22 de diciembre de 2014, cuando gobernaba Néstor Kirchner.

Hijo de un militar, Amarante tiene 51 años y defendió a su padre en una causa por violaciones a los derechos humanos en la que fue sobreseído, a comienzos del kirchnerismo.

Tiene particular empatía con los uniformados y comprensión por las fuerzas policiales con las que le toca trabajar, dijeron sus allegados a .

Cercano a la Embajada de los Estados Unidos, no se pone colorado si le toca trabajar con la DEA u otras fuerzas extranjeras en la medida en que la información sea buena y le permita ir para adelante, señalan quienes conocen su pensamiento. También lo consideran equilibrado en sus análisis ante los planteos de la ARCA.

Es duro con sus imputados, aunque en particular en las causas de narcotráfico, coinciden en afirmar funcionarios del fuero penal económico.

Su severidad, que en ocasiones podía transformarse en desequilibrios en contra del imputado, le mereció que la Cámara de Apelaciones le hiciera algunos comentarios.

Su máximo enfrentamiento con la Cámara de Apelaciones ocurrió el año pasado, en una causa por drogas donde insistía para procesar a los acusados, y el tribunal le pidió que siguiera investigándolos antes de decidir.

Tanto fue y vino el expediente desde la Cámara que, al final, cansado, Amarante sobreseyó a los imputados y le preguntó por escrito a sus superiores si pretendían como prueba una foto de los acusados sentados encima de la droga. Un arrebato.

Quienes lo conocen en los tribunales, dijeron a que Amarante es ajeno al submundo de las operaciones y los operadores judiciales, rasgo que compartiría con el fiscal de la causa, Claudio Navas Rial. Un dato relevante en esta causa donde los acusados de la AFA no sólo tejieron fuertes vínculos con jueces y fiscales, a los que incorporaron a los tribunales internos de disciplina, sino que también se valieron de influyentes personeros para acercar su punto de vista, con “alegatos de oreja” que pretenden dejarlos mejor parados.

Amarante tuvo causas de alto perfil, como la que le tocó contra Susana Giménez, denunciada por la entonces AFIP por presunta evasión fiscal relacionada con el impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio 2019. La sobreseyó al evaluar que no existió una conducta engañosa o ardidosa configuradora de un delito penal tributario. Confirmaron su fallo.

Procesó al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por contrabando de un vehículo en una causa donde intervino en la importación de un auto para la embajada de Taiwán, que no era un país reconocido como tal. Echegaray fue absuelto en el juicio oral.

También procesó a Fabián de Sousa por evasión, pero sobreseyó a Mauricio Macri y a Gianfranco Macri por los Panamá Papers. Lo mismo con una denuncia a Jorge Lanata, quien fue denunciado por supuesto lavado de dinero.

También procesó a Gregorio Dalbón por supuesto contrabando de divisas. Finalmente, el abogado de Cristina Kirchner fue sobreseído por la Cámara porque, a pesar de que llevaba encima más dinero que el permitido al salir del país, el tribunal no consideró al dinero una mercadería.

Amarante obtuvo el título de abogado en la UBA el 17 de diciembre de 1998 y publicó varios artículos académicos en derecho penal. Fue coautor del libro “Código Procesal Penal de la Nación anotado con jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal” (2007).

Fue ayudante y profesor adjunto de derecho penal en la UBA y en el Instituto Universitario de Derecho Penal, y participó como profesor de cursos de capacitación judicial en la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados.

Como juez en lo Penal Económico actuó en causas complejas y en particular en un caso donde procesó con prisión preventiva a funcionarios de la Dirección General de Aduanas y un exagente de la SIDE por delitos de contrabando agravado y asociación ilícita. En esa resolución sostuvo que el delito era una traición a la patria.

En otra causa rechazó un pedido para cerrar un caso contra un acusado que había entrado en el blanqueo de capitales en una causa por presunto contrabando que había comenzado con allanamientos y secuestro de mercadería de origen extranjero. También procesó por tráfico de drogas de diseño a una banda que se dedicaba a comercializar éxtasis por correo y los dejó presos.

Ahora citó a indagatoria a las máximas autoridades de la AFA por evasión y, a juzgar por sus antecedentes, se enfrentarán a un tribunal particularmente severo.